Se acumulan los rechazos a los pedidos judiciales de los represores

Los rechazos a la aplicación del 2×1 a condenados por crímenes de lesa humanidad siguen acumulándose en juzgados y tribunales de todo el país. En San Martín, el Tribunal oral en lo Criminal Nº 1 denegó la excarcelación del ex comisario Carlos Caimi, condenado por torturar y secuestrar a al menos nueve personas durante la última dictadura militar, cuya defensa la había solicitado bajo el paraguas del precedente que la Corte Suprema sentó al habilitarle al represor Luis Muiña el nuevo cómputo de pena. El mismo pretexto intentó utilizar la representación legal de Emilio Morard y Héctor Romero, condenados a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Perla, para solicitar un recálculo de su pena. Tampoco tuvieron buenos resultados, ya que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba les dijo que no. En La Plata, el tribunal que el lunes pasado rechazó seguir la jurisprudencia de la Corte en el caso de los genocidas Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich aplicó el mismo criterio para otros ocho condenados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

 

Las juezas Marta Milloc y María Lucía Cassain, y el juez Diego Barroetaveña, integrantes del TOC 1 del fuero federal de San Martín, decidieron el martes no aplicar el voto mayoritario de la Corte Suprema que firmaron los supremos Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Rozenkrantz el miércoles 3 de mayo pasado, en el que habilitaron la aplicación del artículo 7 de la ley del 2×1 –número 24.390–, vigente entre 1994 y 2001, a Muiña. Fallaron en línea con los dictámenes de la fiscalía. De la misma manera ya habían definido pedidos similares de los represores Raúl Harsich y César Fragni.

Los jueces entendieron que el artículo es inaplicable no solo porque la ley en cuestión no estuvo vigente cuando Caimi cometió los delitos ni cuando estuvo detenido bajo prisión preventiva. Sino, también, porque Caimi nunca pisó una unidad penitenciaria y cumplió tanto la prisión preventiva como la condena –que aún no está firme– en su casa. En ese sentido, los jueces apuntaron que la ley del 2×1 “tampoco fue prevista para situaciones excepcionales como lo es la morigeración prevista” en la detención domiciliaria, concluyeron. Durante el terrorismo de Estado, Caimi dirigió la comisaría de Villa Ballester. Fue condenado en 2015 a 12 años de cárcel por ser considerado partícipe primario en varios secuestros y sesiones de torturas sucedidas mientras era comisario. Llegó al juicio bajo prisión domiciliaria. No cumplió, ni antes ni después de la condena, un solo día de encierro en una prisión.

“Lo cierto es que la ley 24.390 fue dictada en su momento para resolver una coyuntura carcelaria y en el marco de una reforma procesal (…) con lo que mal puede entenderse que se pueda arribar a una solución que de ningún modo y momento fue tenida en cuenta por la voluntad del legislador para ser aplicada a personas que no han cumplido un día de encierro carcelario”, indicaron los jueces. Además, destacaron en su fallo que la aplicación del 2×1 “podría implicar una conmutación de pena”.

En Córdoba, en tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 1 rechazó ayer la aplicación de beneficio que implica el artículo 7 de la ley 24.390 a los represores del Tercer Cuerpo del Ejército condenados a prisión perpetua Emilio Morard y Héctor Romero en el marco del juicio de La Perla. El tribunal, liderado por el juez Jaime Díaz Gavier, falló de la misma manera que lo hizo la semana pasada en el caso de Arnoldo “Chubi” López, condenado a perpetua por el mismo juicio culminado el año pasado.

Morard, de 71 años, fue sentenciado en agosto pasado por asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas cometidas durante el último golpe de Estado. Romero, como Morard, de carrera militar, fue condenado por los mismos delitos. Romero se desempeñó en Inteligencia del Ejército. El TOF 1 de Córdoba aún debe definir otros 16 pedidos de represores que ansían que el fallo de la Corte Suprema se convierta en su pase directo a la excarcelación o la libertad condicional, entre ellos la solicitud del represor Luciano Benjamín Menéndez, que fue presentada ayer ante el mismo tribunal.

En La Plata, el TOF 1 de esa jurisdicción ya rechazó una decena de pedidos habilitados por el precedente “Muiña”. Las presentaciones rechazadas son las del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz; el sacerdote Christian Von Wernich; el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata, Isabelino Vega; el guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera; dos médicos penitenciarios que actuaron en ese penal, Carlos Jurío y Enrique Corsi; los civiles de la inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza –condenados en la causa por crímenes en La Cacha–; y el civil apropiador de una niña Omar Alonso. Fuentes judiciales advirtieron que el tribunal tiene a disposición cerca de un centenar de personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.

Fuente: Página 12.