No se acreditó que el daño en el vehículo hubiera ocurrido durante el plazo que duró la locación del bien

Partes: Alas Rent A Car S.R.L. c/ Huawei Tech Investment Co. Ltda. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 6-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102880-AR | MJJ102880 | MJJ102880Sumario:
1.-Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda que perseguía la indemnización de los daños y perjuicios reclamados por el actor en virtud de los deterioros que sufriera el vehículo que fuera dado en locación, toda vez que la actora, como empresa profesional en el rubro de locación de automotores, pudo y debió obrar con mayor cuidado y previsión para acreditar fehacientemente el estado en que recibió la cosa al momento de la restitución (argumento art. 902 del Cciv.).

2.-No corresponde admitir la demanda por daños y perjuicios iniciada a los fines de obtener una reparación por el mal estado en el que le fue devuelto el vehículo dado en locación, pues la única prueba al respecto es el relato de dos de sus dependientes, y no sólo no está acreditada la fecha en que se restituyó el bien, sino que tampoco se probó la segunda renovación del contrato invocada, que podría haber dado la pauta que a la fecha en que el vehículo tuvo el desperfecto, la locación se encontraba aún vigente.

3.-Sin perjuicio de que la factura por la reparación del vehículo dado en locación no ha sido reconocida ni surge su recepción de los libros contables de la demandada, no resulta aplicable al caso la presunción del art. 474 tercer párr. CCom. derivada de la falta de impugnación de las facturas, que la actora invoca, toda vez que de todos modos, no ha acreditado en debida forma que el daño que sufriera la unidad alquilada se produjera durante el período de la locación y por causa de un obrar de la demandada o sus dependientes.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de Diciembre del 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Alas Rent A Car S.R.L. c/ Huawei Tech Investment Co. Ltda. s/ Daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 208/216), que hizo lugar a la demanda que perseguía la indemnización de los daños y perjuicios reclamados por el actor en virtud de los deterioros que sufriera el vehículo que fuera dado en locación, expresan agravios el actor (fs. 244/248) y el demandado (fs. 250/252). El primero contestó el respectivo traslado a fs 254/258 y el segundo lo hizo a fs. 261/263.

La actora se agravia, por los montos otorgados en concepto de reparación del rodado y lucro cesante, y de la tasa de interés aplicada.

El demandado, por su parte, se queja de que se haya admitido la demanda en su contra, también respecto de la procedencia de los rubros reparación del rodado y lucro cesante. Finalmente, reprocha también la imposición de costas.

No se encuentra controvertido en esta instancia que la actora celebró con la empresa Huawei Tech Investment Co. Ltda. el alquiler de un vehículo marca Volkswagen, modelo Amarok, dominio JTC 962.

Sentado ello, corresponde previamente fijar el encuadre jurídico que habrá de regir esta litis.

En ese orden de ideas, toda vez que ésta nació como consecuencia de un incumplimiento contractual, y que como tal, no es un efecto ni una consecuencia de esa relación, sino un hecho modificatorio, entiendo que debe aplicarse la ley que regía al momento en que se produjo este hecho, es decir, el incumplimiento (conf.Heredia, Pablo D., El derecho transitorio en materia contractual, LaLey on line, AR/DOC/2137/2015).

Desde esta perspectiva, considero que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

Veamos las particularidades que se denunciaron respecto del vínculo que unió a las partes en el caso.

La parte actora alegó que el contrato se suscribió el día 16 de marzo de 2011 por el término de 6 meses, y se renovó con posterioridad por dos períodos de igual duración.

Respecto del acuerdo original y su primera renovación, acompañó los documentos obrantes a fs. 6 y 8, los que fueron desconocidos por la demandada, y no se produjo prueba alguna para autenticarlos.

En cuanto a la segunda renovación, no se agregó ninguna constancia que revele hasta cuando se habría suscripto.

A su vez, los documentos mencionados remiten a “condiciones generales de uso y compromiso de responsabilidad” las que tampoco fueron adjuntadas en estos autos.

Por otra parte, la demandada manifestó vagamente que reintegró la unidad en buenas condiciones, sin aclarar en qué fecha lo hizo.

Comenzaré examinando el agravio respecto de la responsabilidad que expresara la demandada.

Su reproche se basa en entender que no se ha probado que los daños ocurriesen por su culpa.

En primera medida cabe recordar que el contrato de locación de cosa es aquel por el cual una persona, denominada locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un tiempo determinado a otra, denominada locatario, contra el pago de un precio determinado en dinero.Una de las obligaciones del locatario, además del pago ya mencionado es la de conservar la cosa en buen estado y responder por todo daño o deterioro que se causare por su culpa o por el hecho de terceros por los que deba responder.

En ese marco, la discusión respecto de la existencia de la obligación de efectuar los servicios de mantenimiento, o de cómo se realizaron estos, resulta irrelevante a los fines de la resolución del presente caso, pues lo determinante resulta ser si la cosa locada fue devuelta en buenas condiciones o no, y, eventualmente, para este último supuesto, si los daños que sufrió fueron o no consecuencia de una actuar culposo o doloso de la locataria.

Al respecto la orfandad probatoria es palmaria.

Si bien los testigos no fueron cuestionados y su relato resulta coincidente, no puedo dejar de merituar que ellos son dependientes de la actora, lo que me impide tener por cierta su versión de los hechos sin otras pruebas que la sustenten.

Entiendo que la actora como empresa profesional en el rubro de locación de automotores, pudo y debió obrar con mayor cuidado y previsión para acreditar fehacientemente el estado en que recibió la cosa al momento de la restitución (argumento art. 902 del Cód. Civil).

La única prueba al respecto es el relato de dos de sus dependientes. No sólo no está acreditada la fecha en que se restituyó, sino que tampoco se probó la segunda renovación del contrato invocada, que podría haber dado la pauta que al 23 de julio de 2012, fecha en que el vehículo tuvo el desperfecto -y tuvo que ser transportado desde la ciudad de Cipoletti, como lo informó la empresa Transportes Imaz S.R.L. a fs. 123-, la locación se encontraba vigente.Por otro lado, al contestar este agravio, la actora refiere que la factura que expidió por los gastos de las reparaciones que tuvo que efectuar para poner en condiciones el vehículo, no fue impugnada ni observada, por lo que en virtud de la normativa y jurisprudencia comercial que cita está se encuentra reconocida. Con esto y con las declaraciones, entiende, se demostró la responsabilidad de la demandada en relación a los daños que se reclaman.

A fs. 5, se encuentra glosada la factura expedida por la actora número 0001-00000276, emitida al demandado por la suma de $ 124.363,80, en concepto de “Gastos por arreglo por daños en vehículo Amarok JTC962”, con un sello de recepción que dice “Huawei Tech Investment Co. Ltd. Recibido 5 set 2012”.

Cabe destacar que la misma ha sido desconocida por la demandada y no se encuentra registrada en sus libros, de acuerdo a lo informado por el perito contador a fs. 158 vta., quien también refirió que los libros son llevados en legal forma.

Más allá de ese desconocimiento, debe tenerse en cuenta que en circunstancias análogas se ha dicho que “la presunción contemplada en el art. 474 tercer párrafo del Código de Comercio derivada de la falta de impugnación de las facturas, es aplicable al contrato de locación de materiales para la construcción, pero solo respecto de de las obligaciones propias del locatario como el alquiler y no de otras -tales como daños de roturas o faltantes- en tanto la facturación prevista en el contrato únicamente comprendía el primer concepto.” (CNComercial, sala E, Peri S.A. c.Constructora San José S.A., 17/08/2010, AR/JUR/57058/2010)

Por ello, y sin perjuicio de que -como ya aclaré- la factura no ha sido reconocida ni surge su recepción de los libros contables de la demandada, no resulta aplicable al caso la presunción dispuesta por la normativa comercial que la actora invoca.

Entiendo, entonces que la actora no ha acreditado en debida forma que el daño que sufriera la unidad alquilada se produjera durante el período de la locación y por causa de un obrar de la demandada o sus dependientes.

Por todo lo hasta aquí analizado, considero innecesario el tratamiento de las demás cuestiones volcadas en las quejas, recordando que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos elementos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada.

En consecuencia, voto para que se revoque la sentencia apelada, rechazando la demanda instaurada, con costas a la actora. Las costas de esta instancia se imponen también al actor, en virtud del principio objetivo de derrota.

El Dr. Fajre y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I. Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda instaurada, con costas a la actora. Las costas de esta instancia se imponen también al actor, en virtud del principio objetivo de derrota. II. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de fs. 216, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.Es criterio que ha sostenido reiteradamente esta Sala que en los supuestos de rechazo de demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión (conf. Fallo Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre CNCiv. (en pleno) 30-09-1975 La Ley Colección Plenarios pág. 509 ).

A estos efectos debe atenderse al capital reclamado en la demanda que ha sido desestimada no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los honorarios, pues para que esto ocurra se requiere que hayan sido objeto de reconocimiento en el fallo definitivo (confrontar en este último aspecto art. 19 del Arancel y en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11 de esta Sala).

Además de lo expuesto, se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, resultado obtenido, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, mérito de su labor apreciada por su calidad, eficacia y extensión, la relación de esta labor con el principio de celeridad procesal, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10,19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432.

En consecuencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Martín Álvarez Rey y Claudio Marcelo Zarza letrados apoderados de la parte actora en la suma de ($.), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

Los del Dr. Francisco Pociello Argerich, letrado apoderado de la parte demandada en la suma de ($.), por su actuación en las tres etapas del proceso.

III. En cuanto a los honorarios del perito, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art.478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito contador Gerardo Diego Moran en la suma de ($.).

IV. En cuanto a los honorarios de la mediadora esta Sala entiende, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007; en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 01/03/2016, Exp. 9.288/2015).

En consecuencia, y en razón de los dispuesto por el Dec. 2536/2015, Anexo I, art. 2, inc. g) -según Dec. 767/2016-, se establecen en la suma de ($.) los emolumentos de la Dra. Luz Braun.

V. Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Martín Álvarez Rey y Claudio Marcelo Zarza en la suma de ($.), en conjunto. Los del Dr. Francisco Pociello Argerich en la suma de ($.), (art. 14 del Arancel). Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper