Daños derivados de un accidente de tránsito en el que la actora fue embestida cuando cruzaba la calle con su hija en brazos

Partes: C. M. T. c/ M. C. V. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 27-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102592-AR | MJJ102592 | MJJ102592

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, ya que se acreditó que la actora fue atropellada por el demandado cuando cruzaba la calle con su hija de dieciocho meses en brazos y aquel dio marcha atrás y las embistió a ambas actoras, causándole los daños en virtud delos que reclaman.

2.-Si el conductor de un rodado, por la peligrosidad potencial que genera el medio empleado, debe normalmente extremar las medidas de seguridad, tal actitud se multiplica cuando se efectúa una maniobra de retroceso, y a que la circulación marcha atrás debe efectuarse con todas las precauciones y seguridades de no interferir en el paso de nadie.

3.-Aún cuando la actora, quien fue embestida en un accidente de tránsito, se atendió en hospital público y no consta que tuviera obra social,parece claro que debió hacerse cargo de determinados gastos, remedios, atención médica, etc, y ello justifica la admisión del presente de una indemnización por gastos de traslado, farmacia y asistencia médica.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil Sala “E” para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “C.M.T. C/ M.C.V. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs.289/297 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. RACIMO. CALATAYUD.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. La sentencia de fs. 289/97 hizo lugar a la demanda entablada por M.T.C.por sí y en representación de su hija menor E.C. C.contra C. V. M.y condenó a ésta a pagar a la primera la suma de $67.780 y a su hija E.C. la de $10.000 con más sus intereses y las costas.

Hizo extensiva la condena a “Paraná Sociedad Anónima de Seguros S.A”.

Ello en virtud del accidente que sufrieran el 27 de mayo de 2008 cuando la actora, M.T.C. cruzaba la calle Camarones y Sanabria, con su hija de dieciocho meses en brazos y fueron atropelladas por el Peugeot 505 SR, dominio AEL-904 de propiedad de la demandada, conducido por R. O. V. el cual -según tuvo por acreditado el a quo- dio marcha atrás y embistió a ambas actoras, causándole los daños en virtud de los que reclaman la correspondiente indemnización.

De dicho pronunciamiento se agravian tanto la actora como la aseguradora citada en garantía y la Defensora de Menores de Cámara. La primera solicita que se aplique al caso la normativa del actual Código Civil y Comercial.Y al igual que la Defensora de Menores de Cámara solicita que se eleve el “quantum” indemnizatorio”. La aseguradora cuestiona la responsabilidad que se le atribuye a la demandada, por insistir en que el accidente tuvo lugar en Sanabria 1540, es decir a mitad de cuadra y no en la esquina como tuvo por acreditado el juez, por lo que se debió a culpa de la víctima o, al menos compartida. También cuestiona el monto de la condena, que considera elevado. Obvias razones de método imponen el tratamiento, en primer lugar, de lo atinente al régimen jurídico aplicable.

II. No se discute en autos que el vehículo de la demandada, conducido por V., que se encontraba estacionado sobre la calle Sanabria, cuando dio marcha atrás embistió a las actoras. La discrepancia se presenta en lo relativo a si el accidente aconteció en la esquina del cruce de dicha arteria con Camarones o a mitad de cuadra, como afirma la apelante.

Sostiene ésta que de un exhaustivo análisis de la causa penal surge que la actora se encontraba cruzando la arteria por mitad de cuadra en forma absolutamente antirreglamentaria e imprudente. Y que ello quedó acreditado con la declaración del Sargento 1° que declaró a fs.1 de dicho expediente.

Sin embargo, ello es lo que surge de sus dichos. El mencionado sargento se limitó a declarar que mientras se encontraba a cargo del móvil 843 fue desplazado al Hospital Vélez Sarsfield, quien arribado al lugar pudo entrevistar a la Dra.Marcela Gurzi, quien se encontraba de guardia y le informó que instantes antes dos personas del sexo femenino, una de ellas menor de dieciocho meses de edad, que habían ingresado al nosocomio con politraumatismos a raíz de un accidente de tránsito “que había ocurrido según manifestaciones del conductor que las trasladó en la calle Sanabria 1540 de esta ciudad”. La madre se encontraba en rayos x, en cambio la pequeña iba a quedar en observación por el lapso de 48 horas en la sala de pediatría, al cuidado de la abuela. Dejó constancia que en el lugar se encontraba la persona que conducía el rodado con el cual se produjo el accidente, identificado como Rubén Oscar Velázquez.

A fs.14 prestó declaración M.T.C.quien sostuvo que “se hallaba con su hija E.C., de 18 meses de vida en brazos, cruzando la calle Sanabria a la altura 1500, ya habiendo traspasado la mitad de la calle, pronto a llegar al otro cordón, momentos que siente un fuerte golpe por su espalda, produciendo que la dicente junto a su hija caigan pesadamente al pavimento. Así las cosas luego constató u de lo antes narrado constató que había sido envestida (sic) por un rodado particular marca Peugeot 505, de color blanca, desconoce la patente, el cual se detuvo a metros de la dicente, regresando en reversa hasta donde se hallaba tendida en el piso la dicente y su hija menor de edad”.

Fuera de las versiones señaladas, no hay otro elemento de juicio incorporado a dicho expediente. Y tampoco testigos presenciales, por lo que el fiscal pidió el sobreseimiento, que el juez decretó a fs.50.

En estos actuados tampoco la demandada ni la aseguradora apelante produjeron prueba alguna tendiente a demostrar la veracidad de su versión. De lo hasta aquí expuesto resulta que la médica de guardia le dijo al policía que “según manifestaciones del conductor” que las llevó al hospital, el hecho acaeció a la altura del 1540 de la calle Sanabria.Éste ni siquiera prestó declaración en la causa penal, por lo que en el mejor de los casos, la aseveración vino por dichos de Velázquez quien fue el que atropelló a las actoras y contra quien también se inició la presente demanda, luego desistida.

Es que, los dichos de M. por tratarse de un coprotagonista del accidente, por lo tanto, poco compatible con la extraneidad que es condición esencial de este medio de prueba (conf. Alsina, “Tratado.”, 2a. ed., t. III, 2a. ed., pág. 539,letra b), deben analizarse con suma estrictez ya que sus dichos no resultan imparciales en la medida en que depuso sobre extremos en los que se halla comprometida su conducta en el episodio (conf. esta Sala, doctr. del voto del Dr. Mirás en c. 252.345 del 12/11/98 y mi voto en c. 588.571 del 6/2/2012).

En cuanto a la versión de la actora cuando sostuvo que “ya habiendo traspasado la mitad de la calle, pronto a llegar al otro cordón”, parece más que claro que tal manifestación no debe interpretarse como un reconocimiento de haber efectuado el cruce a mitad de cuadra, sino que apunta a señalar que cuando se encontraba a mitad del cruce, próxima a llegar al otro cordón, sucedió el accidente.

De lo hasta aquí expuesto surge que la demandada y su aseguradora no acreditaron la veracidad de su versión.

Se ha sostenido que si el conductor de un rodado, por la peligrosidad potencial que genera el medio empleado, debe normalmente extremar las medidas de seguridad, tal actitud se multiplica cuando se efectúa una maniobra de retroceso, y que la circulación marcha atrás debe efectuarse con todas las precauciones y seguridades de no interferir en el paso de nadie (conf. mi voto en c. 409.614 del 9/11/04, entre muchos otros y Sala “K”, c.133.877 del 17-12-93).

Es también doctrina recibida que las normas que regulan la circulación vehicular obligan al conductor a observar una conducta encuadrada en los términos requeridos por el art. 50 de la ley 24.449.

El peatón distraído e, incluso, el imprudente constituye un riesgo inherente al tránsito callejero, por lo que aquél debe extremar las medidas para evitar accidentes y, en caso de que sucedan, la señalada circunstancia no lo libera de la presunción de culpa que sobre él pesa (conf. ésta Sala, c. 75.354 del 20-2-91 y cita que formula de fallos mencionados por Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, “Código Civil y Leyes Complementarias.”, t.5, pág. 491 en notas 326 y 327;Mosset Iturraspe, “Responsabilidad del conductor en los accidentes de tránsito”, J.A.1975-27-48). Es que todo conductor, como guardián de una cosa peligrosa, tiene la obligación de estar atento a las evoluciones del tránsito y a conservar en todo momento, el más absoluto dominio del automotor (ver art. recién cit. y sus antecedentes, arts.65 y 67 de la ley 13.893; conf. esta Sala, c. 348.745 del 9/12/02; Sala”F”,en L.L.134-508 y c. 108.905 del 1-10-92 y precedente ahí cit.; íd. ex Cám. Nac. Esp. en lo Civ. y Com. Sala VI, c. 290.769 del 26- 2-88; etc.; v. por todo, esta Sala con la ley anterior, c. 213.008 del 30/4/97 y con la actual, c. 383.471 del 20/11/03).

Sabido es que, en hipótesis como la de autos, en que un peatón es arrollado por un automotor, es de aplicación la presunción que emana del art.lll3 del Cód.Civil, la que, si bien “juris tantum”, debe ser destruida por prueba categórica aportada por aquel sobre quien recae, y que acredite acabadamente alguna de las causa les de exoneración que contempla la citada disposición legal, toda vez que, incluso un estado de duda, es insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio, pág.393 ap.f y jurisprudencia citada en notas 33 a 35; CNCiv. esta Sala, votos del Dr.Calatayud en causas 76.738 del 4-l2-90; nº l07.8l6 del 29-4-92; nº ll2.35l del l5-7-92;nºll9.083dell3-ll-921; nº l20.4l7 del 2-l2- 92 y nº ll4.089 del 30-l2-92; mis votos, en causas nº 70.239 del 2-8-90 y nº 69.995 del 6-7-90, entre otros). Vale decir que, por aplicación de este principio, quedaba a cargo del demandado la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder civilmente (conf. CNCiv. Sala “F” en L.L.l977-A-556, nº 34.007-S; esta Sala, causa nº 66.946 del l8-5-90, entre otras). Y en el caso, a mi juicio, no logró demostrarla, por lo que habré de propiciar se confirme este aspecto del anterior pronunciamiento.

III. A fs.245/47, ampliada a fs.250 y fs.253/4 obra la pericia médica presentada por la Dra. María Estela Perret, quien luego de referenciar que ambas actoras fueron trasladadas al Hospital General de Agudos “Dalmacio Velez Sarsfield”, analizó el cuadro de cada una de ellas.

La beba, E., permaneció internada por 48 hs. en observación puesto que presentaba politraumatismos en diversos lugares del cuerpo. No presenta secuelas físicas del traumatismo.No pudo diagnosticarse incapacidad psicológica dada la corta edad de la niña (fs.250).

En cuanto a M.C., quien también sufrió corte en su labio inferior, afectación de dos piezas dentales, equimosis y excoriaciones en rodillas, muñecas y nariz, sumado a una flexo extensión del sector cervical de la columna vertebral, al golpear con su cabeza de frente al asfalto. En cuanto a la flexo extensión y lateralización; ostenta limitación funcional por contractura muscular hacia el lado derecho con dolor irradiándose hacia zona dorsal. Reducción del rango de movilidad en la columna. También periódicos dolores de cabeza. Tuvo síndrome de latigazo:5% de incapacidad. La incapacidad odontológica es del 2%, pero presenta infección de origen externo (fs.246).

En el plano psicológico, M.C.sufre inseguridad y miedo que se manifestaron con posterioridad al accidente. Modalidad regresiva, no plástica, no adaptativa, y al no servicio del yo, funcionamiento mental rígido. También elevado nivel de ansiedad.

Racionalización, desplazamiento y represión. Es ama de casa, hace 5 años que no trabaja. El diagnóstico es neurosis de ansiedad de leve a moderada.

Según baremo para daño neurológico y psicológico de Castex y Silva.

Dicho cuadro se funda científicamente con el evento de autos. La incapacidad psíquica es del 20%, de carácter permanente o transitorio, no puede evaluarse por los estudios efectuados. Deberá efectuar una psicoterapia de tipo individual por espacio de 12 meses, bisemanal.A un valor estimado de cada sesión de $180 al tiempo de la pericia (diciembre de 2014, fs.250).

Bueno es recordar que esta Sala ha adherido reiteradamente a la doctrina que ha establecido que, aún cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento ajeno al hombre de derecho- para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf. causas nº 2l.064 del l5/8/86; nºl8.2l9 del 25/2/86; nº ll.800 del l4/l0/85; nº 32.90l del l8/l2/87; nº 5l.447 del ll/8/89, entre otras), lo que en el caso no sucedió.

Es que, para que las observaciones puedan tener favorable acogida, es preciso aportar probanzas de mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en la pericia (conf. Palacio,”Derecho Procesal Civil”, T.IV,pag.720), lo que en el caso no sucedió.

De allí, entonces, que habré de atenerme a ambas conclusiones periciales, que estimo fundadas.

Esta Sala tiene dicho en forma reiterada que a los fines de establecer la indemnización por incapacidad (comprensiva de la física y la psíquica) debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de sus posibilidades, su edad, cultura, estado físico, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación (conf.mis votos en L.34.743 del l0/3/88; ídem, nª44.825 del 3/5/89;ídem, íd, c.nº 6l.742 del 27/2/90; ídem, íd., l07.380 del 23/4/92,entre varios otros), aunque sin atenerse a pautas matemáticas (ver, entre otras, causa mencionada nº 6l.742; ídem, c.l06.654 del l4/4/92, etc.). Y en el caso, cuadra tener en cuenta la entidad de las lesiones que surgen de la pericia producida en autos.

También es preciso computar la edad de la coactora M. C.a la época del evento (47 años), soltera, estudios secundarios incompletos, vive con sus cuatro hijos. Su compañero es chofer de colectivo. Trabajaba en seguridad privada como vigiladora y el sueldo que percibía surge del informe de fs.208, habiéndose desvinculado el 9/11/20009 con su última remuneración bruta de $2070 (ver también beneficio de litigar sin gastos). Desde hace cinco años como ama de casa.

No se estableció el motivo de la desvinculación laboral, incidencia de la incapacidad en su vida de relación, no habiéndose podido establecer si reviste notas de permanencia o transitoriedad; nivel socio-económico de la víctima que es de presumir y que surge del beneficio de litigar sin gastos, la circunstancia de que el resarcimiento no contempla únicamente el aspecto laboral, sino la totalidad de los del ser humano y la incidencia que la incapacidad habrá de tener en ellos (ver L.6l.903, con voto del Dr. Mirás, del l2/3/90; L. nº45,086 del l0/5/89, con voto del Dr.Calatayud; mi voto en L.nº45.623 del 22/5/89, entre varias otras).

Asimismo, es criterio de la Sala que los cálculos porcentuales de incapacidad establecidos pericialmente no vinculan al juzgador, constituyendo una referencia a considerar (ver causas nºll4.450 y ll4.45l del 7-9-92 y ll4.858 del 30-9-92, con voto del Dr.Mirás, entre otros), debiendo aquél pronunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas por el profesional y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria por este rubro (conf.votos del Dr. Mirás en c.ll3.8l6 del 28-8-92 y ll4.858 del 30-9-92,entre otros).

En base a esos elementos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y demás circunstancias de autos, es que considero que el importe fijado para este rubro y comprensivo de ambas incapacidades deberá elevarse a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) que estimo más equitativa (art. 165 del Código Procesal).

IV. En lo que hace al monto otorgado por tratamiento psicológico, la perito consideró necesario una psicoterapia de tipo individual durante 12 meses, bisemanal, a un costo de entre $180 la sesión al tiempo del informe (ver fs.370).La sentencia admitió por este concepto el importe de$17.280 que la demandada estima improcedente y la actora exiguo.

Aun cuando es cierto que los valores se fijaron al mes de junio de 2014 y la indemnización la fijó el juez a valores del tiempo de la sentencia, parece justo establecer que, con relación al presente rubro, los intereses se liquiden a partir de esa época a la tasa activa que dispuso, con lo que de esta manera se llega a una solución equitativa.

V. En cuanto al daño moral, aspecto sobre el que también centran sus agravios las partes, como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas nº 43.l69 del l8-4-89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25-4-9l;Sala “B”, E.D.57-455; Sala “D”, E.D.43-740; Sala “F”, E.D. 46-564; etc).

En base a tales pautas, teniendo en cuenta la entidad de las secuelas ya descriptas; sufrimientos que debió soportar y soporta la actora y demás circunstancias de autos, es que considero equitativo, al tiempo de este pronunciamiento, propiciar que se eleve la indemnización a la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) para M.C.y a $15.000 para su hija menor (art. 165 citado).

VI. En lo atinente a los gastos de traslado, farmacia y asistencia médica, cuyo monto cuestiona la demandada, como bien recuerda la juez, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de este tipo de gastos que, como los de farmacia , son necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento (conf. esta Sala, L. nº 7356 del 29-8-84 y sus citas; L. nº 5l.594 del 20-9-86;L.nº 4l.43l del 3-3-89;ídem, L.nº 64.8l4 del 26-4- 90;Sala “C”, E.D.98-508 y sus citas; entre muchos otros).

No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social, adhesión a su sistema de salud prepago o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas nº107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92 y 127.547 del 19-4-93, nº119.174 del 15-12-92 y 146.808 del 18-5-94, con votos del Dr.Calatayud; causas nº154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala “M”, c.61.766 del 27-3-91; Sala “C”, c.129.891 del 2-11-93; etc). Y en el caso, aún cuando la actora se atendió en hospital público y no consta que tuviera obra social, parece claro que debió hacerse cargo de determinados gastos, remedios, atención médica, etc, lo que justifica la admisión del presente rubro.

Idéntico criterio se aplicó con relación a los gastos de traslado, admitiéndose -conforme a las particularidades de cada caso- un plus por utilización de vehículos de alquiler durante el tiempo de convalecencia, en que la víctima se encuentra impedida de viajar en transporte público, por lo que habré de propiciar se eleve el monto concedido a la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) que estimo más equitativa.

VII. La sentencia estableció que los intereses debían liquidarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que percibe el Banco de la Nación Argentina, De ello se agravia la aseguradora citada en garantía, quien solicita, que por tratarse de valores actuales, se reduzca a la del 6% anual hasta la sentencia.

Con fecha 20 de abril del corriente año el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios del 2/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/3/04, que lo ratificó, estableciendo como doctrina legal obligatori a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena queconfigure un enriquecimiento indebido (“Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” ).

La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L.151-864, en especial, pág.873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap.V) esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09).

Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor.Empero, como en el caso del tratamiento psicológico, los valores se fijaron al tiempo de la pericia, a partir de allí deberá liquidarse la tasa activa establecida en el anterior pronunciamiento, por lo que habré de propiciar que con tal alcance se haga lugar a la presente queja.

En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo principal que decide, aunque elevándose la indemnización a la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($140.280) para M.T.C.y a la de PESOS QUINCE MIL ($15.000) para su hija E.C. Conde, que conforme lo ha decidido reiteradamente la jurisprudencia, éstas indemnizaciones correspondientes a los menores, deben depositarse en el Banco de la Nación Argentina a plazo fijo a treinta días con renovación automática hasta tanto su representante legal, con intervención del Sr. Asesor de Menores, disponga su utilización provechosa (conf. C.N.Civ. esta Sala c.65.685 del 21-5-90, íd. c 81236 del25-4-91,íd. 91.749 del 22-4-92 y sus citas entre muchos otros). Los intereses se liquidarán en la forma dispuesta en el último considerando. Las costas de alzada se impondrán a la demandada y su aseguradora.

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Calatayud y Racimo, por análogas razones a las expuestas por el Dr.Dupuis, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. J.C.DUPUIS. F. RACIMO.M.CALATAYUD.-

Este Acuerdo obra en las páginas nº a nº del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, diciembre 27 de 2016.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, aunque se eleva la indemnización a la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($140.280) para M.T.C.y a la de PESOS QUINCE MIL ($15.000) para su hija E.C. Conde, la que debe depositarse en el Banco de la Nación Argentina a plazo fijo a treinta días con renovación automática hasta tanto su representante legal, con intervención del Sr. Asesor de Menores, disponga su utilización provechosa. Los intereses en la forma dispuesta en el último considerando.

Las costas de alzada se imponen a la demandada y su aseguradora.

Notifíquese y devuélvase.