Responsabilidad del banco por el robo del contenido de una caja de seguridad

Partes: Rytwo de Rozanski Cyrel c/ Banco Patagonia Sudameris S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 13-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102946-AR | MJJ102946 | MJJ102946

Sumario:
1.-Corresponde establecer, cuál es el régimen probatorio al que se halla sometido el cliente de la institución bancaria para demostrar cuál era el contenido de su caja de seguridad al momento del ilícito. Ello así, puesto que, como es sabido, los bancos no llevan registro de los valores que los titulares de este tipo de cofres ingresan dentro de estos últimos, circunstancia que se halla sustentada justamente en las características del servicio, una de cuyas aristas esenciales es precisamente la confidencialidad de ese contenido, el cual sólo es conocido por el o los titular/es de ese espacio, siendo éste ignorado incluso por el propio banco. Importante es esta temática también, porque, si bien el banco debe responder por estos hechos, ello es así sólo en tanto y en cuanto se demuestre la existencia y entidad de los valores sustraídos de la caja de seguridad.

2.-A los fines de dterminar el contenido de la caja de seguridad al momento del robo, debe partirse a estos efectos de la regla general en esta materia, consagrada por nuestra ley adjetiva en el art. 377 del CPCCN., según la cual es la parte que alega el hecho quien tiene la carga de acreditarlo. Es por ende, en principio, el cliente quien tiene el deber de demostrar los valores que se encontraban en el cofre al momento del hecho. El problema para este último aparece porque -por la confidencialidad- el banco no controla ni conoce dicho contenido, lo que acarrea importantes dificultades prácticas, siendo cuando no imposible, cuanto menos de muy difícil comprobación ese contenido por parte de aquél.

3.-La jurisprudencia ha resuelto que no cabe exigir al usuario la prueba exacta, directa, rigurosa e inequívoca de los objetos depositados en la caja de seguridad, siendo suficiente, por ende, el aporte de una prueba meramente indiciaria para demostrarlo. Ello, por la ya antes apuntadas circunstancia, de que uno de los aspectos esenciales del referido contrato consiste en habilitar su guarda sin que queden rastros de ella hacia el exterior.

4.-Nuestros tribunales han otorgado pleno valor probatorio a las presunciones -como las derivadas de la posición económica de la parte actora, la actividad empresaria realizada, el hecho de aparecer en eventos sociales luciendo las joyas supuestamente robadas con ulterioridad, la concordancia entre los objetos denunciados en sede penal y los mencionados en la demanda civil, las declaraciones juradas prestadas a los fines impositivos, entre otras-, las cuales deben ser apreciadas con parámetros de amplitud y prudencia por el juzgador, teniendo especialmente en cuenta que el depositario no controla ni la introducción ni la extracción de efectos personales de las cajas de seguridad, actividades que normalmente se realizan -conforme ya se dijera- en el más absoluto secreto, con la mayor reserva y discreción.

5.-En materia de prueba del contenido de la caja de seguridad robada, se ha optado por la admisibilidad de las denominadas pruebas compuestas , consistente en la combinación de pruebas simples imperfectas (indicios) que, consideradas aisladamente, no hacen prueba por sí solas, pero que, consideradas en conjunto, llevan a un grado de convencimiento mínimo, suficiente para tener por acreditado el contenido atribuido a la caja de seguridad.

6.-Delimitadas las reglas a las que debe atenerse el juzgador en lo que concierne a este tipo de pleitos, la cuestión a analizar pasa a ser entonces si puede considerarse debidamente acreditado en autos la existencia del dinero y joyas denunciadas por la parte actora como depositadas en la caja de seguridad al momento del robo.

7.-La valoración de la prueba testimonial, por virtud del tipo de contratación que caracteriza al alquiler de cajas de seguridad, debe efectuarse considerando que por la índole de los hechos, quienes tomaron directa o indirectamente conocimiento de ellos, deben ser personas con relación y frecuencia de trato suficientes para conocer su patrimonio.

8.-Las presunciones juegan a favor del accionante en un doble sentido: en primer lugar se debe presumir que la caja no estaba vacía, pues ha sido requerida onerosamente por el cliente del banco para guardar objetos que deseaba mantener en secreto y custodia contra actos de terceros y en segundo lugar, también debe presumirse que esos objetos debían ser de valor económico y afectivo por esa misma razón. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “RYTWO DE ROZANSKI CYREL C/BANCO PATAGONIA SUDAMERIS SA S/ORDINARIO” (Expediente Nro. 24195/2003) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 444/462?

El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

I. Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

a) Cyrel Rytwo de Rozanski, por derecho propio, promovió demanda contra Banco Mercantil Argentino S.A., Banco Sudameris S.A. y Mapfre Grupo Asegurador S.A. por la suma de dólares cincuenta y seis mil (u$s 56.000) y pesos nueve mil ($ 9.000) con más sus intereses y costas.

Manifestó que contrató con Banco Mercantil Argentino S.A. el uso de una caja de seguridad identificada con el Nro. 38 de la primera sección de la sucursal Palermo, con domicilio en la Av.Santa Fe 3723/25, de la Ciudad de Buenos Aires.

Relató que con fecha 12 y 13 de octubre de 1992, durante la vigencia del mentado contrato, el banco fue víctima de un robo, en donde se violentaron aproximadamente 300 cajas de seguridad entre las que se encontraba la suya.

Explicó que como consecuencia del siniestro ocurrido, la demandada entregó a sus clientes un formulario en cual debían detallar los bienes que se encontraban dentro del cofre saqueado.

Señaló que denunció allí que a la fecha del robo poseía en su caja de seguridad la suma de u$s 56.000 y una serie de joyas cuyo valor estimó en $ 9.000.

Indicó que a pesar de haber entregado el formulario, nunca obtuvo respuesta por parte de la entidad bancaria demandada.

Imputó responsabilidad a la defendida por el siniestro ocurrido por no haber adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar el robo.

Remarcó que de la lectura de la causa penal Nro. 63.623 que tramita ante el Juzgado de Instrucción Nro. 7, Secretaría Nro. 121, caratulada “N.N. c/ Banco Mercantil Argentino S.A.” surge que el sistema de seguridad presentaba fallas al momento del hecho ilícito.

Descalificó las cláusulas de exoneración existentes en el contrato por considerarlas abusivas al desnaturalizar el objeto del mismo.

Finalmente, solicitó se declare la inaplicabilidad en el caso de la normativa de emergencia que dispuso la “pesificación” de las obligaciones nacidas en moneda extranjera y, subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de la ley 25.561, del decreto 214/02 y de toda otra normativa de emergencia que limite su derecho de propiedad.

Fundó en derecho su pretensión y ofreció prueba.

b) En fs. 31/50 la actora amplió la prueba ofrecida en su escrito de inicio de demanda.

c) A fs. 60, a pedido de la accionante (v. fs. 59, pto II), se tuvo presente el desistimiento de la acción formulado contra la aseguradora Mapfre.

d) Banco Mercantil Argentino S.A.-actual Banco Patagonia Sudameris S.A.-, por medio de apoderada, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs. 87/93.

En primer lugar, explicó que el Banco Mercantil Argentino S.A. cambió su denominación por Banco Caja de Ahorro S.A. y que luego este último absorbió a Banco Sudameris Argentina S.A. cambiando su denominación por la de Banco Sudameris Argentina S.A.

Reconoció que la actora, junto con el Sr. Aarón Rozanski, eran cotitulares de la caja de seguridad Nro. 38 de la sección 1° de la sucursal de Palermo. Asimismo, aclaró que el Sr. Ricardo Héctor Rozanski estaba autorizado a la manipulación de la mentada caja, quien a su vez inició una causa similar que tramita ante el Juzgado del Fuero Nro. 20 Secretaria Nro. 39.

Planteó la defensa de falta de legitimación de la accionante para reclamar indemnización por el robo de bienes que pudieran pertenecer a terceros o incluso al cotitular de la caja de seguridad.

Señaló que no debe responder por las consecuencias del siniestro en tanto dicha sucursal contaba, al tiempo del mismo, con todas las medidas de seguridad exigidas por el Banco Central de la República Argentina (ley 19.130, decreto reglamentario N° 2527/71 y Comunicación “A” 184).

Manifestó, además, que se encuentra exento de responsabilidad debido a que se configuró un supuesto de fuerza mayor (conf. CCiv: 513 y Cláusula 12 del contrato suscripto por las partes) en tanto las características del ilícito, su violencia y agresión irresistible.

Aludió al informe de División Balística obrante en la causa penal que desvirtúa las conclusiones del informe de Seguridad Bancaria invocadas por la accionante en su demanda.

Explicó los lineamientos generales del contrato celebrado con la demandante resaltando especialmente la cláusula Nro.12 que, a diferencia de lo sostenido por aquella, no supone una renuncia anticipada de derechos por parte del cliente sino una regulatoria uniforme en el mercado bancario para el servicio de cajas de seguridad.

Desconoció el contenido y valor de las joyas.

Fundó en derecho su defensa y ofreció prueba.

II. La decisión recurrida.

En la sentencia de fs.444/462, la Sra. Juez a quo admitió la demanda incoada por Cyrel Rytwo de Rozanski contra Banco Mercantil Argentino S.A. (hoy Patagonia Sudameris S.A.), a quien condenó a pagar a la primera, dentro del plazo de diez días desde que adquiriera firmeza la sentencia, la suma de dólares estadounidenses cincuenta y seis mil (u$s 56.000) y pesos ciento treinta y seis mil seiscientos ($ 136.600), con más los intereses que determinó. Con costas a la demandada vencida.

Para resolver en el sentido apuntado, señaló -en primer lugar- que en autos no media controversia respecto la relación contractual habida entre los litigantes como así tampoco el siniestro que sufrió la caja de seguridad de la actora.

Consideró, en consecuencia, que el tema central de la controversia lo constituía la debatida responsabilidad de la entidad bancaria por la configuración del ilícito y el contenido del cofre de la demandante.

Aclaró, en primer lugar, que el contrato de caja de seguridad es un contrato atípico que contiene elementos tanto de depósito como de la locación de cosas.

Transcribió, a continuación, el texto de la cláusula Nro. 12 cuestionada por la accionante. Luego, describió sucintamente el objeto del contrato y derivó de ello que, como prestación central del vínculo, la demandada asumía un deber de seguridad y custodia, siendo de tipo objetivo la responsabilidad que pudiera engendrarse.

Por todo ello y habida cuenta que la estipulación referida evidenciaba una renuncia anticipada de derechos, concluyó que debía descartarse su aplicación en el sub lite.

Atribuyó responsabilidad a la demandada por el incumplimiento del deber objetivo de custodia que había asumido.Para así decidir, juzgó que se encuentra acreditado en la causa que el banco no adoptó las medidas suficientes para cumplir adecuadamente la tarea de vigilancia para la que fuera contratado el servicio.

Señaló que la banca no había acreditado la ruptura del nexo de causalidad.

Así las cosas, estimó conducente expedirse respecto de la indemnización pretendida por la actora.

Destacó, al respecto, los problemas que se presentaban en materia probatoria e indicó que si bien era carga de la pretensora acreditar el contenido de la caja de seguridad, no era posible exigir una prueba exacta de lo allí resguardado.

Estimó demostrada la existencia del dinero en efectivo y de las joyas que la accionante dijo haber incluido en el cofre.

De seguido, se expidió en relación a la moneda en la que debía cumplirse la obligación. Estimó que resultaban aplicables en el caso, por vía de analogía las reglas referidas al depósito, por donde el contrato que vinculó a las partes no se encontraba alcanzado por la normativa de emergencia económica. Como consecuencia de ello, sostuvo que se había tornado abstracta la inconstitucionalidad acusada respecto del último plexo legal referido.

Respecto a las sumas fijadas en dólares, juzgó que los réditos debían liquidarse desde la fecha de cierre de la primer audiencia de mediación (25.09.02) y hasta su efectivo pago, a una tasa pura del 7% anual.

En relación a la condena en pesos, resolvió que los intereses debían devengarse a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar, desde la fecha en que las joyas fueron tasadas, esto es el 06.03.07.

III. El recurso.

A fs. 465 apeló la sentencia definitiva la parte demandada.

Expresó agravios mediante el escrito de fs. 473/479, que recibió respuesta a fs. 481/484.

Sus quejas pueden exponerse, sintéticamente, del modo siguiente:a) resultó errada la valoración de la actividad probatoria de autos que efectuó la anterior sentenciante, pues la condujo a juzgar demostrado con tales elementos el contenido del cofre de seguridad; b) no fueron reunidas las exigencias del Cpr. 163:5 que autorizan a la estimación de la prueba presuncional; y c) se quejó de la tasa de interés fijada respecto de la sumas otorgadas en dólares estadounidenses.

IV. La solución.

1. Adelanto que no atenderé todos los planteos recursivos de la demandada sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (Conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12.02.1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 06.10.1987; ter ídem, in re: “Stancato, Carmelo”, del 15.09.1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474 ; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

2. Efectuada la aclaración precedente, resulta necesario recordar que no se advierte en el caso conflicto con relación a la existencia del contrato de caja de seguridad que vinculó a los aquí litigantes y el acaecimiento del siniestro.

Asimismo, estimó útil señalar que no ha sido materia de agravio el reproche de responsabilidad decidido en la anterior instancia, en cuanto refiere a la verificación de los presupuestos de antijuridicidad, factor de atribución y relación de causalidad.

Ello establecido, me abocaré al tratamiento de la cuestión suscitada en torno a la acreditación del contenido de la caja de seguridad al momento del robo.A tales efectos, estimo pertinente abordar en forma preliminar la problemática vinculada al régimen de acreditación a que se hallan sujetos los damnificados de estos hechos para demostrar el contenido de sus cofres y, con ello, la extensión del resarcimiento, para luego sí adentrarme en el análisis de las circunstancias del caso y, sobre esa base, decidir la suerte del recurso de la parte demandada en ese sentido.

3. Pues bien, como señalé precedentemente, corresponde establecer, cuál es el régimen probatorio al que se halla sometido el cliente de la institución bancaria para demostrar cuál era el contenido de su caja de seguridad al momento del ilícito. Ello así, puesto que, como es sabido, los bancos no llevan registro de los valores que los titulares de este tipo de cofres ingresan dentro de estos últimos, circunstancia que se halla sustentada justamente en las características del servicio, una de cuyas aristas esenciales es precisamente la confidencialidad de ese contenido, el cual sólo es conocido por el o los titular/es de ese espacio, siendo éste ignorado incluso por el propio banco. Importante es esta temática también, porque, si bien el banco debe responder por estos hechos, ello es así sólo en tanto y en cuanto se demuestre la existencia y entidad de los valores sustraídos de la caja de seguridad (CNCom., Sala “A” in re: “Loonin Group S.A. c. Nuevo Banco del Chaco S.A. s.ordinario”, 15.02.08).

En tal marco entonces, debe partirse a estos efectos de la regla general en esta materia, consagrada por nuestra ley adjetiva en el art. 377 del Crp., según la cual es la parte que alega el hecho quien tiene la carga de acreditarlo. Es por ende, en principio, el cliente quien tiene el deber de demostrar los valores que se encontraban en el cofre al momento del hecho.El problema para este último aparece porque -por lo antes dicho en relación a la confidencialidad- el banco no controla ni conoce dicho contenido, lo que acarrea importantes dificultades prácticas, siendo cuando no imposible, cuanto menos de muy difícil comprobación ese contenido por parte de aquél (cfr. Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, T°. III, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, p.705; Argeri, Saúl, A., Contrato de caja de seguridad, LL, 1978-D-1258).

Es por eso que la jurisprudencia ha resuelto que no cabe exigir al usuario la prueba exacta, directa, rigurosa e inequívoca de los objetos depositados en la caja de seguridad, siendo suficiente, por ende, el aporte de una prueba meramente indiciaria para demostrarlo. Ello, por la ya antes apuntadas circunstancia, de que uno de los aspectos esenciales del referido contrato consiste en habilitar su guarda sin que queden rastros de ella hacia el exterior (CNCom. Sala “A”, 08.10.04, “Menache, David c. Banco Mercantil Argentino” ; íd., Sala “C”, 18.03.08, “Ezcurra Alvarez Morales Eugenia c. Banco Patagonia Sudameris S.A.”; íd., 23.03.98, “Simao de Buscio, Elena M. c. Banco/Mercantil Argentino”; íd. Sala D, 29.07.05, “Rosental, Elsa c. Banco Mercantil Argentino”; íd., Sala “E”, 30.04.98, “Paternostro, Mario Lázaro y otro c. Banco Mercantil s.ordinario” ; íd., 11.04.97, “Fridman, Enrique c. Banco Mercantil S.A. s.sumario”; íd., 14.10.05, “Blumenthal, Marcos y otro c.Banco Mercantil Argentino” , entre muchos otros).

Con base en tal criterio, nuestros tribunales han otorgado pleno valor probatorio a las presunciones -como las derivadas de la posición económica de la parte actora, la actividad empresaria realizada, el hecho de aparecer en eventos sociales luciendo las joyas supuestamente robadas con ulterioridad, la concordancia entre los objetos denunciados en sede penal y los mencionados en la demanda civil, las declaraciones juradas prestadas a los fines impositivos, entre otras-, las cuales deben ser apreciadas con parámetros de amplitud y prudencia por el juzgador, teniendo especialmente en cuenta que el depositario no controla ni la introducción ni la extracción de efectos personales de las cajas de seguridad, actividades que normalmente se realizan -conforme ya se dijera- en el más absoluto secreto, con la mayor reserva y discreción (CNCom Sala “A”, 12/05/2001, “in re” “Dublinsky de Wolman, Lidia B. y otro c. Banco Mercantil Argentino).

Incluso se ha optado por la admisibilidad de las denominadas “pruebas compuestas”, consistente en la combinación de pruebas simples imperfectas (indicios) que, consideradas aisladamente, no hacen prueba por sí solas, pero que, consideradas en conjunto, llevan a un grado de convencimiento mínimo, suficiente para tener por acreditado el contenido atribuido a la caja de seguridad (CNCom, Sala D, 12/08/1998, “in re” “Gordon, Claudio y otro c. Banco Mercantil Argentino” , LA LEY, 1999-A, 48).

Delimitadas las reglas a las que debe atenerse el juzgador en lo que concierne a este tipo de pleitos, la cuestión a analizar pasa a ser entonces si puede considerarse debidamente acreditado en autos la existencia del dinero y joyas denunciadas por la parte actora como depositadas en la caja de seguridad al momento del robo.

A tales efectos, razones de orden metodológico imponen efectuar el análisis y determinación de la existencia -o no de los mismos en forma independiente.

3.1.El dinero en efectivo.

Denunció la accionante que tenía resguardada en el cofre siniestrado la suma de u$s 56.000; monto que fue admitido en la sentencia apelada y cuya existencia actualmente se encuentra controvertida por la demandada.

En este marco, adelanto mi opinión, contraria a la sustentada en el pleito por la anterior magistrada, en el sentido de que no encuentro reunidos en autos pruebas, indicios o presunciones suficientes para tener por razonablemente acreditada la existencia, al momento del acaecimiento del siniestro, del importe de u$s 56.0000 pretendido por la accionante como depositado en la caja de seguridad.

Paso, de seguido, a fundar mi parecer.

Afirmó la accionante que los fondos depositados en su cofre estaban conformados, por un lado, por la diferencia económica que obtuvo al vender un inmueble de su propiedad sito en la calle Berutti 2454 CABA y adquirir con ese dinero otro de dimensiones menores en la calle Anchorena 1463 CABA (v.fs.49).

A fin de sustentar sus dichos la reclamante ofreció prueba informativa dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal (v.fs.49 vta.)

Ahora bien, de la lectura de la causa, se observa -con meridiana claridad- que la información brindada por la mentada repartición se encuentra incompleta (v.fs.127/135).

Véase al respecto que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal sólo acompaño a la causa el historial de dominio del inmueble sito en la calle Anchorena 1463.

En este marco, corresponde remarcar que no fue aportado al litigio ningún otro elemento documental que permita dar verosimilitud, dentro de una órbita presuncional, a esos dichos.

Por ello, juzgo que la reclamante no ha logrado demostrar en autos que era titular registral del inmueble sito en la calle Berutti 2454 CABA, como así tampoco que enajenó el mismo para adquirir un departamento de dimensiones mas pequeñas, obteniendo de esta manera un diferencia económica en dólares a su favor que me permitan tener por acreditado la existencia del dinero en la caja de seguridad siniestrada.

Por otro lado, manifestó la accionante que, el día viernes anterior al robo, decidió no reinvertir un plazo fijo que tenía depositado en el banco demandado y guardarlo en su caja de seguridad (v.fs.49).

A fin de sustentar sus afirmaciones, señaló que el gerente de la entidad bancaria, al momento del siniestro, daría cuenta ello (v.fs.49).

A fs. 139/140 prestó declaración testimonial en la causa el Sr. Carlos Andrés Lestelle quien fue gerente del Banco Mercantil en la sucursal donde la actora tenía la caja de seguridad a la fecha del ilícito.

De los dichos del testigos se desprende que: i) la actora y su esposo tenían cuenta corriente y plazo fijos en el banco (v. respuesta a la pregunta nro. 4) y ii) no le consta que tuviera el dinero en la caja de seguridad (respuesta a la pregunta nro.5).

Puede afirmarse entonces que tal relato da cuenta de la existencia de un plazo fijo, mas no logra demostrar que la accionante decidió no reinvertirlo para depositar el dinero en la caja de seguridad.

Repárese en la virtualidad jurídica que debe otorgarse al citado testimonio, pues, como indique precedentemente, la demandante sostuvo que el gerente del banco daría cuenta de la existencia del dinero en el cofre siniestrado.

Asimismo, es dable señalar que en la presente litis no se ha instruido ninguna otra actividad tendiente a la demostración de esa operación.

Dicha omisión se presenta notoriamente llamativa. Ello pues, aristas como las señaladas -desafectación de un plazo fijo e ingreso en el recinto de la caja de seguridad- solo exigían para su acreditación una sencilla prueba informativa a la entidad bancaria implicada y hubieran ilustrado lógicamente cómo se habían conformado los ahorros.

En virtud de todas estas razones, sólo cabe concluir -conforme lo adelanté- que no se encuentran reunidos en autos pruebas, indicios o presunciones suficientes para tener por razonablemente acreditada la existen cia, al momento del robo de la caja de seguridad, de la suma de u$s 56.000 denunciada como depositada en el cofre y que fuera reclamada en la demanda.

Por ello, propongo al acuerdo, hacer lugar a los agravios de la entidad bancaria demandada y, por ende, revocar la sentencia apelada, disponiéndose el rechazo de la demanda en punto al reclamo por la suma de dólares cincuenta y seis mil (u$s 56.000) denunciada como depositada el cofre de seguridad.

3.2. En ese marco, deviene abstracto el tratamiento de la queja relativa a la tasa de intereses fijada en la anterior instancia sobre las sumas reconocidas en moneda extranjera.

3.3. Las joyas.

Antes de ingresar al análisis de este tópico, quiero dejar sentado que las alhajas cuyo valor se reclaman en este litigio difieran de las que se demandan por el mismo hecho ílicito pero en otra caja de seguridad en los autos caratulados: “Rozanski Hector c/Banco Mercantil Argentino S.A.s/Ordinario” (v.fs. 24/25 del expediente citado).

Sentado ello, debo decir que distinta suerte correrá el cuestionamiento introducido por la quejosa en orden a la comprobación del depósito de las joyas en el cofre. Ello así, toda vez que la evidencia fáctica colectada en la causa permite conjeturar con adecuado grado de razonabilidad que las alhajas existían y que se hallaban allí resguardadas.

Véase al respecto que la actora presentó, con el objeto de sustentar su reclamo, fotografías en las que lucen tales piezas valiosas (v. fs.35/48).

Asimismo, la Sra. Gravotti quien prestó declaración testimonial a fs. 150/151 confirmó que acompañó a la actora a guardarlas y que se trataba de una gargantilla, cadena con moño y piedrita, aros, anillos y pulseras (respuesta 2 ° y 3 °). Asimismo, negó haber visto las joyas con posterioridad al robo (respuesta 4°).

No se me escapa que la recurrente cuestionó la idoneidad de esta testigo por ser dependiente del negocio del hijo de la demandante (v.fs.477).

Ahora bien, tal impugnación debe ser desestimada por no haber sido realizada conforme a los preceptos que establece el art. 456 del Cpr.

No obstante ello, es dable recordar que la valoración de la prueba testimonial, por virtud del tipo de contratación, debe efectuarse considerando que por la índole de los hechos, quienes tomaron directa o indirectamente conocimiento de ellos, deben ser personas con relación y frecuencia de trato suficientes para conocer su patrimonio (Conf. esta Sala, voto de mi distinguido colega, doctor Juan Manuel Ojea Quintana en los autos: “Rozanski Horacio Miguel c/Banco Mercantil Argentino y Otros s/ Ordinario” del 22.05.12).

Por otro lado, Bakrokar Seguros informó que “.la Sra. Rytwo Cyrel de Rozanski tenía asegurado en Brújula Compañía de Seguros S.A., desde el año 1984 y hasta el mes de Diciembre de 1992, diferentes objetos de su propiedad, entre los que se encontraban detallados: “anillo de oro 6 gr, con inscripción CECILIA; solitario de platino c/brillante 1,14 Kg.Aproximadamente; solitario platino c/brillante grande y dos pequeños; gargantilla ancha 80 gr. (lunas y estrellas) de oro; 2 pulseras anchas de oro; reloj Rolex mujer acero con cuadrante de oro; Reloj Sigma oro; reloj dama malla de oro y con tapa c/piedras brillantes; reloj mujer malla oro 14 k antiguo origen Rusia; anillo oro hombre con piedra Onix; aros de oro 14 k con inicial R.R. origen Rusia; gargantilla oro 70 gr; gargantilla oro encadenada 90 gr; anillo chevallier mujer c/brillantes; y cadena oro 18 k c/medalla 40 gr.” (v.fs. 256).

Dicho material probatorio habilita a concluir demostrada la existencia de la totalidad de las alhajas denunciadas por la actora. También puede presumirse que se hallaban resguardadas en la caja de seguridad, pues no es lógico tener una caja de seguridad vacía; máxime cuando se cuenta con valores que ameritan especial resguardo.

En esta directriz es preciso puntualizar que las presunciones juegan a favor del accionante en un doble sentido: en primer lugar se debe presumir que la caja no estaba vacía, pues ha sido requerida onerosamente por el cliente del banco para guardar objetos que deseaba mantener en secreto y custodia contra actos de terceros y en segundo lugar, también debe presumirse que esos objetos debían ser de valor económico y afectivo por esa misma razón (Gabriela Borras, “Daños derivados del uso de la Caja de Seguridad; “Tratado de Daños Reparables”, Tomo IV, Bs. As. La Ley 2008, p. 361).

En función de todo lo expuesto, corresponde desestimar la queja bajo examen y confirmarse lo decidido por la anterior juzgadora.

4. Las costas.

Habida cuenta la forma en la que se decide, de conformidad con el Cpr. 279, corresponderá readecuar el régimen de las costas. Ponderando que medió un vencimiento conceptual de la parte actora mas que no prosperó parte sustancial del reclamo pecuniario, las gastos causídicos se distribuirán en un 30% a cargo de la accionante y en un 70% de la accionada.Igual suerte correrán las costas producidas por la actuación en esta Alzada.

En tal sentido tiene dicho la jurisprudencia que si bien es exacto que el Cpr. 71 determina que las costas se compensarán o distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada litigante, tal distribución no implica un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones aducidas, para que se considere cumplido el mandato normativo aludido. La ratio legis impone una exégesis racional de la norma, lo que conlleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, pero eso si, tomando en su conjunto y no contemplando el aspecto cuantitativo exclusivo y aisladamente de cada una de las cuestiones decididas para de tal modo apreciar prudentemente cual será a juicio del magistrado, el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión del rubro (CNCom., Sala B, in re: “Wattman S.A. c. Kanatu S.A.” del 14.8.1987 y jurisprudencia allí cit.).

Tal solución no importa desconocer el criterio que postula que en los reclamos de daños y perjuicios las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia de que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente respecto de la totalidad de los rubros pretendidos; mas en el concreto caso sometido a examen las notorias diferencias entre lo procurado y lo finalmente concedido conducen a la adopción de un temperamento distinto.

V. Co nclusión.

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, corresponderá admitir parcialmente el recurso de la demandada y revocar la sentencia de grado con el alcance de este decisorio, de modo que el reclamo prosperará únicamente por el valor de las joyas que asciende a $ 136.600, con más los intereses fijados en la sentencia de grado y que no fueron materia puntual de agravio.Las costas de ambas instancias se distribuirán en un 30% a cargo del actor y un 70% de la demandada.

Así voto.

Por análogas razones los doctores Juan Manuel Ojea Quintana y Alejandra N. Tevez adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016

Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: admitir parcialmente el recurso de la demandada y revocar la sentencia de grado con el alcance de este decisorio, de modo que el reclamo prosperará únicamente por el valor de las joyas que asciende a $ 136.600, con más los intereses fijados en la sentencia de grado y que no fueron materia puntual de agravio. Las costas de ambas instancias se distribuirán en un 30% a cargo del actor y un 70% de la demandada.

II. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria