Complica a la Justicia la indefinición sobre los jueces de más de 75 años

La indefinición del Gobierno y del Consejo de la Magistratura sobre la situación de los jueces que tienen más de 75 años está provocando inconvenientes en tribunales y ya puso en riesgo el final de un juicio oral por la mafia del oro, una estafa tan vieja que está a punto de prescribir.

La Corte Suprema restableció hace un mes el límite de 75 años de edad para que los jueces se jubilen. Le dio vida a un artículo de la Constitución nacional -que no se aplicaba- que establecía esa edad y determinaba que los jueces que quisieran seguir en el cargo por otros cinco años debían contar con un nuevo acuerdo del Senado.

El consejo informó entonces que son 27 los jueces que alcanzaron esa edad y les pidió a todos ellos que informaran si tenían algún recurso de amparo con sentencia firme que les permitiera seguir en el cargo. Tres de ellos informaron que hay fallos que los protegen y otros dos presentaron la renuncia.

En el ínterin, el Gobierno decidió darles otra oportunidad a otros cuatro jueces. Enviará al Senado los pliegos de Ricardo Bustos Fierro, juez federal con competencia electoral de Córdoba, y de los camaristas Edmundo Hendler, del fuero penal económico, y los civiles Eduardo Zannoni y Mauricio Mizrahi.

Pero el Gobierno, si bien en un principio había cerrado la lista con estos cuatro nombres, ahora analiza si incluirá también a otro magistrado. Se trata de Enrique Mario Pose, un juez de tribunal oral ordinario que ahora integra el Tribunal Oral Federal N° 4 como subrogante, para llevar adelante el juicio de la mafia del oro. El problema es que el juicio está en su etapa final, de alegatos, y no puede suspenderse y volver a empezar con otros jueces sin riesgo de que todo quede en la nada. Esto es así porque el delito es tan viejo que quedaría prescripto.

Los defensores de los acusados pidieron en dos ocasiones en pleno juicio al tribunal, integrado además por los camarista Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel, que les diga si Pose tiene o no facultades para dictar un fallo, dado que la Corte estableció que los jueces de más de 75 años no tienen más jurisdicción. Los camaristas indicaron que iban a consultalo al Consejo.

Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. Los hechos son de los años 90 y los realizó el Grupo Piana. Se habría defraudado a la administración pública por unos $ 20 millones.
De acuerdo con la causa, los integrantes de Casa Piana montaron y utilizaron una estructura empresarial para defraudar al Estado nacional mediante la simulación de cadenas de operaciones comerciales entre empresas, lo que permitía el reintegro de impuestos. La Argentina se transformó así en el principal exportador de oro manufacturado y se cobraron millonarios reintegros por ello. Además, hubo sobrefacturación de las operaciones y, por otro lado, lo que se exportó como oro era en realidad bronce o acero.

Mientras en este juicio la cuestión está indefinida, también lo está en cuanto a la situación general de los jueces de más de 75. Es que de los 27 jueces en esa situación unos 20 siguen en sus cargos, como si nada.

El Gobierno trabaja en una resolución para reglamentar las jubilaciones a futuro. A los que tienen 74 años y quieran continuar los anotará en un registro para decidir luego si el Poder Ejecutivo pide un nuevo acuerdo al Senado. Con los restantes, la idea de la Casa Rosada es publicar esta semana los nombres de los cuatro jueces cuyos pliegos piensa elevar a la Cámara alta.

Así se pondrá en marcha el procedimiento del decreto 222, que prevé que se publiquen los nombres para que se reciban apoyos e impugnaciones sobre estos magistrados.

Con esta información, el Ministerio de Justicia quiere elevar los nombres al Senado para someterlos a votación. Confía en que, como se trata de jueces con trayectoria y sin máculas, pasarán sin problemas.

Esta semana le comunicará al consejo esta decisión, que deberá disponer qué hace con el resto de los jueces de más de 75 años. El Gobierno cree que deberían renunciar de inmediato e irse. Y un sector de los consejeros jueces opinan igual. Señalan que basta con leer el fallo de la Corte para entender que “no tienen más jurisdicción”, con lo que sus sentencias pueden ser impugnadas como nulas.

Por eso el temor con lo que pueda suceder con el juez Pose. Aunque otros consejeros sostienen que debería aprobarse una ley que reglamente el fallo de la Corte y considerar a los magistrados con juicios en trámite. Este procedimiento implicaría una demora incompatible con los tiempos del Gobierno.

El problema sigue abierto, sin consensos. Mientras, la indefinición cubre con un manto de incertidumbre las sentencias que dicten estos magistrados de más de 75.

La mayoría sigue en su cargo

Veintisiete jueces

El Consejo de la Magistratura, a pedido de la Corte, informó que son 27 los jueces con más de 75 años y que, en teoría, deberían retirarse. Se les pidió a todos ellos que informen si tienen un recurso de amparo que les permita seguir en el cargo

Un caso emblemático

El caso del juez Enrique Mario Pose se convirtió en clave. Pose, quien está en edad de jubilarse, está en la etapa final del juicio de la “mafia del oro” y no puede detenerse. Si fuera removido, la causa podría prescribir

En el futuro

La mayoría de los jueces que ya deberían jubilarse siguen en su cargo. Mientras, el Gobierno trabaja en una resolución para reglamentar las jubilaciones y que los que tengan 74 y quieran seguir se anoten en un registro a considerarse por el Ejecutivo

Nueva denuncia de stolbizer en la ruta del dinero k

Margarita Stolbizer sumará un nuevo capítulo a la megacausa de la llamada ruta del dinero K, que lleva el juez federal Sebastián Casanello. Así lo adelantó ayer el programa La cornisa, de Luis Majul. Esta vez se trata de la empresa Seguridad Patagónica, que se encargó durante años de la seguridad privada y la custodia de Lázaro Báez y su personal. Seguridad Patagónica fue creada por Juan Antonio Chan, quien estuvo al frente de la policía santacruceña en 2003, designado por Néstor Kirchner. En 2008 -año en que la entonces familia presidencial compró el hotel Alto Calafate- accedió al puesto de fiscal. Con estos hallazgos, según la abogada de Stolbizer, Silvia Martínez, podría demostrarse la complicidad entre los Kirchner, Báez y la justicia provincial en los negociados con la obra pública.

Fuente: La Nación.