El juez del concurso del propietario de un inmueble es incompetente para tramitar la pretensión resarcitoria del cesionario del boleto de compraventa que no pudo obtener la escrituración, al tratarse de un crédito post concursal

Partes: Mamani Donato Estanislao c/ Sodas Calsina S.R.L. y otro s/

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: I Civil y Comercial y de Familia

Fecha: 5-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-103742-AR | MJJ103742 | MJJ103742Sumario:
1.-Es procedente confirmar la sentencia que declaró la incompetencia del juez que tramita el concurso preventivo del demandado toda vez que, si bien el boleto de compraventa firmado por aquel en relación a un inmueble de su propiedad, es pre concursal, en el caso el actor es cesionario de dicho boleto y lo que reclama es una indemnización por la imposibilidad de obtener la escrituración a su nombre a causa de que el bien fue subastado en otro expediente judicial, lo cual implica que se está en presencia de un crédito post concursal porque los hechos que impidieron la escrituración ocurrieron luego de la presentación en concurso preventivo.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos los señores jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12112/2015, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad y Casación Conjuntos interpuesto en Expte. Nº 14086/15 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Sala II – Vocalía 4): Verificación – Restitución de Precio Abonado en Expte. Nº B-52803/99: MAMANI DONATO ESTANISLAO c/ SODAS CALSINA S.R.L., CANTARELLA DE CALSINA ETHEL RAMONA”, del cual,

La Dra. Altamirano, dijo:

A fs. 10/16 vta. se presenta la Dra. Patricia L. Quiroga, en nombre y representación del Sr. Donato Estanislao Mamaní, promoviendo recurso de inconstitucionalidad en contra de la Sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el 29 de Setiembre del 2015, que resolvió declarar la incompetencia del Juez Concursal, y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia de fecha 03 de Diciembre del 2013 dictada por el Juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Nº 1, en todas sus partes, debiendo la parte interesada ocurrir por la vía que corresponda.

Para así resolver y, en lo que aquí interesa, la Cámara sentenciante hizo previamente un relato de los antecedentes de la causa, partiendo de la solicitud de verificación de crédito presentada en su oportunidad por los Sres.Horacio Jaime Jacinto Calsina y Ethel Ramona Cantarella de Calsina, obteniendo opinión favorable por parte del Síndico, y admisión por el Juez del Concurso mediante sentencia de fecha 7 de Diciembre del año 2000, en la que resolvió verificar la obligación de escriturar insinuada, reconociendo el crédito como quirografario y por la suma de $15.000.

Agregó, que fueron los nombrados, como acreedores de la obligación de escriturar quienes, conforme las disposiciones establecidas por ley, se presentaron ante el síndico para que los admita en el pasivo concursal y se los reconozca como titulares de la obligación de hacer. La causa y el título de la obligación de escriturar enunciados en la resolución verificatoria, fue el contrato de dación en pago de fecha 22 de marzo de 1991, mediante el cual la concursada entregó dos inmuebles a los entonces pretensos acreedores, como parte de pago de la compra venta de las acciones de la firma Jujuy Refrescos S.A. En base a ello, y, siendo que la solicitud de concurso preventivo se presentó el 07 de diciembre de 1999 (fs. 34/43), es que la obligación de escriturar -con causa y título anterior-, fue admitida como parte del pasivo concursal.

Posteriormente el ad-quem refirió que, en abril de 2002 compareció la Dra. Isolda Calsina en nombre y representación de los acreedores y solicitó se autorice la escrituración de dos lotes, uno de ellos, el lote 16, padrón A-40962, al Sr. Donato Estanislao Mamaní, a quien le fuera enajenado el 3 de abril del año 1996. Previa opinión favorable del síndico, mediante proveído de fecha 14 de mayo de 2002 se autorizó a la concursada Sodas Calsina S.R.L., a suscribir la escritura traslativa de dominio (fs.509 del Concurso). Recién en fecha 12 de Abril del 2006, se concretó la escritura traslativa de dominio del lote en cuestión, dejándose constancia en el instrumento precitado, de la existencia de un embargo sobre el inmueble, asentado en fecha 9 de febrero del 2005, ordenado por el Juzgado de Feria en el Expte. B-74705/01, caratulado: “Indemnización por despido y cobro de haberes: Lucía Graciela Módena c/ Sodas Calsina S.R.L.”. En el ínterin, el presidente de trámite del Tribunal del Trabajo ordenó la venta en pública subasta del inmueble. El remate se realizó en fecha 03 de marzo del 2006, el abono del saldo de precio del inmueble subastado se concretó el 28 de julio de ese mismo año y finalmente la adquirente en subasta fue puesta en posesión del inmueble el 01 de noviembre del 2006 (fs. 417, 421, 439 y 493 del expediente laboral agregado por cuerda).

Expresó el Tribunal de grado que en fecha 03 de agosto del 2009, el Sr. Donato Estanislao Mamaní inició la acción principal que diera lugar a este recurso, en la cual solicitó se verifique la restitución del precio abonado y la reparación de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. En su relato, concretó la sucesión de hechos ya expresados supra, sobre el pedido de verificación que su vendedora hizo en el concurso, a quien se le dio el plazo de diez días para cumplir con la obligación de escriturar.Agregó que por negligencia de la concursada y de la acreedora vendedora se dilató la realización de la escritura traslativa de dominio, y como consecuencia de esta demora, se inscribió sobre el inmueble un embargo preventivo, por lo que, si bien se anotó el inmueble a su nombre, el bien fue subastado en remate público con la finalidad de pagar la deuda laboral de la concursada.

Concluyó el sentenciante diciendo que, las causas que son alegadas como origen del crédito reclamado, son posteriores a la presentación del concurso, ya que la solicitud de verificación de escriturar presentada por los Sres. Horacio Jaime Jacinto Calsina y Ethel Ramona Cantarella de Calsina fue admitida mediante resolución verificatoria de fecha 07 de diciembre del año 2000. El crédito pretendido por el Sr. Mamaní, configura una situación fáctica distinta, en tanto pretende la restitución del dinero abonado por la compra del inmueble, más los daños y perjuicios que entiende le fueron causados. Los hechos que el nombrado caracteriza como falta de diligencia en el cumplimiento de la obligación de escriturar dispuesta por el juez, son posteriores a la iniciación del concurso, por lo que no quedan comprendidos dentro de las previsiones establecidas en el art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras. Es decir, las circunstancias que determinaron el incumplimiento contractual alegado, y que fueron las que causaron el daño que pretende se le indemnice, ocurrieron con posterioridad a la iniciación de concurso, citando a continuación doctrina y jurisprudencia que estima atinente al caso.

Con base en tales fundamentos, el ad-quem resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Ángel Alberto Lamas, en representación de Sodas Calsina S.R.L., y declarar la incompetencia del juez concursal, debiendo el interesado ocurrir por la vía que corresponda conforme quien considere obligado a la reparación del daño alegado, dejando sin efecto la sentencia de primera instancia de fecha 3 de diciembre del 2013.

En contra de este pronunciamiento, la Dra.Quiroga deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia, según refiere, porque “La Cámara sentenciante omite aplicar el art. 32 y 21 de la LCQ, y su doctrina y jurisprudencia admitida para los adquirentes de buena fe a título oneroso de un inmueble del Concurso. Para ello,. omite cuestión esencial, esto es que la causa de la obligación, es el negocio jurídico que vincula a mi mandante con los demandados, esto es, boleto de compraventa y dación en pago, ambos de fecha anterior al Concurso, y ambos negocios verificados en el Concurso. De este modo por omisión, modifica la base fáctica del caso, y prescinde de aplicar el Art. 32 y 21 de la LCQ declarando al Juez concursal Incompetente, y anulando de este modo la sentencia válida como acto jurisdiccional .”

Agrega que el fallo se sustenta en afirmaciones dogmáticas, dando sólo fundamentos aparentes e incurre en autocontradicción al sostener, que la causa y título de la obligación de escriturar verificada -dación en pago y boleto de venta- es parte del pasivo concursal, y luego, en contradicción, que el incumplimiento de la obligación verificada de escriturar es un hecho post-concursal, señalando las partes del fallo, que estima demuestran tal contradicción. Finalmente se extiende en citas de doctrina y jurisprudencia para concluir diciendo, que el fallo es injusto y por ende descalificable como acto judicial válido. Acto seguido formula reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

A fs. 46, luego de tenerse por no presentado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Isolda Calsina, se sustancia el deducido por la Dra. Patricia Quiroga en representación del Sr. Donato Estanislao Mamaní, con la empresa Sodas Calsina S.R.L. y Ethel Ramona Cantarella de Calsina.

A fs. 50/53 vta. contesta el Dr.Ángel Alberto Lamas, en nombre y representación de la empresa Sodas Calsina S.R.L., quien pide el rechazo del recurso tentado por las razones que invoca a las que remito en honor a la brevedad; sin que haga lo propio la Sra. Cantarella de Calsina, a quien se le hace efectivo el apercibimiento decretado en su contra y se le da por decaído el derecho a contestar el recurso.

Cumplidos los demás trámites procesales, el Sr. Fiscal General emitió dictamen (fs. 72/76), aconsejando rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Previo análisis de la cuestión traída a revisión, cabe recordar liminarmente la doctrina legal sentada por este Alto Cuerpo en materia de pronunciamientos que declaran la incompetencia de los jueces. Sobre el particular, tiene decidido que, “no se advierte agravio irreparable alguno en la declaración de incompetencia, toda vez que a la recurrente no se le cierra en absoluto la vía de peticionar justicia por ante el órgano que el a-quo consideró competente. El decisorio no es sentencia definitiva por lo que la cuestión de fondo puede renovarse in totum ante dicho órgano. Hay que tener en cuenta que la excepción de incompetencia es una excepción dilatoria y cuando son declaradas procedentes, sólo producen dilaciones o detenciones temporarias del progreso de la pretensión demandada por el actor, es decir, que sólo le hacen perder eficacia actual, pues no impiden que una vez subsanados los defectos que adolecía pueda volver a promoverse” (L.A. Nº 36, Fª 228/230, Nº 103).

Si bien éste es el principio, por las particularidades del caso, considero necesario entrar a analizar las posiciones encontradas de las partes, quienes difieren sobre cual es la causa de la obligación reclamada, lo que cabe dilucidar, porque de ello depende el resultado del recurso.

La recurrente invoca como tal, al boleto de compraventa celebrado por su mandante con la Sra.Ethel Ramona Cantarella de Calsina, quien le transmitiera en venta el bien en cuestión, por haberlo recibido como dación en pago por la transmisión de las acciones que la misma tenía como socia de la empresa que luego se concursara.

Siendo esa la causa primigenia de la obligación de escriturar que asumiera la vendedora, para su cumplimiento, por ser el boleto de compraventa de fecha anterior al concurso, pidió la correspondiente verificación de su crédito, lo que le fue reconocido, razón por la que solicitó y obtuvo oportunamente la autorización para escriturar a nombre de su comprador, Sr. Donato Estanislao Mamani, en fecha 14 de Mayo del año 2002 (fs. 509 del Expte. Nº 52803, Pequeño Concurso).

Con dicha autorización y dejando transcurrir un largo plazo, según refiere, en principio por incumplimiento del representante del concurso a suscribir la escritura y luego, por razones económicas que le impedían poder sufragar los gastos, logró la escrituración pretendida pero, ello en fecha posterior a que el bien inmueble en cuestión fuera subastado (el 3/3/06, acta de fs. 439 del Expte. Nº B-74705/01, Indemnización por Despido y Cobro de Haberes.).

Es decir, que el interesado logró su objetivo, esto es, suscribir la correspondiente escritura pública, lo que tuvo lugar en fecha 12 de abril del año 2006 (fs. 5/6 del Expte.Nº B-164319/06, Tercería de Posesión y Mejor Derecho.), ello sin embargo y según las constancias de autos, recién al mes siguiente del remate del bien escriturado.

Así, previo examen de dicha escritura pública, se comprueba que surge de la misma en forma expresa que “el comprador Donato Estanislao Mamaní acepta la transferencia de dominio verificada a su favor en los términos referidos, encontrándose en posesión material del inmueble desde que se cumplió con el requisito de la tradición, y al solo efecto registral acepta esta compra con el embargo informado registralmente, pues se cancelará su inscripción por sustitución mediante el oficio judicial respectivo”. Sin embargo tal sustitución no surge ni siquiera pedida en el expediente laboral, resultando por consiguiente inexplicable la aceptación condicionada que efectuara el recurrente.

La subasta del bien ya se había realizado, con las previas y respectivas publicaciones de edictos, resultando la misma inatacable luego de haberse puesto en posesión legal del inmueble a la adquirente en subasta.

Tal situación evidentemente le ha provocado al recurrente la imposibilidad del ejercicio fáctico de su derecho, que en su origen aparecía adquirido legalmente, pero es a partir del referido remate, en que recién le quedó habilitado el derecho al quejoso a reclamar la devolución del precio pagado y los daños que invoca le causaron.

Ello demuestra, que la causa de su pretensión, ya no es el boleto de compra venta invocado, en cuya virtud la escrituración fue cumplida, sino que la misma surge del incumplimiento por parte de quienes se comprometieran a otorgarle la propiedad del bien, que debiendo hacerlo, omitieron sanear su situación laboral, sea pagando, o sustituyendo el bien afectado, permitiendo que por tal deuda se subastara el bien en cuestión, y sin que conste, que los mismos hubieran agotado los trámites necesarios frente al Juez Laboral para evitarlo.Este incumplimiento, evidentemente tuvo lugar con posterioridad a la iniciación del Concurso, por lo que el reclamo tiene otro objeto, no ya la escrituración que fue cumplida, sino la devolución del dinero pagado y los daños sufridos, que reconocen una causa post concursal, y por consiguiente, el Juez del Concurso resultó incompetente para dirimir la contienda.

Siendo ello así, y tal como lo determina detalladamente la Cámara de Apelaciones, y surge de las constancias del juicio principal y de los expedientes agregados como prueba, la causa post concursal de la obligación de restitución y daños en este supuesto, a mérito del material convictivo incorporado, se encuentra probada, “entendiéndose por “causa o título” el hecho generador de la obligación, que puede ser un hecho lícito, ilícito, un acto unilateral o un contrato, etc., o sea la fuente obligacional. (L.A. Nº 48, Fº 1404/1406, Nº 510) y, en el caso esa fuente obligacional o causa, ya no es la escrituración que ha sido cumplida, sino la imposibilidad del ejercicio del derecho de propiedad que la misma otorga a su beneficiario, por cuestiones ajenas al concurso y surgidas con posterioridad a su declaración, no actuando por consiguiente el fuero de atracción del Juez del concurso, establecido en la Ley 24522 y sus modificatorias.

En este sentido este Superior Tribunal de Justicia en L.A. Nº 54, Fº 143/145, Nº 46 sostuvo: “También a nivel nacional, se ha resuelto, sin cortapisas que: “En materia de juicios contra el concursado, quedan excluidos del fuero de atracción aquellos por causa o título posterior al Concurso (conf. Artículo 21, inc. 3 de la ley 24522; Vítolo D.R., Comentario a la ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522, Doctrina y Jurisprudencia aplicable”, p.114).

Es decir que la exigibilidad de la acreencia pretendida tiene su génesis, no en el boleto de compraventa invocado, y que diera lugar a la autorización de escrituración y que en forma tardía fue cumplida, sino precisamente en la imposibilidad de que dicha escrituración surtiera el efecto propio, ante la venta del bien escriturado en subasta pública dispuesta jurisdiccionalmente, y cuya efectividad ha quedado firme y consentida, al haberse inscripto a nombre del adquirente, luego de otorgársele la correspondiente posesión del bien rematado.

En consecuencia concluyo que el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. Patricia Quiroga, en representación del Sr. Donato Estanislao Mamaní, debe ser rechazado, imponiéndose las costas al mismo en su calidad de vencido, a mérito de lo dispuesto por el Art. 102 del Código Procesal Civil.

En cuanto a los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por la labor desplegada en esta instancia, conforme doctrina sobre honorarios mínimos sentada mediante Acordada nº 96 de fecha 24 de Mayo del año 2016, se determinan los mismos a favor de la Dra. Patricia Quiroga, por su actuación en el doble carácter, en la suma de ($.) y, a favor del Ángel Alberto Lamas, como apoderado de la parte recurrida que resulta vencedora, en la suma de ($.), con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si correspondiere.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Patricia Quiroga, en representación del Sr. Donato Estanislao Mamaní, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre del año dos mil quince, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

2º) Imponer las costas al recurrente vencido (Art. 102 C.P.C.)

3º) Regular los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia, a favor de la Dra. Patricia Quiroga, por su actuación en el doble carácter, en la suma de ($.) y, a favor del Dr. Ángel Alberto Lamas, como apoderado de la parte recurrida que resulta vencedora, en la suma de ($.), con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si correspondiere.

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Susana Inés Ferreyra – Secretaria Relatora.