El reclamo de prestaciones médicas de la Ley 24.557 debe ser tramitado ante la Justicia Nacional del Trabajo porque no puede otorgarse facultades jurisdiccionales a las Comisiones Médicas

Partes: Ontiveros Silvia Adriana c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – Ley especial

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral

Sala/Juzgado: 72

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103561-AR | MJJ103561 | MJJ103561Sumario:
1.-Corresponde que la Justicia Nacional del Trabajo asuma competencia para entender en las actuaciones en las que se reclaman las prestaciones derivadas de la Ley Nº 24.557 , con sustento en el art. 20 de la Ley Nº 18.345, pues la intervención obligatoria y excluyente de las Comisiones Médicas y de la Comisión Médica Central, conforme el art. 1 del dec. Nº 54/2017, priva a las víctimas la oportunidad de acceder a la justicia.

2.-Toda vez que no puede asignarse facultades jurisdiccionales a una comisión cuyo poder de decisión recae exclusivamente en médicos, se juzga que la Justicia Nacional del Trabajo resulta competente; máxime siendo que si se plantean cuestiones jurídicas vinculadas a distintos aspectos de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias relativas a la Constitución Nacional, dichos temas no pueden ser resueltos por una Comisión integrada por Profesionales de la Medicina.

3.-Puesto que según el art. 2 del DNU 54/2017 el acceso a la justicia se cumpliría por la vía de un recurso, con las limitaciones que ello implica, y no a través de una acción con todas las peticiones que la parte afectada estime corresponder, se juzga que por quedar constituida una violación al art. 18 de la Constitución Nacional, en tanto se limitan los temas por los cuales la víctima puede acudir a estos estrados, la Justicia Nacional del Trabajo debe ser competente para entender en las presentes.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.- MM

I) Por recibidos.

II) Con sustento en el Artículo 20 de la Ley 18.345, que fija la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, en las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes (…) por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, asumiré la competencia para entender en las presentes actuaciones en las que se reclaman las prestaciones derivadas de la Ley 24.557. Soslayaré que el artículo 1 del Decreto 54/2017 establece la intervención obligatoria y excluyente de las Comisiones Médicas y de la Comisión Médica Central creadas por ley 24.241, “la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”, por cuanto las disposiciones del Decreto 717/96 (modificado por el Decreto 1475/2015 que aún no fue implementado en sus aspectos más importantes), reglamentario del procedimiento ante el mencionado organismo, no brindan las garantías del debido proceso (art. 18 C.N.).

Tengo presente que al asignarle funciones jurisdiccionales a las Comisiones Médicas se está quitando a las víctimas la oportunidad de acceder a la justicia. No puede asignarse facultades jurisdiccionales a una comisión cuyo poder de decisión recae exclusivamente en médicos. Así fueron creadas por el Art. 51 de la ley 24.241 y la inclusión de Secretarios Técnicos Letrados (art. 12 del Decreto 717/96, texto actualizado) no purga ese vicio, hasta tanto no se dicte una norma que establezca que ese funcionario tiene opinión vinculante, de la cual los médicos no puedan apartarse. Por lo tanto, siendo que se encuentra en juego el derecho a peticionar a las autoridades (Art.14 in fine C.N.) y que corresponde a los Tribunales de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación (Art. 116 in fine, C.N.) y que, como mencionara, la respuesta sistémica del Decreto 7171/96 es insuficiente, daré prevalencia al dispositivo adjetivo genérico citado en primer término para entender en las presentes actuaciones.

Además destaco que en esta causa se han planteado cuestiones jurídicas vinculadas a distintos aspectos de la ley 24.557 y sus modificatorias vinculadas a la Constitución Nacional y que esos temas, en consecuencia, no pueden ser resueltos por una Comisión integrada por Profesionales de la Medicina.

Finalmente, también tengo en cuenta que la instancia administrativa que crea la norma mencionada no es un mero trámite conciliatorio, una suerte de SECLO con pericia médica, lo que podría llegar a aceptarse si fuera rápida y expeditiva. Según el artículo 2do del DNU 54/2017 el acceso a la justicia se cumpliría por la vía de un recurso, con las limitaciones que ello implica; y no a través de una acción con todas las peticiones que la parte afectada estime corresponder. En estos términos, hay otra violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, por cuanto se limitan los temas por los cuales la víctima puede acudir a estos estrados.

Por consiguiente, hágase saber el juez que va a conocer.

III) A mérito del poder que se encuentra agregada en autos, se tiene al peticionario por presentado en el carácter invocado y por parte, por constituído el domicilio procesal material y por denunciado el domicilio real.Queda constituído en la causa a partir del día de la fecha el domicilio electrónico denunciado (que habilitará la posibilidad de cumplir con la obligación de incorporar a la causa por vía informática las presentaciones que se formulen en lo sucesivo), por lo que se notificarán en el domicilio electrónico -con plena validez- todas las resoluciones que deban cursarse al domicilio constituído (cfr. Acordada CSJN 38/13 y cctes. y Res. CNAT 17/14 y Acta CNAT 2607, del 09/10/2014). Hágase saber.

Tiénese presente la autorización conferida, en la inteligencia de que el autorizado queda facultado para retirar copias y notificarse en nombre del autorizante, según lo previsto en los arts. 134 -último párrafo- y 142 CPCCN, y 48 -dos últimos párrafos- de la ley 18.345 (arts. 34 -inc. 5º- y 36 CPCCN).

Intímase al profesional de la parte actora para que, dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento al art. 51 inc. d) de la ley 23.187, bajo apercibimiento de notificar al Colegio Público de Abogados. NOTIFÍQUESE POR SNE.

V) En atención a lo dispuesto en el art. 68 de la ley 18345 -texto según ley 24635- córrase traslado de la demanda por el término de DIEZ (10) días, a fin de que sea contestada, en su caso se opongan excepciones, y se ofrezca prueba; todo ello mediante presentación escrita que deberá efectuarse en el expediente y -dentro de las veinticuatro (24) horas- incorporarse por vía informática a la causa (tanto el escrito de responde como los documentos que se acompañen), a cuyo fin deberá utilizarse la función “Contestación de Demanda” que -sin necesidad de la previa validación de la identidad electrónica del letrado presentante- provee a tales fines el sistema informático vigente; todo bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 71 y 47 de la ley 18345 -texto según ley 24635- y 356 y 34 CPCCN. NOTIFÍQUESE.

Asimismo, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.29 de la LO, se intima a la demandada para que, en su primera presentación, constituya domicilio electrónico único, de acuerdo con lo establecido -en el marco de la ley 26.685- en la Acordada CSJN Nro. 38/13, Res. CNAT Nro. 17/14 y Acta CNAT Nro. 2607 del 09/10/2014, en el que se notificarán -con plena validez- todas las resoluciones que deban cursarse al domicilio constituído. En ese contexto, se deberá denunciar una única identidad electrónica registrada en el SAU a fin de su validación por parte del Juzgado para la presente causa, que habilitará -a la vez- la posibilidad de cumplir con la obligación de incorporar a la causa por vía informática las presentaciones que se formulen en lo sucesivo. NOTIFÍQUESE.

En vistas a que resulta una práctica generalizada ante este Fuero la presentación de acuerdos conciliatorios sin estudios complementarios y con pericias privadas, hágase saber que el suscripto requerirá en todos los casos, y previo a homologar, la emisión de un dictamen pericial oficial.

Dése intervención al Ministerio Público.

Las partes deberán cumplir con lo dispuesto en la Resolución CNAT Nro. 12/81.

Se hace saber la conveniencia de suministrar los números de CUIL y CUIT de las partes, o cuando menos los de DNI en el caso de personas físicas. De lo contrario no pueden obtenerse datos en el marco del convenio celebrado entre AFIP y la CNAT.

Se deja constancia que la documental identificada a fs. 18 se aportó en fotocopias.

Raúl Horacio Ojeda

Juez Nacional

En 14/03/2016 se efectuó 1 (una) notificación electrónica, a parte ACTORA. Conste.

Marisa N. Ortiz

Prosecretaria Administrativa