ART debe indemnizar hasta el límite de la cobertura al trabajador que sufrió golpes ante la caída de piedras que se encontraban en una pared

Partes: Godoy Sergio A. c/ Bahuen Ingeniería y gestión S. A. y otro s/ cobro de pesos laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 10-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102990-AR | MJJ102990 | MJJ102990

Sumario:1.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación opuesto por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y declarar no responsable en forma solidaria con la empleadora por la indemnización integral reclamada, toda vez que, la ley de riesgos del trabajo crea la obligación de las aseguradoras a cubrir las indemnizaciones sistémicas, pero aún cuando la víctima, habiendo cobrado dichos rubros, está habilitada a perseguir la indemnización integral en el marco de los Arts. 1109 y 1113 del CCiv. no lo puede hacer contra la aseguradora de riesgos del trabajo, sino contra su empleador desde que las A.R.T. responden hasta el límite de la cobertura.

2.-Una pared podrá no ser una cosa riesgosa considerada en sí misma, pero si esa pared contiene piedras que por su tamaño y peso pueden caer y golpear el cuerpo del trabajador, se convierten en agentes idóneas para provocar daño y atento a que la A.R.T. atendió la cobertura del siniestro denunciado e incluso abonó las prestaciones sistémicas tendientes a su reparación, no resulta razonable que se le exija al trabajador demostrar las circunstancias en que ocurrió el mismo; en todo caso deben presumirse verdaderas por cuanto ninguno de los interesados lo cuestionó oportunamente.

3.-Acreditada por vía de presunción (no desvirtuada), las circunstancias del accidente de trabajo denunciado, debe considerarse a la pared en cuestión como aptitud suficiente para ser considerada fuente de riesgo, por la presencia de una piedra en un lugar que, por su tamaño, peso y ubicación, podría provocar el accidente si es que caía y golpeaba al trabajador, que fue lo que en definitiva sucedió. Concluye entonces que la dolencia que padece el actor en su hombro derecho es secuela del siniestro que generó el presente pleito.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte codemandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 353 Año 2015 – GODOY, Sergio Adrián c/ “BAHUEN INGENIERIA Y GESTION S.A.” y “PREVENCION A.R.T. S.A.” S/ Cobro de pesos – Laboral”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

No habiendo sido sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

El Juez de Primera Instancia en lo Laboral de esta ciudad de Rafaela, resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda, y condenar a Bahuen Ingeniería y Gestión y Prevención A.R.T. S.A. en forma solidaria a abonar al actor en el plazo de 10 días los siguientes rubros y por los montos que en cada caso se consigna:(i) indemnización por incapacidad sobreviniente, lo que incluye el lucro cesante, la suma de $ 125.817,12 de los cuales deduce la suma de $ 58.000 que ya fuera abonada por la A.R.T. en otra causa, por lo que queda por este concepto un saldo de $ 67.817,12; (ii) indemnización por daño moral la suma de $ 30.000. A los rubros de condena le adiciona intereses a una tasa del 22% desde el 26/04/2.010 y hasta el 31/05/2.014, a la tasa activa utilizada por el B.N.A. para operaciones de descuento de documentos desde el 01/06/2.014 hasta el 31/12/2.014 y a la tasa del 30% anual desde el 01/01/2.015 hasta el efectivo pago. Rechaza el pedido de indemnización por pérdida de chance. Impone las costas en un 70% a Bahuen Ingeniería y Gestión S.A. y Prevención A.R.T. S.A., en forma solidaria y el 30% restante al actor. Difiere la regulación de honorarios (fs. 213 a 226).

Para fundar su decisión comienza narrando el accidente que considera ha sido probado por el actor, el día 26/04/2.010 aproximadamente a las 10 cuando estaba pintando una pared con piedras y éstas se desprendieron impactando en su cuerpo. Ello le provocó un grave traumatismo en el hombro derecho.

Continúa diciendo que la A.R.T. reconoció haber recibido la denuncia, pero niega las circunstancias denunciadas, aunque luego acepta haber dado cobertura ante la denuncia y que finalmente se acordó con el trabajador el pago de indemnizaciones tendientes a cubrir su responsabilidad.

A continuación dice que al haberse producido un accidente de trabajo y haberse abonado una indemnización por incapacidad, se trata del supuesto fáctico que activa el mecanismo previsto por el legislador en la Ley 24.557.

Cita jurisprudencia de esta Cámara que ha dicho que la prestación por parte de la A.R.T.por un tiempo determinado implica el reconocimiento de la existencia del accidente, y que en el caso en estudio se llegó a determinarse vía Comisión Médica que el actor ostentaba un 18,33% de incapacidad parcial, permanente y definitiva por la cual la A.R.T. pagó la suma de $ 32.994, imputable a prestaciones dinerarias previstas por la Ley 24.557 conforme la incapacidad referida.

Afirma que en tal contexto era carga de la empleadora demandada demostrar la inexistencia del accidente denunciado por el actor.

Luego trata la inconstitucionalidad planteada por la parte actora, de los Arts. 46 inc. 1 de la L.R.T. y decreto 717/96, Art. 39 incs. 1 y 2 de la L.R.T., receptando el planteo en base a la jurisprudencia de la C.S.J.N. (casos “Aquino”, “Castillo”, “Milone”, “Aróstegui”, “Suárez Guimbard”, “Lucca de Hoz”).

Continúa luego refiriéndose al acuerdo celebrado entre el trabajador y la A.R.T. en los autos caratulados “Expte. 146/2.011 – Godoy, Sergio Adrián c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ Accidente Laboral”, y señala que mientras las demandadas le otorgan efecto cancelatorio al pago efectuado por la A.R.T., el actor sostiene que solo se imputó a las prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T. y en este caso reclama reparación integral conforme pautas de la responsabilidad civil. Asegura que le asiste razón a la parte actora, ya que de la lectura del convenio dice que surge en forma indubitable que lo transado versó sobre las prestaciones previstas en la Ley 24.557, la que establece a la A.R.T. como deudor originario y al empleador solo por prestaciones menores. Citando jurisprudencia de la Corte, asegura que nada impide que la víctima de un accidente laboral luego de percibir la indemnización a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, pretenda obtener la reparación por parte del empleador por la vía ordinaria. Y, agrega que en relación a la A.R.T.demandada, el convenio no refiere a otro tipo de prestaciones o indemnizaciones, por lo que el ámbito se circunscribe a considerar tranzadas únicamente las sistémicas, quedando habilitado el actor para accionar civilmente contra la A.R.T.

Analizando los presupuestos de responsabilidad, dice que habiéndose determinado la ocurrencia del accidente que sufrió el actor en su lugar de trabajo, considera acreditado el primer presupuesto que refiere al daño injustamente sufrido.

En cuanto a los factores de imputación, señala que solo resulta imputable a la empresa empleadora en su condición de guardián por ser la que dirigía las actividades, no así a la A.R.T. que solo podría responder por culpa, en este caso por una supuesta omisión en el cumplimiento de los deberes legales.

Expresa que una pared podrá no ser una cosa riesgosa considerada en sí misma, pero si esa pared contiene piedras que por su tamaño y peso pueden caer y golpear el cuerpo del trabajador, se convierten en agentes idóneas para provocar daño. Agrega que en este caso, y atento a que la A.R.T. atendió la cobertura del siniestro denunciado e incluso abonó las prestaciones sistémicas tendientes a su reparación, no resulta razonable que se le exija al trabajador demostrar las circunstancias en que ocurrió el mismo; en todo caso deben presumirse verdaderas por cuanto ninguno de los interesados lo cuestionó oportunamente.

Entiende que la pared en cuestión se ha vuelto una cosa peligrosa por presentar un vicio o riesgo estructural, se convierte en un factor de imputación objetivo. Indica que la empleadora no acreditó haber brindado al trabajador elementos de seguridad. Y agrega que además denota una conducta negligente por parte de la empresa al no haber removido en forma previa a la realización de las tareas de pintura, la fuente de peligro de la pared asignada.

En cuanto a la A.R.T.asegura que por más que diga que realizó las inspecciones de control, lo cierto es que no acreditó dicho extremo, lo que pudo concretar con la mera exposición de la documental pertinente.

Pasa luego a examinar la relación de causalidad, recordando que el nexo debe fijarse en el tipo de causa adecuada. Cita jurisprudencia, y luego agrega que estando acreditada por vía de presunción (no desvirtuada), las circunstancias del accidente de trabajo denunciado, debe considerarse a la pared en cuestión como aptitud suficiente para ser considerada fuente de riesgo, por la presencia de una piedra en un lugar que, por su tamaño, peso y ubicación, podría provocar el accidente si es que caía y golpeaba al trabajador, que fue lo que en definitiva sucedió.

Concluye entonces que la dolencia que padece el actor en su hombro derecho es secuela del siniestro que generó el presente pleito.

A continuación detalla las indemnizaciones que por los distintos daños que considera acreditados corresponde reconocer y los montos en cada caso, con más los intereses que tengo dicho ut-supra.

Contra dicho fallo se alza “Prevención A.R.T. S.A.” interponiendo recurso de apelación y nulidad en forma total (fs. 232), el que es concedido a fs. 233.

Ya radicados ante esta Cámara los presentes autos, la parte recurrente expresa agravios a fs. 245 a 249.

En dicho escrito dice agraviarse porque en el fallo en crisis no se hizo lugar a la excepción de pago interpuesta por la A.R.T., aún cuando surge del acuerdo y ratificación (fs. 87/89) que la recurrente ha cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales correspondientes al infortunio del 26/04/10, otorgándole al actor la totalidad de las prestaciones en especies y dinerarias que fueron menester, indemnizar dentro de los término de la Ley 24.557, según la incapacidad otorgada por la Comisión Médica del 18,33% y bajo el sistema de tarifación por la suma de $ 32.994.Agrega que se firmó un acuerdo conciliatorio con el actor, y mediante el cual Prevención A.R.T. quedó liberada de toda responsabilidad respecto del infortunio, abonándole al actor la suma total de $ 26.000. Resalta que si se considera que de acuerdo al cálculo de indemnización tarifada y frente a una incapacidad del 18,33% se efectivizó el total de la indemnización a Godoy ($ 32.994), resulta entonces errada la conclusión a la cual arriba el Sentenciante al entender que la restante suma igualmente se abonó como parte de una indemnización sistémica que ya había sido cancelada.

Se agravia además porque el A-quo haya considerado responsable a su parte, citando como factores de atribuci ón la omisión de control de la implementación de los mecanismos de higiene y seguridad en el trabajo, ya que en este particular aspecto no puede ser responsabilizada en los términos de su acción -indemnización plena- si ello es lo que se persigue, no pudiendo traerse en sustento de este tipo de acción los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales vinculados con la aplicación del Art. 1.113 del C.C. y la teoría del riesgo de la cosa o pretende que se presenta responsabilidad en virtud a las disposiciones de los Arts. 1.109 y 1.113 del C.C., (porque si bien no se cuestiona la incapacidad y que la misma se atribuya a las tareas dependientes, de ello no surge la obligación de la aseguradora de reparar más allá de lo límites y mecanismos de la Ley 24.557).

Cita jurisprudencia de la C.S.J.N.: “Torrillo” y “Rivero”, en apoyo de su postulación.

Reitera en varias oportunidades que su parte cumplió con las obligaciones que le impone la L.R.T., y que nunca se apartó del régimen por la misma creado cumpliendo en forma cabal las imposiciones del mismo.Agrega que no puede extenderse la responsabilidad del empleador en forma solidaria con su parte, sino hasta el límite de la cobertura.

Remata afirmando que la aseguradora solo puede resultar alcanzada por la condena dentro de los límites de la cobertura (indemnización que ya fue efectuada), siendo a cargo de la empleadora el pago de cualquier suma que resulte superior al cálculo tarifado. Y agrega que su parte tampoco puede ser responsable por el vicio o riesgo de la cosa, o sea el riesgo creado o riesgo de la empresa, el que en todo caso solo puede ser planteado respecto de la firma empleadora.

A continuación se agravia por el cálculo que realiza el Sentenciante a fs. 225 y 225 vto., al aplicar el sistema de la renta bruta atenuada, señalando que el error consiste en no deducir el porcentaje de atenuación, a lo que deducida la suma de $ 58.994 abonado por la A.R.T. da un saldo de $ 41.659,70 Por último se agravia por la aplicación de intereses, ya sea por la fecha desde la cual se aplica (del siniestro, sosteniendo que no debe ser desde la sentencia sino desde la mora) y sobre la suma de $ 30.000 conferido como concepto de daño moral. También se agravia por las tasas de interés que se disponen.

Finalmente solicita se haga lugar al recurso interpuesto.

A fs. 252, la empleadora presenta un escrito expresando que no es contraparte de la A.R.T., por lo que no corresponde conteste los agravios.

A fs. 255 a 256 vto. la parte actora responde los agravios de la A.R.T. oponiéndose a su procedencia.

Ingreso al tratamiento del recurso.

De la lectura de los agravios surge que el primer tema a analizar es la responsabilidad solidaria dispuesta en el fallo en crisis, entre la empleadora y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

De las actuaciones surge que la A.R.T. recepcionó la denuncia formulada por Godoy y abonó un total de $ 58.994, según lo establece la L.R.T.y acorde con la incapacidad que determinó la Comisión Médica del 18,33 %.

En autos, la pericial médica realizada al actor arrojó una incapacidad del 20,68% parcial, permanente y definitiva, y en base a dicho guarismo, el A-quo realizó los cálculos para obtener los montos indemnizatorios.

Le asiste parte de razón a la recurrente. La L.R.T. crea la obligación de estas aseguradoras a cubrir las indemnizaciones sistémicas, pero aún cuando la víctima, habiendo cobrado dichos rubros, está habilitada a perseguir la indemnización integral en el marco de los Arts. 1.109 y 1.113 del C.C. (cuestión ya expuesta ut-supra y a la que me remito en honor a la brevedad), no lo puede hacer contra aquellas, sino contra su empleador/a. Las A.R.T. responden hasta el límite de la cobertura.

Pero, el porcentaje que considero debe tomarse como base para la indemnización sistémica no es el determinado por la Comisión Médica, sino por la pericial realizada en sede judicial, con posibilidad de contralor de todas las partes. Por ello, es que considero que la A.R.T. en concepto de indemnización sistémica debe abonar la diferencia que corresponda al 2,35% de incapacidad (20,68 – 18,33). Al monto resultante corresponderá aplicar intereses, cuyas tasas detallaré más adelante. Así las cosas, considero que no corresponde modificar el rechazo de la excepción de pago, porque lo abonado no puede ser considerado a saldo, en virtud de lo expresado en el presente párrafo.

En cuanto al cálculo de la indemnización, es real que el mismo registra dos errores: al deducir la suma pagada por la A.R.T. y al omitir restar el porcentaje de atenuación.Además, siendo que, según lo tengo dicho, debe variar el monto a abonar por la aseguradora a Godoy, es imprescindible volver a realizar el cálculo con los nuevos valores.

En cuanto a los intereses, entiendo que los mismos deben abonarse desde la fecha del siniestro -26/04/2.010- a las siguientes tasas: del veintidós por ciento anual (22%) hasta el 30.06.2015; desde el 01.07.2015 y hasta el 31/10/2.016, el equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que establece el Banco de la Nación Argentina. Y teniendo en cuenta la actual situación económica del país, luce razonable fijar el 30% anual, a partir del 01/11/2.016 hasta el efectivo pago.

Así votaré.

A la segunda cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión la Dra. Beatriz A. Abele dijo: Que en virtud del estudio realizado a la segunda cuestión, sugiere a sus colegas, se dicte la siguiente sentencia:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación opuesto la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y declarar no responsable en forma solidaria con la empleadora por la indemnización integral reclamada en la presente acción. 2) Ordenar a la A.R.T. abonar la indemnización sistémica por la diferencia de incapacidad parcial, permanente y definitiva del 2.35%. 3) A las sumas de condena se les aplicará un interés según las siguientes tasas y fecha:desde el día del siniestro -26/04/2.010- el veintidós por ciento anual (22%) hasta el 30.06.2015; desde el 01.07.2015 y hasta el 31/10/2.016 el equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que establece el Banco de la Nación Argentina, a partir del 01/11/2.016 y hasta el efectivo pago el 30% anual. 4) Confirmar el resto de la sentencia elevada. 5) Imponer las costas por su orden. 6) Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación opuesto la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y declarar no responsable en forma solidaria con la empleadora por la indemnización integral reclamada en la presente acción. 2) Ordenar a la A.R.T. abonar la indemnización sistémica por la diferencia de incapacidad parcial, permanente y definitiva del 2.35%. 3)

A las sumas de condena se les aplicará un interés según las siguientes tasas y fecha: desde el día del siniestro -26/04/2.010- el veintidós por ciento anual (22%) hasta el 30.06.2015; desde el 01.07.2015 y hasta el 31/10/2.016 el equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que establece el Banco de la Nación Argentina, a partir del 01/11/2.016 y hasta el efectivo pago el 30% anual. 4)

Confirmar el resto de la sentencia elevada. 5) Imponer las costas por su orden. 6) Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario