El CCT 130/75 para empleados de comercio es inaplicable a los abogados

Partes: M., R. N. F. c/ E. B. V. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 8-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104153-AR | MJJ104153 | MJJ104153

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda iniciada por el abogado contra el estudio jurídico para el cual trabajaba, pretendiendo la aplicación del CCT 130/75 , pues los abogados no realizan actos de comercio, sino locaciones de obra en los términos del Código Civil y Comercial, de modo que no son comerciantes a los que se los pueda encuadrar en la actividad mercantil; además, el sector de abogados empleadores no estuvo representado en forma alguna en dicho pacto colectivo.

2.-El encuadramiento convencional se debe separar de la adjudicación de una representación sindical exclusiva a una asociación sindical puesto que, determinar cuál es la convención colectiva aplicable implica analizar no sólo la actividad o tarea desarrollada por los trabajadores, circunstancia ésta que en el caso también llevaría a una respuesta negativa a las pretensiones del demandante, sino el ámbito de aplicación que dicha convención podría contemplar a partir de la propia composición de la comisión negociadora.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 8 días del mes de marzo de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I. La sentencia de la instancia anterior rechazó la acción promovida por el actor y esa decisión (v. fs. 110/113) motiva la queja de ambas partes, conforme las consideraciones vertidas en los recursos articulados a fs. 118/119 vta. (actora) y 114/vta. (demandada), replicado por la contraria a fs. 126/127. Asimismo, a fs. 114 vta./115 la representación letrada de la parte demandada apela los honorarios por considerarlos bajos.

II. El planteo recursivo de la parte actora está dirigido a cuestionar el rechazo del reclamo. Se agravia el actor porque la jueza de grado rechazó la aplicación al caso del CCT 130/75, apartándose de lo establecido expresamente por dicho convenio, debidamente homologado, que rige en el ámbito geográfico donde se desarrolló la relación laboral y que, por la actividad y las tareas, era aplicable al actor que trabajaba en el estudio jurídico demandado. La jueza de primera instancia consideró que a esa actividad – estudio jurídico – no se le aplicaban las disposiciones del CCT 130/75. A mi criterio, los abogados no realizan actos de comercio, sino locaciones de obra en los términos del Código Civil y Comercial, esto es que no son comerciantes a los que se los pueda encuadrar en la actividad mercantil. A ello se suma que ninguna de las entidades firmantes del citado convenio representa a los estudios jurídicos strictu sensu y debe recordarse que el ámbito de aplicación personal de los convenios colectivos surge de la capacidad representativa de ambas partes, no solo de la asociación sindical.El encuadramiento convencional se debe separar de la adjudicación de una representación sindical exclusiva a una asociación sindical puesto que, determinar cuál es la convención colectiva aplicable implica analizar no sólo la actividad o tarea desarrollada por los trabajadores, circunstancia ésta que en el caso también llevaría a una respuesta negativa a las pretensiones del demandante, sino el ámbito de aplicación que dicha convención podría contemplar a partir de la propia composición de la comisión negociadora.

En el mismo sentido la Sala VI de la C.N.A.T., in re “Vilariño de Ferrari Nancy Susana c/ Coria Juan Carlos s/ despido”, sent. def. 38.030 del 17/3/93, Fernández Madrid sostuvo que: “En primer lugar cabe subrayar que el convenio para empleados de comercio, pese a sus términos, no es aplicable a los empleados de estudios jurídicos, pues el sector de abogados empleadores no estuvo representado en forma alguna en dicho pacto colectivo. A este respecto debo puntualizar que en algunos convenios colectivos se establece su ámbito de aplicación personal, excediendo el de las partes que lo celebran, lo que proviene de una pretensión expansiva del sindicato, aceptado por los empleadores de ámbito ajeno, que carecen de interés para formular oposición alguna al respecto. En este sentido el convenio de empleados de comercio es un ejemplo paradigmático de esta suerte de expansión a categorías de trabajadores no representados en forma directa, y a quienes el convenio colectivo tampoco se les puede aplicar por analogía”. En consecuencia, propiciaré confirmar la sentencia en todas sus partes.

III. En lo que atañe al cuestionamiento de las costas realizado por la parte demandada, teniendo en cuenta las particularidades de la causa considero que el accionante pudo considerarse asistido de mejor derecho para litigar, por lo que propiciaré confirmar la imposición de las costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.).

IV. La representación letrada de la parte demandada cuestiona por bajos los honorarios regulados a su favor.Teniendo en cuenta la complejidad de las tareas realizadas por los Dres. Alejandro Diego Melfi y Gaspar Arturo Aguirre, las etapas procesales cumplidas y el monto comprometido, así como también las pautas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, arts. 3 inc. b) y g) dec.- ley 16.638/57), considero que los honorarios regulados a dichos profesionales resultan reducidos y corresponde su elevación a la suma de $ 15.000, fijado a valores actuales (conf. art. 40 Ley 21.839). V. Sugiero imponer las costas de alzada en el orden causado (conf. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios por la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% de lo que le correspondan percibir cada una, respectivamente, por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, a excepción de lo que se dispone a continuación; 2) Elevar los honorarios de la representación letrada de la parte demandada a la suma de $ 15.000, fijado a valores actuales; 3) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto V del primer voto; Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN). MMV

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara