Responsabilidad de la empresa proveedora de materiales y de la empresa constructora frente al consumidor por la existencia de deficiencias en la colocación de materiales

Partes: Alvarez José Antonio y otro c/ Blaisten S.A. y otros s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 14-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103197-AR | MJJ103197Sumario:
1.-El incumplimiento de la empresa proveedora de materiales de construcción y de la empresa que los actores contrataron por indicación de ella para realizar una obra que presentó deficiencias en la colocación de los materiales, torna procedente la fijación de una condena por daño punitivo ya que se trata de quienes se han fundado, crecido y desarrollado sobre la base de promover la excelencia en la construcción y mejoramiento inmobiliario, pese a lo cual, tras comprobar que sus clientes quedaban expuestos a tener que vivir en condiciones que serían indignas, los abandonaron a su suerte, obligándolos a litigar por el reconocimiento de su derecho.

2.-La empresa proveedora de materiales de construcción debe responder (art.40 , Ley 24.240) junto a la empresa que ella indicó a los actores para realizar una obra en su vivienda, por los daños derivados de las deficiencias que la obra presentó en cuanto a la colocación de materiales, ya que la constructora promociona su condición de única empresa constructora para los clientes de aquella y en tales condiciones, siendo que no puede suponerse que esa publicidad haya sido tolerada en caso de no haberse correspondido con la realidad, es razonable concluir que si pretendía ser tratada como un sujeto totalmente ajeno, debió probar esa ajenidad (art. 53 , Ley 24.240).

3.-Es procedente confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa si se trata de un reclamo resarcitorio de las deficiencias que presenta la obra realizada en un inmueble y no está controvertido que la coactora es cónyuge del otro coactor, lo cual permite tener por ciento que posee interés en el proceso susceptible de otorgarle legitimación, desde que, a falta de prueba en contrario, cabe admitir que ambos usan la vivienda, o, por lo menos, que están llamados a obtener de ella un similar provecho, quedando encuadrado el caso en el segundo párrafo del art. 1092 del CCivCom.

Fallo:

En Buenos Aires a los 14 del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “ALVAREZ JOSE ANTONIO y otro c/ BLAISTEN S.A. y otros s/ ordinario” (expediente n° 23476/12, Com. 7, Sec. 13) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden:

Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo Roberto Machin (7) y Juan Roberto Garibotto (8).

Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 537/557? A la cuestión propuesta, la señora juez Julia Villanueva dijo:

I. La sentencia.

En la sentencia obrante a fs. 537/557 se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los Sres. José Antonio Álvarez y Delia Susana Más de Álvarez contra Manos a la Obra S.R.L. por cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que los actores adujeron haber padecido a causa de las deficiencias que había presentado la obra realizada para ellos por esa demandada.

Rechazó la acción, en cambio, en tanto promovida contra Blaisten S.A., Cerámica San Lorenzo S.A. y Parex-Klaukol S.A.

Para así decidir, y tras desestimar las diversas excepciones opuestas por los demandados, el señor juez de grado tuvo por acreditado que los demandantes habían encomendado a Manos a la Obra S.R.L. la remodelación de varios ambientes del inmueble en el que vivían y que ésta había utilizado cerámicos que se habían desprendido y continuaban desprendiéndose de las paredes respectivas, con el consiguiente peligro para sus moradores.

Tuvo asimismo por demostrado que los aludidos desprendimientos se habían producido a causa de errores en la colocación de esos cerámicos, por lo que entendió que la citada codemandada había sido la responsable de los daños invocados al no haber ejecutado la obra conforme a las reglas del arte y la técnica que exigía la actividad realizada.

Condenó en consecuencia a la nombrada a pagar a los pretensores la suma de $62.918,48 en concepto de daño material, reconociendo también a cada uno de los nombrados el derecho a cobrar la suma de $20.000 en concepto de daño moral.

En lo que concierne a los demás codemandados, como se dijo, la acción fue rechazada, decisión que el magistrado fundó en que ninguno de ellos había sido parte del contrato concertado con Manos a la Obra S.R.L., y en que no existía prueba que permitiera atribuir vicios o defectos a los elementos y cerámicos empleados, los que se habían desprendido a causa de la mala praxis en su colocación.

En cuanto a las costas, juzgó que las devengadas por el rechazo de la pretensión deducida en contra de Cerámicas San Lorenzo S.A. y Parex-Kaukol S.A. debían ser asumidas por los actores en su calidad de vencidos, distribuyendo en el orden causado las generadas por la intervención de Blaisten S.A., por estimar que la actitud de ésta respecto de su publicidad había sido poco clara y displicente.

II. Los recursos.

1. La sentencia fue apelada por los actores y por Manos a la Obra S.R.L.

Los primeros expresaron agravios a fs. 573/06, los que fueron contestados a fs. 607/08 por Blaisten S.A. y a fs. 610/12 por Parex-Klaukol S.A., sin que, en cambio, el aludido recurso mereciera respuesta por parte de Manos a la Obra S.R.L.

De su lado, Manos a la Obra S.R.L. sostuvo su apelación a fs. 586/8, recibiendo la contestación que obra a fs. 604/5.

2. Los actores se quejan de que Blaisten S.A. haya sido absuelta.

Estiman que la nombrada también debe ser condenada por aplicación al caso de las normas previstas en la Ley 24.240.

Expresan que Blaisten S.A. debe responder en los términos del art. 40 de la citada ley pues ella no fue ajena al perjuicio padecido por los apelantes, máxime cuando éstos acudieron a Manos a la Obra SRL por sugerencia de la mencionada “Blaisten”.

Hacen mérito de las consecuencias que se derivan de las normas del derecho del consumidor que citan, expresando que de la ley respectiva surge que el mayor peso probatorio recae sobre el proveedor.

Ponen de relieve que de la absolución de posiciones de la locataria de la obra surge reconocida su relación con “Blaisten”, lo cual impone extender a ésta la condena.

Se agravian, asimismo, de los montos fijados por el sentenciante para cuantificar los daños.

Por un lado, expresan que al valor que les fue reconocido por daño material es necesario adicionarle un 20% más a efectos de sufragar el mayor costo que el trabajo ha de tener si es efectuado, como lo quisieron los demandantes al llevar a cabo la contratación de marras, por profesionales arquitectos.

Se quejan también del hecho de que, al reconocer que esa suma debía repotenciarse mediante la adición de intereses, el a quo soslayó que esos intereses generan un incremento muy inferior al deterioro que experimentaron los precios de los materiales de la construcción, por lo que, de mantenerse esa situación, ellos no lograrán volver a realizar la obra.

De esto derivan que el resarcimiento debe ser fijado en el importe de $75.500 ($62.918,48 más el 20%) y que ese importe debe actualizarse desde la fecha de presentación del peritaje -esto es 21/08/2013- de conformidad con el índice que refleja las variaciones de precios en los materiales de construcción, más un interés puro del 8% anual.

Se quejan, asimismo, de que el a quo les haya reconocido $20.000 a cada uno en concepto de daño moral, estimando que la indemnización debe fijarse en el importe de $40.000 para cada actor.

Finalmente, se agravian -por las razones que expresan- del rechazo del daño punitivo y de que le hayan sido impuestas las costas generadas por la actuación de “Cerámicos San Lorenzo” y de “Parex-Klaukol”.

2. Manos a la Obra S.R.L., de su lado, se queja de que el sentenciante haya rechazado la excepción opuesta por su parte a fin de cuestionar la legitimación de la Sra. Delia Susana Más de Álvarez.

La apelante sostiene que esa excepción debe ser admitida, toda vez que la nombrada coactora no acreditó haber tenido interés alguno en la obra que dio origen a este pleito, ni demostró haber trabado con su parte ninguna relación contractual, ni ser titular del inmueble sobre el cual tal obra se realizó.

Cuestiona también el rechazo de la excepción de prescripción, considerando que el sentenciante se equivocó al decidir la cuestión a la luz de lo que disponía el art. 1646 del derogado código civil.

Aduce que esa norma es inaplicable, dado que ella regula la “ruina” de la obra, concepto que se vincula con una construcción, que no es el caso de autos, en el que sólo se llevaron a cabo tareas de albañilería e instalaciones.

De ello deduce que el conflicto debió ser resuelto a la luz de lo que disponía el art. 1646 bis de ese mismo código, que establecía un plazo de caducidad de 60 días para denunciar vicios a partir de su descubrimiento.

Finalmente, se agravia del importe tomado por el juez para fijar la indemnización que reconoció a los demandantes en concepto de daño moral, que considera elevado.

III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, los actores reclamaron en autos la indemnización de los daños que alegaron haber sufrido a causa de las deficiencias que había presentado la obra llevada a cabo en su vivienda.

El juez hizo lugar parcialmente a la demanda, pero condenó sólo a Manos a la obra SRL en su condición de locataria de la aludida obra.

La rechazó, en cambio, en tanto dirigida contra “Blaisten”, “Cerámicos San Lorenzo” y “Parex-Klaukol”, imponiendo a los pretensores las costas derivadas de la intervención de estas dos últimas, todo lo cual generó los agravios que fueron expresados más arriba.

2. Un orden de precedencia lógico impone tratar, antes de considerar la cuestión de fondo a la cual remiten esos agravios, si asiste o no legitimación a quienes han asumido la calidad de partes en este juicio.

En lo que aquí interesa, la codemandada “Manos a la obra” cuestiona que tal legitimación asista a la codemandante Más de Álvarez, cuestionamiento que funda en el hecho de que esta última no celebró el contrato cuyo defectuoso cumplimiento se le atribuyó, ni demostró tener sobre el inmueble de referencia interés alguno que justifique esa legitimación.

A mi juicio, la defensa fue correctamente desestimada por el juez de grado, sin que los fundamentos expuestos a este efecto hayan sido adecuadamente rebatidos por esa recurrente.

Encuentro que la solución asignada a este diferendo por el sentenciante es razonable a luz de las reglas de la sana crítica y de la experiencia judicial, en tanto pautas idóneas para la resolución de los conflictos que, adoptadas por pacífica jurisprudencia, han sido elevadas hoy al rango de derecho positivo según resulta de lo dispuesto del art. 1019 del CCyC.

Desde tal perspectiva, es hecho notorio -según notoriedad que, por ser tal, me dispensa de la necesidad de citar prueba adicional- que, no hallándose controvertido que la citada coactora es cónyuge del restante coactor, debe tenerse también por cierto que ella tiene interés en este pleito susceptible de otorgarle la legitimación que se ha atribuido, desde que, a falta de prueba en contrario, cabe admitir que esa vivienda es usada por ambos, o, por lo menos, que ambos están llamados a obtener de tal bien un similar provecho.

En tales condiciones, y siendo que no existe en el memorial ningún argumento destinado a revertir el criterio del sentenciante según el cual, aún sin haber sido parte en la relación de consumo que dio origen al pleito, esa coactora utilizó los servicios contratados como destinataria final, es mi convicción que la legitimación cuestionada debe tenerse por acreditada.

Reitero que, por no haber sido cuestionado, quedó firme el encuadre de esa demandante dentro del supuesto previsto en el segundo párrafo del art. 1092 del CCyC según el cual “… queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final…”.

Comprobado, entonces, que el inmueble refaccionado se corresponde con la vivienda del cónyuge de la Sra. Más de Álvarez, debe tenerse también por acreditado -aplicando al efecto las señaladas pautas que deben guiar el razonamiento judicial en la apreciación de las circunstancias del caso- con el inmueble en cuestión y resolver del modo anticipado.

Es más: aun cuando por hipótesis se admitiera que la cuestión es dudosa, precisamente por eso, no podría serlo la solución, por cuanto esta hipótesis -la de que existan dudas acerca de cómo resolver una situación- no fue ignorada por el legislador, quien, en cambio, se ocupó expresamente de ella mandando al juez interpretar esa duda a favor del consumidor (arts. 3 y 37 L.D.C.y art. 1095 del CCyC).

Obvio es que esta conclusión conlleva como presupuesto lógico que el contrato de que se trate se encuentre alcanzado por las normas de esta última ley.

Pero, siendo que así lo decidió el a quo sin que tal aspecto de la decisión haya tampoco merecido cuestionamiento relevante alguno, esa es mi conclusión.

2. Así las cosas, paso a ocuparme del agravio que la misma codemandada recién nombrada ha articulado en contra de la decisión del señor juez de grado que rechazó la prescripción opuesta por su parte.

Como quedó dicho más arriba, la recurrente sostiene que el plazo que preveía el art. 1646 del derogado código civil fue incorrectamente aplicado al caso, pues, por las razones que expresa, la cuestión debe ser resuelta a la luz de lo que disponía el art. 1646 bis de ese mismo código.

3. A mi juicio, el agravio carece de consistencia.

Así lo juzgo pues, cualquiera que sea la naturaleza que se atribuya a la obra llevada a cabo en la vivienda de los actores -y, por ende, cualquiera que sea, de entre esas dos, la norma que se considere correcta-, la solución habría de ser la misma, toda vez que, encuadradas las relaciones de las partes dentro del marco del derecho del consumo, las reglas previstas para la regulación de tal derecho desplazan a toda otra normativa que se le oponga.

El contenido del contrato, entonces, pasa a un segundo plano, pudiendo afirmarse como principio que, cualquiera que éste sea, si hay relación de consumo, todo lo vinculado a ella debe ser resuelto en función de las aludidas normas consumeristas que, por ser de orden público (art. 65 ley citada), tienen la aludida eficacia jurídica que les permite prevalecer.

Ha sido dicho, en ese mismo sentido, que la referencia a “contratos de consumo” no evoca ningún tipo contractual determinado, sino que, por el contrario, alude “…a una categoría que atraviesa de manera transversal prácticamente todo el universo de los contratos…”, resultando incalculable la cantidad de acuerdos que pueden revestir o no tal carácter, según se configuren o no los presupuestos que tornen aplicable el estatuto que me ocupa (Lorenzetti Ricardo Luis, Consumidores, 2da. edición actualizada, año 2009, p. 275, RubinzalCulzoni).

En tal marco, y siendo que el presente caso debe considerarse regido por las normas que rigen el aludido derecho consumerista, forzoso es concluir que la prescripción de marras debe ser juzgada a la luz del art. 50 de la ley 24.240, que regía al tiempo de los hechos, por lo que, dado que la apelante no ha rebatido las fechas utilizadas por el sentenciante para computar la prescripción así estimada, se impone confirmar la sentencia en este punto.

4. Sentado ello, corresponde que me ocupe de tratar los agravios que ambas partes han levantado en contra de la cuestión de fondo.

Las dos se han agraviado de los rubros que el señor juez de primera instancia incluyó o desestimó -respectivamente- como integrantes de la condena.

En lo que respecta al agravio moral, vale recordar que, como tiene dicho esta Sala, tal agravio importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, “Gonzalez Arrascaeta, María c/ ScotiaBank Quilmes S.A.”, 19.3.10; id., “Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.” , 4.6.10; id., “Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.”, 20.12.10; entre muchos otros).

Ha sostenido también que, para que resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que el daño moral puede tenerse por comprobado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio haya generado un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. I, p. 331; CNCom, Sala A, “Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario”, del 19.05.08; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ ordinario”, del 10.07.07, entre otros).

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 1744 del nuevo Código Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos.

Ello sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos vividos por los actores ante el incumplimiento denunciado autorizan a presumir que éste generó en ellos el daño que me ocupa (esta Sala, “Fuks Julio Sergio y otros c/ Madero Catering S.A. y otro s/ ordinario” , 27/10/15; “Pérez Gustavo Adrián c/ Banco Comafi S.A. Fiduciario Financiero s/ ordinario” 25/3/2013; “Body, Osvaldo Pedro c/ Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario” , 25/10/2012).

En rigor, la procedencia de este rubro en sí mismo ha quedado firme, pues los agravios de las partes sólo conciernen a su monto, que la demandada cuestiona por elevado y los actores por considerarlo bajo.

A mi juicio, ponderada la cuestión a la luz de los parámetros recién señalados, debe reconocerse razón a estos últimos.

Nótese que los nombrados no sólo sufrieron frente a la expectativa cierta de perder un valor que para ellos era económicamente importante, sino que ese padecimiento fue seguido de la incertidumbre propia de todo juicio, al que tuvieron que someterse frente a la reticencia de las demandadas a hacer frente a la indemnización reclamada.

A mi juicio, esa frustración y esa incertidumbre, producidas en el marco de un comportamiento de sus adversarias que cabe suponer idóneo para generar impotencia y desazón, autorizan a resolver del modo adelantado, máxime en atención a las particularidades que presenta la cuestión.

Nótese que ese comportamiento no sólo tuvo eficacia para frustrar en los actores la feliz expectativa implícita en la remodelación del lugar en el que vivían, sino que, además, los obligó a soportar todo lo contrario de aquello que habían querido, viendo el deterioro de su inmueble, conviviendo entre los cerámicos que se desprendían de las paredes y en situación que se mantuvo por años, con el consiguiente agobio que esa situación cotidiana debe haberles causado.

Es decir: tras haber transitado los inconvenientes e incomodidades propias de toda obra realizada en el lugar donde uno vive, los actores no alcanzaron el fin que había justificado su decisión de transitar ese camino, sino que, como dije, les ocurrió todo lo contrario, encontrándose con que, pese a haber acudido a estos efectos a empresas que se promocionan a sí mismas resaltando la importancia de la estética y la perfección en las obras de esta especie, ellos fueron puestos por éstas en una situación diametralmente opuesta, cual es la de tener que convivir todos los días con el deterioro progresivo de su residencia.

Esto me lleva a proponer a mi distinguido colega no sólo la recepción del agravio de los nombrados vinculado con el daño moral -que se elevará a la suma requerida, esto es, de $40.000 para cada coactor-, sino a hacer lo propio con el daño punitivo.

Me parece realmente grave que sociedades de la magnitud de las demandadas -incluyendo a “Blaisten”, por lo que más adelante diré- puedan incumplir sus obligaciones y permanecer indiferentes frente al daño que provocan en la misma calidad de la vida de quienes confiaron en ellas sus frustradas expectativas.

Esas empresas -reitero- se han fundado, crecido y desarrollado, precisamente, sobre la base de promover la excelencia en la construcción y mejoramiento inmobiliario, pese a lo cual, tras comprobar que sus clientes quedaban expuestos a tener que soportar varios años de sus vidas en condiciones que, al menos para esas demandadas, serían indignas, los abandonaron a su suerte, obligándolos a promover este juicio a efectos de que su derecho fuera reconocido.

Así las cosas, es mi parecer que el incumplimiento verificado en autos, no es un incumplimiento más, sino que, por las consecuencias que él habría de aparejar -que no pudieron pasar desapercibidas para las nombradas- importó implícitamente la comisión de una grave inconducta, susceptible de permitirme encuadrar el obrar que les fue reprochado dentro de la fisonomía que requieren los actos susceptibles de ser sancionados por vía del llamado “daño punitivo”.

La doctrina ha destacado -según criterio que comparto- el carácter excepcional de la figura, acotando su procedencia a los casos de que exhiben particular gravedad (cfr. Stiglitz, Rubén S., Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009-B, 949; Nallar, F. “Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los declara procedentes”, LL 2009-D, 96, entre otros.).

Pero, más allá de que esa gravedad se presenta notoria en este caso, lo cierto es que ese aspecto no debe ir en desmedro de otra función que también cumple el instituto, cual es la de desalentar a los proveedores a incurrir en conductas disvaliosas que, como la que se verificó en autos, sean de por sí susceptibles de incidir en la calidad de vida de los consumidores, o en su integridad y dignidad.

La condena “extra” que su aplicación habilita no sólo persigue resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, quitándole a estas inconductas todo resabio de rédito económico, y generando un efecto ejemplarizador que prevenga su reiteración (CNCom., Sala D, “Castañón Alfredo José c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario” del 9/04/12).

Por lo expuesto, y si mi distinguido colega compartiera mi criterio, corresponderá hacer lugar al recurso articulado por los actores y rechazar el deducido por “Manos a la Obra”, reconociendo a cada uno de los primeros el derecho a cobrar la suma de $40.000 en concepto de daño moral -sumas sobre las que se calcularán los intereses previstos en la sentencia apelada-, más el importe que ellos mismos han requerido en concepto de daño punitivo, que será fijado en el 25% del monto total de la condena, computando también los aludidos réditos.

5. Igual suerte favorable a los demandantes deben correr los demás agravios que ellos han articulado.

En lo que respecta al monto de la condena, es del caso destacar que su estimación no puede prescindir de las pautas que al efecto trae el art. 10 bis de la ley 24.240, del que resulta un padrón medular según el cual el incumplimiento de la obligación por el proveedor debe colocar al consumidor, como mínimo, en condiciones de obtener otro producto o prestación de servicio equivalente, que es a lo que apunta el agravio vinculado con el asunto que ahora trato.

De esto se deriva que no existe razón para que las demandadas no paguen los honorarios de los arquitectos que los actores quieren volver a contratar -y que contrataron en su oportunidad- a efectos de realizar nuevamente la obra arruinada, honorarios cuya estimación fue efectuada en el 20% del gasto, que se estima razonable.

Ni encuentro fundado negar a los demandantes el derecho a obtener una suma que les permita acceder efectivamente a la prestación que no obtuvieron, propósito que sólo puede lograrse si, tal como ellos sostienen, se les reconoce el capital suficiente a estos efectos.

Encuentro, por ende, que la deuda no puede ser tratada como una simple obligación dineraria no susceptible de reajuste, sino que, en tanto enderezada a ese fin -permitir que los nombrados accedan efectivamente al bien que contrataron-, debe ella ser tratada como una obligación de valor, lo cual me lleva a aceptar su pretensión de que el referido capital sea fijado en la suma de $75.500 y que ésta se actualice desde la fecha de presentación del peritaje -esto es 21/08/2013- de conformidad con el índice que refleja las variaciones de precios en los materiales de construcción, con límite en el valor real de la prestación de marras al momento de su liquidación, más un interés puro del 6% anual desde la mora fijada en la sentencia apelada.

6. Como se infiere de cuanto vengo diciendo, estimo también procedente el agravio vinculado con la extensión de la condena a Blaisten S.A.

A mi juicio, la vinculación que los actores le atribuyeron con “Manos a la Obra” debe tenerse por acreditada.

Primero, porque, aceptado que los demandantes compraron los materiales que utilizaron en “Blaisten”, puede presumirse la verdad de cuanto fue afirmado en la demanda en el sentido de que ellos acudieron a “Manos a la Obra” por indicación de la vendedora.

Segundo, porque así lo reconoció ésta última en su absolución de posiciones al negarse a responder la tercera posición según la cual se le requería que informara si su parte se promocionaba como “…somos la empresa constructora de BLAISTEN…” (art. 417 del código procesal).

Y, tercero, porque de la página web de la nombrada “Manos a la Obra” surge que “Arquitrabe” -nombre de fantasía utilizado por ésta según reconoció a fs. 393 vta.- se autoproclama como “…única empresa constructora para los clientes de Blaisten, con una trayectoria intachable y la ejecución de más de mil obras terminadas…”.

En tales condiciones, y siendo que no puede suponerse que esa publicidad haya sido tolerada por “Blaisten” si no se hubiera correspondido con la realidad de los hechos, encuentro razonable concluir que, si ésta pretendía ser tratada como un sujeto totalmente ajeno a la restante codemandada, sobre su parte pesaba la carga de traer al juicio los elementos que le permitieran acreditar tal ajenidad (art. 53 de la ley 24.240), lo que no ha hecho.

Forzoso es concluir, entonces, que asiste razón a los actores en cuanto a que la condena debe ser extendida a “Blaisten” en los términos del art. 40 de la ley que vengo citando.

Lo que busca esa norma es responsabilizar a todos aquellos que han creado, cuanto menos, la apariencia jurídica de su intervención en la creación de la cosa viciada o que han tenido alguna posibilidad de identificar al dañador real (Lorenzetti Ricardo, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 536 y ss.).

Frente al consumidor, entonces, no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a él por el solo hecho de haber tenido esa intervención, sabiendo o debiendo saber que en algún eslabón podía producirse una actuación generadora de perjuicios (esta Sala, “Martinez Juana Elvira c/ Banco Comafi Fiduciario Financiera y otro s/ Ordinario”, del 13.5.14).

De tal modo, y siendo que esa obligación de responder no es de origen contractual sino legal, forzoso es concluir que el hecho de que la nombrada “Blaisten” no haya sido parte en el contrato que dio origen a este juicio es aspecto irrelevante a estos efectos, como también lo es que ella no haya sido la autora material de los defectos que se invocaron en sustento de la acción, dado que, en su caso, esto último sólo la autorizaría a promover las acciones de repetición que el mismo art. 40 de la ley citada contempla, pero no a repeler una pretensión que, fundada en su responsabilidad objetiva, prescinde de la necesidad de acreditar todo factor de atribución (esta Sala, “Martínez Juana Elvira c/ Banco Comafi Fiduciario Financiera y otro s/ Ordinario”, del 13.5.14).

7. Finalmente, encuentro también procedente el agravio de los demandantes vinculado con las costas que les fueron impuestas por el rechazo de la demanda intentada en contra Cerámicos San Lorenzo S.A. y Parex-Klaukol S.A.

Como es claro, la promoción de la acción en contra de las nombradas no fue infundada, sino exigida por razón de las circunstancias.

Antes de este juicio, los demandantes ignoraban cuál de esos sujetos había sido el responsable material de los daños que habían sufrido.

No se sabía, por entonces, si esos daños habían sido consecuencia de vicios en los cerámicos utilizados, en el pegamento, o consecuencia de un error en su colocación.

Fue necesario, como dije, contar con la prueba que se produjo en este juicio a efectos de dilucidar el punto, lo cual me convence de que las costas derivadas de la aludida intervención de las nombradas deben ser distribuidas en el orden causado.

No ignoro que, probada la “ajenidad” de aquélla, esta solución les impondrá, no obstante, cargar con los gastos de su defensa.

Pero encuentro razonable, en situaciones como la que se verifica en autos, aceptar esa solución en el entendimiento de que, aun así, los sujetos involucrados siguen integrando una cadena de comercialización que presupone, de su parte, la asunción del riesgo de ser demandados y tener que probar en el marco de un juicio -que habrá de presentarse como necesario- el carácter ajeno que el mismo artículo recién citado acepta como causa suficiente para que ellos sean eximidos de la responsabilidad que en él se establece.

III. La conclusión.

Por lo expuesto propongo al Acuerdo: a) rechazar el recurso deducido por Manos a la Obra SRL; b) hacer lugar a la apelación deducida por los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en los términos que surgen de los párrafos precedentes; c) imponer las costas de ambas instancias a cargo de Blaisten S.A. y de Manos a la Obra S.R.L., en lo que respecta a la intervención de éstas (art. 68 del código procesal), y d) distribuir en el orden causado las costas generadas por la actuación de Cerámica San Lorenzo S.A. y de Parex-Klaukol S.A.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. 637/644 del libro de acuerdos N° 57 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve a) rechazar el recurso deducido por Manos a la Obra SRL; b) hacer lugar a la apelación deducida por los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en los términos que surgen de los párrafos precedentes; c) imponer las costas de ambas instancias a cargo de Blaisten S.A. y de Manos a la Obra S.R.L., en lo que respecta a la intervención de éstas (art. 68 del código procesal), y d) distribuir en el orden causado las costas generadas por la actuación de Cerámica San Lorenzo S.A. y de Parex-Klaukol S.A.

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario