Responsabilidad del conductor del vehículo que abrió de manera intempestiva la puerta delantera izquierda y lesionó a un motociclista

Partes: Burela Héctor Esteban c/ Gómez Martín y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 16-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103750-AR | MJJ103750 | MJJ103750

Sumario:
1.-Corresponde establecer la responsabilidad exclusiva del demandado en el accidente sufrido por la actora, como consecuencia de la apertura de la puerta delantera izquierda del rodado que se encontraba estacionado sobre el lado derecho de la avenida, en momentos en que la accionante circulaba en motocicleta por dicha arteria, pues ninguna prueba se produjo tendiente a eximirse de la responsabilidad que se le imputa.

2.-A los fines de determinar la responsabilidad por un accidente, se debe aplicar la segunda parte del art. 1113 del CCiv, pues es sabido que la total o parcial apertura de la puerta de un automotor que da al sector de la calzada destinado a la circulación vehicular importa crear un obstáculo generador de riesgo.

3.-La condición de embestidor carece de relevancia si fue la apertura de la puerta del automotor la que, creando un obstáculo a la trayectoria del motociclista ocasionó el daño.

4.-Aún en la hipótesis de considerar que el motociclista irrumpió en forma sorpresiva entre otros rodados que transitaban la arteria del accidente, tal extremo comporta un riesgo común en la circulación que el conductor de un rodado está obligado a neutralizar.

5.-El daño psicológico no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza.

6.-Siempre que se haya probado la existencia del daño, como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art. 165 del CPCCN.).

7.-Tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de febrero de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “BURELA HÉCTOR ESTEBAN C/GÓMEZ MARTÍN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat, Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.-Contra la sentencia obrante a fs. 419/426, se alza la parte actora que expresa agravios a fs. 440/448 y la parte citada en garantía que hace lo suyo a fs. 450/451. Corrido los traslados de ley pertinentes, los mismos no fueron contestados. Con el consentimiento del auto de fs.453 quedaron los presentes en estado de resolver.El decisorio de la anterior instancia: a) decretó la responsabilidad concurrente en partes iguales por el acaecimiento del accidente ventilado, por lo que se condenó al Sr. Martín Gómez y a la empresa “Generali Argentina Compañía de Seguros S.A” a abonar a la parte actora la suma de $ 43.200 dentro del término de 10 días con más sus intereses y con costas en un 50 % a cargo del demandado y citada en garantía; b) Dado la reconvención deducida a fs. 41 por el Sr.Martín Gómez, se condenó al reconvenido Héctor Esteban Burela a abonar al reconviniente la suma de pesos tres mil doscientos dentro del término de 10 días con mas sus intereses y el 50% de las costas generadas y c) Difirió la regulación de honorarios en ambas causas hasta que se encuentren aprobadas las respectivas liquidaciones.

II.- Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).Asimismo, es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.

III.- RESPONSABILIDAD: a) El actor vierte sus quejas a fs. 440/443 por encontrarse disconforme con que se haya atribuido responsabilidad concurrente por el acaecimiento del evento producido.Afirma que la exclusiva y excluyente responsabilidad del demandado ha quedado debidamente acreditada en autos, habida cuenta que se encuentra probado que el accionado abrió la puerta del rodado que guiaba, siendo ese obrar negligente y la causa eficiente del accidente objeto de estas actuaciones.

Aduce que la circunstancia que su mandante haya sido el embistente en nada cambia la responsabilidad por el infortunio sucedido, puesto que la motocicleta es la que se encontraba en movimiento, siendo la desaprensiva apertura de la puerta del rodado del demandado el motivo por el cual se produjo el siniestro.En ese orden de ideas, asevera que no importa que su mandante haya sido el embistente, puesto que tal apertura intempestiva de la puerta del conductor se constituyó en un obstáculo insalvable para su trayectoria.En consecuencia, solicita se revoque parcialmente el pronunciamiento recurrido y se haga lugar totalmente la demanda instaurada, decretando la exclusiva y excluyente responsabilidad del demandado en el devenir del siniestro que nos ocupa, haciendo lugar íntegramente a la demanda, desestimando la reconvención deducida por el demandado e imponiendo la totalidad de la costas al accionado, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 68 del C.P.C.C.N.b) Resumiendo se reclaman en autos los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el día 7 de abril de 2012 en la Avenida Eugenia Tapia de la Cruz de la localidad de Escobar, y que tuviera como protagonistas a una motocicleta marca Gilera, modelo TC200 R conducida por el actor Burela y un automóvil Volkswagen, modelo Gol GLD 1.6 conducido por el demandado/reconviniente Gómez, y en virtud del cual el primero resultara lesionado a raíz de la apertura de la puerta delantera izquierda del rodado Volkswagen en momentos en que la actora circulaba por dicha arteria.- Corresponde destacar, asimismo, que al momento de contestar la demanda, el accionado reconvino por los daños y perjuicios que sufrió el automóvil de su propiedad.

Siendo así las cosas, el accionante debe acreditar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual provino el mismo (conf. doct. art.1113 2º párr. del Cód.Civil).La parte demandada, por su lado, invocó en la oportunidad procesal pertinente, la culpa de la víctima, en todo o parte, como causa eximente de su responsabilidad. Así las cosas, corresponde analizar las actuaciones para corroborar si así lo ha acreditado.La culpa de la víctima del artículo 1.113 del Código Civil aparece, no como un presupuesto de liberación de responsabilidad, sino de liberación del sindicado como responsable.Es decir, que tratándose de una atribución de responsabilidad objetiva, lo que libera es la prueba de que hay un hecho ajeno que ha interrumpido el nexo causal y no la simple prueba de que el guardián actuó diligentemente. Tanto la culpa de la víctima como la de un tercero por quien no se debe responder, apuntan a destruir la necesaria conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño; cuando ellas se configuran, resulta evidente que no se puede mantener la presunción de responsabilidad, porque el daño no ha sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sino por la conducta de la víctima o de un tercero extraño o por caso fortuito (SC Mendoza, Sala I, 15-10-2003, “Montenegro, Andrés Jesús c/ Massi, Balducci, Alfonso y otro s/daños y perjuicios”, El Dial-MZ3C79). Veamos las pruebas. De las declaraciones testimoniales brindadas a fs. 259, 261 y 262 se desprende que el demandado, que se encontraba estacionado con su vehiculo sobre el lado derecho de la avenida denunciada, abrió la puerta izquierda de su rodado y que la motocicleta conducida por el accionante embistió en esos instantes a esa parte del automóvil.Por otro lado, de la pericial efectuada a fs. 352/355 se desprende la imposibilidad de establecer la real mecánica del accidente, siendo poco probable-según el conocedor-la ocurrencia de la forma que lo manifestó el demandado.Siendo así las cosas, sabido es que la total o parcial apertura de la puerta de un automotor que da al sector de la calzada destinado a la circulación vehicular importa crear un obstáculo generador de riesgo. De allí la aplicación de la segunda parte del art. 1113 del CCiv. (conf. arg. CNCiv. Sala “L” del 25/8/99 en autos “Gelsomino José c/ Kotas Eduardo J.s/ Sumario). Por otra parte la condición de embestidor carece de relevancia ya que fue la apertura de la puerta del automotor la que creando un obstáculo a la trayectoria del motociclista ocasionó el daño al mencionado.Concluyo, entonces, que no estando controvertido el impacto entre la motocicleta y la puerta del rodado, cabe señalar que ninguna prueba produjo la parte demandada/reconviniente tendiente a eximirse de la responsabilidad que se le imputa, tal como debió hacerlo en virtud de la norma contenida en el artículo 1113 del C. Civil, que como ya señalara es aplicable al caso.Advierto que aún en la hipótesis de considerar que el motociclista irrumpió en forma sorpresiva entre otros rodados que transitaban la arteria del accidente, tal extremo comporta un riesgo común en la circulación que el conductor de un rodado está obligado a neutralizar. Por ello propicio hacer lugar a los agravios vertidos, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda perpetrada en un 100 % y, en virtud de ello, rechazar la reconvención deducida. En atención al modo en que se propone resolver, las costas de ambas instancias serán soportadas en por el demandado y su aseguradora por haber resultado vencidos (conf.art. 68 C.P.C.C.N).

IV.- INCAPACIDAD PSÍQUICA/TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:

a) La parte actora vierte sus quejas a fs. 443/444 vta.por encontrarse disconforme con que se haya establecido la falta de autonomía del daño psicológico corroborado, y en consecuencia, su admisión dentro del ítem “Daño Moral”.- Se alza, asimismo, por considerar insuficiente la cantidad reconocida por el anterior magistrado para hacer frente al tratamiento psicológico recomendado.Por los fundamentos esgrimidos en la pieza procesal de referencia, requiere se revoque el fallo cuestionado sobre el particular, y en virtud de ello, se reconozca una suma independiente para enjugar el daño padecido por el actor en su psiquis, hasta su más justa y equitativa medida.b) Cabe señalar al respecto que el daño psicológico no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza.- En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral.- c)Resulta necesario destacar-ahora- que como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bien es exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas.Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el artículo 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).Debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.d) Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.A fs. 279/282 obra la pericial psicológica efectuada por la especialista designada de oficio, Dra. María Isabel Steffens.

La experimentada adujo que el Sr.Burela padece de depresión postraumática que le genera una incapacidad del 10% de la T.O.- Aconsejó, asimismo, la realización de un tratamiento en la materia de dos años de duración, dos veces por semana y a razón de $200 por semana.Cabe destacar que las conclusiones de dicho informe pericial fueron consentidas por las partes, por lo que habré de estar a sus conclusiones.Cabe recordar, asimismo, que el porcentaje de menoscabo a la víctima establecido en la pericia medica sirve como argumento simplemente aparente para la determinación del “quantum” de la indemnización, pero es el juez el que, a partir de aquélla, debe comprender qué posibilidades de actividad restan al damnificado y cuáles ha perdido como consecuencia del hecho.- En definitiva, teniendo en consideración el grado de incapacidad psíquica decretado por la especialista, edad del accionante al momento del hecho -32 años-, ocupación empleado, estado civil soltero, y demás circunstancias personales obrante en el beneficio de litigar sin gastos n° 78.291/12 que en este acto se tienen a la vista, entiendo ajustado a derecho reconocer la suma de pesos cien mil ($100.000) para enjugar el detrimento psicológico que padece el acto.-

Entiendo, por otro lado, ajustado a derecho el monto reconocido para hacer frente al tratamiento recomendado ($ 19.200), por lo que propongo su confirmación.

V.-GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, FARMACIA, TRASLADOS:

El accionante se alza a fs. 445/445 vta.por considerar reducido el monto otorgado por el anterior sentenciante bajo el presente rubro ($1.000).

Se ha sostenido reiteradamente que en materia de atención médica, traslado y gastos de medicamentos, el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente.En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor “(C. S. J. N. Fallos 288:139).En consecuencia, siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art.165 del Código Procesal). Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art.165 del Código Procesal, cuando se trata del actor.Ahora bien, teniendo en consideración los gastos en que debió haber incurrido la parte actora por movilidad y medicación, entiendo que la suma concedida por el anterior magistrado resulta adecuada, por lo que propicio su ratificación (conf. art. 165 CPCCN).

VI-DAÑO MORAL:

Incluyen las quejas de la parte actora el monto por el cual prosperará el presente concepto ($20.000).En lo que concierne al rubro daño moral, cabe recordar que debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 17-9-1985).Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, pág.103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6-2-85).Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento”; Ídem., 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios” , Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, M. 802.”Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 330:563, entre muchos otros).-

Debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.En consecuencia de todo ello, atento la repercusión que en los sentimientos del actora debió generar el hecho objeto de la presente litis, considero que la suma otorgada resulta ajustada reducida, por lo que propongo su elevación a la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000).

VII.-DAÑOS MATERIALES:

La última de las quejas intentadas por la parte actora se vincula con el monto reconocido bajo el presente concepto ($2.000). Corresponde destacar que el Ingeniero mecánico designado de oficio, Daniel Ricardo Stocco sostuvo en el informe presentado a fs. 352/355 que “…a la fecha del evento el monto reclamado por la parte actora no es acorde a los daños denunciados, dicho valor era de pesos dos mil ochocientos ($2.800).- Nuevamente dicha pericia fue consentida por las partes, por lo que entiendo corresponde elevar la cantidad reconocida al monto precisado por el especialista que intervino en autos, lo que así propicio se haga en el acuerdo de Sala.

VIII.-TASA DE INTERÉS:

a) La única queja vertida por la empresa aseguradora se vincula con la tasa de interés aplicada por el anterior “iudicante”.- Por los fundamentos esgrimidos a fs.450/451 requiere se modifique el criterio utilizado por el magistrado de la anterior instancia ordenando la aplicación de la tasa pasiva des de la fecha del siniestro hasta el dictado de la sentencia y recién desde allí en adelante el plenario antes citado.b) Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación en el caso, desde la ocurrencia del accidente y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido en la doctrina plenaria “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte” , de fecha 16 de diciembre de 1958 (CNCiv, sala H · 13/02/2006 · Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel · La Ley Online). Ahora bien, según el criterio adoptado y mantenido por este Tribunal desde hace ya un tiempo, los intereses habrán de calcularse desde la fecha del hecho -7-4-2012- a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación conforme la recta vigencia del plenario “Samudio” , por lo que propicio al acuerdo la confirmación del fallo cuestionado sobre el particular.

Por todo lo expuesto, voto para que:

1) Se haga lugar parcialmente a los agravios vertidos por la parte actora, revocando parcialmente el decisorio apelado, y en consecuencia, se haga lugar a la demanda perpetrada por el Sr. Héctor Esteban Burela en un 100 %.2) Se rechace la reconvención deducida por el Sr. Martín Gómez en su totalidad.3) Se admitan parcialmente las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia, se eleve a la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000) y pesos dos mil ochocientos ($2.800) los montos reconocidos bajo los ítems “Daño Moral” y “Daños Materiales” respectivamente.4) Se conceda la suma de pesos cien mil ($100.000) a favor del Sr.Burela bajo el ítem “Daño Psíquico”.5) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio.6) Se impongan las costas de ambas instancias a la parte demandada y su aseguradora por haber resultado sustancialmente vencidas (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).7) Los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes serán regulados una vez que lo hayan sido los de primera instancia, diferidos a fs.426 vta., decisión que se encuentra consentida.

8) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT- OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ – PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de febrero de 2017.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a los agravios vertidos por la parte actora, revocar parcialmente el decisorio apelado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda perpetrada por el Sr. Héctor Esteban Burela en un 100 %; 2) Rechazar la reconvención deducida por el Sr. Martín Gómez en su totalidad; 3) Admitir parcialmente las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia, elevar a la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000) y pesos dos mil ochocientos ($2.800) los montos reconocidos bajo los ítems “Daño Moral” y “Daños Materiales” respectivamente; 4) Conceder la suma de pesos cien mil ($100.000) a favor del Sr. Burela bajo el ítem “Daño Psíquico”; 5) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio; 6) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y su aseguradora por haber resultado sustancialmente vencidas; 7) Regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes una vez que lo hayan sido los de primera instancia, diferidos a fs.426 vta., decisión que se encuentra consentida. Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Ana María Brilla de Serrat

Osvaldo Onofre Álvarez

Patricia Barbieri