El Senado inicia el debate de la ley penal empresaria y la devolverá con cambios a Diputados

La mayoría peronista del Senado, que comanda Miguel Pichetto, y el interbloque oficialista ya negocian retoques a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que obtuvo media sanción de la Cámara baja el miércoles pasado, sin la polémica cláusula Odebrecht. Serán discutidos desde este martes en el marco de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que comenzará a tratar el proyecto en una reunión convocada inicialmente por otros temas, según aseguraron a Clarín fuentes de la Cámara alta.

Los asesores de diversas bancadas analizaron la letra chica del texto votado en dos sesiones sucesivas y escandalosas y detectaron desprolijidades, nada menos que en el artículo 1° del texto aprobado el miércoles en Diputados para combatir la corrupción empresaria. También en uno de los agregados al final del proyecto: el que declara imprescriptibles a todos los delitos de corrupción. Además de encontrar otras tantas inconsistencias intermedias. Nadie duda de que se le harán unos cuantos cambios y volverá a la Cámara baja.

Es así como una nueva demora aparece en el horizonte como pronóstico irreversible para el proyecto que nació en 2016 como un intento del Gobierno nacional para ponerse a tono con los requerimientos de la OCDE (el foro de economías desarrolladas al que pretende ingresar) y se debatió recién este año como secuela del caso Odebrecht. La Oficina Anticorrupción insiste en que Argentina está demorada en la sanción de una ley a la que se comprometió en 2001, cuando el país firmó el Convenio Anticohecho de la OCDE para su aplicación en delitos de soborno trasnacional.

Una vez que ingrese el proyecto -se estima que a principios de semana- el presidente de la mencionada comisión del Senado, el justicialista entrerriano Pedro Guastavino llamará a darle inicio al debate y propondrá un cronograma de audiencias que incluya a sectores empresarios y jurídicos que objetan algunos puntos del texto aprobado. El primero en abrir el debate, mañana, será el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Se descuenta que defenderá la importancia del proyecto.

La idea es que se retome su tratamiento inmediatamente después de concluido el receso invernal que se tomará el Congreso desde mediados de julio hasta las PASO del 13 de agosto.

Antes de meterse de lleno en los detalles, los caudillos de las bancadas del Senado recibieron mensajes de sus propios contactos en la Cámara baja sobre los “defectos” con los que se le habría dado media sanción al proyecto, bajo el pretexto de asegurar su aprobación.

En el oficialismo consideran que los cambios que admitieron en el propio arranque de la ley, por presión opositora, podrían chocar con objeciones del Poder Judicial. Es porque al objeto de base, que es el de penar delitos cometidos por “personas jurídicas”, es decir empresas y asociaciones, se le adosó el resto de las que incluye el Código Penal. “Nos hicieron meter temas como la trata y el hurto, que son propias de personas físicas, por lo que contradice el objeto de la ley”, admiten en el macrismo.

Otro ítem en la picota, celebrado con bombos y platillos por el massismo (que logró colar el artículo) es el que torna imprescriptible a los delitos de corrupción. Expertos del oficialismo y de sectores de la oposición creen que aún debe pasar la prueba de constitucionalidad. Es porque se iguala a los delitos de lesa humanidad, por lo que se le objetaría la falta de equivalencias.

Con todo, hay acuerdo para mantener un punto clave del proyecto, que es la figura del “colaborador eficaz”, un equivalente al “arrepentido”, para tentar a las empresas con delatar a cómplices del delito que hayan cometido, a cambio de beneficiarse con la reducción de sanciones, que van de una escala de pequeñas multas hasta la clausura del establecimiento.

Fuente: Clarín.