Legitimación activa de una asociación protectora de derechos de los consumidores para reclamar el cese en el cobro de un cargo por transferencias interbancarias.

Partes: Adduc c/ Banco de la Nación Argentina s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103980-AR | MJJ103980 | MJJ103980

Legitimación activa de una asociación protectora de los derechos de los consumidores para reclamar a una entidad bancaria el cese en el cobro a los consumidores de un cargo por transferencias interbancarias.

Sumario:

1.-La asociación de consumidores que pretende que una entidad bancaria cese en el cobro a los consumidores de un cargo por transferencias interbancarias posee legitimación activa, en tanto que la base fáctica del escrito introductorio se sustenta en una práctica reiterada por la accionada frente a una misma circunstancia – transferencias de depósitos judiciales a otras entidades bancarias – que afectaría a una multiplicidad de sujetos en una proporción tal que no justifica la demanda individual; a lo que se suma que aquella está inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

 

Fallo:

 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016.- SD

 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el Banco de la Nación Argentina a fs. 270/vta., fundado a fs.272/281 vta., que fue contestado por la contraria a fs. 283296 vta., contra la resolución de fs. 266/269 vta.; y

 

CONSIDERANDO:

 

1) A fin de resolver sobre la apelación interpuesta por la parte emplazada es necesario efectuar una breve síntesis de las circunstancias del caso que constituyen los antecedentes de la decisión recurrida (fs. 266/269 vta.).

 

La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores -en adelante, ADDUC- interpone la presente demanda contra el Banco de la Nación Argentina -en adelante, BNA- con el objeto de que éste cese en el cobro a los consumidores (personas físicas) comprendidos en la clase delimitada en la demanda del cargo por transferencias interbancarias cuando éste es aplicado a transferencias que se originan en cuentas a la vista para uso judicial y se cobre la comisión al destinatario de la transferencia. Reclama, además, la restitución de las sumas debitadas durante el periodo detallado en el escrito de inicio con más sus respectivos intereses; el pago de la multa prevista en el artículo 52 de la Ley Nro. 24.240 y las costas del proceso (conf. fs. 59/83 vta.).

 

Al contestar demanda el BNA opuso al progreso de la acción la excepción de defecto legal y de falta de legitimación activa (conf. fs. 191/223).

 

2) En la resolución recurrida el señor juez preopinante rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y defecto legal opuestas por la entidad emplazada.

 

Para así decidir, el magistrado preopinante sostuvo que la legitimación de la asociación accionante para reclamar por el menoscabo patrimonial de los usuarios surge del art. 52 de la ley 24.240 -sustituido por el art. 24 de la ley 26.361-, al reconocer aptitud procesal juntamente con el art.43 de la Constitución Nacional, tanto al consumidor o usuario, como a las asociaciones que los agrupan, autorizadas de conformidad con la ley.

 

Agregó, además, que se aplicaba en la especie el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Halabi” mediante el cual dispuso que en casos donde se encuentran en juego intereses individuales homogéneos, la legitimación corresponde, también, a las asociaciones que defiendan esos intereses y al afectado (conf. CSJN, Fallos: 332:111).

 

Por último, con relación a la excepción de defecto legal opuesta al progreso de la acción señaló que la indeterminación de los sujetos que integran el colectivo de aquella y la extensión de los daños -extremos que la emplazada arguye como defectos- son características propias de este tipo de acción. Y adicionó que el Supremo Tribunal al dictar el precedente mencionado en el párrafo anterior sostuvo que estas demandas únicas a favor de personas afectadas se caracterizan por la indeterminación del alcance y extensión de los daños, que cada afectado deberá probar en procedimientos especiales o en la ejecución de sentencia.

 

3) Contra la mentada decisión se alza el Banco de la Nación Argentina -en adelante BNA-, quien -principalmente- esgrime que no se dan en el sub examine los presupuestos del precedente “Halabi” de la CSJN, pues en las presentes se presentarían afectados derechos individuales. Agrega después que, aunque se considerase que nos encontramos en el sub lite frente a un reclamo de derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, el magistrado no ha adoptado ninguno de los recaudos que determina la doctrina sentada por la Corte Suprema en la materia.

 

Con relación al rechazo de la excepción de defecto legal sostiene que el mero hecho de haber podido contestar la demanda no resulta óbice para el progreso de la defensa articulada (conf. fs. 270 y fs. 272/281).

 

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la parte actora -ADDUC- mediante la presentación de fs.283/296 vta.

 

4) Que atendiendo a los términos en que ha quedado planteada la cuestión a resolver, cabe señalar que las quejas de la entidad recurrente encuentran adecuada respuesta en el dictamen del señor Fiscal General obrante a fs. 310/312, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad y a lo concordemente resuelto por este Tribunal en precedentes análogos (cfr. esta Sala, doctr. causas nros. 4455/2014 del 4.8.15; 9701/2008 del 3.02.12; 11.962/2008 del 12.5.11; 2698/2009 del 19.10.10 y 2629/2009 del 7.6.10, entre otras).

 

En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal ha efectuado un preciso análisis normativo y jurisprudencial que respalda la conclusión del señor juez preopinante. Ha señalado -tal como lo hiciera este Tribunal en los precedentes mencionados en el párrafo anterior- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el precedente “Halabi”, confirmado posteriormente al dictar sentencia in re: “Padec c/ Swiss Medical S.A.”, del 21.08.13, que la Carta Magna recepta la categoría de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos entre los cuales se mencionan expresamente los derechos del usuario y el consumidor. Y agregó que el Máximo tribunal precisó que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y en la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado.

 

5) Que en la especie, la asociación actora promueve una acción colectiva en contra de la entidad demandada a fin de que cese en el cobro de cierto cargo en las transferencias interbancarias vinculadas con depósitos judiciales.Es decir, que la base fáctica del escrito introductorio se sustenta en una práctica reiterada por la accionada frente a una misma circunstancia -transferencias de depósitos judiciales a otras entidades bancarias- que afectaría a una multiplicidad de sujetos en una proporción tal que no justifica la demanda individual.

 

De acuerdo a ello, dable es concluir que se verifican en autos los presupuestos establecidos por el Más Alto Tribunal en los precedentes ya citados, es decir, la existencia de una causa fáctica común- entendida como la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales-; que no encuentra su vinculación con el daño diferenciado que cada sujeto sufre sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho; intereses individuales que -considerados aisladamente- no justificarían la promoción de una demanda, con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia.

 

Además, la legitimación para accionar que se le reconoció la asociación actora se encuentra aún más justificada si se tiene en cuenta que aquella está inscripta con el Nro. 21 del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores por Disposición N° 978/2005, del 29 de noviembre de 2005 (cfr. fs. 7/8).

 

Por otra parte, conviene destacar que el extremo de que existan diferencias individuales en la extensión de los intereses afectados no puede ser óbice para el progreso de esta clase de acción. En este sentido, la regla elaborada por el Alto Tribunal señaló que esos intereses homogéneos podían dar lugar a la interposición de una demanda única a favor de la clase o colectivo de personas afectadas, pero el alcance y extensión de los daños de cada una deberán probarse por cada quien, en procedimientos especiales o en la ejecución de sentencia (conf. esta Cámara, esta Sala, causa Nro.4455/2014 del 4.8.2015 y sus citas).

 

Por último, y sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema en diferentes precedentes: “PADEC”; “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. Ley 24240 y Otro S/Amp. Proc. Sumarísimo (Art.321 Inc. 2 CPCC)”; “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa C/ Banco Itau Buen Ayre Argentina S.A. S/Ordinario” (conf. CSJN, Fallos: 336:1236; 337:196; 337:753, entre otros), se le hace saber al señor juez de grado que deberá encuadrar el trámite de la presente acción en los términos del art. 54 de la ley 24.240.

 

A tales efectos, deberá: a) identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; b) supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso; c) arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.

 

6) Atendiendo a los términos en que la entidad demandada planteó su recurso contra el rechazo de la excepción de defecto legal, es preciso señalar que el art. 265 del Código Procesal establece que la fundamentación del recurso de apelación implica una crítica concreta y razonada del decisorio que se ataca. Ello requiere un análisis serio que demuestre, de manera apropiada, que aquél es erróneo o contrario a derecho, y a tal fin se debe indicar las deficiencias atribuidas al fallo (confr. esta Sala, causas 1884/04 del 28·12·06 y 6332/07 del 6·7·10, entre otras; Fassi, S.C. – Yáñez, C.D., “Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado”, t. 2, p.483).

 

De acuerdo con el propio texto legal, la exigencia antedicha no se satisface remitiendo a lo expuesto en presentaciones anteriores, siendo claro que idéntica solución se debe aplicar cuando el recurso constituye una reiteración de lo dicho en escritos previos, ya que ninguna diferencia sustancial existe entre ambos supuestos.

 

Ello es lo que sucede en el caso; y para corroborarlo basta con cotejar el texto del memorial (fs. 272/281 vta.) con la contestación de la demanda obrante a fs. 191/223. En efecto, casi la totalidad de lo expresado al apelar la resolución es reiteración de lo dicho en su primer prese ntación.

 

Además, es preciso destacar que la entidad bancaria demandada no dedicó siquiera una línea argumentativa a criticar razonadamente el principal fundamento en el que el a quo sustentó el rechazo de la excepción opuesta por aquella, mediante el cual consideró que la indeterminación de los sujetos que integran el colectivo demandante y la extensión de los daños -extremos que la emplazada arguye como defectos- son características propias de este tipo de acción.

 

En función de lo expuesto, ante la falta de debida fundamentación, corresponde declarar desierto el recurso deducido contra este aspecto de la resolución apelada (arts. 265 y 266 del CPCCN).

 

En mérito a lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General a fs. 310/312, el tribunal RESUELVE: a) confirmar la resolución cuestionada en lo que se refiere a la excepción de falta de legitimación activa, con las particularidades reseñadas en los párrafos cuarto y quinto del 4º considerando; y b) declarar desierto el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de defecto legal. Las costas se imponen a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

 

Diferir la regulación de los honorarios para el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

 

La señora Jueza de Cámara doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

Regístrese conjuntamente con copia del dictamen del señor Fiscal General, notifíquese -al representante del Ministerio Público Fiscal mediante la remisión de las actuaciones a su despacho- y devuélvase.

 

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN