Obligación de reafiliar prestando los mismos servicios al grupo familiar y con el mismo valor de la cuota al resultar abusiva la rescisión dispuesta por la demandada

Partes: V. H. H. y otros c/ Galeno Argentina s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: Feria A

Fecha: 20-ene-2017

Cita: MJ-JU-M-102641-AR | MJJ102641 | MJJ102641Sumario:
1.-Cabe admitir la acción de amparo tendiente a que la empresa de medicina prepaga demandada a los fines de que se declare el carácter abusivo de la rescisión contractual y se ordene la continuidad de la prestación de los servicios médicos, conforme a los mismos grupos familiares y valor de las cuotas, ordenándose la realización de las prácticas médicas pendientes.

2.-Tratándose de la vigencia de normas de orden público que imponen la continuidad de las prestaciones de salud a favor de los afiliados a las obras sociales (arts. 3 , 8 y 10 de la Ley 23.660), y las consecuencias que el incumplimiento de esa obligación puede acarrear en perjuicio de los actores -que no cuentan, a la fecha, con ningún servicio en materia de salud a pesar de las contribuciones que realizan a ese efecto-, permiten tener por verificado el presupuesto concerniente a la verosimilitud de ese derecho, admitiéndose la acción de amparo.

Fallo:

Buenos Aires, 20 de enero de 2017.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 75/77 contra la resolución de fs. 70/71, y

CONSIDERANDO:

1. Los actores promovieron la presente acción contra GALENO ARGENTINA S.A. a los fines de que se declare el carácter abusivo de la rescisión contractual y se ordene la continuidad de la prestación de los servicios médicos, conforme a los mismos grupos familiares y valor de las cuotas, ordenándose la realización de las prácticas médicas pendientes.

Según se expuso en el escrito de inicio, los actores son afiliados a OSMAD (Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera y FEMA (Fundación Empresaria Maderera), quienes recibían el pago de las cuotas y derivaban a Galeno el otorgamiento de un servicio de salud integral, lo que implica que Galeno era su único prestador.

Una vez rescindida la relación contractual entre tales entidades, los actores intentaron mantener las condiciones de afiliación, pero Galeno les ofreció “reafiliarse” sin reconocerles antigüedad, enfermedades preexistentes etc.

Con posterioridad a la resolución dictada por este Tribunal de Feria -obrante a s. 68- el señor Juez de la anterior instancia dispuso intimar a OSMAD y a VISITAR SRL a fin de que se mantenga al señor H. H. V. como afiliado, con la misma cobertura asistencial que gozaba con anterioridad al 1.1.17, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Esta decisión se encuentra apelada por la parte actora, quien -en lo sustancial- cuestiona que la medida dictada no se encuentre dirigida a GALENO, único demandado en autos, y de que sólo se refiera a uno de los accionantes, cuando los actores son cinco.

2. Los motivos expuestos por el Tribunal al decidir esta misma causa

durante el período de receso judicial justifican la habilitación de la Feria para resolver el recurso (conf. art.4 del Reglamento para la Justicia Nacional, esta Cámara, Sala de Feria, causas 4000/07 del 31.1.08, 2439/15 del 30.7.15, entre otras).

3. En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, y

dentro del estrecho marco de conocimiento que es propio de esta etapa precautoria, del Tribunal entiende que la verosimilitud en el derecho invocado por los actores se encuentra suficientemente acreditada a los fines de que la medida requerida se ordene respecto de GALENO, único demandado en la causa. Para ello cabe tener en cuenta que esta Sala de Feria ya ha puesto de manifiesto las dificultades de los accionantes para acceder a la cobertura médica que requieren, habida cuenta de que Sancor Salud la ha negado hasta el momento (ver fs. 68vta.). Asimismo, que la referida verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (conf. Fenochietto – Arazi, “Código Procesal comentado”, tomo 1, pág. 742).

En el sub lite, la vigencia de normas de orden público que imponen la continuidad de las prestaciones de salud a favor de los afiliados a las obras sociales (arts. 3, 8 y 10 de la ley 23.660), y las consecuencias que el incumplimiento de esa obligación puede acarrear en perjuicio de los actores -que no cuentan, a la fecha, con ningún servicio en materia de salud a pesar de las contribuciones que realizan a ese efecto-, permiten tener por verificado el presupuesto concerniente a la verosimilitud de ese derecho.

Cabe agregar que no constan en autos pruebas sobre los términos en

que GALENO se obligó frente a sus contratantes.Por lo tanto, la Sala no tiene elementos para juzgar, al menos superficialmente, su atribución al rescindir el contrato con el alcance con que lo hizo y contrarrestar así la verosimilitud referida.

En cuanto al conocido criterio de esta Cámara referido al requisito del

peligro en la demora, cabe señalar que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tenerlo por acreditado, a la incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf. Sala 1, causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 del 7.2.00; en ese sentido, ver Fassi-

Yáñez, “Código Procesal comentado”, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, “Tratado de las medidas cautelares”, pág. 77, nº 19).

A lo hasta aquí desarrollado, cabe añadir que la solución que se adopta -esto es, el dictado de la medida en los términos en los que fue solicitada es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; conf. esta Sala, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 53/01 del 15.2.2001).

Asimismo, corresponde aclarar que la resolución se refiere a todos los

accionantes.

Por ello, SE RESUELVE: modificar la resolución apelada y ordenar a Galeno SA disponer la continuidad de la prestación de los servicios médicos en favor de todos los actores (H. H. V., Mario Jorge Goldfeder, Amado Ricardo Vello, Marcela Inés Di Leonfronte -en representación de Juliana Mizenko- y Juan Carlos Scalise), en las mismas condiciones en la que dicha cobertura se llevaba a cabo, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo María S. Najurieta