Responsabilidad exclusiva del automovilista que embistió a un motociclista en una intersección de calles

Partes: Rodriguez Andrés Raúl c/ Gonzalez Arturo Cristian s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 21-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-102812-AR | MJJ102812 | MJJ102812

Sumario:
1.-Procede considerar al accionado responsable del accidente ocurrido al chocar con un motociclista en una intersección de calles, ya que no respetó la prioridad de pago de la cual gozaba éste y ocupó el rol de embistente, todo ello en violación a los arts. 41 y 39 , inc. b), de Ley nacional 24.449.

2.-Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772 , CCivCom.), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, texto análogo al previsto en el art. 3 del CCiv. derogado).

3.-La aplicación lisa y llana del CCiv. derogado a sentencias dictadas bajo el CCivCom. vigente, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos citados, implica una postergación de la aplicación inmediata de este último ordenamiento sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del CCiv. velezano después de su derogación, siendo que las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso.

4.-Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el art. 1746 del CCivCom., que cederá en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3° por referencia analógica con el art. 1745 incs. b y c, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales, es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

Fallo:

Rosario,21.10.16

VISTOS: Los presentes caratulados “RODRÍGUEZ, Andrés Raúl c. GONZÁLEZ, Arturo Cristian s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 636/14, en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 59, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 5 y ss., Andrés Raúl Rodríguez promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Arturo Cristian González, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos médicos.

Relata que en fecha 05.02.2014, siendo aproximadamente las 20.00 horas, conducía de manera reglamentaria la motocicleta marca Keller 250 cc, dominio 523IAI por el Pje. 04 en dirección al Este de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Afirma que al llegar a la intersección con calle Opicci, fue embestido por un automóvil marca Ford, modelo Ecosport, dominio GQV767, el que al comando del demandado, se dirigía con rumbo al Sur.

Endilga responsabilidad a la demandada puesto que careciendo del necesario dominio sobre el rodado, no respetó la prioridad de paso que a él le asistía por provenir desde la derecha, asumiendo la calidad de embistente.

Atribuye responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.Peticiona citación en garantía de Aseguradora Federal S.A. Ofrece pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 11), a fs. 17 y ss. comparece y responde demanda Aseguradora Federal Argentina SA, efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

La citada acata la su intervención en tal carácter (fs. 17).

Ofrece pruebas.

3. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 11), a fs. 22 y ss. (con aclaración a fs. 24) comparece y responde demanda Arturo Cristian González, efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

Ofrece pruebas.

4. Proveídas las pruebas (fs.29), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la 2° Nominación (fs. 35 y ss.) y al Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario (Oficina que remitió en original el Sumario penal N°260/14) y b) pericial: médica (fs. 50 y ss.). Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 29), y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 59), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por los actores, que en el proceso penal (Sumario Nro. 260/14) se ha dispuesto el archivo de las actuaciones en función de lo previsto por los arts. 72 inc. 1 del CP y 501 del CPP (Auto Nro. 543 de fecha 05.03.2014, obrante a fs. 26 de dichos autos).

Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad del hoy demandado en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1775, CCC (de aplicación inmediata por tratarse de norma de índole procesal1).

2. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC)2, surge lo siguiente.

3.1. Por razones de metodología expositiva se partirá del sumario penal ya mencionado. Así se ve que a fs. 4 obra la denuncia radicada por el devenido en actor, el que en lo sustancial brindó un relato coincidente con sus dichos en la demanda que sirve de cabeza a estos autos.

A fs. 15 se encuentra la declaración informativa que brindó el demandado Arturo Cristian González, así se lee: “el día de ayer alrededor de las 20.00 hs.mientras iba conduciendo mi chata Ecosport de color negra, dominio GQV767, iba por calle Opicci de esta ciudad con dirección al Sur y al estar llegando a calle Pje. 4 veo que por esta última con dirección hacia el Este iba una moto de color negra, e intento frenar pero como estaba lloviendo se me va y la choco en su lateral izquierdo, el conductor de la moto cae al pavimento, yo estaciono, desciendo y lo asisto, le dije para llevarlo al hospital, llamamos a la ambulancia pero como no venía, el masculino que conducía la moto el cual me dijo que se llamaba Rodríguez, Andrés, domiciliado en calle Pje. N°2 N°2084 de esta ciudad, además me dijo que se iba a hacer atender por sus propios medios.”.

4. Por la confirmación de la mecánica del accidente, de acuerdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

4.1. Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en fecha 01.08.2015, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa3, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a los hechos ocurridos bajo su imperio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro. 17.711).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód.Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos”4.

4.2. La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo, Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos como la presentada en el sub examine, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria (tesis sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud y André Tunc, entre otros).

En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes5 cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten, así como en la doctrina sobre el particular6.

Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo7, lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado8.

Es oportuno indicar que en autos seencuentra reconocido por el demandado (vide su declaración informativa en sede penal, fs. 15 de aquellos autos) que tuvo intervención en calidad de conductor del rodado denunciado, con lo que es ajustado a derecho considerarlo incluido en la figura de guardián de la cosa riesgosa. Al respecto la doctrina tiene dicho acerca de esta figura legal: “.es la persona que tiene, de hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa”, sin que importe la propiedad o si el poder que ostenta es dimanación de una situación arreglada a derecho o antijurídica9; admitiéndose con criterio más amplio dentro de esta categoría también a quienes obtienen un beneficio o provecho económico de la cosa, teniendo en cuenta que el primer párrafo del artículo 1.113 extiende la obligación de reparar los daños causados por las cosas de que uno se sirve o tiene a su cuidado. En tal sentido se ha señalado que en nuestro derecho la noción de guardián es bifrontal, revistiendo tal carácter tanto quien “se sirve” de la cosa como quien la “tiene a su cuidado”, y que servirse de la cosa entraña un concepto eminentemente económico: se sirve de ella quien le saca beneficio, quien la aprovecha10 4.3. Del análisis de los elementos obrantes en autos, surge que la demandada no propuso eximente legal alguna, es decir no invocó hecho culpable al actor ni a persona por la que no deba responder.

4.4. Por el contrario, sí surgen acreditadas conductas reprochables del accionado, esto conforme los términos de su declaración brindada en sede prevencional.

4.4.1. La primera de ellas por no haber respetado la prioridad de paso que le asistía al actor. Al respecto, cabe referir a la Ordenanza municipal Nro. 1.443/2000, la que implicó la adhesión de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez a la Ley provincial Nro. 11.583 y a su Decreto reglamentario Nro. 2.311/1999.A su turno, estas fuentes normativas expresaron la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley nacional Nro. 24.449, la que en su artículo 41 establece: “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta.”; sin que resulten de aplicación en autos las excepciones a dicha regla.

4.4.2. La segunda es por haber revestido la calidad de embistente, lo que resulta violatorio de lo fijado en la misma norma en su artículo 39 inc. b), el que dispone: “Los conductores deben: (.) En la vía pública, circular co n cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo (.), teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (.)”.

4.5. Por todo lo merituado, entiende este órgano jurisdiccional que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida en su totalidad al demandado Arturo Cristian González (cfme. arts. 1109, 1113 CC) La presente decisión se hará extensiva, en la medida del seguro pactado (art. 118, Ley 17.418)11, a Aseguradora Federal Argentina SA., la que acató la citación en garantía que le fuera promovida.

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772, CCC), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar12, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de seleccionar el Derecho aplicable13.

En efecto, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente14, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso15.

5.1. En cuanto al rubro incapacidad sobreviniente, debe destacarse que la invalidez física es un concepto médico antes que jurídico16.

Su captación normativa en el ámbito del ordenamiento civil, que manda a reparar de modo pleno (art. 1740, CCC), se orienta en tres sentidos: a) la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima por el concreto perjuicio laboral que padece, aun cuando el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada (art. 1746, CCC), b) el menoscabo a sus derechos personalísimos, su integridad personal y su salud psicofísica (art. 1738, CCC; ya afirmado desde antaño bajo la vigencia del hoy derogado Codigo Civil de Vélez Sarsfield por nuestro más alto Tribunal nacional17), y c) la afectación de servicios o emprendimientos económicamente valorables, aunque no se traduzcan en entradas monetarias (art. 1746, CCC)18.

En función del sistema de fuentes adoptado por la normativa vigente (arts. 31 y 75 inc. 22, CN; art.1°, CCC), resulta significativo destacar, frente a la tendencia al reconocimiento constitucional del derecho de la salud y al resarcimiento de daños como una de las técnicas de protección que se afirma en el Derecho comparado, que encontramos hoy el amparo de convenciones internacionales con jerarquía supralegal que aluden al tema tratado19.

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión filosófica profunda del problema tratado20.

El sistema normativo vigente dispone que el resarcimiento de los daños consistirá en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (art. 1740, CCC), aunque debe atenderse que cuando el perjuicio indemnizable se presenta en virtud de una incapacidad física de tipo permanente, tal reposición ha de resolverse por la fijación de un monto dinerario, habida cuenta de la imposibilidad fáctica de restituir la capacidad 19 Art. 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 41 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo abierto a la firma en Nueva York el 19.12.1966; art. 12.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y arts. 6.1, 6.2 y 27.1 de la Convención sobre Derechos del Niño mermada.

A los fines de la cuantificación (art.772, CCC) de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, manda el ordenamiento que “(.) la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (.)” (art. 1746, CCC).

La mencionada determinación del capital, de tal suerte, debe obedecer a una formulación que tenga en consideración la edad y expectativa de vida laboral de la víctima, el ingreso percibido por su desempeño laboral (si es que lo hubiere), la cuantificación de las actividades productivas o económicamente valorables, el grado de incapacidad constatado y el coeficiente de la tasa de interés21.

Lo expresado no obsta a que este órgano jurisdiccional mantenga un cierto grado de prudencial discrecionalidad, habida cuenta que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático, como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”22, lo cual se compadece con la vigencia inalterada del art. 245, CPCC.

De tal suerte, para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el mencionado art. 1746, CCC, que cederá, en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3°, CCC, por referencia analógica con el art. 1745, incs. b y c, CCC, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales23.Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta24.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

El actor Raúl Andrés González contaba con 41 años de edad a la fecha del siniestro (fs. 01 y 04 Sumario penal), no tramitó declaratoria de pobreza ni acreditó prestar tareas laborales con los ingresos del caso a la fecha del hecho. En cuanto a su incapacidad portaba un 4 % (pericial médica, a fs. 51 vta.).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000).

5.2. Se define al daño moral (comprensivo del daño psicológico) sufrido a consecuencia del siniestro, como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de indemnización de los daños personales en la jurisprudencia. Fundamentos del rechazo a topes y baremos, en ídem, págs. 347 y ss. éste y anímicamente perjudicial”25.

El art. 1738, CCC, regla que “La indemnización (.) [i]ncluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, (.) su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”, estatuyendo el art.1741, CCC, en expresa referencia a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que “(.) [e]l monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin”26.

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante”27.

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio mat erial y la que haya de fijarse en concepto de daño moral, habiéndose entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste”28.

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número alas consecuencias patrimoniales y no patrimoniales29, posición en que se ha manifestado la Alzada30, y que reafirma el art. 1737, CCC. Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio (arg. art. 1738, CCC), pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial, según los intereses afectados30.

Entonces, teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500).

5.3. El rubro gastos médicos también procede, debiendo tenerse en consideración que el art. 1746, CCC, expresamente dispone que “(.) Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad (.)”.

Teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de pesos mil ($ 1.000).

6. Toda vez que el art. 1747, CCC, expresa que “El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación (.)”, el capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (arg. art. 1748, CCC), y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, devengará un interés equivalente al doble de la tasa referenciada.

7.En relación a las costas, y en aplicación del criterio objetivo de la derrota (cfme. art. 251 del CPCC), se impondrán a la demandada.

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar al demandado Arturo Cristian González a pagar, dentro del término de diez (10) días, la suma de treinta y dos mil quinientos pesos ($ 32.500) al actor Andrés Raúl Rodríguez, con más los intereses fijados en el punto 5 de los considerandos que anteceden.

II) Imponer las costas en su totalidad a la demandada.

III) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro.

V) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC. VI) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

CINGOLANI

JUEZA

ANTELO

JUEZ

BENTOLILA

JUEZ

BITETTI

JUEZ