Responsabilidad del banco por la imposibilidad de cobro de los cheques detentados por el actor, debido a la negligencia en que habría incurrido al abrir una nueva cuenta corriente del librador

Partes: Acosta Marcelo Osvaldo c/HSBC BANK Argentina S.A. s/ daños y perjuicios – del/cuas. (exc. uso aut y estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 21-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103440-AR | MJJ103440 | MJJ103440Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida contra un banco, pues surge acreditada la negligencia en que habría incurrido al abrir una nueva cuenta corriente y entregar la correspondiente chequera a la firma sin verificar los datos sociales de su cliente ni las facultades de representación del firmante autorizado.

2.-La responsabilidad del banco por la apertura o contralor de una cuenta corriente, sin haber cumplido con los requisitos previstos para ello, es de naturaleza extracontractual, cuyas reglas involucran las consecuencias mediatas previsibles, sin discriminar lo intrínseco o extrínseco del daño.

3.-Si el daño padecido por los perjudicados está representado por la frustración del ingreso a su patrimonio de los importes de los cheques cuya cobranza del librador se tornó imposible, no controvertido el derecho de los mismos a incorporar las correspondientes cuantías dinerarias a su patrimonio, carece de relevancia la naturaleza de los negocios en que se generó, por ser una cuestión desvinculada del hecho antecedente culposo que genera la obligación de resarcir del banco.

4.-La profesionalidad del banquero o de la entidad que él representa obliga a un afinamiento del concepto de causalidad que le es imputable, lo cual si bien no importa objetivizar responsabilidades, sí implica medir en el caso concreto la reprochabilidad subjetiva de manera acorde con los elementos, recursos, capacidades y obligaciones legales que la entidad tiene, singularmente contrastados con las del cliente, mero adherente a contrataciones predispuestas en negocios pre redactados sometidos a condiciones generales cuya génesis se ignora.

5.-El deber de diligencia y de obrar con conocimiento técnico en el cumplimiento de sus obligaciones legales resulta imprescindible para la buena marcha del servicio bancario, exigencia que se justifica por la confianza ínsita que conlleva la actividad y lo impone el óptimo desenvolvimiento de las relaciones comerciales y jurídicas de sus clientes y aquellos terceros vinculados con éstos.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los21 días del mes de febrero de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores MARIA FERNANDA NUEVO y JORGE LUIS ZUNINO, para dictar sentencia en el juicio: “ACOSTA MARCELO OSVALDOC/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)” causa nº SI-24505-2011; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Nuevo y Zunino, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N

¿Es justa la sentencia apelada?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada la señora Jueza doctora Nuevo, dijo:

1. La sentencia de fs. 509/526 admitió la demanda resarcitoria entablada por Marcelo Osvaldo Acosta contra HSBC BANK ARGENTINA S.A., condenando a este último a abonar al primero, la suma de veintidós mil cien pesos ($22.100) con más intereses e impuso las costas al vencido.

Para así decidir, el magistrado consideró acreditada la negligencia en que habría incurrido la entidad financiera al abrir una nueva cuenta corriente y entregar la correspondiente chequera a la firma Top Pilar S.A. sin verificar los datos sociales de su cliente ni las facultades de representación del firmante autorizado.

Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte demandada (v. fs. 509/526) quien expresó agravios a fs. 550/556. Corrido el traslado pertinente, el mismo no fue evacuado.

2. Los agravios.

Disconforma a la accionada el rechazo de la defensa de falta de legitimación activa que oportunamente esgrimiera.Cuestiona que el señor Acosta no haya ejercido las acciones ejecutiva y cambiaria y en cambio hubiera promovido una acción resarcitoria, posicionando a la entidad crediticia como deudora solidaria del librador de los cheques impagos.

Asegura que el banco no es sujeto pasivo de la relación -contractual- cuyo incumplimiento generó la presente controversia.

Rechaza enfáticamente haber incumplido con el deber de cuidado que le imponía la legislación vigente al momento de apertura de la cuenta corriente solicitada por Top Pilar S.A. y pone de relieve que su cliente operó con normalidad durante años hasta el momento en que se verificó su pasivo en el año 2009.

Asevera que el rechazo de las cartulares entregadas al actor, se debió a la falta de provisión de fondos y que en su caso, el daño esgrimido obedeció a la imprevisión del señor Acosta. Adiciona que aquel, como buen hombre de negocios, debió conocer los riesgos que encerraba la operación en la que intervino, consistente en recibir cheques de cobro diferido.

Cuestiona asimismo el inicio del cálculo de los intereses efectuado por el señor Juez a quo, advirtiendo que no corresponde el cómputo desde el día del hecho (29/07/2009), pues en la especie no hubo interpelación de pago anterior a la demanda.

Finalmente requiere se impongan las costas en el orden causado.

3. Ley aplicable.

Conviene anticipar a fin de evitar la afectación de derechos adquiridos y la vulneración del normal ejercicio del derecho de defensa (arts. 17 y 18 C.N.), que en función de las características del caso y lo dispuesto por el actual art. 7 del Código Civil y Comercial, la conducta adñosa atribuida a HSBC Bank Argentina se ejecutó bajo el régimen normativo del Código Civil por entonces vigente, correspondiendo que ésa sea la legislación aplicable a la especie, dado que la ley nueva, en principio, carece de efecto retroactivo (conf. en similar sentido S.C.B.A., C. 107.423 del 2-III-2011; C.104.168 del 11-V-2011).

4. La solución.

4.a. Excepción de falta de legitimación pasiva.

Surge claramente de la exposición de hechos en la demanda que quien alega el daño sufrido por la falta de provisión de fondos para el pago de los cheques, es un tercero extraño a la relación contractual existente entre el banco girado y la libradora.

Así, es dable afirmar que ante ausencia de una obligación previa que vincule al Banco con el damnificado, la responsabilidad que se atribuye a la entidad demandada es de naturaleza extracontractual o aquiliana (conf. DRUCAROFF AGUIAR, A., Responsabilidad bancaria: actualidad jurisprudencial, en la obra “Cuenta corriente y responsabilidades bancarias”, dirigida por FAVIER DUBOIS (H.), Buenos Aires, 2006, p. 289, esp. p. 295).

En la hipótesis analizada, cabía al actor la carga de explicitar y probar los extremos fácticos que hacen a los requisitos propios de las acciones civiles de responsabilidad (cf. arts. 375 del C.P.C.C. y 499 del Código Civil), pues para tener derecho al resarcimiento por daños y perjuicios, deben darse necesariamente los siguientes elementos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre la actuación antijurídica y el daño, y existencia de un factor subjetivo u objetivo de atribución (culpa, dolo, riesgo, garantía, etc.) de parte de quien se pretende responsable (arts. 499, 512, 901, 902, 903, 1066, 1067, 1077, 1109 y ccs. del Código Civil).

De encontrarse ello satisfecho quedará la entidad obligada al resarcimiento de las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles de un accionar propio, aunque sea -y precisamente por ello- en el marco de la relación convencional con su cliente, al permitir la utilización fraudulenta de la cuenta bancaria (cf. art.512, 902, C.C.).

Se ha expresado que la responsabilidad del banco por la apertura o contralor de una cuenta corriente, sin haber cumplido con los requisitos previstos para ello, es de naturaleza extracontractual, cuyas reglas involucran las consecuencias mediatas previsibles, sin discriminar lo intrínseco o extrínseco del daño.

Por ello, si el daño padecido por los perjudicados está representado por la frustración del ingreso a su patrimonio de los importes de los cheques cuya cobranza del librador se tornó imposible, no controvertido el derecho de los mismos a incorporar las correspondientes cuantías dinerarias a su patrimonio, carece de relevancia la naturaleza de los negocios en que se generó, por ser una cuestión desvinculada del hecho antecedente culposo que genera la obligación de resarcir del banco (cf. Escutti, Ignacio “Títulos de Crédito”. Ed. Astra, ed. 2005, ps. 277/278).

En la causa en incoante ha acompañado los cheques que recibiera de Top Pilar S.A. (v. fs. 7/8).

La empresa Carrier S.A. informó que en pago de los equipos oportunamente entregados al señor Acosta, recibió de aquél, dos cheques de la firma Top Pilar S.A., con fechas de pago 7 y 14 de agosto de 2009, los cuales fueron rechazados por el Banco HSBC por falta de fondos. Asimismo manifestó que su cliente saldó la deuda, el 25 de septiembre de 2009, mediante la entrega del cheque 41129201 que fue abonado regularmente.

Con la documental glosada a 43/44 se probó la primer solicitud de apertura de cuenta corriente (N° 130-20-678818-7-, efectuada por Top Pilar S.A. ante el Banco BNL (ahora HSBC Bank) el 18 de marzo de 2004. Allí se consignó que la sociedad se dedicaba a prestar servicios -gráficos y de lavadero de autos- siendo el señor Aldo Hernán Abaca, quien suscribió el registro de firma (v. fs. 45).

Dicha cuenta fue cerrada el 25 de agosto de 2009, con un saldo deudor de $84.840 pesos (v. fs. 47).

Surge de los instrumentos adjuntados a fs.48/61 que el 31 de abril de 2009, Top Pilar S.A. abrió una nueva cuenta -N°1173234333-, registrando como actividad el rubro construcciones (v. fs. 49) y como primer titular, al señor Diego Alejandro Ferreyra, quien suscribió como representante legal de la firma (v. fs. 51, 60, 61). Aquella fue cerrada el 24 de agosto de 2009, con saldo negativo de $105.649,38 pesos (v. fs. 64).

El 15 de noviembre de 2012, la empresa Nosis informó que entre el 15 de julio de 2009 y el 28 de septiembre de 2010, la sociedad Top Pilar S.A. libró 266 cheques sin fondos, por la suma total de $2.523.131,61 pesos (v. fs. 104/116).

A partir de las constancias analizadas encuentro acreditado en los presentes la relación convencional que uniera a la entidad crediticia con Top Pilar S.A., la entrega por parte de ésta al actor de los cheques que a la postre fueron rechazados y la utilización de cuentas corrientes bancarias (incluyendo las abiertas por la aquí demandada), generando en el transcurso del año 2009, un pasivo millonario.

Ello me persuade de la improcedencia de la defensa planteada por HSBC Bank Argentina, quien en modo alguno puede considerarse tercero ajeno a la controversia bajo examen.

Así en los presentes corresponde verificar si en el marco de la actividad financiera desarrollada por la incoada, aquella infringió la legislación que regula su lex artis o el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes y en diversos tratados internacionales (cf. art. 75 inc. 22 C.N.) entre ellos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 21 punto 2 y 5.

En este contexto, resulta imprescindible atender si la demandada ha respetado el principio de buena fe, en cuanto promueve al carácter igualitario para los contratantes en general, pues su exigencia y acatamiento dependen, entre otras cosas, del nivel relativo de conocimientos especializados de las partes (cf.512 y 1109 del C.C.).

Dicho precepto cobra un especial valor en este caso, donde se debe exigir de una entidad hiper-profesionalizada que extreme los recaudos para no cometer errores, y aún mayor cuidado debe tener para que dichos errores no sean dañosos para los clientes o para terceros (en similar sentido, voto del Dr. De Lázzari en la causa C. 118.327, sent. del 26-X-2016).

Lo expuesto sella la suerte adversa de la defensa de falta de legitimación planteada por la recurrente, quien ante esta instancia se limita en este punto, a esgrimir su discrepancia co n lo resuelto, insistiendo en su desvinculación del negocio que vinculó a su cliente con el señor Acosta, cuando en realidad lo que aquí se discute en la responsabilidad que se le atribuye a la entidad crediticia, en la apertura de la cuenta corriente que luego fue incorrectamente utilizada por el firmante de las cartulares.

Así, no encuentro en su desarrollo argumental agravio – en sentido técnico jurídico- que en relación a la defensa de falta de legitimación pasiva, pongan en evidencia un yerro esencial en el fallo atacado, que habilite su revisión en esta instancia (doc. arts. 260 del C.P.C.C.).

Por ello, en relación a este aspecto, considero que corresponde confirmar el pronunciamiento recurrido.

4.b. La responsabilidad de la institución bancaria. Lineamientos generales.

Conforme hemos expresado precedentemente, en la especie se debate la responsabilidad que cabe a la entidad crediticia demandada por incumplimiento del deber de cuidado en el marco de un contrato de cuenta corriente.

Cabe señalar que el otorgamiento de una cuenta bancaria y el suministro de libretas de cheques para operar, constituyen una actividad lícita para las entidades autorizadas y, por tanto, la responsabilidad de éstas sólo se produce como consecuencia de un proceder doloso, culposo o negligente (art. 1067, C.C.) el cual, además, debe tener una relación de conexidad con el daño alegado (conf. C.N. Civ., Sala C, “Córdoba, Jorge c. Banco Sudameris”, sent.del 16-XI-2004, LL 2005-B-665; S.C.B.A., C. 116.386, sent. del 13-XI-2013, voto de la Dra. Kogan).

Así se ha postulado que la profesionalidad del banquero o de la entidad que él representa, obliga a un afinamiento del concepto de causalidad que le es imputable (criterio de los arts. 902 y 909 C.C.), lo cual si bien no importa objetivizar responsabilidades, sí implica medir en el caso concreto la reprochabilidad subjetiva de manera acorde con los elementos, recursos, capacidades y obligaciones legales que la entidad tiene, singularmente contrastados con las del cliente, mero adherente a contrataciones predispuestas en negocios pre redactados sometidos a condiciones generales cuya génesis se ignora (conf. Saux, E. I., “Responsabilidad de las entidades financieras”, en la obra “Responsabilidad por daños en el tercer milenio”, hecha en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, 1997, Ed. Abeledo Perrot, p. 756).

La responsabilidad del banco en tales casos deberá ser medida “con un patrón de severidad por estar sujeto al deber profesional de obrar con prudencia y pleno conocimiento (art. 902 C.C.), y se extenderá a los daños e intereses que resultaran al mandante por dolo inexcusable o culpa (arts. 506, 507, 511 y 512 C.C.; cf. Milella, Marino, “La incidencia del riesgo de falsedad del cheque en la relación entre el librador y el banco”, LL 156 1191, cit. Lexis Nº 70016142, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª 22/02/2005 Segba S.A. en liquidación v. Banco de la Provincia de Bs. As.).

Cabe aclarar que la responsabilidad civil extracontractual del Banco frente al tercero beneficiario de un cheque librado por el cuentacorrentista debe ser aceptada solo con criterio restrictivo y excepcional, pues la relación que da motivo a dicho libramiento es independiente de la cuenta corriente bancaria establecida entre el librador y el Banco girado (cf. arts. 791 y cc del Código de Comercio; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, autos “GRAMEEN S.A.C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, sent. del 20/10/2009).

No obstante, al analizar el punto precedente, hemos afirmado que, acreditada la infracción a un deber jurídico por parte del Banco, la existencia de un perjuicio para el tercero damnificado por el libramiento del cheque y la relación causal entre ambos extremos, puede establecerse la responsabilidad de la entidad crediticia (cf. arts. 19 C.N.; arts. 1066, 1067,1109 y cc del C.C.).

En relación al tema se ha pronunciado el máximo Tribunal provincial advirtiendo que: “Media relación causal adecuada entre el obrar del Banco -que abrió una cuenta corriente y otorgó la chequera, sin cubrir las exigencias legales para ello-, y el libramiento de cheques sin fondos que genero los daños que se reclaman a aquél” (SCBA, Ac 80.549, sent. del 5-III-2003).

El deber de diligencia y de obrar con conocimiento técnico en el cumplimiento de sus obligaciones legales, resulta imprescindible para la buena marcha del servicio bancario, exigencia que se justifica por la confianza ínsita que conlleva la actividad y lo impone el óptimo desenvolvimiento de las relaciones comerciales y jurídicas de sus clientes y aquellos terceros vinculados con éstos. (cf. doc. arts. 512, 902, 909 C.C.).

Asimismo los bancos y demás entidades financieras, en cuanto personas jurídicas, responden extracontractualmente por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones” y también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título “De las obligaciones que nacen de hechos ilícitos que no son delito” (conf.Trigo Represas, Félix, “Responsabilidad Civil de Entidades Bancarias y Financieras” en LA LEY, 1983-D, 900/909).

De esta forma se constituye un factor de atribución de la responsabilidad por la cual la entidad bancaria debe responder, consistente en la omisión de todas aquellas diligencias que se correspondan con la naturaleza de la actividad, considerándose las circunstancias de las personas, de tiempo y del lugar, sin distinguir las conductas del infractor al comprender la negligencia, la imprudencia, la impericia o la inobservancia de los reglamentos. (cf. Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, in re “Re-Sa c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de pesos – Daños y Perjuicios”, causa 121950 RSD-81-3, sent. del 27/02/2003, sumario JUBA B1403872).

Es opinión unánime que las entidades bancarias actúan en el mercado como un profesional de su actividad, titular de una empresa con alto nivel de especialización, colector de fondos y distribuidor del crédito por un privilegio emanado del estado y con superioridad técnica con relación a su co contratante, razón por la cual resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 902 del C.C.”. (cf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala segunda, autos “Herederos de Botto Paola c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”, sumario JUBA B3400758; en similar sentido Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, in re “Córdoba, Jorge c. Banco Sudameris2, sent. del 16/11/2004; Publicado en: LA LEY 2005-B, 665, Cita online:AR/JUR/3912/2004, entre muchos otros).

A la luz de dichas premisas no resulta atendible el argumento que desarrolla la demandada respecto del límite hasta el cual considera se extiende su responsabilidad en cuanto a las averiguaciones o comprobaciones que debe efectuar sobre los datos aportados por el cliente que pretende la apertura de una cuenta corriente.

Conforme hemos reseñado al tratar el punto que antecede, en la especie se ha demostrado que Top Pilar S.A. procedió a abrir dos cuentas corrientes en la entidad financiera demandada.

La primera en el año 2004 -entonces BNL- surgiendo de los actuados que la actividad desplegada por la sociedad era de lavadero de autos y servicios gráficos, siendo el firmante autorizado el señor Aldo Hernán Abaca integrante del directorio de la firma (v. fs. 43/45) y luego requirió abrir otra cuenta corriente, en el año 2009.

Respecto de ésta última se consignó como actividad del cliente rubro construcciones y se autorizó al señor Diego Alejandro Ferreyra como firmante (v. fs. 48/61).

Estos datos claramente no coinciden con los anteriormente aportados por Top Pilar S.A. y registrados por BNL en 2004, no obstante, HSBC Bank no incorporó a estos actuados ningún elemento que permita establecer si su personal requirió la documentación que hubiera permitido esclarecer si al momento de apertura de la segunda cuenta había existido un cambio de objeto social, en la integración de su Directorio y en sus representantes legales.

Con dicha omisión, en los presentes se ha configurado el incumplimiento de las directivas emanadas del Banco Central (OPASI 2), que establecen los recaudos que han de tomarse a efectos de identificar correctamente a los clientes -sean personas físicas o jurídicas- que soliciten la apertura de cuentas corrientes.

La Dirección General de Personas Jurídicas de Buenos Aires informó que la sociedad Top Pilar S.A.se encuentra inscripta bajo matrícula vigente N° 57747, del 6 de febrero de 2001, que el Directorio está integrado por los señores Aldo Hernán Abaca, y Also Rubén Abaca y que no surge de sus registros que el señor Diego Alejandro Ferreyra fuera miembro de la sociedad (v. fs. 127).

El perito contador interviniente consignó que los cheques emitidos el 29 de julio de 2009 -N° 96445732 y N° 96445733- por Top Pilar S.A. fueron endosados por el actor y depositados al cobro por Carrier S.A., habiendo sido rechazados por falta de fondos. Puso de relieve el experto que las impugnaciones referidas a los datos de la apertura de las cuentas no los pudo contestar pues el banco manifestó que se encontraban agregados a la causa (v. fs. 454)

Pues bien, el art. 473 del Código procesal establece que a instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, el Juez podrá ordenar que los expertos den las explicaciones que se considere conveniente, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.

Surge de los actuados que la apelante ejerció la facultad que le confiere aquel precepto. Efectivamente, corrido el pertinente traslado, la parte demandada lo evacuó a fs. 446 ss.

Cabe consignar sin embargo, que dada “…la especificidad técnica sobre la que versa la prueba pericial, el rechazo por el juez del dictamen de los expertos … debe basarse en ra zones serias con sustento en un análisis crítico, tanto de los fundamentos como de las conclusiones de la tarea desempeñada por el auxiliar y de su conjugación con las demás pruebas colectadas sobre los mismos hechos. Este accionar debe formar en el tribunal el convencimiento de que, o bien aquellos estudios técnicos no aparecen suficientemente fundados o son contradictorios entre sí, o bien no existe la relación lógica indispensable entre los fundamentos y sus conclusiones o éstas contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios y otras pruebas más convincentes o resultan absurdas o increíbles o dudosas por otros motivos. (conf. C. 118.280, sent.del 04-III-2015; C. 99.934, sent. del 9-VI-2010; C. 115.771, sent. del 2-V-2013; entre muchas). Dichas circunstancias no se materializan en los presentes.

Ello así no habiéndose aportado en el caso razones de peso científico, no corresponde apartarse de las conclusiones expuestas en la pericia (cf. arts. 384, 457, 462, 474 C.P.C.C.).

Encuentro trascendente recordar que quien cuestiona las conclusiones de la pericia contable es una entidad crediticia, que indudablemente se encontraba en óptimas condiciones para acompañar toda la información técnica y contable que permitiera esclarecer los datos requeridos al momento de apertura de la cuenta corriente que luego fue utilizada inescrupulosamente por su cliente.

Ante la carencia de prueba documental que corrobore la versión de los hechos propuesta por la demandada, ésta debe afrontar las consecuencias -negativas- de su falta de cooperación en la etapa procesal oportuna (cf. art. 375, C.P.C.C.).

Ello atento que no cabe atenerse en la praxis actual, a preceptos rígidos, sino la búsqueda de la solución justa según la circunstancia del caso concreto (conf. Peyrano Jorge, Chiappini Julio, “Lineamentos de las cargas probatorias dinámicas”, Ed. 107-1005; Peyrano Jorge, “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas” L. L., 1991-B, 1034).

La aplicación del principio de colaboración procesal (especialmente en materia probatoria: la extracción de indicios o argumentos de la prueba derivados de la conducta de las partes) resulta un instrumento adecuado y eficaz para sortear las dificultades que se presentan en los procesos que exhiben una notoria desigualdad material entre las partes respecto del acceso a la información (cf. doc. art. 1735 C.C.C., Giannini, Leandro “Principio de colaboración y ‘carga dinámica de la prueba’ en el Código Civil y Comercial”, L.L. 2016-F-; rev. L.L. 15/11/2016; asimismo C.S.J.N., Fallos 329:4944 [2006]; votos del Dr.Lorenzetti en Fallos 329:879 [2006]; 330:2533 [2007]; 332:405 [2009]).

La Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria (Banco Central de la República), contiene las precauciones a adoptar para la apertura de cuentas de depósitos, movimientos y provisión de cuadernos de cheques.

En cuanto a la identificación de las sociedades titulares de cuentas corrientes y de las personas autorizadas a operar en ellas, se requiere que en los formularios de solicitud de apertura se consigne entre otros datos su denominación o razón social; domicilios real, legal y especial; la fecha del contrato o estatuto, objeto social y plazo de duración de la sociedad; la fecha y número de inscripción en el pertinente registro oficial la Nómina de las autoridades y de los representantes autorizados para utilizar la cuenta, respecto de los que deberán cumplimentarse los requisitos establecidos para las personas físicas (punto 1.3.1.).

Estos datos figuran en el formulario provisto por HSBC Bank, mas algunos no fueron completados y otros no fueron corroborados por la entidad crediticia (v. fs. 48/63).

La jurisprudencia nacional ha atribuido responsabilidad a las entidades que al abrir una cuenta corriente no han seguido las directivas del Banco Central de la República Argentina, verificando de modo particular la identidad de los solicitantes, así como la existencia real de las personas a quienes se propone para afianzar la solvencia material y moral del requirente (CNCom., Sala C, febrero 11/1993, “Cierres Loves S.A. c. Banco Provincia de Buenos Aires” en JA, 1995-II-síntesis, p. 94, n° 11; entre muchos otros).

La Suprema Corte de Buenos Aires se ha pronunciado en un caso similar al presente, donde se encontró configurada la responsabilidad del Banco demandado por el libramiento de cheques sin fondos por no observar los recaudos exigibles al momento de la apertura de la cuenta corriente (SC Buenos Aires, marzo 5/2003, “Bernaudo Susana y otro c.Banco de la Provincia de Bs.As.”, en Lexis Nexis-Jurisprudencia Argentina, fascículo n° 6 del 11/2/2004).

Allí se puso de resalto “.que los bancos en la operatoria con cheques no sólo están llamados a colaborar con la preservación de la salud del crédito en el momento final de la circulación de aquél y de presentación al cobro en ventanilla ., sino también -y fundamentalmente- al momento de considerar la solicitud de apertura de una cuenta corriente bancaria, oportunidad ésta en que la institución financiera ha de extremar el celo en la averiguación de la solvencia económica y moral del solicitante, así como la veracidad de la totalidad de datos que exige la comunicación A 3075 del Banco Central cuya exactitud manda verificar, no nos caben dudas de que cuanto este contralor inicial se ha mal cumplido. el banco ha de responder por los perjuicios provocados por aquél a quien sin el debido contralor entregó una chequera poniéndolo en condiciones de abusar de la misma, lastimar la salud del crédito, dañar y defraudar a terceros” (voto del Dr. Salas).

En la especie, la falta de prueba del propio banco de haber cumplido con la verificación de la exactitud de los datos aportados por la firma solicitante redunda en su contra, debiendo afrontar las consecuencias negativas de su obrar (cf. art. 512, 902, 909, C.C.; art. 375, C.P.C.C.).

Claramente se ha demostrado en la causa el daño patrimonial consistente en el rechazo de los cheques suscriptos por el señor Ferrreyra en representación de Top Pilar S.A. (v. cheques fs. 7/8 y fs. 388) y la relación causal por cuanto el libramiento de dichas cartulares, y la falta de pago de los equipos de refrigeración vendidos por el actor a la mencionada empresa, constituyendo aquello una consecuencia mediata previsible del hecho ilícito endilgado al Banco (cf. art.904, C.C.).

Los agravios de la accionada tendientes a poner en duda la operación de venta realizada por el señor Acosta y su eventual negligencia en orden a averiguar la solvencia de Top Pilar S.A., no resultan atingentes pues se desvían del objeto de esta acción, donde no está cuestionada ni la venta ni la entrega de dichos equipos sino el rechazo de los cheques sin fondos librados por la cuentacorrentista a quien en Banco facilitó el uso de su servicio financiero, sin tomar los recaudos mínimos para constatar su información societaria ni su solvencia (cf. art. 512, 902, 909, C.C.).

A esos efectos, son suficiente prueba los cheques rechazados y el informe rendido por la empresa Carrier S.A. quien manifestó haber recibido de parte del actor las mencionadas cartulares, las que tras haber sido rechazadas devolvió al señor Acosta (v. fs. 388).

Por las consideraciones que anteceden, propongo que se confirme en este punto, la sentencia dictada en la instancia de grado (cf. arts. 19 y 75 inc. 22 C.N.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 21 punto 2 y 5; arts. 512, 902, 909, 1109, 1113, C.C.; arts. 9, 1716, 1724, 1753, C.C.C.).

5. Cómputo de los intereses.

En efecto, se ha afirmado que los intereses por la indemnización en un hecho ilícito se deben desde el día en que aquél ocurrió (S.C.B.A. Ac. 24.347 del 4-7-78, “Ac. y Sent.” 1978-II, 201), pues tal solución es la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en la materia a nuestra legislación (S.C.B.A. Ac. 40.669 del 12-9-89). Es que el interés de una suma de dinero reviste la condición de un accesorio que se debe -en las obligaciones con fuente en hechos delictuosos o cuasi delictuosos- desde que se produjo el daño (SCBA., Ac. 51.296 del 27-9-94, en “Ac.y Sent.” 1994-III, 772), en la inteligencia de que la ilicitud del acto determina ex-lege la obligación de pagarlo (art. 509 C.C.).

A dicha doctrina considero ha de estarse en los presentes, en cuanto la causa adecuada del perjuicio esgrimido por el actor es de origen extracontractual, habiéndose concretado el día de presentación de cada cheque por falta de provisión de fondos (cf. art. 19 C.N.; arts. 512, 902, 909, 1109, 1113, C.C.; arts. 9, 1716, 1724, 1753, C.C.C.; art. 36, C.P.C.C.).

Luego, también en este aspecto, propongo confirmar el decisorio recurrido, mas teniendo en cuenta la aclaración efectuada supra en orden al cómputo individual de los intereses respecto de cada cartular.

6. Costas.

Finalmente advierto que las costas que disconforman a la accionada le fueron impuestas en su condición de vencida en el proceso (cf. art. 68, C.P.C.C.), no correspondiendo apartarse en los presentes, del principio objetivo de la derrota, ya que éste fue el fundamento último de aquella decisión.

Cabe adicionar que aun cuando el principio del vencimiento es susceptible de atenuaciones, ése no es el caso (atento al resultado alcanzado en el pleito) máxime si tomamos en consideración que el criterio a aplicar a las situaciones excepcionales debe ser sumamente restrictivo, por cuanto puede desvirtuarse la regla genérica que consagra la norma procesal (cf. arts. 68 y 69 del C.P.C.C.; en similar sentido causas de la anterior Sala 1 nº 103.578; 62.795, 62.895, 67.111 entre otras; causa nº 108.318, 15/9/09, “Cuello, Elba c/García Ibañez, D. s/cobro de pesos por incumplimiento de contrato”, R.I. 336, esta Sala con diferente integración).

Las costas generadas ante la Alzada se imponen a la demandada, en función del resultado alcanzado en su impugnación (arts. 68, C.P.C.C.).

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos, el Señor juez Doctor Zunino votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida, en todo lo que fuera materia de agravio, salvo respecto de la cuestión vinculada al cómputo de los intereses que debe ser individual respecto de cada cartular, debiendo comenzar en la fecha de su presentación al cobro.

Las costas de Alzada serán soportadas por la parte demandada en su condición de vencida (cf. art. 68, C.P.C.C).

Se difiere la regulación de los honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Fernanda Nuevo

Juez

Jorge Luis Zunino

Juez

Guillermo Daniel Ottaviano

Secretario