El senado aprobó la norma que excluye a los represores del beneficio concedido por la corte

Es ley la limitación expresa a la posibilidad de que represores y genocidas puedan acceder al beneficio del 2×1, tal como hace una semana había habilitado la Corte Suprema. Por unanimidad, 56 votos, el Senado sancionó la norma que el miércoles por la noche había aprobado Diputados. Durante el debate, y tal como ocurrió en la Cámara baja, los senadores de Cambiemos buscaron olvidar la posición primigenia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y se concentraron en tratar de capitalizar lo que definieron como un logro de la gestión macrista en cuanto a su política en derechos humanos. Los senadores del peronismo, con sus diferencias, resaltaron el contexto político que permitió un fallo que se había transformado en un novedoso proceso hacia la impunidad y alertó sobre la construcción de una nueva “mayoría automática” en la Corte.

La Cámara alta aprobó sin modificar el texto que había llegado desde Diputados de manera veloz y sin tropiezos, como sucedió con proyectos que el oficialismo rechazaba. En rigor, la redacción en Diputados se hizo consultando al Senado, para que los tres artículos no sufrieran modificaciones. Y así sucedió.

Antes del comienzo de la sesión, el Salón Azul se colmó de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, militantes de organismos de derechos humanos, senadores y diputados. En realidad, el encuentro estaba pautado desde antes y tenía la intención de convocar a la movilización de la tarde. Sin embargo, con la media sanción de Diputados y la inminente aprobación de los senadores, se convirtió en un acto donde se reiteró el rechazo y el repudio al fallo de la Corte.

El proyecto fue presentado por el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV-Entre Ríos), quien centró su discurso en el contexto que permitió la resolución de los supremos. Aseguró primero que desde los medios de comunicación se fue reconstruyendo la teoría de los dos demonios, a lo que sumó las diferentes declaraciones de funcionarios nacionales, como la de relativizar el número de desaparecidos o la intención del presidente Mauricio Macri de transformar en móvil el feriado del 24 de marzo. No se olvidó de la “coincidencia incomprensible del pedido de reconciliación de la Iglesia católica” y por ello consideró que la única respuesta posible era poner un límite a través de una ley de carácter interpretativo que limite a los jueces a la hora de aplicar beneficios a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Fuente: Página 12.