Revoca la medida cautelar que ordena bloquear un sitio web donde se criticó la actividad comercial de la actora

Partes: A. G. V. c/ Google Inc. s/ amparo – Incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 21-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103891-AR | MJJ103891 | MJJ103891Sumario:

 

1.-Corresponde revocar la resolución que con carácter cautelar ordenó a la empresa administradora de un buscador de internet, eliminar y bloquear un sitio web pues, las expresiones que motivan el pedido de la medida cautelar han sido efectuadas en un blog de cuyo contenido surgiría, prima facie, una crítica anónima a la actividad comercial que realiza la actora como administradora de consocios y responsable del desarrollo, diseño y construcción de emprendimientos residenciales, y ello permitiría encuadrarlas como opiniones vinculadas con asuntos de relevancia pública, entonces la medida importa una restricción injustificada de la libertad de expresión, es decir, no guarda proporcionalidad con la finalidad que persigue.

Fallo:

Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.

AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 38/49. contra la resolución cuya copia obra a fs. 30/31, cuyo traslado ha sido contestado a fs. 57/59, y CONSIDERANDO: 1. Que para decidir sobre los agravios del recurrente es necesario destacar que la “Administración Gómez Vidal S.A.” inició acción de amparo contra Google Inc. y contra quien resulte autor y responsable del Blogspot y el sitio web http://admgomezvidal.blogspot.com.ar, con el objeto de que se ordene la supresión de dicho sitio, por resultar “falsa y vejatoria” la información allí publicada. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar a los fines que se suprima y elimine el sitio web mencionado. Relata los antecedentes de la sociedad actora, cuya actividad principal es la administración de consocios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Señala que la demandante también es parte del Grupo AGV, que tiene como objeto el desarrollo, diseño y construcción de emprendimientos residenciales. Indica que el mencionado Grupo AGV ha desarrollado y construido dos edificios en el barrio de Palermo de esta Ciudad, con destino a viviendas, los cuales fueron entregados a los compradores en debido tiempo y forma. Manifiesta que, sin perjuicio de los antecedentes descriptos, tomaron conocimiento que en el blog en cuestión, se ha injuriado y cometido calumnias, sin fundamento alguno, a la empresa AGV y a las personas físicas que la encabezan. Menciona que el contenido del blog se refiere a la actora como “ladrones” y “estafadores” y se los imputa de ser una “mafia”. Agrega que respecto de los señores Diego y Sebastián Gómez Abuin -presidentes de AGV-, se publicó que están organizados para estafar gente, que son “chorros” y muchas otras imputaciones que no tienen asidero fáctico y jurídico. Indica que también se difama el nombre de la escribana Lorena Gil Peruzzoti.Sostiene que resulta claro que la persona que creo el blog tuvo como fin dañar la imagen de AGV y de las personas que la integran. Menciona, asimismo, los perjuicios que efectivamente le ha causado la publicación en cuestión. El señor Juez a quo, luego de la aclaración formulada por la actora en fs. 26 y vta., sobre la base de lo dispuesto por el art. 232 del CPCC, en fs. 30/31 hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso que, previa caución juratoria, Google Inc. proceda a la eliminación y bloqueo del sitio http://admgomezvidal.blogspot. com.ar. En la citada resolución el señor Juez describió los presupuestos que deben presentarse para el dictado de las medidas cautelares y, puntualizó, que en las presentes actuaciones se halla en juego el derecho a la imagen y el nombre, que tiene rango constitucional. Asimismo, expuso que las especiales particularidades de la causa requieren una pronta solución y que corresponde tener en cuenta que el rechazo de la medida prima facie es susceptible de provocar consecuencias más gravosas para la actora, que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a la demandada, toda vez que estos aparecerían circunscritos a la esfera patrimonial y los del actor puede comprometer derechos de mayor jerarquía.

2. Contra esa decisión se agravia el demandado en fs. 38/49. Señala que dado que la medida dispuesta por el a quo limita la libertad de expresión y de información, debió previamente llevar adelante un proceso de conocimiento pleno que garantice la ponderación adecuada de las circunstancias del caso y permita a todos los interesados ejercer plenamente su derecho de defensa. Asimismo, manifiesta que la actora señaló en el escrito de inicio que demandaría a los autores del blog, por lo tanto debió dirigir su pretensión cautelar contra el autor del contenido.Sostiene que recién luego de haber sido oído este último podría solicitar la medida, toda vez que la información que contienen los sitios que el buscador indexa, es exclusiva responsabilidad de la persona que publicó la información y no de Google. Indica que la pasividad de la actora en identificar a los responsables del blog es una estrategia tendiente a censurar contenidos sin necesidad de demostrar su falsedad o discutir su valor con el autor. Expresa que en las presentes actuaciones no se hallan acreditados los requisitos para el dictado de la medida cautelar, toda vez que del contenido del blog surge que se realiza una crítica a los servicios profesionales de la “Administración Gómez Vidal” que luce fundada y prima facie legal, que tiene como objetivo central dar a conocer a los usuarios de Internet cuál es la experiencia como clientes de la parte actora. Agrega que, en estos términos, la orden de bloqueo alcanza información de relevancia pública que se encuentra protegida por la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión y el acceso a la información. Detalla que la actividad deliberada de la actora en Internet con el objeto de promocionar su actividad comercial, la obliga a aceptar la existencia de opiniones divergentes e incluso críticas de sus servicios. Además, indica que la actora en su sitio web, con el título “Descargo”, efectuó una declaración formal contra el blog cuestionado. Afirma que el peligro en la demora no se verifica en el caso dado que el blog ha sido publicado el 15 de enero de 2014, sin que la actora haya esbozado indicios de daño alguno, por lo que no puede ahora invocar razones de urgencia para pretender la alteración de la situación de hecho de la que tiene conocimiento desde aquella fecha. El traslado del memorial es contestado por la parte actora a fs. 57/59, quien solicita su rechazo, conforme los fundamentos que allí expone, con pedido de expresa imposición de costas.

4.Que es necesario destacar que las expresiones que motivan el pedido de la medida cautelar contra Google, han sido efectuadas en el blog http://admgomezvidal.blogspot.com.ar. Del contenido de dicho sitio surgiría, prima facie, una crítica anónima a la actividad comercial que realiza la “Administración Gómez Vidal” (ver copia agregada a fs. 6/7, cuya reproducción efectúa la demandada en fs. 42vta./43). Sentado lo expuesto, es oportuno recordar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y en la ley 26.032, la Corte Suprema ha considerado que la actividad desplegada por los blogs se encuentra amparada por la libertad de expresión (in re “Sujarchuk, Ariel Bernardo c. Warley, Jorge Alberto s. daños y perjuicios” , S.C., S.755, XLVI, del 01.08.2013). Es decir, la cuestión que se plantea involucra, en principio, dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar:por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar y conocer todo tipo de información, opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet (con sus efectos positivos y negativos); y, por el otro, los derechos de la actora que podrían resultar afectados por el uso que se hace del referido medio de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (esta Sala, doctrina de la causas 4560/10 del 15.03.2012, 6804/12 del 30.04.2013 y 484/13 del 16.12.2014). Cabe mencionar, asimismo, que en asuntos que guardan sustancial analogía con el presente, ha sido sostenido que la intervención estatal -la cual incluye la de los tribunales judiciales- debe ser particularmente cuidadosa de no afectar el derecho a la libre expresión (esta Cámara, Sala 2, doctrina de la causa 7456/12 del 17.12.2013, y su cita). Tal prudencia se justifica, por lo demás, en virtud del carácter innovativo de la medida requerida, la cual importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431 , 319:1069 , 321:695 , 325:2347 y 331:466). Ahora bien, las pautas referidas no implican que, como principio, resulte improcedente la protección cautelar pretendida, en el entendimiento de que ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional es absoluto. Es en cada caso concreto que se deben ponderar los derechos involucrados para dictar una decisión ajustada a esas pautas y de acuerdo con las particulares circunstancias que lo caracterizan. 5. Con esa perspectiva, debe considerarse, como ha sido señalado, que el contenido cuestionado estaría referido a la actividad comercial de la actora como administradora de consocios y responsable del desarrollo, diseño y construcción de emprendimientos residenciales, razón por la cual podría encuadrarse como opiniones vinculadas con asuntos de relevancia pública (conf.en este sentido, esta Cámara, Sala 2, causas 5443/12, del 14.02.2013 y 7456/12, del 07.12.2013). En efecto, el contenido del blog cuya copia obra a fs. 7/8, se refiere a ciertas maniobras vinculadas con la administración de consorcios y la construcción de edificios en la Capital Federal. Por otra parte, corresponde tener presente que Internet es un medio que permite a la parte actora comunicar su postura frente a los hechos imputados en forma prácticamente ilimitada, a través de los mismos canales que utilizó la persona que la habría difamado, sin costo alguno (conf. esta Sala, causa 39.997/15 del 11.03.2016, Sala 2, causas 5441/13, del 23.12.2014 y 7873/13, del 31.03.2014; Sala 1, causa 7259/14 del 07.07.2016). Nótese que este recurso habría sido utilizado por la demandante en su propio sitio web, con el título “descargo”, conforme impresión que acompañó la parte demandada en fs. 47, párrafo primero. Debe considerarse, también, que la medida cautelar dispuesta por el señor magistrado no es la única apta para impedir el daño invocado. Adviértase que la actora inició demanda contra Google Inc. y contra quien resulte autor y responsable del sitio web http://admgomezvidal.blogspot.com.ar, pero no fueron arbitradas las medidas pertinentes a fin de citar a que comparezcan en esta actuaciones a estos últimos. Cabe tener presente, que la pretensión de que la demandada dé de baja el sitio sin siquiera intentar ubicar a su responsable, comporta cierta desmesura. El agravio que se pretende reparar con la medida estaría dado por la actuación de terceros en sitios a los que, según parece a esta altura del pleito, la demandada sólo le otorgaría la plataforma para operar (esta Cámara, Sala 1, causa 7397/10 del 11.10.2011; Sala 2, causa 5441/13, del 23.12.2014). Sobre la base de lo expuesto, la medida cautelar dispuesta por el señor Juez, mediante la que se ordena a Google Inc.que elimine el blog en cuestión, importa en este estado del proceso una restricción injustificada de la libertad de expresión, es decir, no guarda proporcionalidad con la finalidad que persigue (Corte Suprema, doctr. de la causa “Rodríguez María Belén”, Considerandos 27 y 28; esta Sala, doctr. de la causa 2774/13 del 29.05.2014 y causa 1165/15 del 18.05.2015). Por otra parte, no se advierte que esta decisión acerca de la medida cautelar innovativa que se pide sea susceptible de ocasionar un daño de dificultosa o imposible reparación ulterior (doctrina de Fallos 325:2367 y 331:941). Es que si bien es cierto que el tiempo transcurrido desde que se publicó en Internet el contenido cuestionado, no es motivo suficiente, por sí mismo, para denegar la protección cautelar pedida con sustento en la afectación de derechos personalísimos, también lo es que resulta un dato relevante para valorar la urgencia de la petición precautoria (esta Sala, causa 1165/15 del 18.05.2015). Por lo expuesto, esta Sala RESUELVE: revocar la resolución apelada, en cuanto fue motivo de agravios, con costas a cargo de la parte actora (art. 70 del CPCC -DJA-). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina