Rechazo de la demanda de daños y perjuicios incoada contra el Estado por el progenitor de una niña que se vio impedido de tener contacto con su hija a raíz de la orden de restricción de acercamiento

Partes: B. R. A. c/ Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia s/ daños y perjuicios s/ inc.

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103878-AR | MJJ103878 | MJJ103878Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada contra el Estado por el progenitor de una niña que se vio impedido de tener contacto con su hija a raíz de la orden de restricción de acercamiento dictada por la justicia de familia a instancias del órgano administrativo local de aplicación de la Ley 26.061 , pues la denuncia formulada por la madre de la niña puso en marcha todo el mecanismo de protección de derechos diseñado por los poderes estatales para los casos en los que existe al menos una seria sospecha de vulneración, evidenciando la necesidad de adoptar medidas urgentes para impedir su producción o continuación, con los consiguientes perjuicios irreparables en el niño víctima.

2.-En cuanto a la alegada prestación irregular del servicio por parte de las funcionarias del organismo administrativo denunciado, surge probado que los entrevistadores se condujeron razonable y diligentemente en el cumplimiento de sus funciones, en tanto contaban con indicios que ameritaban tomar una rápida decisión para impedir la producción o continuación de los daños a la menor, dejando además debida constancia en el acta que no les fue posible acceder a las pericias que se habrían realizado sobre la menor.

3.-La decisión impugnada fue dictada por la Juez de Familia con los elementos de convicción que le fueron arrimados, por lo que no existiría en el caso el nexo adecuado de causalidad entre el accionar de las funcionarias administrativas y el supuesto daño, en tanto entre uno y otro se inserta el accionar jurisdiccional que, meritando la gravedad del caso y la prueba arrimada, dictó la medida de prohibición de acercamiento en contra del actor.

Fallo:

En Mendoza, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-00654015-9/1 caratulada: “BILLENE, RICARDO A. en J° 151.027/13-00654015-9 (010304-50787) BILLENE, RICARDO A. C/DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA S/D. Y P.” S/ INC.”

De conformidad con lo decretado a fojas 82 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES; tercero: DR. JULIO R. GÓMEZ.

ANTECEDENTES:

A fojas 24/40 el Dr. Manuel Montalto, en nombre y representación del Sr. Ricardo Alejandro Billene, actor en los principales, plantea recurso extraordinario de Inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario a fojas 295 y ss. de los autos N° 151.027/50.787, caratulados: “Billene, Ricardo A. c/Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia p/D. y P.”.

A fojas 55 y vta. se admite formalmente el recurso de inconstitucionalidad deducido, ordenándose correr traslado a la contraria, quien contesta a fs. 56/62 vta. A fs. 66 y vta. se hace parte Fiscalía de Estado.

A fojas 75/76 vta. se registra el dictamen de la Procuración General del Tribunal, quien dictamina que debe desestimarse el recurso formalmente admitido.

A fojas 81 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 82 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR.ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA.

Entre los hechos relevantes para la resolución de la presente causa, se destacan los siguientes:

1. A fs. 2/11 se presenta el Dr. Manuel Montalto en representación del Sr. Ricardo Billene, promoviendo demanda de daños y perjuicios en contra de la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de MENDOZA por el monto estimado en la suma de $ 275.000; o lo que en más o en menos surja de las pruebas rendidas en autos, a criterio del Tribunal.

Relata, que a fines del año 2009 las desavenencias matrimoniales que se venían dando entre el actor y su esposa, la Sra. María Cecilia Leva, tomaron un cariz de magnitud que obligó al Sr. Billene a alejarse del hogar, previa firma de un convenio privado de visitas (incluido alimentos) para ver a su hija de tres años de edad, M.J. Billene. Fue así que, el 13 de enero de 2010, en ocasión de querer ver y estar con la niña, se encontró con una negativa de su esposa a la visita, quien le refirió que existía una prohibición judicial de acercamiento a la menor en virtud de una orden que -aducía- provenía del Quinto Juzgado de Familia, en un trámite iniciado y promovido por la mujer por ante la ahora demandada: la Dirección de Asistencia a la Niñez y Minoridad, Mendoza y su O.A., zona Norte.

Refiere el actor que al no estar notificado de ninguna medida, esperó -por consejo de su abogado- hasta la finalización de la feria judicial, concurriendo el día 02/02/2010 al Quinto Juzgado de Familia donde su letrado constató que no existía ningún expediente a su nombre, razón por la cual remitió carta documento a la Sra. Leva indicándole tal inexistencia y que concurriría a ver a su hija, todo lo cual realizó el 12/02/2010, mediante el concurso de Escribano Público, quien labró un acta en el que dejó asentado que la Sra.Leva le exhibía de lejos la orden judicial, ante lo cual su abogado concurrió nuevamente al Juzgado y obtuvo idéntica respuesta; y luego de la insistencia del letrado es entonces cuando la Sra. Secretaria del Juzgado le informa que sí existe una pieza judicial, pero sin exhibirla, indicándole que debía concurrir a la DINAF.

Dice que el día 18/2/2010 concurre a DINAF el Dr. Montalto y luego de ubicar el expediente en pantalla se le informa que el expediente está en “unidad territorial y táctica de Godoy Cruz”, el que según la dicente no tendría lugar físico, expresando además que en el expediente hay una firma que nadie conoce, informando en definitiva que el día 22 de ese mes podría ver las actuaciones.

Señala que ante esta situación, el 25/2/2010 el actor se hace parte en el expediente B-274 de la DINAF contestando la denuncia de su esposa, suegra y cuñada por abuso sexual agravado por el vínculo en contra de su hija M.J.B., acompañando prueba de psicodiagnósticos que demuestran la inexistencia de indicadores de psicopatologías sexuales y actas notariales que dan cuenta del estado de salud mental deplorable de su esposa, poniendo de manifiesto además irregularidades del proceso, tales como: la falta de la notificación a su persona de la medida dispuesta y la carencia de firmas de las denunciantes, todo lo cual también es constatado por escribano.

Refiere que dentro de los cinco días posteriores presentó incidente de nulidad por no existir firmas de las denunciantes en todo el expediente y por no existir pruebas, como el dictamen del CAI o Cuerpo Médico Forense que sustenten la denuncia.Manifiesta que la DINAF nunca resolvió ni tramitó el descargo ni en el incidente de nulidad interpuesto por los vicios aludidos, prolongando así una situación de indefinición en el trámite de la causa administrativa hasta agosto de 2010 en que la Titular del Quinto Juzgado de Familia solicita su remisión, y al no ser remitido, debió ordenar el secuestro y compulsa en sede penal de la titular de OA Zona Norte y de la abogada que tenía a su cargo el expediente.

Expresa además que al ser remitido el expediente se observó que faltaban 25 fojas de actuaciones, las que acompañaron luego ante el Quinto Juzgado Civil en expediente 1406/10/5F, en el que se expuso el cuadro situacional y se solicitó que se revocara la medida dispuesta, resolviendo el juez de familia -luego de que la Asesora de Menores planteara incidente de nulidad- el cese de la medida restrictiva de acercamiento a su hija.

Concluye en que existe responsabilidad de la DINAF derivada de: 1) no haberlo notificado nunca de la medida ni haberlo escuchado en su descargo; 2) no haber controlado la causa penal en la que, en el mismo día en que se dictó la medida restrictiva (29/12/09), se agregó la pericia psicológica de Josefina Billene que concluyó que no existían indicios de abuso; 3) no haber exigido a la madre de M.J.B.que hiciera los exámenes físicos a la menor ante el Cuerpo Médico Forense; 4) no acompañar a la titular del Juzgado de Familia el original de la denuncia para que ésta pudiera constatar que no existían exámenes que la avalaran ni firmas de las denunciantes, remitiendo sólo un resumen propio del caso; 5) no resolver ni considerar las defensas ni el incidente de nulidad interpuestos el 25/2/2010, pasando 11 meses o 330 días promedio sin que pudiera ver a su hija, lo cual produjo daño psíquico grave a ambos; 6) haber retenido el OA el expediente, enviándolo a archivo, no obstante haber sido requerido por el Juzgado de Familia en agosto de 2010, hasta el mes de octubre de ese año; 7) haber finalmente remitido el expediente con veinticinco fojas faltantes, entre pruebas e incidente de nulidad, con la intención de ocultar el verdadero estado del mismo; 8) no dar intervención a la Asesora de Menores, la cual notificada en la causa N°1406/10/5F opone incidente de nulidad de todo lo actuado, dictándose finalmente el 25/11/2010 el cese de la prohibición de acercamiento.

Recuerda que en la causa penal el Fiscal ordena el archivo de las actuaciones sobre la base de que no se han incorporado elementos de pruebas suficientes para formalizar la imputación del delito; mencionando también que son escasos los detalles que permiten la evaluación psicológica y psiquiátrica de la menor, y también establecer la credibilidad de los dichos con relación al contenido sexual expuesto en la denuncia; y que, en definitiva, no se observaron indicios de inducción ni francos signos compatibles con situaciones de abuso.

Pide una indemnización a fin de resarcir el daño moral causado de $ 175.000. Como segundo rubro, entiende que resulta procedente una indemnización por daño psíquico; independiente del daño moral y por el cual solicita una reparación pecuniaria de $ 75.000.Y en tercer término, reclama los gastos por psicoterapias realizadas y a efectuarse por parte del damnificado. Este ítem, lo justiprecia en un valor de $ 25.000, arribando así a una suma total de $ 275.000.

2. A fs. 223/228 obra sentencia de primera instancia mediante la cual se desestima la acción incoada. Razonó el juez de la siguiente manera:

– El actor reclama una indemnización por el daño moral y psíquico inferido a su persona, a raíz de una denuncia infundada. Atribuye tal perjuicio a la O.A.L. Zona Norte de la Dirección Provincial de la Niñez y Adolescencia (DINAF), por un negligente procedimiento en la causa. El caso gira sobre el eje de una falsa denuncia ante la Unidad Fiscal de Godoy Cruz, efectuada por la madre y la abuela de su pequeña hija de 4 años, por un supuesto abuso sexual cometido por el padre en perjuicio de la menor; todo lo cual le ocasionó -a juicio del progenitor- un evidente daño moral al no poder ver ni acercarse a su hija por once meses aproximadamente; y ello, en razón de las medidas tomadas por el ente protector de la minoridad, organismo -que con los antecedentes del fuero penal- procedió a instruir la causa, a cuyo fin, luego de entrevistas con la madre denunciante, la tía (hermana de la madre) y la propia menor, decide solicitar a la Juez de Familia arbitre una m edida conexa de prohibición de acercamiento, que evalúa como la mejor protección para la niña; trámite que el padre, Sr. Ricardo Alejandro Billene objeta como incompleto, nulo y violatorio de su derecho de defensa.

– Es dable recordar que legalmente, un abuso del tipo señalado (aunque posteriormente, con la instrucción del caso, se determine que el hecho no ocurrió), pone en movimiento y bajo alarma, a un abanico de normas y entidades específicamente protectoras de los menores en esta situación, que alejan el procedimiento de lo privado, privilegiando el interés público de la minoridad y adolescencia.Se entrelazan así, la “Convención sobre los Derechos del Niño” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (20/nov./1989) de raigambre constitucional; con la Ley Nacional 26.061 del año 2.005 (cuyo art. 2° declara de aplicación obligatoria dicho acuerdo internacional); con la Ley 6.354 de la provincia de Mendoza (predecesora en diez años de la anterior). A dicha normativa legal, debe agregarse la Acordada 21.617 de la SCJM (nov. 2.008), que resuelve aprobar e incorporar los protocolos de la materia, en lo que pueda coordinarse y corresponderse con los fueros Penal y de Familia; todo, en concordancia con el Organismo Administrativo creado al efecto; a cuyo fin se dicta esta reglamentación tendiente a delimitar de manera concordante con la Ley Nacional, la interactuación de los Tribunales competentes, con los organismos del Poder Ejecutivo de la Provincia. En estos protocolos o reglamentos -entre otras directivas- está consignado cuál es el procedimiento a seguir por el órgano administrativo (“O.A”) de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (DI.N.A.A.D.Y F) -dependiente del Ministerio local de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad- en aquellas situaciones que, por revestir gravedad, requieran un abordaje particular y directo del OA. Por ello, no es posible objetar el procedimiento basándose en normas exclusivas del derecho privado (Código Procesal Civil). Aquí median las leyes específicas mencionadas con los protocolos citados; luego, el procedimiento administrativo local (Ley 3.909) y finalmente, supletoriamente, el derecho modal civil.

– En el caso, los hechos comenzaron con la denuncia de la madre (abogada) y de la abuela por escrito ante la Unidad Fiscal de Godoy Cruz, a cargo del fiscal Dr. Horacio Cadile, haciendo referencia a un abuso sexual (art. 119 del C.P.) a su hija y nieta, por parte del padre, el Sr. Billene.Esto determina que en el mismo día (21 de Diciembre de 2.009) y en forma inmediata, el Fiscal se avocara a la causa iniciada, procediendo a citar a las denunciantes para ampliar la denuncia, ordenando a la vez, a los organismos pertinentes que practiquen los exámenes psíquico y físico de la menor (fs. 1/5 AEV). El día 23 de Diciembre del 2.009, en sendas testimoniales, deponen las denunciantes en la Unidad, ratificando y ampliando la denuncia efectuada. También de inmediato, en el mismo día, el Fiscal oficia al C.A.I. (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario) y al Cuerpo Médico Forense, a fin de se practiquen a la menor los exámenes de referencia. A este fin, cabe acotar que se realizó sólo el primero (ver fs. 20 del AEV y fs. 90 de estos autos) ya que, según constancia de fs.30 (AEV) el Cuerpo Médico Forense informa (días más tarde) que el examen físico de M.J.B. no pudo llevarse a cabo, atento a “que la víctima no asistió a las citaciones formuladas por los profesionales.”

– Con la ratificación de las denunciantes y ya efectuado examen del CAI, en fecha 29 de diciembre del mismo año, el Fiscal de la Unidad Godoy Cruz oficia a la Secretaría Tutelar del Juzgado de Familia en Turno, remitiendo la compulsa del expediente en cuestión, P-99.238/09/14, caratulado: “F. en Av. Abuso Sexual” (Ver causa penal A.E.V., fs. 1 a 17). Recibida la citada compulsa en el fuero de familia, el mismo día (fs.5 AEV) el juez en turno (Quinto Jdo.) deriva los antecedentes al OAL Zona Norte, -saneando así el procedimiento- con el objetivo que el mismo cumpla con su tarea administrativa. Es así que el O.A.L., luego de analizar los antecedentes penales acompañados y de realizarle entrevistas a la menor, a su madre y a su tía; evalúa como necesaria una medida de protección. En el caso:”prohibición de acceso y acercamiento” por parte del Sr. Billene hacia la niña María Josefina Billene Leva (fs. 38 vta. y 95/96 de los principales). Todo esto se efectuó en el mismo día de la derivación de referencia. Es así, que en la misma jornada (29/12/2.009) vuelven las actuaciones a la jueza Galera, quien dicta un proveído haciendo lugar a la solicitud formal del ente administrativo, con orden a la Comisaría más cercana de notificar al padre la medida dictada; y además, con la obligación de prestarle colaboración policial al OA L – Zona Norte en caso que éste se lo requiera (fs. 108 de autos). Esto último, se instrumenta por oficio a la Comisaría al día siguiente, el 30 de diciembre de 2.009 (fs. 101/102 de autos).

– Lo resaltado anteriormente es a los efectos que el actor tome conciencia de circunstancias tales como: a) quien ó quienes fueron los responsables de la iniciativa de denunciarlo infundadamente; b) cuál fue el camino (o “iter”) ante cada organismo; c) el sentido de urgencia que la normativa protectora del niño le imprime a hechos de esta naturaleza, atento que “prima facie” se estaba frente a un atentado contra la integridad física y moral de los menores (más allá que en el caso de la pequeña M.J.B. se probara después que la denuncia era infundada). En nuestro caso, todo el espectro de organismos asignados a la protección de los menores interactuó velozmente ante la posibilidad de un delito.d) Por otra parte, debe quedar claro que quien tiene jurisdicción para dictar una medida de protección de la importancia y gravedad como lo es una “prohibición de acceso y acercamiento” al padre, es la jueza tutelar en turno de los Tribunales de Familia (que actúa como Órgano de Garantía) como realmente ocurrió; ya que la DINAF -OAL- Zona Norte, es el órgano administrativo local que sólo interviene “instruyendo” casos como el nuestro; coordinando su actuación con la justicia; y promoviendo ante la misma el dictado de medidas protectoras de menores y adolescentes. La ley le señala al órgano administrativo local, la necesidad de actuar en situaciones de “…amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituir o reparar sus consecuencias (Art 33, Ley 26.061)”. Además, por Acordada n° 21.617 se aprueban los protocolos de actuación Poder Judicial- DI.N.A.A.D.y F., en cuyo Art. 12°, del Anexo I, se dispone: “El O.A. podrá solicitar al Juez de Familia en turno tutelar el dictado de medidas conexas, accesorias y/o asegurativas que requieran de orden judicial, con el fin de garantizar la aplicación, el cumplimiento y el control de las medidas de protección que haya dispuesto…”. La Juez de Familia debe pronunciarse sobre la medida dentro de los tres días de ingresada la causa al Tribunal. O puede hacerlo en un plazo menor siempre que la “urgencia” así lo determine.

– Adelanto -por todo cuanto he consignado anteriormente- que no advierto la existencia de una mala praxis del O.A. que sea fruto de un error inexcusable o de una arbitrariedad manifiesta de sus funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones legales; aún cuando no se haya seguido el trámite directo de interponer la denuncia ante el O.A.L.; ni tampoco la objeción de cómo las funcionarias del O.A.instruyeron y solicitaron a la juez tutelar la medida conexa.

– La nulidad impetrada por el actor, alegando la falta de firmas de la denunciante y sus testigos ante el Organismo Administrativo; también la ausencia los exámenes físicos y psíquicos de las partes involucradas; como igualmente el conocimiento tardío de la medida por parte del progenitor excluido por una carencia de la Policía; queda cubierto con los elementos obrantes en el expediente B-274 que sugerían estar en presencia de un hecho grave y de urgente resolución. De suerte que aunque los elementos de convicción no fueran completos, ameritaban tomar las providencias del caso. No se puede aseverar una mala fe, desorden u omisiones cómplices por parte de las funcionarias del O.A, al punto que la propia juez tutelar, con los elementos que se contaban, entendió la procedencia de una medida como la dictada por ella.

– A mayor abundamiento, hay que decir que no resulta procedente la queja central del accionante objetando las denuncias sin firma en el primer acto de intervención de la DINAF, ya que en los hechos, este trámite no es decisivo, atento que el mismo fue cubierto, es decir, se cumplió en forma oral a modo de entrevista, dejando constancia las funcionarias actuantes del contenido de las mismas en el “acta-solicitud” donde le piden a la juez el dictado de “una medida conexa” (fs. 104/105). Hay que tener en cuenta que dicha acta-solicitud, emanada de los funcionarios públicos que la suscriben tiene la naturaleza de ser un instrumento público que no ha sido redargüido de falso, por lo que el acto como tal, mantiene la legitimidad implícita de los actos administrativos de acuerdo a nuestra Ley 3.909 (arts.79 y 80).

– A modo de conclusión, cabe decir que de todo cuanto se ha consignado en párrafos anteriores, surge que el entramado protector de los derechos del niño ha considerado fundamental la inmediata actuación de los órganos administrativos y de la justicia de la materia, para proteger con urgencia el eventual derecho vulnerado de la menor; por lo que relativizar y hasta obviar alguna formalidad sobreabundante en mérito a la urgencia no le resta validez al acto. Hay que tener en cuenta que aún en el derecho privado, hay casos como las cautelares, en que es propio de su naturaleza que se traben “inaudita parte”, a fin de no malograr el resultado.

– El derecho d e defensa del damnificado está siempre abierto; a veces no en el tiempo y forma que hubiera sido la ideal, pero razones de interés público lo justifican. Puede ocurrir, sin pretenderlo, en virtud de la sistemática de los derechos protegidos, que eventualmente pueda producirse algún efecto dañoso al interesado que pretende defender sus derechos, como molestias, perjuicios a sus sentimientos íntimos o también perjuicios materiales, pero, para sentirse agraviado en términos jurídicos y para pretender de algunos de los órganos intervinientes una reparación pecuniaria, fundada en una cuestión de responsabilidad civil extracontractual, deben concurrir y ser acreditados la existencia de los requisitos que la tornan procedente, como ser: a) Que se trate de un hecho ilegítimo o antijurídico; b) que el agente productor del mismo, lo haya llevado a cabo con dolo o culpa, como factor de atribución de imputabilidad; c) que haya un nexo de causalidad entre el daño inferido y el agente productor del mismo; y d) Que realmente se le haya producido un daño a quien reclama (arts.: 906, 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.109, 1.113, 1.112, del Cód.Civil).

– Por todo lo expuesto, no habiéndose probado los requisitos arriba consignados de la responsabilidad extracontractual por parte del accionante para exigir una reparación pecuniaria, la demanda debe ser rechazada en todas sus partes.

3. La sentencia fue apelada por la parte actora. La Cámara rechazó el recurso incoado, con los siguientes fundamentos:

– El interés superior del niño tiene jerarquía constitucional a través de la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño al plexo de nuestra Constitución, en forma conjunta con otros tratados de Derechos Humanos que regulan el ejercicio de los derechos de los menores y las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad (Art. 75 inc. 22 de la C.N.). Precisamente en protección de ese interés se dicta la Acordada N° 21.617 de la SCJM que incorpora los protocolos de la materia en lo que pueda coordinarse y corresponderse con los fueros penal y de familia, todo en concordancia con el OA creado al efecto, y se delimita la actuación de los Tribunales competentes con los organismos del Poder Ejecutivo de la Provincia.

– En cumplimiento de dicha acordada, el OA implementó la medida de protección que consideró oportuna y frente a la seria denuncia de abuso sexual contra Billene en perjuicio de su hija menor, solicitó una medida conexa al Quinto Juzgado de Familia, que ordenó la prohibición de acercamiento del progenitor al sitio donde concurriese la niña. Como bien lo señala “a posteriori” la Sra.Juez del Quinto Juzgado en la resolución de fecha 25 de noviembre de 2010, como se trataba de una medida de protección, no correspondía citar a las partes para ejercer ningún derecho de defensa; de allí que el accionar del OA resultó ajustado a derecho.

– Tampoco existieron irregularidades por parte del organismo administrativo por no haberse escuchado a la niña, pues ésta no sólo fue escuchada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense, sino que también se contó con los dichos de la madre, quien denunciaba la existencia de un delito de gravedad tal que imponía el dictado de las medidas adoptadas.

– Sobre la falta de remisión de la pericial psicológica a la Dra. Galera cuando se dicta la prohibición de acercamiento, tampoco puede considerarse un vicio grave. Adviértase que la medida conexa se solicita en fecha 29 de diciembre de 2009 pero el informe psicológico y psiquiátrico de la menor recién tiene ingreso a sede penal en fecha 9 de febrero de 2010 (ver fs. 20 autos N° 99238/09 de la unidad Fiscal de Godoy Cruz); vale decir que, al solicitarse la medida conexa, el OA no contaba con tal informe, de allí que no existe el ocultamiento que el apelante le atribuye al órgano administrativo. Tampoco es atribuible al OA que la madre no haya concurrido al Cuerpo Médico Forense para realizar el examen físico de la menor.

Cuando se analiza una actividad administrativa o judicial, ya sea para confirmarla o removerla, o como en el caso para determinar si con la misma se ocasionó algún daño, el análisis debe efectuarse en el sentido de si al momento en que la medida se adoptó, los supuestos legales para dictarla se encontraban cumplimentados, por lo que, desde esta perspectiva, y dada la gravísima denuncia formulada por la madre de la menor, consideramos acertada la solución propuesta por la OAL y aceptada por la Sra.Juez del Quinto Juzgado de Familia, puesto que, con las medidas tutelares se intenta proteger inmediatamente a una persona ante una probable situación de violencia familiar, siendo suficiente la sospecha de maltrato, sea éste psíquico físico o sexual. Incluso “a posteriori” y cuando surgieron elementos que demostraban que tal abuso no existió, la situación se modificó por vía judicial.

– Ello lleva a la convicción de que la medida adoptada lució adecuada a las circunstancias existentes al momento de su dictado, y que si bien tal como lo señalara la Sra. Juez “a quo”, la misma obedeció a un obrar irreflexivo de la madre de la menor, el órgano administrativo debió adoptar las medidas de protección indicadas.

– Referido a la nulidad por la falta de firmas de las denunciantes; queda cubierto con los elementos obrantes en el expediente B-274 que sugerían estar en presencia de un hecho grave y de urgente resolución. No se puede acreditar una mala fe, desorden u omisiones cómplices por parte de las funcionarias del O.A., al punto que la propia Juez tutelar, con los elementos que se contaban, entendió la procedencia de una medida como la dictada por ella.

– El “acta solicitud” suscripta por las funcionarias actuantes tiene naturaleza de instrumento público que no ha sido redargüido de falso, por lo que el acto como tal mantiene su legitimidad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 3909.

– No se advierte por tanto antijuridicidad en el obrar de los funcionarios del organismo administrativo, ni falta de servicio, y la urgencia de la administración era necesaria atento las particularidades del caso.

Contra esta sentencia se alza la parte actora.

II.LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE Y SU CONTESTACIÓN.

El recurrente denuncia que la sentencia impugnada resulta contradictoria, realiza afirmaciones dogmáticas y una valoración arbitraria y errada de la prueba.

Señala que se han reconocido los hechos relatados por el actor, pero justificando todos y cada uno de los vicios y errores de la demandada en pos del interés de la niña, sin tener en cuenta el daño que se le produjo al sostener una medida que le impidió ver, estar y gozar a su padre durante casi un año porque quien la promovió no controló ni exigió a su madre hacer examen físico y psíquico para constatar el abuso.

Reitera los motivos expuestos en la demanda para responsabilizar a la accionada, a saber: no citarlo luego de la denuncia, no seguir el desarrollo de la causa penal en la que se rindió prueba psicológica que concluía que no existían indicios de abuso, no exigir a la madre la realización del examen físico a la menor, no acompañar a la Juez de Familia el original de la denuncia -sino sólo un resumen- impidiendo a la jueza conocer la inexistencia de examen psíquico y que nadie firmaba las actas de denuncia, no resolver el descargo, las defensas ni el incidente de nulidad articulado por su parte en causa B-274, guardar el expediente desde marzo de 2010 -sin considerar las defensas opuestas- y hasta que fue requerido por la Dra.Galera (agosto), reteniéndolo en archivo con el oficio de remisión glosado hasta octubre de 2010, remitiéndolo recién cuando fue ordenado el secuestro del expediente por parte de la jueza -con 25 fojas faltantes (pruebas e incidente de nulidad), demostrando su intención de ocultar el estado de la pieza administrativa, no dar intervención a la Asesora de Menores, quien opuso incidente de nulidad de todo lo actuado en la causa ante el Juzgado de Familia.

Señala que la accionada debió, una vez agregado el dictamen del CAI en febrero de 2010, del que surgía la inexistencia de abuso, procurar a través de todos los medios a su disposición corroborar el hecho imputado o desestimarlo, puesto que siendo una medida de carácter provisoria la dispuesta -prohibición de acercamiento- debe exigirse también un seguimiento serio y correcto de la misma.

La contestación.

A fs. 56/62 contesta el traslado conferido la accionada recurrida, solicitando su rechazo por los fundamentos que expone, a los que me remito en mérito a la brevedad.

A fs. 66 hace lo propio Fiscalía de Estado.

III. SOLUCION DEL CASO.

1) Reglas liminares que rigen el Recurso de Inconstitucionalidad.

Tiene dicho este Tribunal que, “la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc)” (L.S. 223-176).

“No puede confundirse arbitrio y arbitrariedad. El arbitrio es razonable, fundado y permite el contralor del superior. La arbitrariedad es el reino del absurdo, ilógico, caprichoso y es lo que la doctrina de la Corte ha pretendido evitar, al admitir esta causa genérica de defectos en la formas de las sentencias que dictan los jueces” (L.S.240/8).

El recurso de inconstitucionalidad tiene carácter excepcional, por ello, las causales se interpretan restrictivamente, evitando que la Corte se convierta en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo todo el sistema recursivo (L.S. 223-176).

2) El caso concreto.

La cuestión a decidir consiste en determinar si resulta arbitraria la sentencia que rechaza la demanda de daños y perjuicios incoada contra el Estado por el progenitor de una niña que se vio impedido de tener contacto con su hija a raíz de la orden de restricción de acercamiento dictada por la justicia de familia a instancias del órgano administrativo local de aplicación de la Ley 26.061 (O.A.).

Adelanto que, en concordancia con lo dictaminado por la Procuración General, corresponde desestimar el recurso formalmente admitido, en tanto no se advierte que la sentencia impugnada adolezca de los graves vicios que le imputa el recurrente. En efecto, los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad, como exige la excepcionalidad del remedio intentado.

El actor en esta sede se agravia por considerar que ha existido una errónea valoración de la prueba aportada, en especial del legajo B-274 perteneciente a la accionada, a través del cual el O.A. tomó intervención a partir de la denuncia de abuso sexual formulada por la madre de la niña en contra suyo. Sostiene en este sentido que la demandada, a través del O.A., no citó ni escuchó al actor luego de formulada la denuncia, ni resolvió el descargo, las defensas ni el incidente de nulidad articulado por su parte, ni siguió el desarrollo de la causa penal en la que se rindió la prueba psicológica de la niña de la cual surgía que no existían indicios de abuso.Señala que tampoco se exigió a la madre la realización del examen físico a la menor en el Cuerpo Médico Forense, ni se acompañó al Juez de Familia el original de la denuncia -sino sólo un resumen- impidiendo a la Juez conocer la inexistencia de examen psíquico y de firmas de la denunciante en el acta. Le imputa también haber guardado el expediente desde marzo de 2010 -sin considerar las defensas opuestas- hasta que fue requerido por la Dra. Galera en agosto, remitiéndolo recién cuando fue ordenado el secuestro del expediente por parte de la juez -con 25 fojas faltantes (pruebas e incidente de nulidad)- demostrando su intención de ocultar el estado de la pieza administrativa. Denuncia, por último, la omisión de dar intervención a la Asesora de Menores, quien opuso incidente de nulidad de todo lo actuado en la causa ante el juzgado de Familia.

Acerca de la responsabilidad del Estado, sostiene Cassagne que “todo análisis en torno a su fundamento constitucional revela grandes coincidencias en punto a que la base del responder estatal se encuentra relacionada de una manera u otra, con los principios del Estado de Derecho”. Esos principios generales (vgr. “alterum non leadere”) se proyectan a todas las ramas del derecho, cobrando mayor trascendencia en las disciplinas no codificadas como el derecho administrativo. (El fundamento constitucional de la responsabilidad del estado y su regulación por el Código Civil o por leyes administrativas; Cassagne, Juan Carlos Publicado en: Sup. Const. 2014 (mayo), 3 o LA LEY 2014-C , 885).

Esta concepción fue receptada por nuestra Corte Federal en el caso “Vadell”, en el que se sostuvo que, “La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.Ello pone la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil”.-

Este criterio fue seguido en posteriores pronunciamientos de ese Tribunal (“Tejeduría Magallanes”, “Zacarías”, “Vergnano de Rodríguez”, “Tortorelli”, “Mosca”, “Serradilla”, “Morrow de Albanesi”, etc) reconociendo el carácter directo de la responsabilidad y la naturaleza objetiva del factor de atribución.-

Esta teoría fue afirmada y desarrollada, en casos más recientes por la Corte de la Nación, estableciendo los siguientes requisitos: 1) que se haya incurrido en falta de servicio (esto es, que el servicio no funcionó, o funcionó mal o tardíamente); 2) la existencia de un daño cierto; y 3) el nexo causal entre la conducta estatal impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue. (Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2011-04-12 ~ Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros).

Para determinar la existencia de falta de servicio se debe analizar lo que se conoce como “estándar de rendimiento medio del servicio”, en que debió consistir el funcionamiento normal del servicio, teniendo en cuenta un estándar de previsibilidad de lo que normalmente acontece conforme los arts. 901 a 906 del C{odigo Civil (Vega, Susana Elena y Rotaeche, María Josefina “La falta de servicio: un paso adelante en el análisis de su determinación. Reflexiones en torno al caso “Mosca”, en Responsabilidad del Estado, Santa Fe, Rubinzal- Culzoni, 2008, págs. 315 y ss.).-

En esa dirección, la Corte Nacional enseña que “Esa responsabilidad directa basada en la prestación inadecuada del servicio y definida por esta corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con aquél , y el grado de previsibilidad del daño.Dicho en otras palabras, se trata de un juicio sobre su prestación y, por ello, la responsabilidad involucrada es objetiva” (Fallos 321:1124 y 330:563, ya citados).-

En el caso, tal como han destacado las instancias anteriores, la denuncia formulada por la madre de la niña puso en marcha todo el mecanismo de protección de derechos diseñado por los poderes estatales para los casos en los que existe al menos una seria sospecha de vulneración, evidenciando la necesidad de adoptar medidas urgentes para impedir su producción o continuación, con los consiguientes perjuicios irreparables en el niño víctima.

En este sentido, y en cuanto a la alegada prestación irregular del servicio por parte de las funcionarias del OA, valoro que – originándose la petición que éstas elevaron al Juez de Familia en los hechos que fueron denunciados por la madre, la tía y la propia niña involucrada -tal como surge del Acta-Solicitud que obra a fs. 10/11 del expediente administrativo-, las entrevistadores se condujeron razonable y diligentemente en el cumplimiento de sus funciones, en tanto contaban con indicios que ameritaban tomar una rápida decisión para impedir la producción o continuación de los daños, dejando además debida constancia en el acta que no les fue posible acceder a las pericias que se habrían realizado sobre la menor.

Se advierte además, en este punto, que la decisión impugnada fue dictada por la Juez de Familia con los elementos de convicción que le fueron arrimados, por lo que tampoco existiría en el caso el nexo adecuado de causalidad entre el accionar de las funcionarias administrativas y el supuesto daño, en tanto entre uno y otro se inserta el accionar jurisdiccional que, meritando la gravedad del caso y la prueba arrimada, dictó la medida de prohibición de acercamiento (cfr. Art. Décimo Segundo del Protocolo de actuación Poder Judicial-Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (DI.N.A.A.D.y F.) (hoy DI.N.A.F.Ley 7945) instituido por la Acordada N°21.617 dictada por esta Corte el 28/11/08, según el cual “El O.A. podrá solicitar al Juez de Familia en turno tutelar el dictado de medidas conexas, accesorias y/o asegurativas que requieran de orden judicial, con el fin de garantizar la aplicación, el cumplimiento y/o el control de las medidas de protección que haya dispuesto. El Juez resolverá por auto dentro de los tres días a contar de la fecha de ingreso de la causa al tribunal siempre que la urgencia no exigiere un plazo menor, haciendo lugar o rechazando las medidas peticionadas. Se entiende por medida conexa, accesoria o asegurativa toda aquella medida que sirve como instrumento para hacer efectiva una medida de protección.”

Ahora bien, en relación al servicio prestado por el O.A. con posterioridad al dictado de la medida peticionada, aspecto sobre el cual se extiende el recurrente para achacar responsabilidad a la accionada, el artículo Décimo Cuarto del Protocolo prevé que “Cuando la niña, niño o adolescente, cuyos derechos sean objeto de protección, ya se encuentre judicializado, se procederá de la siguiente forma: a. Si el expediente judicial se encontrara en trámite, seguirá entendiendo el Juzgado de Familia que previno, pudiendo coordinar con el O.A. las nuevas estrategias de abordaje y medidas de protección a adoptar. (.)” (el destacado me pertenece). Por su parte, el artículo Décimo Quinto, referido a la recepción de sumarios policiales y/o compulsas de organismos del fuero penal, en su inciso b establece: “Si de dichas actuaciones resultara que el Juez de Familia en turno tutelar tomó intervención impartiendo instrucciones telefónicas o por cualquier otra vía, se formará expediente judicial y, cumplidas y controladas que se encuentren todas las medidas de protección ordenadas por el juez, se clausurará el expediente judicial, y se remitirá compulsa al O.A.a fin de que asuma la intervención que por el presente y por la Ley 26.061 corresponde.” (el destacado me pertenece).

De la lectura e interpretación integral de estas disposiciones surge que una vez que la jurisdicción interviene impartiendo órdenes o instrucciones, el control y seguimiento de las medidas adoptadas se encuentra a su cargo, debiendo concluirse entonces que no existió en el caso una deficiente prestación del servicio por parte de la accionada (DINAF), ya que las presentaciones del accionante tendientes a lograr la revisión de la medida debieron ser realizadas ante el juez que había prevenido, para que éste las revisara o decidiera su continuación, modificación o revocación.

Ello así, no obstante admitir que ante las presentacio nes formuladas por el actor en sede administrativa, la respuesta deseable del órgano de aplicación hubiera sido el dictado de una resolución escrita y fundada en las normas de derecho que he transcripto, alertando al justiciable de que estaba equivocando la vía.Sin embargo, esta omisión no autoriza de ningún modo a sostener que medió una prestación irregular del servicio, en tanto no estaba dentro de su ámbito de incumbencia el revisar una medida que había sido dictada por el órgano jurisdiccional.-

En este aspecto, además, no se visualiza que medie una relación de causalidad adecuada entre la omisión denunciada y el daño invocado, ya que, de conformidad con el curso ordinario y normal de los acontecimientos, aquélla pudo haber sido condición, pero no causa del perjuicio cuya reparación se pretende.

Por su parte, se observa que una vez que el actor solicitó el cese de la medida en la instancia judicial arrimando las pruebas que sustentaban su reclamo (04/08/2010), la juez se declaró competente y dio trámite a la incidencia, dando intervención en ese momento al Ministerio Pupilar y desarrollándose la causa normalmente conforme surge de sus constancias, culminando con la resolución de fecha 25/11/2010 que, en menos de cuatro meses desde la petición, dispuso el cese de la medida.

Las demás cuestiones cuya valoración supuestamente habría omitido la sentencia de Cámara -no seguir el desarrollo de la causa penal, no exigir a la madre la realización del examen físico a la menor en el Cuerpo Médico Forense, no acompañar al Juez de Familia el original de la denuncia -sino sólo un resumen-, no remitir el expediente a la juez que lo requirió hasta que fue secuestrado y no dar intervención a la Asesora de Menores, no se perfilan tampoco como actuaciones irregulares que den paso a la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

En efecto, no puede considerarse -en atención a la naturaleza de la actividad desarrollada por la accionada, los recursos humanos y materiales de que dispone y la relación que unía al actor con el organismo- que los funcionarios del O.A.se encuentren obligados a realizar un seguimiento periódico de todas las causas penales que versen sobre los hechos ante ellos denunciados para constatar la producción de nuevas pruebas, puesto que el recurso humano que ello consumiría no resulta proporcional al beneficio que ello reportaría, máxime teniendo en cuenta que son los propios afectados los que pueden accionar los mecanismos que hacen a su propio interés, acercando al pórgano administrativo o al Juez de Familia -según el caso- las pruebas producidas en otros fueros que sustenten sus posiciones.

Además, no se comparte la afirmación del recurrente en cuanto a que la pericia psicológica-psiquiátrica practicada a la menor por el CAI el 29/12/09, agregada a la causa penal el 09/02/2010 (cfr. fs. 20 expediente penal), arrojaba resultados exonerantes de la responsabilidad del actor en el hecho denunciado, en tanto si bien en ella se indica que “no se encontraron francos signos compatibles con situaciones de abuso”, a continuación señala que “la menor manifiesta que el supuesto agresor continúa agrediéndola, en forma verbal ?????. (.) Repite un juego con los entrevistadores donde tapa la boca y la nariz de los profesionales en forma intermitente, relatando la niña haber vivenciado una situación donde el padre se tiró sobre ella y la “aplastó con su cuerpo”. Se detecta temor y ansiedad por parte de la menor en relación a esa situación.Se observa estado de inquietud que se expresa en el lenguaje verbal (verborragia) y motor (hiperquinesia)”.

En función de ello, puede concluirse que en el caso, esta única prueba tampoco habría servido para descartar o modificar la medida finalmente peticionada, con lo que su incorporación temprana a la causa administrativa o judicial tampoco habría variado el desarrollo de las mismas.

En cuanto al agravio relativo a que no se exigió a la madre concurrir con su hija al Cuerpo Médico Forense para que se le practicara el examen físico, ello tampoco consituiría una actuación irregular en tanto este organismo no posee imperio para exigir a la denunciante una determinada conducta.

En referencia a la falta de remisión oportuna del expediente administrativo al juzgado de familia requirente, surge de los autos N°1406/105F -mediante el cual el actor solicitó el cese de la medida- que una vez ordenada la remisión a través del decreto de fs. 11 (05/08/2010), se agregó el oficio de fecha 09/08/2010 dirigido al Titular del O.A. para que lo enviara, sin que exista ninguna constancia de diligenciamiento del mismo ni en este expediente ni en el remitido por el O.A. que tengo a la vista, por lo que no se sabe a ciencia cierta en qué fecha se recibió efectivamente la orden judicial, si es que fue recibida. Pasado más de un mes, el 17/09/2010 el Sr. Billene denunció ante el Juzgado la retención del expediente (fs. 17), por lo que el juzgado ordenó el secuestro -el que se materializó el 28/09, fs. 47- y ordenó la compulsa penal por incumplimiento de la orden judicial (fs. 18). Sin embargo, de las constancias reseñadas no puede concluirse, como pretende el recurrente, una omisión por parte del O.A.que posea las características que la jurisprudencia transcripta ha exigido para hacer nacer la responsabilidad estatal, desde que -más allá de que no consta la efectiva recepción de la orden judicial por parte del organismo administrativo- transcurrieron menos de dos meses entre el oficio confeccionado y la entrega efectiva del expediente, período de tiempo que, si bien no es el óptimo no conduce a sostener que medió una actuación irregular, y mucho menos puede presumirse una actitud obstruccionista, de ocultamiento o dilación intencionada para perjudicar al actor, como pretende el recurrente. Aún colocándonos en la postura más favorable al actor, considerando que sí medió aquí un déficit en el servicio, la misma evidentemente no se encuentra en vinculación causal con los daños que el actor reclamó en su demanda.

La remisión del expediente al Juzgado de Familia con fojas faltantes -hecho que se corrobora con el acta de secuestro que luce a fs.47 del expediente 1406/10/5F, la que da cuenta de que contaba con 28 fojas al 28/09/2010-, si bien evidencia una desprolijidad que desde ningún punto es convalidada por este Tribunal, no alcanza en este caso para configurar la responsabilidad del accionado, en tanto tampoco aquí media nexo causal adecuado con el daño, teniendo en cuenta que el resultado de la petición formulada por el actor fue positivo (se dispuso el cese de la medida), aún mediando aquél descuido.

En definitiva, todos los agravios expuestos en el recurso no logran conmover los sólidos argumentos expuestos por la Cámara en su sentencia, en la que se expone con claridad meridiana los intereses en juego y los mecanismos que intervinieron para salvaguardar los derechos cuya vulneración se pretendió evitar o detener.

Corresponde aclarar en último término que no se ignora ni se soslaya la profunda tristeza que un padre puede experimentar al verse impedido de disfrutar de su pequeña a causa de una orden judicial, pero tampoco puede olvidarse que es la sociedad toda la primera interesada en que los aparatos estatales funcionen de manera coordinada, rápida, eficaz en los casos en los que existe el riesgo de que se produzcan o sigan produciéndose violaciones a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Este anhelo constante es puesto de manifiesto, especialmente, cuando ocurren desgracias como las que han azotado a nuestra querida provincia, y en las que lamentablemente se han visto involucrados nuestros niños, cuya vulnerabilidad convierte a todas las políticas públicas en insuficientes a la hora de afrontar la problemática que se plantea. Es en la ardua tarea de protegerlos en la que todos los poderes del Estado debemos comprometernos, buscando siempre encontrar el delicado equilibrio que permita hacer efectivo ese amparo, reduciendo al mínimo el agravio que pudiera ocasionarse a otros intereses que también se encuentran en juego en esta temática.

Por todas las razones expuestas, corresponde la desestimación del remedio incoado.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr.GOMEZ, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Atento lo resuelto en la primera cuestión, corresponde desestimar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario a fojas 295 y ss. de los autos N° 151.027/50.787, caratulados “BILLENE, RICARDO A. C/DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA P/D. Y P.”.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. GOMEZ, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas de esta instancia al recurrente vencido (art. 36 y 148 del CPC)

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. GOMEZ, adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 30 de marzo de 2.017.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I- Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 24/40 en contra de la resolución dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario a fojas 295 y ss. de los autos N° 151.027/50.787, caratulados: “BILLENE, RICARDO A. C/DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA P/D. Y P.”.

II- Imponer las costas de esta instancia al recurrente vencido (art. 36 y 148 del CPC).

III- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Alberto LURASCHI, en la suma de ($.); Lucas G. RUVIRA DAWSON, en la suma de ($.); Eliseo J VIDART, en la suma de ($.); Fernando J.M. ACUÑA, en la suma de ($.); Sabrina MONTALTO, en la suma de ($.) y Manuel MONTALTO, en la suma de ($.). (arts. 2, 3, 13, 15 y 31 LA).

IV- Dar a la suma de pesos MIL VEINTE ($ 1.020) de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 44, el destino previsto en el art. 47 inc. IV del CPC.

Notifíquese. Ofíciese

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Jorge H. NANCLARES, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 30 de marzo de 2017.-