Constitucionalidad de la Ley de Flagrancia en confrontación con el Régimen Penal de la Minoridad

Partes: G. A. N. y otros s/ inconstitucionalidad

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 16-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103454-AR | MJJ103454 | MJJ103454Sumario:
1.-Es procedente confirmar la resolución que rechazó el planteo de inaplicabilidad de la Ley 27.272 -flagrancia- por su inconstitucionalidad en relación a menores de edad imputados, pues en el caso el hecho de que se los haya alojado en el Centro de Admisión y Derivación, y al día siguiente se ordenara su traslado a una residencia socioeducativa, habida cuenta la ausencia de adultos que asumieran su cuidado, resta eficacia al argumento relativo a que la previsión del art. 353 ter del CPPN., choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 .

2.-La alegada afectación a los principios de progresión y no regresividad, basada en el hecho de que el imputado no cuenta con la posibilidad de optar por el procedimiento ordinario o por el de flagrancia, no puede sustentar la pretensión de inconstitucionalidad de la Ley 27.272 -flagrancia-, en tanto el imputado y su defensa cuentan con la posibilidad de cuestionar la procedencia del trámite establecido por la dicha ley y el juez debe pronunciarse, con la posibilidad de articular un recurso ordinario al que se le otorga efecto suspensivo.

3.-El art. 353 sexies del CPPN. no es incompatible con la Ley 22.278 , pues en los tribunales de menores el juego armónico de tales normas dio paso a la aplicación de los institutos mencionados, ajustándolos a la especial situación de las menores de dieciocho años ante la ley penal, lo que demuestra que es posible compatibilizar las soluciones anticipadas previstas por la ley de flagrancia con los rasgos particulares del régimen de menores derivados de la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

4.-El nuevo articulado del CPPN. en materia de flagrancia, no droga la normativa especial prevista en la Ley 22.278, la cual constituye una ley de fondo con respaldo constitucional y convencional y al aplicarlo a los casos concretos los jueces deben considerar el resto de la legislación pertinente a cada supuesto, por lo cual, tratándose de un menor imputado, se deberá? tener en cuenta toda la regulación de la ley penal de menores, entre ella los fines tuitivos y resocializadores y los específicos mecanismos que deben observarse en cumplimiento de dicho objetivo.

5.-Siendo que el anterior régimen aplicable a los casos de flagrancia fue sustituido por los arts. 2° y 3° y completado por los arts. 4° , 5° , 6° y 7° de la Ley 22.278, si prosperase el pedido de no aplicación de la Ley 27.272 a los procesos regulados por la Ley 22.278, los menores imputados no tendrían otra posibilidad que la de atenerse al trámite ordinario, lo que no aparece como una solución satisfactoria frente a la comprobada posibilidad de coordinar la aplicación de ambas normas respetando los estándares constitucionales vigentes en la materia.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de febrero de 2017

AUTOS Y VISTOS:

La apelación interpuesta por la defensa contra el auto que no hizo lugar a sus planteos de inaplicabilidad de la ley 27.272 por tratarse de menores imputados, su inconstitucionalidad y la complejidad del caso.

Luego de la audiencia del artículo 454 del Código Procesal, el tribunal delibero? conforme los términos establecidos por el artículo 455 ibídem.

Y CONSIDERANDO:

Los cuestionamientos que la asistencia técnica introduce en estos obrados no difieren de aquellos que motivaron el pronunciamiento de esta Sala en la causa n° 72.867/16 “C. M.”, resuelta el 21 de diciembre próximo pasado, y por tanto merecen igual solución.

En primer lugar, cabe resaltar que inmediatamente después haberse sorprendido en flagrancia a ambos imputados, que resultaron menores punibles en razón de su edad y el hecho atribuido, el a quo dispuso su alojamiento en el Centro de Admisión y Derivación, y al día siguiente ordeno? su traslado a una residencia socioeducativa, habida cuenta la ausencia de adultos que asumieran su cuidado. Tal situación fáctica resta eficacia al argumento del recurrente acerca de que la previsión del artículo 353 ter, choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061.

Por su parte, la alegada afectación a los principios de progresión y no regresividad, basada en el hecho de que el imputado no cuenta con la posibilidad de optar por el procedimiento ordinario o por el de flagrancia, tampoco puede sustentar la pretensión aquí? tratada.

En efecto, “.las cuestiones que se vinculan con la política criminal ponderadas por el legislador resultan ajenas a la órbita judicial si no se ven vulneradas las garantías constitucionales, lo que no fue demostrado en el presente caso.Es dable resaltar que el imputado y su defensa cuentan con la posibilidad de cuestionar la procedencia del trámite establecido por la Ley 27.272 y el juez debe pronunciarse, con la posibilidad de articular un recurso ordinario al que se le otorga efecto suspensivo. Que dicho trámite responde a los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración que garantizan la sustanciación del debido proceso y observan las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común, en todo lo que no resulte contrario a las nuevas disposiciones vigentes.” -cfr. fallo citado-.

Asimismo, le asiste al prevenido el derecho de entrevistarse con su defensor y es impuesto del hecho, de las pruebas habidas en su contra y de la posibilidad de negarse a declarar sin que ello constituya una presunción en su contra. En tanto, la defensa puede ofrecer prueba dentro del plazo previsto que, en el presente, puede extenderse hasta veinte días, lo que aparece suficiente a la luz de la ausencia de complejidad que supone la investigación de los casos abarcados por la nueva legislación. Del mismo modo, la ley recepta la posibilidad de solicitar la excarcelación, de plantear las nulidades y excepciones que se consideren pertinentes y recurrir su eventual denegatoria, de modo que no hay lugar para impetrar la afectación del debido proceso en lo que se refiere a los aspectos mencionados.

En punto al planteo del apelante en orden a la supuesta incompatibilidad de las previsiones del artículo 353 sexies, del código de forma, con las pautas de la ley 22.278, este tribunal sostuvo que: “la inconstitucionalidad de una norma no puede basarse en la ampliación de una facultad ya vigente en favor de los intervinientes -vgr. presentar peticiones y acuerdos entre partes ante el juez desde una etapa procesal anterior a la prevista antes de la modificación-, pues en todo caso constituyen potestades que la defensa, de considerarlo inconveniente en el caso concreto, puede no ejercer” -cfr.fallo citado-.

Sin perjuicio de ello, se resaltan también aquí cuestiones fácticas suscitadas en los tribunales de menores, donde es frecuente la presentación de acuerdos de juicio abreviado o solicitudes de suspensión del juicio a prueba, receptados favorablemente sin relegar las especificidades de la ley 22.278, que posee respaldo constitucional en tanto contempla condiciones especiales para habilitar la sanción de delitos cometidos por personas menores de edad. De tal modo, el juego armónico de las normas involucradas “.dio paso a la aplicación de los institutos mencionados, ajustándolos convenientemente a la especial situación de las menores de dieciocho años ante la ley penal, lo que demuestra que es posible compatibilizar las soluciones anticipadas previstas por la ley de flagrancia con los rasgos particulares del régimen de menores derivados de la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes” -fallo citado-.

El nuevo articulado no deroga, como parece entender el impugnante, la normativa especial prevista en la Ley 22.278, ya que esta última constituye una ley de fondo con respaldo constitucional y convencional. Además, tal como sucede con todo el ordenamiento jurídico, al aplicarlo a los casos concretos los jueces deben tener en consideración el resto de la legislación pertinente a cada supuesto. Así, tratándose de un menor imputado por la comisión de un delito, se deberá? tener en cuenta toda la regulación de la ley penal de menores, entre ella los fines tuitivos y resocializadores y los específicos mecanismos que deben observarse en cumplimiento de dicho objetivo.

Ahora bien, si se entiende que la defensa considera violatorio de garantías constitucionales es la caducidad prevista en el artículo 353 sexies, CPPN, para presentar hasta el momento de la audiencia de clausura un acuerdo de juicio abreviado o una solicitud de suspensión del juicio a prueba, ese agravio tampoco es actual y su tratamiento no se vincula con el caso de autos, donde las partes no pretendieron ninguna de las soluciones mencionadas ni se alego?un agravio derivado del rechazo de aquellas alternativas con fundamento en el carácter fatal del plazo.

El anterior régimen aplicable a los casos de flagrancia fue sustituido por los artículos 2° y 3° y completado por los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley cuestionada, de modo que si prosperase el pedido de no aplicación de la Ley 27.272 a los procesos regulados por la Ley 22.278, los menores imputados no tendrían otra posibilidad que la de atenerse al trámite ordinario, lo que no aparece como una solución satisfactoria frente a la comprobada posibilidad de coordinar la aplicación de ambas normas respetando los estándares constitucionales vigentes en la materia.

En función de todo lo expuesto, y a la luz de que una declaración de inconstitucionalidad solo procede excepcionalmente cuando la confrontación de la norma demuestra su incompatibilidad con la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional de manera absoluta y evidente (in re, mutatis mutandis, causa No 1.667/12, “R.”, rta.28/11/12), al punto de no poder ser salvada por una correcta interpretación del ordenamiento en su conjunto -aspecto que aquí? no se verifica- corresponde homologar el rechazo del pedido de no aplicar la Ley 27.272 a este proceso, y asimismo su inconstitucionalidad.

Por último, resta tratar el argumento esbozado en torno a la pretendida complejidad del procedimiento, respecto del cual corresponde señalar en primer lugar que, pese a las previsiones del artículo 353 quater, párrafo cuatro, del catálogo procesal, el planteo de inconstitucionalidad tratado anteriormente ha desplazado en autos la intervención en el recurso de un único magistrado de cámara para su tratamiento.

Sentado ello, también sostuvimos en el precedente citado que “el único supuesto en que resulta factible discutir la aplicación del procedimiento de flagrancia, conforme el artículo 353 quater, del CPPN, se halla constituido por la falta de verificación de los presupuestos del artículo 285 o la complejidad de la investigación”. Y lo cierto es que ninguno de esos extremos fue argumentado por el recurrente, pues su pretensión se basa exclusivamente en la necesidad de obtener informes interdisciplinarios y la opinión del asesor de la minoridad.

Como se dijo, la defensa no plantea una pesquisa dificultosa, que impida recoger pruebas dentro del plazo fijado por el juez para la celebración de la audiencia de clausura. Ello es así?, porque el supuesto no exhibe desde esa perspectiva ninguna de tales características, en tanto no existen otras diligencias que deban disponerse para la investigación del suceso. Además, no explica el apelante las razones que tornarían insuficiente al respecto el término transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta la audiencia inicial, a lo que debe adicionarse el que transcurre hasta la disposición de la clausura (artículo 353 quater, párrafos quinto y sexto, CPPN). De tal modo, los plazos previstos en la Ley 27.727, si bien acotados, no aparecen en principio insuficientes a los fines señalados por la defensa, y no existiendo complejidad en la pesquisa, habrá? de avalarse la decisión del magistrado a quo. Por ello, el tribunal RESUELVE:

I. Confirmar el auto traído a estudio en cuanto fue materia de recurso.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Alberto Seijas Mariano González Palazzo

Carlos Alberto González

Ante mi:

Hugo Sergio Barros

Secretario de Cámara