Restitución de la condición de afiliado para el amparista quien se atrasó en el pago de las cuotas y padece sida

Partes: M. D. H. c/ M. S.A. de A. M. Y C. s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 6-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103852-AR | MJJ103852 | MJJ103852Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta contra una empresa de medicina prepaga con el objeto de que se le restituya al actor su condición de asociado y le sea aceptado el pago de los meses adeudados, a fin de que continúe brindándole las prestaciones inherentes a su plan, habida cuenta la urgencia con que debe realizarse estudios semestrales por padecer de SIDA, toda vez que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho, ya que se compromete el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida-.

Fallo:

Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

1. Tal como se desprende del escrito de postulación (vide copia fs.11/18), el accionante se encontraría vinculado -en carácter de asociado titular- por un contrato de medicina prepaga con la empresa demandada desde hace veinte años, por cuyos servicios abonaría los aranceles correspondientes a un “grupo familiar”. Sostuvo el pretensor que por razones particulares se atrasó en el pago de la cuota social, dejando impagas las correspondientes a tres meses, y que cuando intentó regularizar los pagos la sociedad emplazada le informó que su afiliación había sido dado de baja sugiriéndole que llenara una solicitud de reincorporación, lo que efectivamente hizo. Por haber transcurrido el tiempo sin tener respuesta de la demandada, intimó a ésta para que le restituyan las prestaciones y le brinden un plazo para el pago de las cuotas adeudadas, pero la empresa no se avino a ello reiterándole que por su morosidad había sido dado de baja. En tales condiciones, el demandante promovió acción de amparo con el objeto de que se le restituya su condición de asociado y le sea aceptado el pago de lo adeudado, por considerar que la demandada no obró conforme lo prescribe el art. 9 de la ley 26.682 y su decreto reglamentario.

Inauguralmente, y como medida cautelar, solicitó se ordene a M. S.A. que continúe brindándole las prestaciones inherentes a su plan, habida cuenta la urgencia con que debe realizarse estudios semestrales por padecer de SIDA. El juez de grado acogió favorablemente la medida precautoria innovativa requerida por entender que, con la prueba documental adunada, se encontraba prima facie acreditada la verosimilitud del derecho, como también, por cuanto se evidenciaba peligro para el caso de no alterarse la situación imperante traducida en la falta de eficacia de la sentencia a dictarse o su imposible ejecución. De dicha decisión se agravió la demandada (v.fs.19/23 y 32/36).

La recurrente no pone en tela de juicio la enfermedad que aqueja al actor y sostiene no haberle negado cobertura alguna, el argumento central de su escrito de refutación se asienta sobre la ausencia en la especie de los presupuestos básicos de admisibilidad de la pretensión cautelar, desde que, a criterio de la impugnante, el accionante no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la cobertura por haber incumplido la prestación contractual a su cargo, de donde la emplazada ha actuado en el marco de las obligaciones que rigen el contrato y lo ha rescindido dentro de los parámetros establecidos por la normativa legal vigente.

2. A criterio de la Sala no resultan de recibo los embates formulados por la quejosa. Como se ha visto no está en discusión que las partes estaban ligadas por una relación contractual de prestación de servicios asistenciales -medicina prepaga- y tampoco resulta materia controvertida la enfermedad padecida por el actor. La cuestión fundante del memorial hace a la decisión de fondo del proceso principal y debe ser ponderada en oportunidad de la sentencia definitiva, de manera que no puede tenerse presente (en esta etapa larval del proceso) a los fines de resolver acerca de la cautelar otorgada por el a quo. La interpretación concluyente de las cláusulas contractuales y del obrar legítimo o ilegítimo de los litigantes (que será motivo de acreditación) no debe apreciarse en este estado. Basta con que exista suficiente apariencia del derecho para evitar la ocurrencia o agravamiento de los daños en la salud.

Aún en el marco limitado de la medida precautoria no debe soslayarse que la reforma constitucional del año 1994 ha consagrado -en coincidencia con diversos tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 5º, inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 6, 12 y cc. de la Convención sobre Derechos del Niño; art.

3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.24 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 10 inc.3° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)- el derecho a la prestación de los servicios de salud como una garantía específica (art. 42). En ellos se reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, como así también el deber de los estados partes de procurar su satisfacción.

En adición, vale puntualizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado reiteradamente el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las legislaciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamada medicina prepaga (CSJN. Fallos 321:1684; 323:3229, cons. 16; 324:772: y 677); y que el aludido derecho, máxime cuando se trata de enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida, que está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art.75, inc. 22, CN; CSJN, 24-5-2005, “Orlando, Susana B. v. Provincia de Buenos Aires”).

De allí, como la incompatibilidad de las normas mencionadas con la particular relación jurídica invocada en el caso no surge en forma palmaria y manifiesta, como pretende la recurrente, debe estarse por la aplicación de aquéllas, criterio compatible con la amplia protección que las disposiciones de rango superior imponen para el caso, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.

En suma, en el marco del art. 232 de la ley adjetiva y en contexto de esta causa y siempre con la provisionalidad característica de la naturaleza de las medidas adoptadas en forma preventiva, estima la Sala que la resolución apelada, debe ser confirmada.

Por ello, SE RESUELVE: Confirmar el pronunciamiento que luce copiado a fs. 19/23, en todo cuanto allí se decide y fue materia de recurso. Con costas de alzada a la apelante vencida (art. 69 del Código Procesal). Los honorarios se regularán oportunamente. Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN y devuélvase. La vocalía nº 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del RJN).

Carlos A. Bellucci

Carlos A. Carranza Casares