Tras el asesinato de Micaela, el Gobierno decidió habilitar el registro de violadores

 

El texto está prácticamente listo. El borrador elaborado en el Ministerio de Justicia de la Nación debe pasar por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y, luego de ser revisado, oficializarse el decreto que reglamenta la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Según adelantaron a Clarín en exclusiva, la publicación del decreto a través del Boletín Oficial tendrá lugar en los próximos días. Se trata de la puesta en marcha de una ley que había sido sancionada en julio de 2013 pero que, casi cuatro años más tarde, aún no fue reglamentada. El objetivo del banco de datos, informalmente llamado “registro de violadores”, será, según el texto al que accedió este diario, “facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual”. En los hechos, la ley 26.879 dispone que el Estado obtenga una muestra de material genético de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual y la almacene, para contar con esa información y contrastarla en el caso de que se investigue una posible reincidencia de parte de los agresores.

La trayectoria de esta ley lleva años. En 2011 obtuvo media sanción en el Senado y en 2013 fue aprobada en Diputados. En ese momento, la aparición del cadáver de Angeles Rawson había motorizado el debate en la Cámara baja. Esta vez, la reglamentación de la ley llega luego de la violación y el asesinato de Micaela García, en Gualeguaychú (ver Dos crímenes evitables).

Aunque el texto que reglamenta la creación del registro puede modificarse durante su revisión en Presidencia, tiene prevista la formación de una comisión tripartita formada por un miembro del Ministerio de Justicia , otro del Ministerio de Seguridad y uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. “Esa comisión será la que establezca los cronogramas de trabajo para que paulatinamente se vaya poniendo en funcionamiento el registro”, dijeron a Clarín fuentes del Ministerio de Justicia, cuyos equipos técnicos junto a los de la cartera de Seguridad preparan el funcionamiento del banco de datos.

Está previsto que un decreto presidencial reglamente la ley, aunque aún no está claro en cuánto tiempo el registro podrá funcionar en su totalidad. “La comisión tripartita tiene que llevar adelante las gestiones para que laboratorios de todas las regiones del país cumplan con un estándar para poder custodiar el material genético, y esa implementación será paulatina”, explicaron a este diario desde la cartera encabezada por Germán Garavano.

“Cuando mataron a mi hija, en 2003, había ADN del agresor disponible. Me ilusioné porque pensé que estábamos frente a una prueba mucho más contundente que una huella digital, pero no había dónde contrastar el dato. Creo que esta medida no va a terminar con los violadores, pero los vamos a tener un poco más acorralados”, sostiene Isabel Yaconis. Su hija Lucila fue asfixiada hasta la muerte tras un intento de violación cuando le faltaba menos de una cuadra para llegar a su casa. Isabel es parte de la ONG “Madres del Dolor” desde hace varios años, y fue esa organización una de las que motorizó la sanción de la ley que crea el registro. “Como en Argentina parecemos bomberos, la ley se votó después de que apareció el cuerpo de Angeles. Y ahora apareció el cuerpo de Micaela”, reflexiona.

Manuela Ponz tiene 22 años y fue violada en 2015 por un taxista que permanece prófugo desde ese día. “Es de suma importancia la creación del registro porque agiliza los procesos del juicio. En muchos casos es muy difícil denunciar una violación y esto ayuda a tener más pruebas. No obstante, como muchas violaciones no son denunciadas, muchos violadores no tienen antecedentes. Es importante estimular a las víctimas para generar buenas condiciones con el objetivo de que hagan las denuncias, y creo que esta herramienta puede darle confianza a las mujeres abusadas”, cuenta a Clarín.

La base a partir de la cual se erigirá el banco de datos es la información genética de los que al momento de la reglamentación estén cumpliendo una condena por algún delito contra la integridad sexual (la Justicia tendrá un plazo de 6 meses para extraer el ADN). El banco también incluirá a los que ya hayan cumplido la pena pero se encuentren aún en el Registro de Reincidencia. Todo ese material genético se almacenará en laboratorios de todo el país. Para los futuros delitos, y una vez que la condena esté firme, el juez deberá disponer en no más de cinco días la extracción de material genético.

Según estadísticas del Ministerio de Justicia, al menos desde 2012 la cantidad de condenas por delitos sexuales no para de crecer. Ese año fueron 1.830 y en 2015, último período procesado, fueron 2.428. Se trata de un crecimiento del 33 por ciento en sólo cuatro años.

Fuente: Clarín.