Los vehículos de emergencias están relevados de respetar la prioridad de paso y normas de circulación, sólo de manera excepcional y dependiendo de cada ocasión

Partes: Ravazzano Roberto Anibsl y otros c/ Transportes San Vicente S.A.T y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 1-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104219-AR | MJJ104219 | MJJ104219Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a los conductores del móvil policial por el accidente de tránsito, ya que si bien dijeron haber colocado la baliza y encender la sirena, para comenzar la persecución de los sospechosos que se dieron a la fuga, la colisión con el colectivo se produjo por su exclusiva culpa al realizar una maniobra de giro a excesiva velocidad y toda vez que la libertad de maniobra de que gozan los vehículos policiales, no encubre la injustificada temeridad de sus conductores, ni los releva de la carga de afrontar la responsabilidad por los hechos dañosos que pudieron originarse a terceros como consecuencia de la conculcación de las reglas de tránsito.

2.-Los vehículos de emergencia quedan relevados de respetar la prioridad de paso y en general las normas sobre circulación, velocidad y estacionamiento, aunque esa libertad no sólo está condicionada a la utilización de las balizas distintivas de emergencia y al accionar de la sirena, sino que ese proceder excepcional queda sujeto a que sea absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate y siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver (art 61 Ley 24.449).

3.-Al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad y aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo, en consecuencia, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Ravazzano, Roberto Aníbal c/ Transporte San Vicente S.A.T. s/ s/ ds. y ps.” (Expte. Nro. 31.122/1999) respecto de la sentencia de fs. 577/583, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: PARRILLI-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI A la cuestión planteada, el doctor Parrilli dijo:

1.- Los antecedentes del caso y la sentencia impugnada.

Roberto Aníbal Ravazzano; Miguel Ángel Combe y Guillermo Morales, demandaron a “Empresa San Vicente S.A. de Transporte”; Héctor Ricardo Bassino y “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” -esta última en los términos del art.118 de la ley 17.418- pretendiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijeron haber sufrido el día 9 de septiembre de 1998, cerca de las dos y media de la madrugada. Según dijeron, aquél día recorrían la jurisdicción de la comisaría 28ª de esta Ciudad, a bordo del automóvil Ford Falcon, dominio WEJ-352 cuando, al llegar a la intersección de las Avenidas Caseros y Entre Ríos, observaron un vehículo Renault 19 estacionado con tres ocupantes dentro, quienes al advertir su presencia se dieron a la fuga sin acatar la orden de detención. En estas circunstancias, dijeron haber colocado la baliza y encender la sirena, para comenzar la persecución de los sospechosos por la Av.Caseros y, al llegar a la calle Ramón Carrillo, giraron hacia el Sur, cuando fueron violentamente embestidos en la parte trasera izquierda por el interno 51 de la Línea 79 conducido por Bassino; producto de la colisión, fueron desplazados hacia la vereda impactan contra un árbol y un poste, provocando el siniestro, las lesiones que describen y los daños y perjuicios por los que accionan.

El sentenciante de grado, encuadró el caso en las previsiones del art. 1113, 2° parr., in fine del Código Civil de Vélez y luego de examinar las pruebas producidas consideró probado que el accidente se produjo por culpa del conductor del móvil policial por lo que rechazó la demanda, con costas a los accionantes vencidos (v. fs. 577/583 vta.).

2.- Los recursos de apelación. Reseña de los agravios.

La sentencia fue apelada por los actores a través del recurso articulado a f. 584 concedido libremente a f. 585, primer párrafo, y fundado mediante la expresión de agravios agregada a fs. 619/621.

Las quejas de los actores se dirigen a cuestionar el rechazo de la demanda.

Afirman que habiéndose acreditado que sucedió el choque, eran los demandados quienes debían probar que ocurrió por culpa del conductor del Ford Falcon en el cual viajaban los actores para quebrar el nexo causal entre el riesgo creado y el daño y entienden que no lo han hecho. Destacan que no se probó que el automóvil conducido por Ravazzano haya embestido al colectivo sino lo contrario. Añaden que de la declaración prestada por el testigo Ayala en el expediente penal surge que el móvil policial circulaba con la señal lumínica de color azul, la cual debió ser advertida por el conductor del colectivo. Agregan que “si el colectivo de la demandada impactó al móvil policial es porque circulaba a una velocidad que le impedía ejercer en todo momento el pleno dominio del rodado de gran porte que guiaba”. Refieren que “por aplicación del art.61 de la ley 24.449 los vehículos de emergencia están relevados de respetar la prioridad de paso y las normas sobre circulación, velocidad y estacionamiento pero esa libertad está condicionada tanto a la utilización de las balizas distintivas de emergencia y al accionar de la sirena, como también a que sea absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate y siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquél que intenten resolver” (ver f.620 vta). Concluyen afirmando que “ninguno de los eximentes previstos por la citada normativa han sido acreditados en autos” (ver f. 621) por lo que requieren se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.

El traslado de la referida expresión de agravios fue contestado a fs. 623/625 por la letrada apoderada de la demandada y su aseguradora, quien hace hincapié en la excesiva velocidad a la cual el móvil policial emprendió un giró de 160° grados por la Avenida Carrillo interponiéndose intempestivamente en la línea de marcha del colectivo tras haber cruzado con semáforo en rojo y sin advertir su paso. Afirma que fue esa maniobra la que provocó que el automóvil perdiera el control, derrapara y finalmente impactara contra la vereda. Solicita se confirme la sentencia, con costas.

3.- Aclaraciones previas.

Antes de entrar en el examen del caso y dado el cambio normativo operado con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial debo precisar que, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código y como ya lo ha resuelto la Sala (ver mi voto en autos: “D. A. N y otros c/ C. M. L. C S.A y otros s/daños y perjuicios – resp. prof.médicos y aux” del 6-8-2015), la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional.

Por otra parte, debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611). Hechas estas precisiones, habré de considerar los agravios.

4.- La responsabilidad en el accidente No está en discusión que este caso, relativo a un accidente vial, donde participaron dos vehículos en movimiento, debe juzgarse -como lo decidiera el Sr. Juez de la anterior instancia- a la luz de lo dispuesto en el art. 1113, 2° párr., 2° parte, del Cód. Civil, sin que la existencia de un riesgo recíproco excluya su aplicación (cfr. CSJN, Fallos 310:2804 y esta Cámara, en pleno, in re, “Valdez Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro” de fecha 10 de noviembre de 1994, publicado en E.D., del 3-2-95, fallo n°92.833).

Sin embargo, conviene precisarlo, la norma referida, que sienta un factor objetivo de atribución de responsabilidad -en igual sentido el art.1769 del actual Código Civil y Comercial- no debe considerarse aislada y así, al examinar las eximentes de responsabilidad que contiene, no pueden soslayarse- antes bien resultan de prioritaria referencia por su especialidad-, las disposiciones de la ley de tránsito (cfr. art. 70 inciso “b”, apartado 1 de ley 24.449).

En suma, de probarse que el daño fue causado por el riesgo de la cosa, el dueño o guardián sólo podrán eximirse de responder acreditando que aquél se produjo por el obrar de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, adquiriendo relevancia, en la configuración de esas eximentes, las infracciones a las normas de tránsito (cfr. esta Sala, mi voto, in re, “Bejas Jésica Carolina c/ “DOTA S.A” y otros s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte” del 1-9- 2016).

No obstante lo antes expuesto, cabe aclarar que de acuerdo con el art. 61 de la ley 24.449, los “vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver. Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los 15 años de antigüedad.

Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos.La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible”.

Como se aprecia, los vehículos en cuestión quedan relevados de respetar la prioridad de paso y en general las normas sobre circulación, velocidad y estacionamiento, aunque esa libertad no sólo está condicionada a la utilización de las balizas distintivas de emergencia y al accionar de la sirena, sino que ese proceder excepcional queda sujeto a que sea absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate y siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver. En otras palabras, deben actuar en estado de necesidad.

La carga de la prueba en cuanto a la demostración de la referida situación de emergencia y la correcta utilización de los elementos de alarma y prevención, está a cargo del conductor del móvil policial y aquí nada se acreditó en este último sentido. Al contrario, si algo está probado es que el automóvil en el cual circulaban los actores si bien colocó baliza, circulaba sin sirena (v. lo narrado por el testigo presencial, cuya declaración obra a fs. 6 de la causa penal N° 62.173, que tengo a la vista en este acto) persiguiendo a un automóvil Renault que circulaba por la Avenida Caseros (ver a fs. 157 y 158 absolución de posiciones de los actores, respuestas 3ª y 4ª a los pliegos de fs.122/123) y que luego giró para tomar la Avenida Carrillo hacia el Sur.

Ahora bien, en punto al modo en que se produjo el accidente y con apoyo en la causa penal que se iniciara a raíz del mismo, el perito ingeniero designado de oficio, en relación al automóvil de los actores explica que:”al girar 160° en la intersección entre las calles mencionadas habría entrado en contacto con su parte lateral trasera izquierda con el frente lateral derecho del ómnibus.

Estimativamente a partir de ese punto, inicia un movimiento de giro y derrape que luego de 27 metros lo lleva a impactar con su lateral derecho con un árbol y una columna ubicados sobre la acera izquierda de la intersección.al estar a la misma pericia efectuada por la instrucción policial (fs.41/46 CP) el ómnibus Deuz de la demandada presentó una rozadura sobre el extremo derecho del paragolpes delantero y otra sobre el parante delantero de la puerta frontal de acceso. Esta rozadura, que ni siquiera implicó la deformación de los soportes del paragolpes, no permite justificar mecánicamente que el ómnibus impactó sobre el Ford Falcon de manera que lo hizo proyectarse. la velocidad del Ford Falcon a comienzo de sus marcas de derrape debió haber sido de aproximadamente 100/110 km/h, lo cual es congruente con la acción persecutoria que desarrollaba” y concluye “es la propia acción de giro del Ford Falcon en casi 160 ° a la mencionada velocidad, la que provoca su pérdida de control, derrape e impacto final” (ver f.304 y el gráfico realizado respecto a la maniobra de giro, los subrayados me pertenecen).

Por otra parte, al contestar las impugnaciones de los aquí recurrentes (f. 307) el perito ingeniero explica que “desde el punto de vista exclusivamente técnico, es necesario analizar en forma integral el escenario donde se produjo el hecho. Eran las 0230 hs de la madrugada en una zona de escaso tránsito con un ómnibus circulando por una configuración especial con curvas e intersecciones que no le permiten desarrollar alta velocidad. Sorpresivamente, desde una avenida que converge al lugar oblicuamente, se presenta un móvil girando a una velocidad peligrosa para el lugar, se interpone en su solitaria circulación y ya sea con toque o sin toque en su paragolpes delantero, su descontrol lo lleva a estrellarse contra obstáculos en la acera más lejana.En este contexto debe destacarse que si bien no puede restringirse la libertad de maniobra que puede utilizar un vehículo policial en el cumplimiento de su función, existe una compatibilidad con la seguridad del tránsito, bajo la regla esencial de mantener el dominio de la conducción. En este caso, hubo una total pérdida de ese dominio, por lo que el factor de riesgo fue creado por el mismo móvil policial que, por esta razón, se constituyó en agente activo de su propio siniestro” (ver f. 327 vta).

Por su parte, el segundo dictamen pericial (ver fs. 568/572), requerido como medida para mejor proveer, si bien habla de un “mutuo embestimiento” donde cada uno de los rodados “se interpone en el avance del otro”, expresamente afirma que se trata de “rozamientos leves” (f. 571, respuesta a punto g) y coincide con la alta velocidad que desarrollaba el Ford Falcon conducido por Ravazzano, que fija entre los 88/98 km/h (ver f.570 vta, punto “e”).

Las referidas conclusiones periciales llevan a considerar probado que no fue el eventual contacto entre los vehículos la causa adecuada del daño como pretenden los recurrentes sino la maniobra realizada por Ravazzano a excesiva velocidad.

Esta última, entonces, se constituyó en el único y exclusivo desencadenante del hecho dañoso (art. 512, 909 y 1111 del CC y art. 48 inciso “d” de la ley 24.449) y si como atinadamente recuerda el Sr. Juez de la anterior instancia “la libertad de maniobra de que gozan los vehículos policiales, no encubre la injustificada temeridad de sus conductores” (ver f. 582 vta), ni los releva de la carga de afrontar la responsabilidad por los hechos dañosos que pudieron originarse a terceros como consecuencia de la conculcación de las reglas de tránsito, siempre que no haya mediado de parte de los damnificados un desatender las advertencias efectuadas mediante estridente sonar de sirenas (cfr. Daray Hernán, Accidentes de Tránsito, T° 1,pág.395, nº 70, cita jurisprudencial individualizada bajo el nº 10) el rechazo de las quejas de los actores resulta inexorable.

Por estas consideraciones y las demás que expone la bien fundada sentencia recurrida propongo al Acuerdo se la confirme en todo cuanto fue materia de recurso, imponiéndose las costas de Alzada en la misma forma que las de la anterior instancia al no encontrar razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: PARRILLI- MIZRAHI- RAMOS FEIJOO

Es fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 1 de abril de 2017.-

Y VISTOS: I. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue motivo de agravios. Costas de Alzada de igual modo que en la instancia de grado (arts. 68 del CPCCN).

II. Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda, la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, R n° 18.557/00 del 20.09.10; id. id., LH n° 66.673/08 del 28.11.12; id. id., LH n° 2.453/10 del 17.03.14, entre otros).

Sin embargo, en orden a la falta de agravio respecto de la integración de los intereses en la base regulatoria, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio conforme liquidación practicada por el accionante (conf. C.N.Civ., esta Sala, H n° 29.360/06 del 10.08.11; id.id., H n° 75.169/04 del 26.03.13; id. id., H n° 53.364/11 del 14.12.15; id. id., LH n° 23.172/14 del 10.11.16, entre otros).

En su mérito, teniendo en cuenta el monto del proceso; labor desarrollada, apreciada por su importancia, extensión y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar la experticia confeccionada se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., fallos: 236-127, 239-123, 242-519, 253-96, 261-223, 282-361; C.Nac.Civ., esta Sala, H. nº 44.972/99 del 20.03.02; id. id., H. n° 5.810/05 del 28.12.07; id. id., H n° 68.689/10 del 19.08.14, entre otros), así como la incidencia que la misma ha tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos por bajos de fs. 584, fs. 586 y fs. 588; lo preceptuado por el art. 478 pár. 1ro. del Código Procesal y lo dispuesto en los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38, 49 y cctes. de la ley n° 21.839 con las reformas introducidas por la ley n° 24.432, se modifican las regulaciones de fs. 583 fijándose en la suma de ($.) en conjunto, los honorarios de los letrados patrocinantes y luego apoderados de la parte actora; en ($.) en conjunto, los de los letrados apoderados de la parte demandada y citada en garantía y en ($.) los del perito ingeniero Osvaldo José Magri; confirmándose, en cambio, la regulación practicada a favor de la Dra. María Teresa Sotelo por el incidente resuelto a fs. 507.

Por su labor en la Alzada se fijan en ($.) los honorarios de los letrados de la parte actora y en ($.) los de la letrada de la parte demandada y citada en garantía (conf. arts. 14, 49 y cctes. del arancel), los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado.

III. En virtud que, de las constancias de autos y del sistema informático, no surge que los peritos Ing. Miguel Angel Groube, Dres. María Isabel Gómez y Roberto Daniel Cabrera y contador Pablo Sergio Cahais se encuentren notificados de los honorarios fijados a su favor, corresponde diferir el recurso de apelación traído por altos a fs. 588 hasta dicha oportunidad.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013).

Fecho, devuélvase.