El Estado Nacional debe responder por los daños y perjuicios derivados del accidente cerebro vascular que sufrió la actora luego de una arteriografía que se realizó en un hospital

Partes: G. G. G. c/ Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 8-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-102259-AR | MJJ102259 | MJJ102259

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda contra el Estado Nacional por los daños y perjuicios derivados del accidente cerebro vascular que sufrió la actora luego de una arteriografía que se realizó en un hospital, ya que se acreditó que por descuido, imprudencia o impericia, se dejó una porción de catéter utilizado durante dicho procedimiento en su cabeza, y ello evidencia un incumplimiento culposo de la obligación de conducta, que se suma a una clara violación del deber de seguridad, sin que se adviertan hechos eximentes de responsabilidad.

2.-El Estado Nacional resulta responsable por los daños y perjuicios derivados del ACV que sufrió la actora luego de una arteriografía si se acreditó una clara falta de servicio consistente en la no disposición de medios necesarios para el control antes y después de la intervención, aptos para evitar el olvido a que se ha hecho referencia.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I. El Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 384/395, hizo lugar a la demanda que interpusiera G. G. G., contra el Estado Nacional, Ministerio de Seguridad, Policía Federal Argentina, condenando a éste último a abonar a la actora la suma de $ 475.000.- con más los intereses y costas del proceso.

Para decidir del modo en que lo hizo, tuvo por acreditado que la actora fue atendida el 9 de enero de 2008 en la guardia del Hospital Churruca Visca, por presentar entre otros síntomas, cefalea intensa, asociada con vómitos y fotofobia.

Que se le practicó una punción lumbar raquídea y dada la presencia de sangrado, se decidió efectuar una arteriografía cerebral comprobándose que es alérgica al iodo y diagnosticándosele una “meningitis viral”; fue dada de alta luego de recibir el tratamiento correspondiente al padecimiento, una semana después, con indicación de reposo.

Que con posterioridad, el 19 de enero de 2008, reingresó al hospital por un cuadro de adormecimiento de su hemicuerpo izquierdo, acompañado de balbuceo con dificultad en la expresión y desviación de la comisura labial. Se le realizaron diferentes estudios y se le informó que había sufrido un ACV (accidente cerebrovascular isquémico) causado por la presencia de un cuerpo extraño alojado en rama ventral de la bifurcación de la arteria Silvana derecha, que se trataba de una porción de catéter desprendido durante el procedimiento arteriográfico. Fue evaluada nuevamente y el 28 de enero de 2008 se le realizó una nueva arteriografía, con la intención de remover el cuerpo extraño, descartándose tal posibilidad por el riesgo que implicaba tal procedimiento.Finalmente, fue dada de alta el 30 de enero de 2008, con indicación de rehabilitación, anticoagulación y tratamiento psiquiátrico ambulatorio.

Luego de detallar exhaustivamente lo informado por la perito médica, concluyó que en la arteriografía efectuada en el Hospital Churruca el día 9 de enero de 2008, por descuido, imprudencia o impericia, se dejó una porción de catéter alojado en la rama ventral de la bifurcación de la arteria silvana derecha de la accionante, cuerpo extraño que no debió haber sido olvidado en ese lugar y en ese momento, y que con una actuación diligente y sensata de los intervinientes en el estudio, debió haber sido detectado antes de dar por finalizado el proceso. Estimando además, que acreditada la culpa de los médicos que intervinieron en el estudio invasivo, surge automáticamente la responsabilidad de la Policía Federal Argentina -como propietaria del Hospital Churruca-, siendo el deber de reparar objetivo y directo, por descansar en la violación de una obligación de seguridad generada por aplicación del art. 504 del anterior Código Civil.

II. Alza sus quejas la parte demandada a fs. 403/406 los que fueran contestados por la actora a fs. 412/414 y esta última a fs. 407/410 los que no fueran contestados por la accionada.

Las quejas de la demandada se refieren en apretada síntesis a que resulta improcedente la atribución de responsabilidad porque no hubo daño causado por personal dependiente de la Policía Federal Argentina, dado que, según argumenta, no medió culpa de los profesionales intervinientes cuya actividad fue correcta, adecuada y practicada en los respectivos momentos indicados, conforme las reglas y deberes del arte de curar. No niega que se haya desprendido un tramo del catéter pero se lo atribuye a un defecto del material por el cual la demandada no debe responder por no haber fabricado dicho elemento.Se agravia además del quantum indemnizatorio por considerarlo elevado y de la fecha desde la cual se computaron los intereses solicitando se apliquen desde la fecha de notificación de la demanda.

La actora por su parte se agravia de los montos por considerarlos exiguos.

III. En primer término cabe señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 388, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino, (confr. esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

Que tratándose de la responsabilidad de un médico, para que proceda el resarcimiento de los perjuicios sufridos, debe acreditarse no sólo que han existido, sino la relación de causalidad entre el obrar negligente de aquel a quien se imputa su producción y tales perjuicios (Fallos:310:2467; 312:2527 -disidencia del juez Fayt-; 315:2397 y 325:798).

Que en cuanto a la demandada Policía Federal Argentina, quien contrae la obligación de prestar un servicio en este caso, de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821;312:343; 315:1892; 317:1921 y 322:1393). Ello pone en juego la responsabilidad del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos: 306:2030; 317:1921 y 322:1393 ya citados). Cabe señalar, asimismo, como lo ha resuelto en reiteradas oportunidades la Corte, que el adecuado funcionamiento del sistema médico asistencial no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente. Porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en cualquiera de sus partes, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí como a la faz sanitaria, sea en el control de una y otra, en la medida en que pudiera incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso, más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control (Fallos:306:178; 317:1921 y 322:1393, ya citados).

Que la obligación nuclear causada por el contrato médico es de hacer, cuyo contenido es una prestación de diligencia apropiada para la curación, conforme con el nivel de conocimientos científicos existentes al momento de la prestación, y las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del anterior Código Civil). A ello cabe adicionar los deberes colaterales de conducta derivados de la buena fe (Código citado, art. 1198), entre los cuales se encuentran los de seguridad, información y consejo.

De la compulsa de la expresión de agravios formulada por la demandada surge que no se debate la cuestión central, que hace a la imputación de responsabilidad, que es que como consecuencia de una arteriografía realizada a la actora en el Hospital Churruca quedó alojado parte del catéter utilizado durante dicho procedimiento en su cabeza, lo que motivó un accidente cerebro vascular generador de los daños por los que reclama.

En esta instancia no niega que se haya desprendido un tramo del catéter cuando se le realizó la arteriografía pero se lo atribuye a una falla de materiales por la cual no debe responder ya que no fabricó dicho elemento. Que, ante todo, cabe destacar que los argumentos expuestos no fueron debidamente sometidos a conocimiento del magistrado de la anterior instancia; por consiguiente, su tratamiento se halla vedado en la Alzada, de conformidad con la limitación impuesta a los tribunales de revisión en el art. 278 del Código Procesal, DJA. Entrar al estudio de esa temática y resolver lo que fuera acerca de ella provocaría un exceso en el ejercicio de las facultades de los jueces, toda vez que es un deber de éstos respetar el “principio de congruencia” (art. 34, inc. 4°, CPCC), que equivale a decir que las pretensiones de las partes deben ser calificadas por ley según correspondiera y en la medida en que hubieran sido oportunamente introducidas en el juicio (art. 164, inc.6°, CPCC, DJA), dando así la ocasión a la contraparte de ejercer los derechos constitucionales de la defensa en juicio y al debido proceso mediante la posibilidad de ofrecer prueba, producirla y alegar sobre su mérito. Por ello, cuando los tribunales inferiores de la Nación se han apartado del “principio de congruencia”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha anulado las sentencias que incurrieron en ese vicio constitucional (Fallos 330:1791 entre muchos otros). Y ese principio se reafirma con mayor fuerza respecto de los tribunales de alzada, en tanto el art. 278 CPCC -DJA- veda, en términos que no permiten restringir su alcance con interpretaciones torcidas, que ellos resuelvan puntos que las partes no sometieron al conocimiento y resolución del magistrado de la anterior instancia. (Sala 2 causa 5190/99 entre muchas otras).

A demás de no haberse introducido la cuestión en el debate en el momento procesal oportuno, circunstancia que resulta vulneratoria del debido derecho de defensa, trae aparejado que no se debatiera tampoco cuál fue el sistema de selección de los elementos utilizados en la intervención, quién tomó la decisión de la utilización, quién realizó la compra, a quien, si se exhibieron otras opciones, etcétera. Es decir que tampoco se aportó ningún elemento de convicción respaldatorio de la afirmación con un grado mínimo de seriedad para ser tenida en consideración como defensa a fin de deslindar la imputación de responsabilidad que se le endilga.Ante la evidencia reseñada, la presencia de un objeto metálico residual alojado en la cabeza de la actora como consecuencia del tratamiento antes aludido, no cabe duda de que se encuentran reunidos todos los que permiten presumir que los galenos intervinientes no actuaron con la diligencia apropiada y era la demandada en todo caso quien debía aportar los elementos de convicción, en el momento procesal oportuno, que permitieran evaluar la hipótesis que introduce en esta instancia vinculada a un defecto de material por el que no debería responder.

De la lectura de la contestación de demanda surge que se limita a sostener que los profesionales intervinientes realizaron su labor de conformidad con las normas que impone la materia, circunstancias que no resultan suficientes para desacreditar el hecho incontrastable de que en la arteriografía cerebral se dejó un residuo metálico dentro de la humanidad de la accionante y que se encuentra alojado en su cabeza como informara la perito médica, informe que, cabe señalar, tampoco fue debidamente impugnado en la etapa procesal oportuna.

Conforme con lo expuesto, los hechos evidencian un incumplimiento culposo de la obligación de conducta, que se suma a una clara violación del deber de seguridad, sin que se adviertan hechos eximentes de responsabilidad. Cabe precisar que cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación. Y es que, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio. Es decir, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, y el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos:321:1124).

Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por la Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124). Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva. El factor de atribución genérico debe ser aplicado en función de los mencionados elementos de concretización de la regla general. La obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud, se debe realizar en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y hay responsabilidad por los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921 y 322:1393).

En el presente caso se acreditó una clara falta de servicio consistente en la no disposición de medios necesarios para el control antes y después de la intervención, aptos para evitar el olvido a que se ha hecho referencia. Por lo que propondré la confirmación del decisorio impugnado en este aspecto.

IV.Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios vertidos respecto del quantum indemnizatorio teniendo en consideración que han introducido sus quejas por exiguo la actora y por elevado la demandada.

El a quo fijó una indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance, en la suma de trescientos diez mil pesos ($310.000), daño moral, comprensivo del daño psicológico, en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) y en concepto de reintegro de gastos y tratamiento psicoterapéutico en la suma de quince mil pesos ($15.000).

En este sentido, debe tenerse presente que la Corte ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 321:1124; 322:2002 y 326:1673).

La perito médica en su dictamen informó que la actora padece una incapacidad parcial y permanente del 35% de la TO (v. fs.322/334) y en lo que respecta a la incapacidad psíquica, que presenta características de una reacción vivencial de tipo IV y estimó en este rubro su incapacidad en el 30% de la total, también con carácter parcial y permanente.

Teniendo en consideración que la actora reclama por incapacidad sobreviniente la suma de $100.000; por lucro cesante, $360.000; por daño moral, $100.000; por daño psíquico, $50.000 y por gastos de rehabilitación, $20.000, la manifestación que realiza en esta instancia en el sentido de que se han frustrado expectativas económicas de una persona joven, activa y con ánimo de crecer laboralmente, circunstancias que vale aclarar han sido debidamente consideradas por el a quo, no resultan en sí mismas suficiente motivación para modificar el criterio sustentado que considero apropiado teniendo en cuenta las particularidades del caso. Por otro lado, no señala puntualmente cuál es el elemento probatorio que no se ha tenido en consideración y que justifique la modificación del criterio impugnado. Lo mismo sucede con los gastos de tratamiento, teniendo en cuenta que aún realizando la cuenta que propone de multiplicar el costo de las consultas, el total se encuentra comprendido dentro del monto otorgado.

El mismo criterio cabe aplicar respecto de los agravios vertidos por la accionada en tanto y en cuanto se limita a reiterar que no ha mediado ni culpa ni dolo en la actuación de sus dependientes.

Con respecto al daño moral, cabe recordar que se trata de una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. PIZARRO, Daniel, “Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho”, pág.36, cita extraída del fallo de la Sala III de este Tribunal “in re” 17/6/08, “González y otros c/ Corporación Asistencial S.A.”). Se trata pues de una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Reponsabilidad Civil”, pág.208). Resulta indudable el agravio moral padecido por la actora.

Qué duda puede existir respecto de la conmoción que genera en una persona el derrotero quirúrgico al que se vio sometida. No es difícil imaginar el estado de incertidumbre que debe generar en una persona joven saber que posee alojado en su cerebro un elemento metálico que nadie puede afirmar a ciencia cierta que no producirá efectos aún peores. Esa aflicción existe y comparto con el a quo que debe ser indemnizada.

En materia de daño extrapatrimonial o moral, insisto con la dificultad que se plantea en orden a la determinación cuantitativa de su extensión. Es por ello que, a los fines de obtener una solución equitativa, deberá estarse a las circunstancias que rodean el caso. Así, resulta imprescindible observar, entre otros aspectos, las personalidades de los damnificados (edad, sexo, condición social, etc.).

Debe tenerse presente que la herramienta que brinda el derecho para reparar las aflicciones espirituales no es otra que la que se contempla en los arts. 522 y 1078 del anterior Código Civil, la que difícilmente pueda representar con exactitud el sufrimiento real para sustituirlo por un equivalente en dinero (conf. ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, “Cuánto por daño moral”, pub. en L.L. 1998-E, 1061). En ese sentido, debe recordarse que la naturaleza resarcitoria del daño moral importa que no guarde necesariamente relación con existencia del daño material, pues no se trata de un accesorio de éste (conf.Sala II, causa n° 17628/98 del 12.4.07; n° 6341/98 del 26.4.07; n°4820/97 del 4/03/08; entre otras). Ponderando las condiciones apuntadas, propongo la confirmación del monto otorgado en la sentencia de grado.

Por último, se agravia la demandada de la fecha de inicio del cálculo de los intereses invocando un antecedente de esta Sala CAUSA N° 3863/00 -S.I- “DI GIOVANNI CARLOS ANTONIO C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR POLICÍA FEDERAL ARGENTINA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” del 19/8/2003, que a diferencia de lo planteado por la quejosa no resulta aplicable al presente caso, porque el fundamento para la forma del cálculo en aquél se hizo en virtud de que la estimación de los daños se había realizado a valores actuales, circunstancia que no se da en la especie. Por lo tanto corresponde la confirmación de la sentencia de grado también en este aspecto, lo que propondré al acuerdo.

A mérito de lo expuesto y la forma en que se decide, consider o que las costas de esta instancia deben ser soportadas por la demandada por no hallar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota.

Voto en consecuencia por la confirmación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de ambas instancias a la condenada (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto de acuerdo con Digesto Jurídico Argentino).

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de ambas instancias a la condenada (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto de acuerdo con Digesto Jurídico Argentino).

Una vez regulados los honorarios de primera instancia, se procederá como corresponde en la Alzada.

La doctora María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 14 de la Acordada 34/77 CSJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo Víctor Guarinoni

Francisco de las Carreras