El demandado debe indemnizar al peatón dañado en el accidente de tránsito ya que, en ausencia de mayores pruebas que las constancias de la causa penal, rige la presunción a favor del peatón

Partes: Ramírez Marta Noemí c/ González Carlos José s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 5-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-104244-AR | MJJ104244 | MJJ104244

Sumario:

1.-Debe admitirse la demanda fundada en un accidente de tránsito si con las actuaciones obrantes en el sumario penal (declaración de testigo y examen médico forense) quedó acreditado el contacto entre el automóvil y el peatón accionante y, no existiendo otros elementos probatorios tendientes a acreditar el hecho ni su mecánica accidental, rige la presunción a favor del peatón normada en el art. 64 de la Ley 24.449 que consagra el beneficio de la duda en tanto no incurra en graves violaciones a las leyes de tránsito.

2.-La cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia, por lo cual las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 , CCivCom. y art. 245 , CPCC de Santa Fe).

Fallo:

Rosario, 5 de diciembre de 2016

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “RAMÍREZ MARTA NOEMÍ c/ GONZÁLEZ CARLOS JOSÉ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte N° 1926/14 en los que se celebró la audiencia de vista de causa en fecha 02/12/16, -sin producción de pruebas-, se ha cumplimentado con lo requerido en la audiencia a los fines del dictado de la presente sentencia, quedando integrado el tribunal con las Dras. Julieta Gentile, Susana Igarzábal y Mariana Varela, -por licencia de la Dra Paula Sansó y cese en sus funciones del Dr. Edgardo Bonomellidecreto que se encuentra notificado sin que medie impugnación alguna (fs. 112/113)

Y CONSIDERANDO: 1.- Que por el mismo hecho de autos tramitó en sede penal la causa “CONDUCTOR TAXI RA 3191- EMPRESA 380000 s/ LESIONES CULPOSAS”,Expte. N° 1741/13 en primera instancia ante el Juzgado Correccional de la 4ª Nominación de Rosario por decreto de fecha 14/3/16 se ordenó el archivo de las actuaciones por prescripción de la acción penal (fs. 18 del sumario penal) .

2.- La legitimación activa de MARTA NOEMÍ RAMÍREZ surge del carácter de lesionada en el hecho de marra según denuncia y declaración testimonial -de IRASELAY SILVIA VICTORIA -obrante en el sumario penal referido.

3.- La legitimación pasiva de CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ ha sido atribuida en su carácter de propietario del automóvil Chevrolet Corsa dominio JZF 247 taxi RA 3191 según informe emanado del Registro Nacional de Propiedad Automotor (fs. 2/3 de autos conexos “RAMÍREZ MARTA NOEMÍ c/ GONZÁLEZ CARLOS JOSÉ s/ DECLARATORIA DE POBREZA”, Expte.N° 2547/13). Obra informativa de la Municipalidad de Rosario informando que el taxi N° RA 3191 es de titularidad del demandado (fs.75/78)

Ha comparecido ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA acatando la citación en garantía por encontrarse asegurado mediante póliza N °2.919.236 a la fecha del hecho el automóvil Chevrolet Corsa dominio JZF 247.

4.- El hecho causa del proceso consiste -según lo afirmado por la actora en su demanda- en un accidente de tránsito ocurrido el 1 de mayo de 2013 aproximadamente a las 17:00 hrs., en oportunidad en que MARTA NOEMÍ RAMÍREZ estaba en la parada del colectivo de la Línea 138 esperando el colectivo, cuando fue embestida por el automóvil Chevrolet Corsa dominio JZF 247 conducido por el demandado en calle Buenos Aires próximo a la intersección con calle Ocampo, cuando dio marcha atrás con el vehículo. Dicho hecho surge dela declaración testimonial de Silvia Victoria Iraselay, obrante en el sumario penal en fecha 2/5/13 “el día de ayer a la tarde, más o menos a las 17:00 hrs salí para tirar la basura cuando veo a una señora discutiendo con un taxista, escucho que la señora le dijo que se corriera porque allí paraban los colectivos y el taxista lecontestó NO ME MUEVO NADA DE ACA y otras palabras que no quiero reproducir porque eran insultos, a lo que la mujer pasa por atrás del taxi para hacerle señas aun colectivo, cuando el vehículo da marcha atrás y la golpea en la pierna, la mujerle grita ME GOLPEASTE y le pega en el baúl y el taxista arrancia y se va del lugar, pudiendo yo ver que el número de taxi era 3191.” (fs. 9 del sumario penal).

5.- Se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ypor ende cabe entrar en la consideración del art. 7 de dicho ordenamiento., “Interpretando dicho artículo, el Dr.Lorenzetti sostiene que se trata de una regladirigida al juez y le indica que ley debe aplicar al resolver un caso, estableciendo que se debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efectos retroactivos, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley que fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (art. 5) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir , una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior , tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior, La norma, siguiendo al Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato.(Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T 1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pp.45/47) .en el sistema actual la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida (ob cit. p 48/49)”1

Se sigue de ello que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia; las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto y son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 CCC y 245 CPCC)

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cod.Civ no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació ( o sea, el del accidente).

En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej. Una ley que regula la tasa de internes posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos” 2

Lo expresado se encuentra en consonancia con el criterio sentado por laCorte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia “según conocida jurisprudencia del Tribunal en sus sentencias se deben atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas seansobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos:306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476;331:2628; 333:11474; 335:905, entre otros)3

6.- El caso se subsume en la normativa del art. 1113 2° párrafo del CC. Corresponde a la demandada probar que el hecho acaeció por culpa de la víctima o de un tercero por quien o han de responder al resultar aplicable el art. 1113 CC. Cuando un rodado interviene en una colisión la determinación de responsabilidad encuadra en el art. 1113 CC que consagra una presunción de responsabilidad del propietario o guardián de la cosa por el riesgo creado. La eximente de responsabilidad se funda en la causa generadora del daño o sea la conducta de la víctima o de un tercero por quien no haya de responder en el acaecimiento del hecho o la existencia de caso fortuito.La culpa de la víctima o de un tercero por quien no se responde debe tener la aptitud de cortar el nexo de causalidad entre la actividad y el perjuicio. Es que “cuando la ley presume la relación causal la apreciación de la prueba sobre la intervención de una causa ajena debe ser severa, se requiere dar razones que no impliquen meras conjeturas.debe estar demostrada en forma clara y los que no existe sentencia firme, en LL del 22.4.15, p.1 cita on line AR/DOC/1330/2015; relativizando en parte tal razonamiento, p.c Rivera Julio César, Aplicación del CCyC a los procesos judiciales en tra´mite y otras cuestiones que debería abordar el Congreso, en LL 4.5.2015 convincente”4

Así lo ha entendido la jurisprudencia “Pese a la intervención de una cosa riesgosa en un accidente puede no haber responsabilidad si se prueba la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el artículo 1113 del Código Civil; pero ella debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor ” 5

Sobre el particular la CSFe ha sostenido “que la norma del art. 1113CC que consagra la imputación objetiva del deber de reparar, deja de lado la exigencia de un soporte subjetivo para la responsabilidad y la atribuye por los daños ocasionados por el riesgo o vicio de la cosa, favoreciendo la exigencia generalizada de que los daños sean reparados. Así la actuación dañosa de la cosa riesgosa importa un factor objetivo de atribución de responsabilidad en cabeza del dueño o guardián, salvo que pruebe la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, lo que excluiría el nexo causal en que se funda la responsabilidad.Claro está que en este caso las eximentes legalmente previstas exigen que el demandado pruebe la interrupción del nexo causal por la incidencia de una causa extraña que sea ajena al riesgo propio de la cosa por la cual responde”6.

De las actuaciones obrante en el sumario penal (la declaración de la testigo, el examen médico forense de la actora) ha quedado acreditado el contacto entre el automóvil y la actora, resultando de ello que la carga probatoria se halla en cabeza de la demandada a los fines de revertir la presunción de causalidad emergente del art. 1113 2p.CC

7.- En ese sentido corresponde valorar las pruebas de autos. La inspección ocular practicada por la preventora da cuenta que calle Buenos Aires se encuentra pavimentada y acordonada a ambos laterales y trazada de norte a sur con sentido vehicular hacia el norte y que en la ochava sur oeste de la intersección con calle Ocampo se encuentra un cartel de Pare Obra la denuncia ante la preventora, de Marta Noemí Ramírez denunciado que fue embestida en la rodilla derecha por un automóvil taxi RA N° 3191 quien estaba detenido en la parada del colectivo y cuando ella le pidió que se corriera porque no podría ascender al colectivo, dio marcha atrás impactánd ola cuando ella quiso abordar el colectivo. Coincide con su denuncia, la declaración testimonial ante la preventora de IRASELAY SILVIA VICTORIA

Debemos tener presente que el peatón es un sujeto vulnerable. El más vulnerable en las contingencias del tránsito. Se enfrenta con la debilidad de su cuerpo a la potencia de los vehículos.Y no puede soslayarse que en una ciudad, el cruce de los peatones es un hecho previsible.

Al analizar la conducta de la víctima-actora debe tenerse presente que la prueba debe “superar la meras inducciones, indicios o excusas no acreditadas ni definidas, debiendo caracterizarse por ser fehaciente a fin de dar fuerza a la eximente de responsabilidad atribuida por el riesgo de la cosa ya que en principio, la ley 24.449 otorga al peatón el beneficio de la duda y presunciones a su favor (así el art. 64 ult.párr)”7

Desde la óptica del demandado, se exige a los conductores un nivel normal de diligencia que prescribe que deben mantenerse siempre dueños del control del vehículo.

No hay en autos otros elementos probatorios tendentes a acreditar el hecho ni su mecánica accidental. La citada en garantía y demandada, han negado el hecho. La declaración testimonial ante la preventora de IRASELAY SILVIA VICTORIA, resulta ser un indicio cierto y concordante con las restantes pruebas y permiten inferir la ocurrencia del hecho conforme lo afirmado en la demanda.

Surge de la informativa emanada de la Municipalidad de Rosario, que el vehículo RA 3191 afectado al servicio público de taxis en la ciudad de Rosario contaba con dos choferes Germán y Carlos González-relevante y titular respectivamente- a la fecha del hecho (fs.75)

Rige la presunción a favor del peatón normada en el art. 64 ley 24.449 que consagra el beneficio de la duda en tanto no incurra en graves violaciones a las leyes de tránsito.

La responsabilidad del conductor demandado, se funda en “la obligación de conservar el dominio del vehículo y estar atento a las contingencias del tránsito”8 , importa la aplicación de la norma del art. 39 ley 24.449 requiriendo atención y prudencia en la conducción del v hículo y por aplicación del art.1113, 2° párrafo del CC, resultando de lo antedicho que no se ha acreditado eximente de responsabilidad con aptitud para interrumpir total o parcialmente el nexo causal.

8.- Encontrándose acreditada la responsabilidad de la parte demandada, corresponde analizar los daños pretendidos y su nexo de causalidad con el hecho.

En ese sentido la pericia médica practicada por el Dr. César Poldi estima que la actora padece una gonalgia post traumática en rodilla derecha El perito dictamina que la actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 5% de la total vida, como consecuencia del hecho.

Estima consolidadas las lesiones y con adecuado nexo causal con el hecho descripto sin que se constataran patologías previas. En la inspección de la rodilla no hay proceso inflamatorio ni choque rotuliano, hay dolor a la palpación en interlíneas interna, ligamentos laterales y cruzados, movilidad disminuida en la flexión en comparación con la rodilla izquierda.

En las actuaciones penales surge el examen físico practicado por el médico de la policía detallando traumatismo en rodilla y muslo derecho.

Obra informativa de la Asociación de Empleados de Comercio adjuntando historia clínica de Marta Ramírez donde consta que el 3/5/13 la actora tuvo un control por traumatismo cerrado en rodilla, que le realizaron rx y ecografía y presenta cuadro de dolor; el 5/7/13 le realizan un control con RMN en la rodilla, con un cuadro de leve subluxación lateral rotuliana (fs.80 vta).

La historia clínica referida contiene un informe médico previsional de la SRT en el que se establece una incapacidad del 67,42% parcial y permanente a la actora por amaurosis ojo derecho, limitación funcional hombro derecho, miembro superior osteoarticular, limitación funcional rodilla izquierda, con el consiguiente beneficio de retiro transitorio por invalidez en fecha 21/6/2012 (sf.85/87)

9.- La indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidadde vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible conforme a una visión profunda del problema tratado9

A los fines de la cuantificación de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica total o parcial -teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor (art.772CCC)-, manda el ordenamiento conforme las pautas ordenatorias de los art. 1738, 1740, 1746 y conc. del CCC. meritar la proyección dañosa en las diferentes esferas de la vida de la víctima

No se acreditó en autos que hubiere acaecido una efectiva disminución de ingresos de la actora -daño emergente o lucro cesante-, y consecuentemente, a los fines de determinar el quantum indemnizatorio por lesiones y sus secuelas incapacitantes, habrá de tenerse presente que el mismo procede teniendo en consideración la integridad psicofísica de los mismos, como también, la proyección de las secuelas incapacitantes, en tanto la mutación en la salud, es susceptible de significar en el futuro una pérdida patrimonial -chance-; como también, que la percepción anticipada de la indemnización de un daño que se extenderá en el tiempo -en los términos del art.1746 CCC-.

La normativa del 1746 CCC, aplicada sin más, impactaría en el derecho defensivo de las partes en caso de su traslación a los litigios que se han tramitado a la luz del anteri r Código Civil, por lo que su incidencia se merita en cada caso en concreto.

En función de ello, el órgano jurisdiccional estima las consecuencias dañosas con un grado de prudente discrecionalidad. Se ha dicho que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial l10, lo que se compadece con el art. 245 CPCC

Surge de lo expresado que corresponde una labor integrativa por parte del tribunal del derecho aplicable al caso, de resultas de la cual también ingresa en la ponderación del daño, las cualidades personales de la víctima conforme los lineamientos señalados por la jurisprudencia (en autos Suligoy, Nancy Rosa Ferguglio de y otros c/ Provincia de Santa Fe Ay S tomo 105., p 171 y ss).

10.- En el presente caso, la actora tenía 53 años a la fecha del hecho, y se debe considerar la repercusión que la incapacidad dictaminada (5%) proyecte sobre el daño patrimonial.

No se ha acreditado que trabajara a la fecha del hecho, y surge de la testimonial en los autos conexos “RAMÍREZ MARTA NOEMÍ c/ GONZÁLEZ CARLOS JOSÉ s/ DECLARATORIA DE POBREZA”, Expte. N° 2547/13 que trabajó en una empresa de seguridad, pero que estaba desocupada y vivía en una pensión (fs. 51 de los autos conexos)

La lesión de la integridad física tiene diversos aspectos que inciden sobre la vida rivada.Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a mas de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Por tal razón, aunque no se haya acreditado la existencia del lucro cesante, ello no es óbice para resarcir la incapacidad que soporta el actor” (Corte Sup., 1/12/1992, “Pose v. Provincia de Chubut.

En sustento de ello cabe tener presente un fallo de la CSJN sentando pautas en la determinación del resarcimiento derivado de la incapacidad “no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia. Debe en cambio tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación”11

Por tanto, se estima justo fijar en función de las facultades legales del art. 245 CPCC, por el rubro incapacidad física, la suma de CUARENTA MIL PESOS ($40.000)

11.- En relación al daño moral se trata de indemnizar las consecuencias que no tienen repercusión económica y afectan la integridad de la persona. Este daño es autónomo y su procedencia no está condicionada a la procedencia del daño material.

Conforme el art. 1741 CCC han de tomarse como pautas orientadoras para la determinación del daño, las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurarle a la víctima, los montos dinerarios fijados.el que se fija en la suma de por tratarse de un daño autónomo y por aplicación del art. 245 CPCC.

En consecuencia en atención a las particularidades del caso resulta justo estimar el monto por daño moral en la suma DIEZ MIL PESOS ($.10.000), en atención a que se dejó librado este rubro a las probanzas de autos y discrecionalidad judicial

12.- En relación a los gastos médicos y farmacológicos, proceden aunque morigerados en función de las constancias de autos.

Existen cierto tipo de daños cuya prueba resulta extremadamente difícil de producir pues no es usual exigir comprobantes. La jurisprudencia ha morigerado la carga probatoria en este rubro sin exigir prueba acabada de su existencia en tanto guarde relación con las lesiones de la víctima y librando la estimación al prudente arbitrio judicial.

En consecuencia se estima por dichos rubros el resarcimiento en la suma de QUNIENTOS PESOS ($500) en función de lo normado por el art. 245 CPCC.

13.- En relación a los int ereses, cabe señalar que el daño moratorio deviene del retardo en el cumplimiento de la obligación y se traduce, en general, en la determinación de una tasa de interés que cubre dicho daño; a diferencia del interés compensatorio, el que deviene del uso de capital; en consecuencia, en el caso, el interés a fijarse representa la reparación por el daño derivado de la mora, una sanción por el incumplimiento, no un interés compensatorio por el uso del capital.

En el sentido indicado, expresa Galdós que “En el ámbito extracontractual el daño . moratorio el que deriva de la mora o retardo en su pago (los intereses adeudados durante la tardanza) y a partir desde que se produjo cada perjuicio” (José María Galdós: Código Civil y Comercial Comentado, Dir. Ricardo Lorenzetti, ed.Rubinzal Culzoni, T VIII, 2015, Santa Fe).

En la inteligencia indicada, la tasa fijada por el Tribunal tiene por fin reparar el daño moratorio, y no compensar el uso del capital, y por ello, no implica un enriquecimiento indebido en cabeza del acreedor; por el contrario, una tasa pura, no cumple con su función de reparar el daño padecido por la víctima.

Por otra parte, la CSJSF expresó que “En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios) y, sabido es, que dicho tópico configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, (.) en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias como para merecer reproche constitucional. (.) máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor. (.) Por último, respecto a los agravios atinentes a la causal de apartamiento de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial, vinculado con la tasa de interés, aun aceptando la existencia de Salas con otro criterio al que se siguió en este caso, no se colige de ello que de la solución dada en los presentes se llegue a un resultado económico de montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables, ajenos al realismo económico que debe primar en estas decisiones.” (CSJSF, A y S t 241 p 143-146, Santa Fe, 16/08/2011, “ECHEIRE, Pilar contra MACHADO,Marcelo y otros -Daños y perjuicios-Expte. 105/10)”, Expte. C.S.J.Nº 482, año 2010).

Por lo expuesto, y teniendo en consideración el resultado económico del proceso, los rubros mencionados devengarán, desde la fecha del hecho y hasta el vencimiento del plazo fijado para el pago -10 días hábiles de notificada la sentencia- un interés equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento documento a 30 días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a 30 días según índices diarios), sumada, del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. En caso de incumplimiento del pago dentro del término establecido, el capital devengará desde su vencimiento y hasta su efectivo pago un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.

14.- Las costas del principal se imponen a la parte demandada de conformidad a lo normado por el art. 251 CPCC

15.- Corresponde extender los efectos de la presente sentencia a la citada en garantía en los términos de la ley 17.418 sin que procedan los límites invocados

Por todo lo expuesto y lo preceptuado por los art. 48 y 39 de la ley 24.449, art. 1068, 1069, 1109, 1113, y conc. del C.C y 7, 1741, 1746 y conc. CCC, y art. 251, 555 y conc. del CPCC., el TRIBUNAL DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL Nº 1 de ROSARIO, RESUELVE 1) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar a la parte demandada CARLOS JOSE GONZALEZ a abonar a la actora MARTA NOEMI RAMIREZ dentro del término de 10 días la suma de CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($50.500), con más los intereses determinados en el considerando. Costas a la demandada. 2) Extenderle los efectos de la sentencia a la citada en garantía ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 3) Los honorarios se regularán por auto. No encontrándose presentes las partes para la lectura de la sentencia, notifíquese por cédula. Con lo que se dio por terminado el acto. Autos “RAMÍREZ MARTA NOEMÍ c/ GONZÁLEZ CARLOS JOSÉ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte N° 1926/14

DRA. MARIANA VARELA

DRA. JULIETA GENTILE

DRA. SUSANA IGARZABAL