Requisitos para la excarcelación del imputado por el delito de comercio de estupefacientes agravado

Partes: Legajo de Apelación en autos G. V. C. A. (Ppal. ‘R.’) s/ infracción Ley 23.737 s/ excarcelación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 1-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102690-AR | MJJ102690 | MJJ102690Sumario:
1.-Es procedente confirmar la excarcelación del imputado por el delito previsto en el art. 5 inc. c), agravado por el art. 11 inc. c), de la Ley 23.737, ya que si bien en caso de ser condenado le podría corresponder un máximo superior a los ocho años de pena privativa de libertad y no sería viable la aplicación de una condena de ejecución condicional dada la prevista en abstracto para tal delito, el riesgo de fuga o peligrosidad procesal se ve disminuido por el arraigo que surge de un domicilio conocido y un grupo familiar conviviente, a lo cual se agrega que depositó un suma de dinero como caución real.

Fallo:

Rosario, 01 de diciembre de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° FRO 32000769/2012/26/CA8, caratulado “Legajo de Apelación en autos G. V., C. A. (Ppal. ‘R.’) s/ Infracción Ley 23.737 s/ Excarcelación”, (del Juzgado Federal N° 3 de Rosario).

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 de Rosario, Dr. Marcelo Degiovanni (fs. 22/24) contra la Resolución n° 604/14, mediante la cual se concedió la excarcelación solicitada a favor de C. A. G. V., bajo caución real fijada en la suma de $ 8.000, con obligación de concurrir cada treinta días a la comisaría correspondiente a su domicilio y prohibición de salida del país (fs. 6/7).

Recibidos los autos, se notificó la radicación de la causa en esta Sala “B” (fs. 66 y vta.), el Fiscal General ad hoc, Dr. Bruno Netri mantuvo el recurso (fs. 71) y se programó audiencia oral en los términos del Art. 454 del C.P.P.N. (fs. 76), agregándose minuta sustitutiva del informe oral presentada en siete (7) fojas por el Dr. Germán Mahieu en representación del encartado (fs. 77/83) y en dos (2) fojas la acompañada por el Fiscal General, Dr. Claudio Marcelo Palacin (fs. 84/85), quedando los autos en estado de ser resueltos (fs. 86).

La Dra.Vidal dijo:

1°) La apelante discrepó con las valoraciones efectuadas por el juez a quo en la resolución cuestionada y sostuvo que a fin de evaluar la procedencia o no de la excarcelación deben ponderarse no solo los extremos objetivos que en cada caso contemplen la gravedad del hecho y la valoración provisional de sus características, sino también las condiciones personales del imputado tales como domicilio y trabajo estables, edad, existencia de vínculos familiares, consideraciones que no se efectuaron en el caso concreto.

Destacó que en los autos principales se investiga a un grupo organizado de personas cuya actividad es la de tráfico con estupefacientes, hechos que han sido calificados provisoriamente en el art. 5° inc. “c” agravado por el art. 11 inc. “c” ambos de la Ley 23.737.

Criticó que el juez a quo no hubiera valorado los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en materia de lucha contra el narcotráfico.

Sostuvo que se dispuso la soltura de G. V. sin constatar fehacientemente su ocupación, bienes, medios de vida, domicilio y núcleo familiar y sin que se verificara que el domicilio denunciado por el nombrado.

Afirmó que también debe tenerse en cuenta que la instrucción se encuentra en sus inicios y que producir prueba de la cual podrían surgir nuevas líneas de pesquisa a seguir y potenciales vinculaciones entre los imputados.

Hizo reserva del recurso de casación y extraordinario federal.

Al mejorar fundamentos la apelante solicitó que se tuvieran por reiterados los argumentos desarrollados al interponer el recurso.

2°) La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió en el Acuerdo n° 1/08 -Plenario N° 13- en autos “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, (al que corresponde ajustar este pronunciamiento) “.declarar como doctrina plenaria que no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts.316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

Si bien la parte dispositiva del plenario antes transcripta refiere a que las pautas de los arts. 316 y 317 deben valorarse conjuntamente con las del art. 319 del rito, cabe interpretar que la doctrina plenaria, según el fundamento dado por varios de los Vocales que conformaron la mayoría de la decisión, consiste en que la presunción de riesgo de fuga o entorpecimiento que se extrae de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. es iuris tantum y puede ser desvirtuada sobre la base de indicios a tenor del art. 319 C.P.P.N.

3°) Analizada la cuestión conforme a lo expuesto en el punto precedente, la excarcelación solicitada en favor de C. A. G. V. no resultaría en principio procedente según lo dispuesto en los Arts. 316 y 317 del C.P.P.N., toda vez que, según la tipificación correspondiente al delito por el que fue indagado (art. 5° inciso “c”, agravado por el art. 11 inc. “c”, de la Ley 23.737, v. fs. 1848/50 de los autos principales), le podría corresponder, en caso de ser condenado, un máximo superior a los ocho (8) años de pena privativa de libertad, no siendo viable tampoco, la aplicación de una condena de ejecución condicional dada la pena prevista en abstracto para tal delito.

Mediante Resolución n° 1004 del 24 de julio de 2014 se dictó su procesamiento, junto al de otros coimputados, como presunto autor del delito tipificado en el art. 5° inc. “c”, agravado por el art. 11 inc. “c”, de la Ley 23.737 (fs.2252/2267 de los autos principales), pronunciamiento que quedó firme respecto de este imputado.

4°) Ante la fuerte presunción de riesgo procesal que emerge de lo señalado en el punto anterior, cabe analizar el caso a la luz de lo dispuesto por el artículo 319 del C.P.P.N. para determinar, conforme el plenario citado, si dicha presunción resultaría desvirtuada.

5°) En relación a las condiciones personales del imputado (Art. 319 CPPN.), advierto que las constancias que surgen del presente incidente y del legajo de personalidad que tengo a la vista, permiten concluir que los motivos en los que la apelante ha fundado la interposición del recurso no logran rebatir adecuadamente los fundamentos dados por el juez a quo al conceder la excarcelación a favor del encartado, motivo por el cual corresponde en mi criterio rechazar el recurso y confirmar el decisorio en cuanto dispuso conceder la excarcelación a favor de C. A. G. V. bajo caución real de $ 8.000, ello en base a las consideraciones que a continuación habré de desarrollar.

En primer lugar, en lo que refiere a los antecedentes con que contare este imputado, cabe destacar que de acuerdo con el informe procedente del Registro Nacional de Reincidencia registra un procesamiento dictado el 6 de mayo de 2013, en la causa n° 843/11 del Juzgado de 1° Instancia en lo Penal de Instrucción de la 15a Nominación de Rosario, por el delito de “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, con la atenuante de que por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor resulta evidente la falta de intención de utilizar el arma con fines ilícitos” (v. fs. 14 vta. del legajo de personalidad) .

Asimismo se informa que en el expediente caratulado “G. V., C. A.s/ incidente de suspensión del juicio a prueba”, el Juzgado en lo Penal de Sentencia n° 5 de Rosario, el 19 de abril de 2016 se dispuso suspender el juicio seguido a este imputado por el término de un año, imponiéndole pautas de conducta a cuyo detalle cabe remitir para evitar reiteraciones innecesarias, advirtiendo que se trataría del mismo hecho por el que se había dictado su procesamiento (en el procesamiento se señaló el número de causa como el 843/11 en tanto que en el oficio de comunicación de la suspensión del juicio a prueba se menciona el “873/11” aunque procedente del mismo juzgado de instrucción)(v. fs. 15 del legajo de personalidad).

Un segundo aspecto que en mi criterio contribuye a disminuir el riesgo de fuga o peligrosidad procesal respecto de C. A. G. V. consiste en el arraigo que surge de un domicilio conocido y un grupo familiar conviviente.

En efecto, al prestar declaración indagatoria este imputado dijo poseer domicilio en calle 20 de junio n° 1881 de la ciudad de Pérez (fs. 1848 de los autos principales), dato que se encuentra prima facie confirmado por la realización ahí del informe socio-ambiental de fecha 24/06/2014, dejando constancia la sargento Mónica Godoy de haber entrevistado en el lugar al encartado, quien dijo que reside junto con su concubina, Erica Gisela Ibáñez, y sus dos hijos, Julián Andrés G. V. de 17 años, y Rocío Magalí G. V., de 8 años, además de sus padres, Norberto G. y Mirta Beatriz V. (v. fs. 7 del legajo de personalidad).

Asimismo se asentó en el informe que el hijo mayor de la pareja padecería de hidrocefalia (fs. 8), y que el encartado goza de buen concepto vecinal (v. fs. 9/10).

5°) Considero que por las circunstancias expuestas, a lo que cabe agregar que el imputado ha depositado la caución real de $ 8.000 que le fuera fijada para recuperar su libertad (fs.8) con más la obligación de comparecer a la comisaría correspondiente a su domicilio cada treinta días (a lo que habría dado cumplimiento desde junio de 2014 a septiembre de 2015 conforme constancias de fs. 37, 38, 42/47 y 49/59 remitidas por la Comisaría 22° de Pérez, careciéndose de constancias de fechas posteriores pero sin que la Fiscalía hubiera comunicado incumplimiento de esa regla por el encartado) y la prohibición de salida del territorio nacional (con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina), autoriza a presumir que el juez a quo ha fundado conforme a derecho y siguiendo los criterios establecidos en el Plenario “Diaz Bessone” por la C.N.C.P. la concesión de la excarcelación a favor del imputado sin que la apelante lograra controvertir adecuadamente los argumentos en tal sentido, por lo que entiendo que corresponde confirmar la resolución recurrida.

6°) Por último advierto que de acuerdo con lo informado por la Actuaria a fs. 66, el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía fue concedido mediante decreto del 2 de junio de 2014, elevándose el incidente a esta instancia recién en fecha 04/04/2016, esto es casi dos años después, motivo por el cual considero que corresponde recomendar al juez a cargo d el Juzgado Federal n° 3 a que en lo sucesivo disponga lo conducente a fin de evitar que se repitan demoras como la apuntada e imprima celeridad en la tramitación de causas en las que se ventilan cuestiones relacionadas con la libertad de las personas. Ello, con noticia del funcionario del Ministerio Público Fiscal apelante, a quien también corresponde en casos como éste instar su elevación.

El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto de la Dra. Vidal.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I) Confirmar la Resolución del 13 de mayo de 2014, obrante a fs.6/7, en lo que ha sido materia de recurso. II) Recomendar al juez a cargo del Juzgado Federal n° 3 que en lo sucesivo disponga lo conducente a fin de evitar que se repitan demoras como la analizada en el Considerando 6° del presente, e imprima celeridad en la tramitación de causas en las que se ventilan cuestiones relacionadas con la libertad de las personas. Ello, con noticia del funcionario del Ministerio Público Fiscal apelante, a quien también corresponde en casos como éste instar su elevación. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta mediante Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (Expte. n° FRO 32000769/2012/26/CA8). Fdo.: Elida Vidal- José G. Toledo- (Jueces de Cámara)- Ante mi, María Verónica Villatte- (Secretaria de Cámara).- CONSTANCIA: que suscriben la presente dos vocales de la Sala “B” por encontrarse vacante la tercer vocalía. Precísase asimismo que no interviene juez subrogante en tal vocalía en la presente causa de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas N° 222/2016 y 226/2016 de esta Cámara Federal (art. 109 R.J.N.).