Gratuidad en el acceso al sistema protectorio de consumidores y usuarios. Centanaro, Ivana C.

Autor: Centanaro, Ivana C. –

Fecha: 3-may-2017

Cita: MJ-DOC-10705-AR | MJD10705

Sumario:
I. Servicio de notificación gratuita en la CABA. II. Beneficio de justicia gratuita.

Doctrina:

Por Ivana C. Centanaro (*)

I. SERVICIO DE NOTIFICACIÓN GRATUITA EN LA CABA

Con fecha 20 de octubre de 2016, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó un sistema de notificación previa para los reclamos de los consumidores y usuarios que denuncien en el ámbito porteño.

La Ley 5642 , sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorpora a la Ley 757 de «Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario» en su Capítulo IV, la notificación gratuita por parte del consumidor, como reclamo previo a la denuncia; se incluyen a las asociaciones de consumidores y usuarios para el uso de este servicio.

Asimismo, dicha normativa crea el Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores, que deberá recibir y expedir el telegrama sin demora alguna, que como máximo puede tener una extensión de treinta palabras (art. 22 de la Ley 757). A los efectos de instrumentar este telegrama, se autoriza al Poder Ejecutivo porteño a suscribir los convenios necesarios con el Correo Oficial de la República Argentina S. A.

De igual modo, se establece en la norma el sustento económico del Servicio de Notificación Gratuita, que se hará efectivo a través del fondo especial establecido en el art. 20 bis de la Ley 757, en el que se depositan las multas que dispone la autoridad de aplicación.

II. BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

La normativa de defensa del consumidor propende a la protección jurídica especial para los consumidores y usuarios, en el marco de tal relación de consumo (v. gr., el art. 4 de la Ley 24.240), reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia como sujetos particularmente vulnerables. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «Consumidores Financieros Asociación Civil su defensa c/ Nación Seguros S. A.s/ Ordinario», donde ha precisado que, «al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional. No es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor. En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo».

Esta característica, reconocida a su vez en el orden constitucional a través del art. 42 de la CN, donde se establece el requerimiento por parte de la legislación de «procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos». En relación con el desequilibrio entre el consumidor y el proveedor, cobra importancia la gratuidad en los procesos iniciados por los consumidores y usuarios.

Uno de los obstáculos más importantes a la hora del acceso a la justicia de los usuarios y consumidores es el de los costos que los procedimientos tienen para ellos, aun a pesar de los avances que la normativa consumeril ha experimentado en las últimas dos décadas en la Argentina.

Tales costos subsisten aun cuando la gratuidad en los procedimientos está garantizada por el párr. 2.° del art. 42 de la CN, en atención a que «las autoridades proveerán a la protección de esos derechos».

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los derechos de los consumidores y usuarios gozan de la protección constitucional local. El art.46 de la Constitución porteña «garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten». El servicio de notificación gratuita para usuarios y consumidores es, por ello, un mecanismo para la defensa de los consumidores en tanto garantía constitucional.

El beneficio de justicia gratuita se encuentra establecido en los artículos 52 y 55 de la Ley 24.240. En materia de acciones representativas de derechos individuales, el art. 53 de la Ley 24.240 establece la gratuidad de la justicia para su defensa; lo propio hace el art. 55 en materia de acciones colectivas.

La Ley 24.240, Capítulo XIII «De las acciones», art. 53 «Normas del proceso», además de indicar el procedimiento idóneo para el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios y establecer la teoría de la carga dinámica de la prueba en las relaciones de consumo, indica lo siguiente: «Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio».

Es destacable que el art. 53, en atención a lo expresado precedentemente acerca de inversión de la carga procesal, establece un sistema probatorio solidario o sistema de la carga dinámica probatoria, que pone en cabeza del proveedor.

Asimismo, la gratuidad como derecho del consumidor se encuentra plasmada en el art.4 de la Ley 24.240, mediante el cual se regula el derecho a la información de los consumidores y usuarios -que deberá ser suministrado al consumidor «en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización»- impone para ello la gratuidad de tal suministro.

En cuanto a los asociaciones de consumidores y usuarios, el art. 55 de la Ley 24.240 indica que «están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios», y que gozan del beneficio de justicia gratuita.

En relación con la interpretación del art. 55 de la Ley 24.240 sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ya citado: «Que los claros términos del precepto reseñado permiten concluir que, al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional» (CSJN, 24/11/2015, «Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S. A. s/ ordinario»). Ya con anterioridad, el 11 de octubre de 2011, la Corte Suprema, en una desestimación de un recurso extraordinario, no impuso costas en virtud de lo establecido en el art. 55 de la Ley 24.240, por tratarse de una asociación de consumidores y usuarios (CSJN, 11/10/2011, «Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S. A. s/ sumarísimo»).

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(*) Secretaria Judicial de la Secretaría Judicial de Garantías y Derechos de la Población Vulnerable del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.