La lluvia no es un eximente de responsabilidad de la empresa de energía eléctrica por la descarga recibida a raíz de un cable suelto

Partes: Elena Lorena Paola c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. y otro s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 23-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102589-AR | MJJ102589 | MJJ102589

Sumario:
1.-Corresponde responsabilizar a la empresa de energía eléctrica demandada por los daños y perjuicios que sufrió la actora como consecuencia de la descarga eléctrica que padeció a raíz de la existencia de un cable suelto luego de un día de lluvia, toda vez que se encuentra acreditada la relación causal entre las lesiones y el accidente, que es causa suficiente y eficiente como para producir un mecanismo de flexo extensión repetitivo encima del rango de la tolerancia fisiológica para los movimientos.

2.-A fin de determinar el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente, las secuelas deben ponderarse en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima o impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquélla.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Elena Lorena Paola c/ Empresa Distribuidora Sur S.A., y otro ” respecto de la sentencia corriente a fs. 210/16 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. CASTRO, UBIEDO Y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. CASTRO dijo:

I. La sentencia de fs. 210/216 admitió parcialmente la demanda interpuesta por Lorena Paola Elena contra Empresa Distribuidora Sur S.A (EDESUR); condenó entonces a esta última a pagar a la actora la suma de cuarenta y ocho mil quinientos pesos ($ 48.500), con más sus intereses y las costas. Apelaron ambas partes; la actora expresó agravios a fs. 280/285 y su contraria lo hizo a fs. 250/256. Sólo el traslado de la primera presentación fue contestado a fs. 292/295.

II. La accionante reclamó en autos la indemnización de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de la descarga eléctrica que padeció en momentos en que atravesaba la calle Marsella, localidad de Banfield, a raíz de la existencia en el lugar de un cable suelto, luego de un día de lluvia intensa. La Sra. juez de grado tuvo por acreditado el hecho, consideró que tanto la energía eléctrica como la red que la transporta son cosas en los términos del art. 2311 del Cód. Civil, por lo que por aplicación de lo previsto por los arts. 512, 901, 902, 1109, 1113 , 1114 y concordantes del mismo código correspondía admitir la demanda. Fijó entonces las indemnizaciones correspondientes. Como antes indiqué, ambas partes impugnaron la decisión.Toda vez que la demandada cuestiona la responsabilidad corresponde abordar esa queja en primer lugar.

III. Entiende Edesur que las declaraciones testificales prestadas en autos por González y San Doval no resultan aptas para tener por probado el hecho pues se contradicen entre sí y difieren de la versión de los hechos que la actora formuló tanto en la demanda como en ocasión de su entrevista con el perito psicólogo. El estudio de esta queja requiere reseñar tanto los relatos de la actora como los de los testigos. En su demanda Elena afirmó que “se encontraba caminando por la calle Cosquin, desde camino negro hacia la calle Marsella, en Banfield, al llegar a mitad de cuadra la Sra. Elena pisa un charco de agua y recibe una descarga eléctrica debido a que allí se encontraba un poste con un cable colgando” (sic., fs. 5vta.). La testigo Gladis González (cfr. fs. 165/166) quien afirma que “se encontraba justo en frente de donde ocurrió el hecho de la vereda de enfrente” sostiene que el suceso ocurre en un lugar distinto, esto es, “en la calle Marsella entre Cosquin y Campo Amor”. La testigo San Doval (cfr. fs. 167) también ubica el lugar del suceso en la calle Marsella; así afirma que “la dicente se encontraba en frente donde ocurrió el evento, que en esos momentos trabajaba en la casa del Niño Nuevo Sol y se encontraban despidiendo a los niños. Que fue sobre la calle Marsella, que recuerda que fue al mediodía. Que en esos momentos estaba nublado, y que la noche anterior había llovido mucho. Que cuando estaban despidiendo a los nenes, observa que una señora estaba pasando y que de repente sale despedida, que en la vereda había agua. Que había un cable en el agua.”. Aun cuando el relato de la actora sin demasiadas precisiones pareciera ubicar el siniestro en la calle Cosquín, lo cierto es que indica que su dirección era Camino Negro -en realidad Camino Presidente Juan D.Perón- hacia la calle Marsella mientras que las testigos sitúan el suceso en la calle Marsella -la primera de ellas, en la cuadra que delimita de un lado la calle Cosquín- . Pero la consulta del mapa de la zona – http://www.google.com.ar/maps/place/Marsella,+Buenos+Aires/@34.7326222,-58.4396209,18z/data=!4m5!3m4! 1s0x95bccdbfc178d177:0x8b2dee2b77fab933!8m2!3d-34.7317625! 4d-58.4383334- permite advertir que la calle Cosquín es paralela al camino Juan D. Perón y a Marsella, de donde se sigue que el relato de la actora -que se sitúa caminando en Cosquín con dirección a una calle paralela, lo que es materialmente imposible- contiene un simple error, cuyas consecuencias no pueden llevar a tener por no acreditado el hecho, con las graves consecuencias que de ello se derivan. En tales condiciones y teniendo en cuenta lo que resulta de las declaraciones testificales antes indicadas, que convencen respecto de la presencia de las testigos en el lugar y que dan cuenta de manera convincente respecto de las forma en que ocurrió el accidente, corresponde a mi juicio tenerlo por acreditado. Lo contrario importaría desconocer que -tal como lo ha dicho nuestra C.S.J.N. en el célebre caso “Colalillo” (Fallos: 238:550)- el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. No es óbice para ello lo que resulta del informe pericial médico de fs. 170/171, pues parece evidente que la mecánica que el galeno parece referir en esa infundada presentación no puede prevalecer ni contraponerse a la versión de quienes presenciaron el hecho.Por ello, porque no se advierte circunstancia alguna para dudar de la veracidad de los dichos de las testigos y porque además el hecho de que la actora hubiera terminado colisionando contra un automóvil no parece un obstáculo suficiente para que desde la vereda de enfrente pudieran percibir por sus sentidos el suceso, la solución adelantada -a mi juicio- se impone. Dada la naturaleza objetiva de la responsabilidad que la magistrada atribuye a Edesur, las quejas vinculadas a la ruptura del nexo causal por la existencia de caso fortuito no pueden admitirse. Es que en su responde la citada empresa no invocó concretamente la existencia de un casus puntual con aptitud para producir la mencionada ruptura, lo que obsta sin más a la consideración de este extremo (art. 277 del Código Procesal). No obstante ello, cabe señalar que, pese a que en el memorial alude a esta eximente en forma genérica y menciona “un hecho, evento o acontecimiento imprevisto” no acierta a afirmar cuál es concretamente ese hecho. En este sentido cabe descartar que lo sea -como parece tímidamente insinuarse en el escrito- la existencia de una lluvia que obviamente no sería sin más apta para constituir un hecho fortuito eximente de responsabilidad.

IV. Las quejas de la parte demandada respecto de la relación de causalidad entre los daños cuyo resarcimiento se reclama y el accidente se basan en los términos del informe pericial médico de fs. 170/171, informe que no será tenido en cuenta dada su ostensible falta de fundamentación. Tal como lo decidió este tribunal al disponer la práctica de un nuevo dictamen en los términos del art. 36 inc. 2 del Código Procesal, el de fs. 170/171 carece de toda fundamentación tanto científica como lógica. Estudiada entonces la cuestión desde esta óptica, no se advierten razones para dudar del nexo causal entre el hecho y las lesiones. Sobretodo a la luz de lo que surge del nuevo informe médico realizado en esta instancia por el Dr.Villa ( fs.334/42) en el que afirma la verosimilitud del nexo causal invocado. Del referido informe surge que la actora sufrió una lesión lumbar compatible con espondilolistesis traumática L2-L3, dolor lumbar crónico con irradiación a MMII con EMG con radiculopatía, constándose como secuela una limitación funcional pasiva y activa de la movilidad lumbosacra. Teniendo en cuenta la lumbalgia con irradiación a MMII, observó una incapacidad física del 9 % de la total obrera. Como dije antes, el profesional afirmó que esta incapacidad guarda, de modo verosímil, relación causal con el accidente de autos ya que él en caso de demostrarse que ocurrió tal como lo relató el actor, es causa suficiente y eficiente como para producir un mecanismo de flexo extensión repetitivo encima del rango de la tolerancia fisiológica para los movimientos. Ninguna observación planteó la demandada frente al traslado dispuesto a fs. 343. En el orden psíquico, el informe psicológico describió que a raíz del accidente la actora padece un cuadro de desarrollo reactivo moderado generador de un 20 % de incapacidad de grado concausal con el accidente de autos. A esta conclusión llegó luego de advertir que la vivencia del accidente había reforzado la personalidad de base de la actora estructuralmente lábil e inmadura, acrecentando y agravando sus sentimientos de inseguridad, vulnerabilidad y dependencia, con una marcada y excesiva preocupación sobre la idea de cercanía de la muerte, al haber estado expuesta a una experiencia de extremo peligro, en un ciclo vital donde la preeminencia de esta temática no es lo esperable. Recomendó asimismo un tratamiento psicoterapéutico de un año aproximado de duración y una frecuencia semanal (ver fs. 101/6).

Ahora bien, cuestiona la actora que las sumas de $ 40.000 y de $ 2.500 para resarcir la incapacidad sobreviniente y el respectivo tratamiento psicoterapéutico resultan exiguas para compensar los perjuicios padecidos. Y -debo decirlo- le asiste razón en su consideración.Como lo hemos sostenido en numerosas oportunidades, a fin de determinar el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente, las secuelas deben ponderarse en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima o impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personale s, socioeconómicas y culturales de aquélla. En tal sentido cuadra destacar que la actora tenía 26 años de edad al momento del accidente, vivía en pareja, con dos hijos, se desempeñaba -por lo menos al momento de la declaración jurada de fs. 34 del beneficio de litigar sin gastos y de la entrevista psicológica de fs. 101/6- cumpliendo funciones como portera de un colegio secundario, percibiendo las sumas que ilustran los recibos que en fotocopia se acompañaron a fs. 33 del incidente mencionado ($ 4656,42) para el mes de febrero de 2012. A los fines de cuantificar este rubro, se buscará determinar una suma que represente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables como consecuencia del accidente. En este sentido, esta Sala viene acudiendo hace tiempo como pauta orientativa a criterios matemáticos para tal determinación, si bien tomando los valores que arrojaron esos cálculos finales como indicativos, sin resignar las facultades que asisten al órgano judicial para de adecuarlos a las circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en juego.Ha descartado, por ejemplo multiplicar los ingresos de la víctima por el número de años, con sustento en que tal cálculo soslaya que sumar directamente cada uno de los importes -aún parcialmente- que se devengarían como salarios, importa ignorar que el fijarse la indemnización en una prestación única y actual, tal procedimiento conducirá a un enriquecimiento ilegítimo en beneficio de la víctima que lesiona el principio sentado en el art. 1083 del C. Civil (Fallos 322:2589 ; esta sala, expte. 54613/99 del 14/06/97, entre otros). Del mismo modo ha desechado el temperamento de computar un valor al punto de incapacidad, pues tal procedimiento se desatiende de las circunstancias de la víctima que sumadas al grado de incapacidad, habrán de determinar la concreta existencia de secuelas y su incidencia tanto en el ámbito de su capacidad productiva como el que corresponde al desenvolvimiento familiar, social, etc. (ver, por ejemplo, expte. 41.090/2009 del 7 de mayo de 2015; 112.748/2006 del 24 de abril de 2012; 60.440/2008 del 11 de julio de 2003, entre muchos otros). También hemos resuelto que debían ponderarse los ingresos que la víctima obtenía y que frente a la ausencia de una prueba concreta acerca de su monto, se considera útil tomar como pauta de referencia los valores que componen el salario mínimo vital y móvil (expte 55.244/2011 del 2 de julio de 2015, 101.411/2010 del 2 de junio del 2015, entre otros) Las directrices sobre las que se asienta la nueva normativa en la materia (arts. 1745, 1746) a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se orientan en tal sentido, por lo que parece útil -en sintonía con esos nuevos postulados- explicitar las bases objetivas y variables en juego que se toman en cuenta para arribar a los montos indemnizatorios.Ello aún cuando -como lo adelantamos al comienzo de este voto- en el caso de autos esa nueva normativa no sea aplicable.

En ese orden de ideas, estimo adecuado valorar: 1) que el accidente acaeció cuando la actora Lorena Paola Elena tenía 26 años de edad, 2) los ingresos mensuales, según valores acreditados a fs. 33 del beneficio de litigar sin gastos. A los efectos de determinar la indemnización, tendré en cuenta la proporción que éstos guardaban en relación al salario mínimo vital y móvil a la fecha de estimación de esos ingresos, a fin de trasladar la ecuación y extraer esa misma proporción con relación al valor del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia de primera instancia, pues es en dicho momento en que se fijan los valores de este pronunciamiento. 3) una tasa de descuento del 5 % anual que en la actual coyuntura económica entendemos adecuada y que representaría el adelanto por las sumas futuras, equivalente a la que se podría obtener de una inversión a largo plazo, 4) el período a computar que estaría dado por la expectativa de vida útil que cabe presumir en la accionante (75 años), 5) Finalmente las incapacidades establecidas por los facultativos con la salvedad que mas abajo especificaré. En efecto, al fijar el quantum no habré de partir del estricto porcentaje de incapacidad fijado por el experto psicólogo pues no puedo soslayar el carácter concausal del daño psíquico advertido, de modo que limitaré el porcentaje a la mitad. Asimismo, tendré en cuenta la mejoría que seguramente experimentará en virtud del tratamiento psicoterapéutico que por separado se le resarce, por lo que estimo adecuado y de conformidad con lo dispuesto por el art. 165 del CPCCN- establecerla en la suma de $250.000. No soslayo que en la demanda se requirió una suma menor. Sin embargo, se sujetó lo reclamado a lo que en más o en menos surgiera de las probanzas de autos (ver fs. 9).

V.En cuanto al tratamiento psicoterapéutico, dada la duración y frecuencia estimada (un año y una sesión semanal), la suma otorgada se muestra también insuficiente teniendo en cuenta los valores manejados por este Tribunal en casos análogos, y sin soslayar por cierto la relación de concausalidad establecida en el informe respectivo. En consecuencia y habida cuenta el límite impuesto por el respectivo agravio, deberá elevarse el monto a la suma de $ 7.200 por ser la expresamente allí solicitada.

VI. Acreditado como fue la responsabilidad de la demandada en el accidente motivo de autos y los consecuentes daños irrogados, no hay razones para propiciar la desestimación del daño moral en los términos pretendidos por la demandada a fs. 254 vta. Por el contrario, advierto que la suma concedida ($ 5.000) es insuficiente para compensar el detrimento espiritual que sin duda causó el accidente en la actora, dadas sus características, la entidad de las lesiones físicas y psíquicas sufridas por ésta última, las secuelas ya ponderadas y demás padecimientos como los descriptos en el informe psicológico de fs. 101/5. Por estas razones considero que la suma fijada en la sentencia apelada no cumple suficientemente con el propósito que la inspira, por lo que propongo su elevación a $ 50.000.

VII. En cuanto a los gastos médicos y de traslados, no alcanza la crítica esbozada para habilitar la revisión de lo decidido. No se brindan argumentos de peso mas allá de una mera disconformidad y parece claro que la transcripción de citas jurisprudenciales sobre el tema no puede suplir la insuficiencia en la queja. De este modo, soy de opinión que corresponderá declarar desierto el recurso (art. 265 del Código Procesal) .

VIII. Las costas deberán mantenerse como fueron impuestas en la instancia de grado.La preservación de la integridad del resarcimiento, la circunstancia que el monto del mismo dependió de la apreciación judicial y la ausencia de allanamiento a satisfacer la pretensión en la medida que progresó, impiden prescindir del principio objetivo de la derrota (art. 68, Cód. Procesal), aun cuando esa medida haya sido inferior a la reclamada (esta Sala, exptes. 67.154, 67.388, 25.491/94, etc.).IX. Por lo que llevo dicho hasta aquí, soy de opinión que deberá modificarse la sentencia, elevando la condena a favor de Lorena Paola Elena a la suma de trescientos ocho mil pesos ($ 308.200) ; e imponer las costas de alzada a la demandada sustancialmente vencida. Por razones análogas, las Dras. UBIEDO Y GUISADO adhieren al voto que antecede. Con lo que terminó el acto. Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve:1°) modificar la sentencia, elevando la condena a favor de Lorena Paola Elena a la suma de trescientos ocho mil pesos ($ 308.200); 2) imponer las costas de alzada a la demandada vencida.

En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.210/216.

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlense los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora Dres. Fernando Fernández y Yanina Sandra Broglia en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente.

Asimismo regúlense los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada Dr. Guillermo O. Lasala en la suma de ($.).

Considerando los trabajos efectuados los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, el art.478 del Código Procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlense los honorarios de la perito médica Noemí T. Matrangolo en la suma de ($.), los de la perito psicóloga María Andrea Paternostro en la suma de ($.) y los del perito medico Andrés Miguel Villa en la suma de ($.) por su informe en esta instancia.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlense los honorarios de la Dra. María Daniela Suazo en la suma de ($.) y los de la Dra. Yanina Sandra Broglia en la suma de ($.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO