Dado que no se ha logrado demostrar la mala práctica médica derivada de una intervención quirúrgica laparoscópica resulta improcedente responsabilizar a los profesionales médicos que la efectuaron

Partes: E. E. I. c/ Instituto Médico Central y otros s/ daños y perjuicios- Resp. Prof.Médicos y Aux

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 13-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102506-AR | MJJ102506 | MJJ102506Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica laparoscópica ante un hallazgo ecográfico de quistes ováricos bilaterales -presenta un cuadro de vegija neurogénica con pérdida de la funcion normal- ya que del análisis de las pericias médicas no surge ningún elemento de prueba contundente, que permita establecer que la causa probable el daño padecido por la actora se deba a negligencias, impericias, error de diagnóstico o no haber cumplido con un procedimiento que debía ser el indicado al caso.

2.-Toda vez que no ha quedado acreditado que el obrar del profesional haya vulnerado la lexartis, como para imputar responsabilidad a las accionadas por el cuadro de vegija neurogénica con pérdida de la función normal que presenta la actora luego de una laparoscopía y a pesar de las indiscutibles y dolorosas secuelas padecidas por la accionante, corresponde rechazar la demanda.

3.-El nuevo CCivCom. contempla de manera expresa lo relativo a la temporalidad de la ley y es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7 sobre la base dela irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia,así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Fallo:

Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “E E I c/ Instituto Médico Central y otros s/ daños y perjuicios- Resp Prof.Médicos y Aux”.

La Dra Marta del Rosario Mattera dijo:

I. – La sentencia obrante a fs. 839/849 rechazó la demanda incoada Por la actora contra el Instituto Médico Central S.A. y Galeno Argentina S.A. con costas a la actora.- La presente acción se origina en el reclamo efectuado por la accionante por los daños y perjuicios ocasionados en su salud, con motivo de la intervencion quirúrgica laparoscopica realizada el dia 15 de noviembre de 2008 ante un hallazgo ecográfico de quistes ovaricos bilaterales.- Contra el decisorio de grado apela la accionante cuya queja luce en el libelo obrante a fs. 957/967.- Corrido el pertinente traslado de ley obran a fs. 969/986 y 988/991 los respectivos respondes de las contrarias.- A fs. 995 se dicta el llamado de autos a sentencia, que quedó firme encontrándose en consecuencia las actuaciones en estado de resolver las cuestiones propuestas.-

II.- El agravio fundamental de la parte actora Los agravios de la parte actora se centran fundamentalmente en torno a lo que considera una incorrecta valoración de la prueba producida en autos, como una incorreta determinación de la falta de relacion causal entre los errores cometidos por el cirujano y su estado actual de salud .Cuestiona que se hubiera desechado las conclusiones de la primera pericia médica sin armonizarla con la segunda, manifestando que ingresó al quirófano por una operación de ablación de ovarios y terminó con problemas miccinales y defecatorios los cuales no padecía con anterioridad.- Que no se ponderaron adecuadamente las concluciones periciales relativas a que el cuadro de vegija neurogénica que presenta, con pérdida de la funcion normal de la vegija, es causa de un daño parcial en el sistema nervioso y originado en el acto quirúrgico practicado.- De todas la causales del cuadro de vegija neurógena, sólo le comprende la intervención quirúrgica por laparascopia ovarica, por lo que mal puede considerarse que no se encuentra acreditada la necesaria relación de causalidad entre el estado de su salud y dicha intervención, solicitando en esta instancia se revoque el fallo apelado como la imposición de las costas.-

III. – Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos, cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.- Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable sin perjuicio de señalar, que en líneas generales a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal. –

IV. – La sentencia en análisis efectúa un pormenorizado estudio de la responsabilidad profesional, su configuración y requisitos, asimismo sostiene la tesis a la que adhiere esta Sala que el profesional del arte de curar brinda en general obligaciones de actividad (de medios) (Bueres, A., “Responsabilidad civil de los médicos”, Ed. Ábaco, 1979, pág. 148), y no puede ni debe comprometerse a un resultado (ley 17.132, art. 20), ello no implica que no deba aplicar su saber científico y dirigir su accionar a procurar la salud del enfermo, en el contexto que le quepa actuar y conforme la dolencia que a aquél le aqueje. Sin olvidar que debe hacerlo con la prudencia y diligencia que las circunstancias requieran, así como implementando las reglas y los criterios terapéuticos aceptados (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 11/9/2007, Expte. N° 19198/1997, “Aguirre, Rene Héctor c/ Lespada, Pedro y otros s/ daños y perjuicios”, ídem, 28/3/2008, Expte. N° 29.446/98, “Gulman, Leonardo Rubén c/ Regina Mater SRL y otro s/ daños y perjuicios”, idem id, 10/3/2015, Expte.N° 28.245/2010 “Oyaneder Mansilla María Angélica de Lourdes y otros c/ Noel Mariano Augusto y otro s/ daños y perjuicios entre muchos otros).- La obligación asumida por el profesional no es a obtener un resultado, sino tan sólo a poner los medios adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, de prestar asistencia técnicamente adecuada, poniendo al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que su título acredita y prestándole la diligente asistencia profesional que su estado requiere.- Es decir, que su conducta profesional debe representar un actuar diligente y prudente de acuerdo a las circunstancias del caso, en la que el galeno no se compromete a alcanzar un fin determinado, sino que se obliga a cumplir una prestación eficaz e idónea, con ajuste a los procedimientos que las respectivas técnicas señalan como más aptas para el logro de los objetivos del paciente- enfermo-).- En consecuencia, la omisión de esta carga representa la base fundamental de los llamados casos de “mala praxis”, en los que por un error de diagnóstico o un inapropiado tratamiento clínico o quirúrgico, nace la responsabilidad civil del médico con sustento en el elemento subjetivo de la culpa (conf. Labombarda, Pablo M., “La responsabilidad del Estado por la mala praxis médica en hospitales públicos”, L.L. 07/12/2004, pág. 1).- Éste es el criterio también sostenido por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia: “tradicionalmente la obligación asumida por el profesional médico ha sido definida como ‘obligación de medios’ -ello, sin perjuicio de los singulares supuestos en que puede calificarse como de resultado-, por lo cual el galeno compromete la prestación de sus servicios, con base en los conocimientos médicos, poniendo en el cumplimiento de su labor la diligencia y cuidados que la misma requiere según las circunstancias de personas, tiempo y lugar conforme lo disponía el 512 del C.C.(actual Art 1724 del CCYCN), debiendo tomar las medidas que normalmente conducen a determinado resultado, pero sin garantizar este último” (C.N.Civ., esta Sala, 24/08/2005, Azurduy, Cristina Rina y otro c/ Hospital Gral. de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield y otros”; Idem., id., 17/08/2010, “B., E. A. c. S., J. I. y otros s/ daños y perjuicios, E. D. 28/12/2010, N° 12.657).- No existe un concepto de culpa profesional diferente al que se describe en las aludidas normas, las que nos proporcionan el concepto de culpa civil, al decir que ésta consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiera la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a la circunstancia de las personas, del tiempo y del lugar. Ello viene a significar que cuando el facultativo incurre en la omisión de tales diligencias, ya sea por imprudencia, impericia o negligencia, falta a sus obligaciones y se coloca en la posición de deudor culpable. (Conf CNCiv., esta sala, 23/6/2011 Expte. 90.579/2003 “Rivera Cofre José Alejandro y otros c/ Clínica Gral. de Obstetricia y Cirugía Nstra. Sra. de Fátima y otros s/ daños y perjuicios” ídem31/5/2012 Expten N° 89.973/2007 “Lamas Dora c/ O.S.C.O.M.M y otro s/ daños y perjuicios responsabilidad Prof. Médicos y Auxiliares” entre otros muchos).-

A los fines de fundar este último criterio, se acude a las directivas que emanaban del art. 902 del Código de fondo, (actual art 1725 CCYCN) “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”, lo cual resulta lógico en vista de los mayores deberes que incumben a quienes se hallan habilitados para desempeñarse como profesionales por la capacitación que supone el título universitario y la especialización que hubieren alcanzado.- En conclusión, la culpa profesional es la culpa común o corriente.El tipo de comparación será el de un profesional diligente, prudente, que corresponda a la categoría o clase en la que quepa encuadrar la conducta del deudor en cada caso concreto (Pérez de Leal, Rosana, “Responsabilidad civil del médico – tendencias clásicas y modernas”, capítulo II, Ed. Universidad, 1995; Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Responsabilidad civil médica – Error en el diagnóstico patológico. Valoración de la culpa profesional. Pérdida de la chance como daño indemnizable y otras interesantes cuestiones”, L.L. 1999-F- 21; Conf CNCiv esta sala, 17/8/2010, expte. N° 106479/2005 “Benitez Eduardo Aparicio c/ Sarrabayrouse Juan Ignacio, y otros s/ daños y perjuicios”).- Cabe señalar que el vínculo de causalidad exige la concurrencia de una relación efectiva y adecuada entre una acción u omisión y el daño de que se trate. A tales efectos, se hace necesario realizar un juicio de probabilidad, determinando que el daño se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito; en otros términos, que la consecuencia dañosa es la que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas conforme lo establecía el art 901 Cód. Civil, y la determinación de la existencia de tal nexo causal constituye una cuestión de hecho que debe ser resuelta por los jueces, ameritándose las pruebas arrimadas en autos (Conf. C.N.Civ., esta sala, 9/7/2005, Expte. 52.188/99, “Benito Sarmiento, Cristina y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”; Ídem 4/6/2009, Expte. 150.949/95 “Ávila Fernández, Basilia c/ Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía y otros s/ daños y perjuicios” Idem., id., 17/08/2010, “B., E. A. c. S., J. I. y otros s/ daños y perjuicios, E. D. 28/12/2010, N° 12.657 ” Id., id., 31/5/2011, Expte.117.079/2001 “Salguero de Fratte, Gladys c/ OSDE (Organización Servicios Directos Empresarios) y otros s/daños y perjuicios” Id id, 31/5/2012, Expte N° 89.973/2007 “Lamas Dora c/ O.S.C.O.M.M y otro s/ daños y perjuicios responsabilidad Prof. Médicos y Auxiliares” ) entre muchos otros.- La prueba de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe a su pretensor. Es una simple aplicación del principio que fluye del art. 377 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación. Más allá de que los sistemas o normas sobre los distintos tipos de responsabilidad tienden a defender al damnificado, ello no conlleva a una desnaturalización del sistema de pruebas, ni a la existencia de responsabilidades automáticas cuando el hecho y la causa no aparecen probados”. (L. 96137/92 – “Castelli, José Corado c/ MCBA s/ daños y perjuicios”, CNCiv. – Sala D – 04/04/2000).- Asimismo y en cuanto a la responsabilidad de los hospitales y clínicas recién surgirá, en principio, cuando se acredite la culpa médica. Vale decir, que el incumplimiento de aquéllas necesariamente va a estar ligado al incumplimiento previo de los deberes que estaban en cabeza de los galenos.- Al respecto, se reconoce sin mayores discusiones que pesa sobre los hospitales y clínicas una obligación tácita de seguridad hacia quien acude a los servicios que brinda. O sea, que rige una cláusula sobreentendida de garantía que se traduce en atender a la seguridad del paciente, y que tiene su fundamento en el principio general de la buena fe (art. 1198, primer párrafo, del C.C. y actual Art 961 del CCYCN). En otros términos, existe la obligación de la entidad hospitalaria o clínica de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general o accesoria para la preservación de la personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato.Es que si el hospital se ha obligado a proporcionar asistencia médica, no solamente es responsable por el servicio que se ofrezca, sino también de que se preste en condiciones tales para que el paciente no sufra daños por una eventual deficiencia de la prestación prometida (Ver Vázquez Ferreyra, Roberto, “La obligación de seguridad”, suplem. especial La Ley, septiembre de 2005, p. 4; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 468, N° 1431 quáter, 5° edición, Buenos Aires, 1987).-

V. – No puede dejar de recordarse que, en procesos como el presente, el dictamen pericial adquiere una especial significación desde que resulta ser, en la generalidad de los casos, la “probatio probatissima” (conf.: Rabinovich Berkman, R.D. “Responsabilidad del Médico”, pág. 239, núm. 52, ed. Astrea, 1999).- En materia de procesos de daños y perjuicios por mala praxis, la prueba pericial resulta de particular relevancia en lo que se refiere al análisis de la conducta desarrollada por el profesional actuante, así como a la existencia y entidad de las lesiones por las que se reclama.- Se ha dicho que en materia de responsabilidad médica se acentúa el significado de la pericia, que es evaluada según las reglas de la sana crítica. Cuanto mayor es la particularidad del conocimiento, menor es la posibilidad de apartarse. Sin embargo, esa importancia no implica aceptación lisa y llana. El juez no homologa la pericia, la analiza, la examina, la aprecia con las bases que contiene el art. 477 del Código Procesal (Conf. Cipriano, Néstor A.,”Prueba pericial en los juicios de responsabilidad médica (Finalidad de la prueba judicial)”, en LL, 1995-C-623; Conf CNCiv, esta sala, 10/3/2015, Expte.N° 28.245/2010 “Oyaneder Mansilla María Angélica de Lourdes y otros c/ Noel Mariano Augusto y otro s/ daños y perjuicios” ídem, 5/11/2015, Expte N° 111.441/2011 “Montoya Cristian Martin c/ Sociedad Itlaiana de beneficencia de Buenos Aires y otro” s/ Daños y Perjuicios).- La primera pericia médica efectuada en autos por la Dra. René E Abdelnur, que fuera impugnada por las partes a fs. 625/628, fs 630 y fs. 632/633 respectivamente, determina la experta que la oforectomia es un cirugía menor y las complicaciones graves, derivadas directamente de la cirugía son raras, a pesar de esto, tiene consecuencias muy graves a largo plazo, que se derivan principalmente de los efectos hormonales de la cirugía y que se extiende mas allá de la menopausia.- Señala que la actora presenta vejiga neurógena postraumática determinando un incapacidad del 70% alteración funcional rectal 20% estableciendo un 76% de origen causal con la cirugía realizada a la actora ya que no hay antecedentes de esta patología previa- Manifiesta en su dictamen que la actora tenía antecedentes de histerectomía previa por sangrado hemorragia.- Preguntada si conforme la historia clínica la actora ya presentaba dificultades miccionales o defecatorias durante su internación en noviembre de 2008, manifestó que presentó sangrado rectal y prolapso hemorroidal, que no se asocian a vejiga neurógena y disinergia del piso pelviano .- Sobre si es habitual en este tipo de intervenciones se produzcan secuelas miccionales o defecatorias manifestó que no, que la laparoscopia no debe comprometer filetes nerviosos.- Que la secuela hemorrágica se puede presentar en todas las cirugías y que en el caso fue tratada oportunamente.- Señala que la actora consultó por trastornos miccionales y/o defectatorios con posterioridad a la cirugía de noviembre de 2008 recién el 18/3/2010.- En el responde de fs.638/640 la experta señala que no hay referencia de patología compatible con la actual previa a la cirugía.- Que no existe constancias en autos que haya existido una sección del nervio pudendo y que la lesión de este nervio ya sea por sección o compresión y la desfuncionalización del mismo, es el que genera el cuadro clínico de la actora, ratificando su dictamen y porcentajes de incpacidad asignados (ver fs. 639 vta).- A fs. 729 el Sr. Juez de Grado y en uso de las facultades conferidas por el Art 36 inc 4° del Código Procesal, designa un nuevo perito médico ginecológico, a fin de responder a los puntos periciales propuestos y ponderar las impugnaciones formuladas en autos a la pericia ya realizada.- La nueva pericia (ver fs. 755/763) efectuada por el Médico Legista Dr. Oscar Nieva, determina que la actora presenta una incapacidad del 70% parcial y permanente debido a vejiga neurogénica, a lo que cabe agregar discinesia del piso pelviano con leve hipotonia del canal anal, en el electromiograma de los músculos del perineo, surge un cuadro compatible con compromiso del sistema nervioso periférico.- Entre los referencias quirúrgicos de la actora menciona dos cesáreas, una histerectomía y dos laparoscopias.- Entre los antecedentes que pudieron haber provocado este cuadro, señala el experto que figura la cirugía laparoscópica para la extirpación de ovarios, no estando de acuerdo con el dictamen anterior, que consideraba la lesión total del nervio pudendo, si esto hubiera sido así la sintomatología hubiera aparecido inmediatamente después del post operatorio, y hubiera sido distinta y no un año o mas en que esta registrada la consulta de la paciente por esto síntomas.- Es indudable que hay una alteración del sistema nervioso periférico que enerva la zona, pero no hay destrucción total del nervio pudendo sino alteraciones de su funcionamiento.- Después de descartar otras causas dictamina que tal vez durante las intervenciones se traccionó de los paquetes neuro-vasculares de la pelvis, alguno delos agrafes colocados, pudieron producir lesiones leves del sistema nervioso periférico, que fueron agravando con el tiempo hasta llegar al estado actual.- Señala que el profesional interviniente actúo correctamente durante la cirugía laparoscópica inicial (oforectomia bilateral) y resolvió con idoneidad rápidamente la complicación del hemoperitoneo presentado descripto como complicación de ese tipo de cirugía.- Aunque no lo puede comprobar científicamente considera que la lesión vesical que presenta la actora, puede tener relación con las cirugías cuestionadas, como una complicación poco frecuente de las mismas.- Que la actora presenta una vejiga neurogénica pero no existe seguridad para el experto, que haya sido motivada por la cirugía que ocasiona la litis (ver fs. 761 respuesta al punto 5.10) – Que ha habido en Noviembre de 2008 una laparoscopia a menos de 24 hrs. de otra cirugía a causa de un hemopeitoneo (colección de sangre en cavidad abdominal) debido a un vaso sangrante, que ha sido tratado correctamente como lo indica la praxis médica señalando que es un evento probable en cualquier tipo de cirugía.- Que no encuentra en autos motivos para no aceptar la correcta realización del acto quirúrgico, y que no considera que haya habido desaciertos durante la cirugía (según partes quirúrgicos obrantes en autos) aparte la paciente evolucionó favorablemente por los datos de la historia clínica.-( ver fs. 762 pto 5-24).- Al punto sobre si la actora presentó dificultades miccionales o defecatorias durante su permanencia en el IMC, en Noviembre de 2008 el experto manifestó que no figura en las hojas de enfermería que haya habido ninguno de estos síntomas durante la internación.- Con estos elementos concretos, el juzgador forma un tipo de comparación abstracto y circunstancial como específico, que sea representativo -axiológicamente- de la conducta que debió observar el sujeto en la emergencia.

Y de la confrontación del actuar debido -idealmente supuesto- y el actuar real, obtiene la conclusión buscada (confr.Bustamante Alsina J., “Teoría General de la responsabilidad civil”, N° 812, pág. 250 y 251).- Las co nclusiones fundadas en principios técnicos cuya crítica no ha sido formulada con bases en argumentos científicos de mayor valor que demuestren su falta de consistencia, ni existiendo otras probanzas que lo desvirtúen, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones (conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. IV, Actos Procesales, pág.720; esta Sala, Expte. N° 75.974/2.000, 22/11/2011, “Lugo, Ernesto c/ Suarez, Eusebio s/ Daños y perjuicios” ídem, 18/2/2014, “Braccia Mariana Graciela y otro c/ Swiss Medical S.A. y otros s/ daños y perjuicios”).- Sobre estas premisas, no se puede dejar de resaltar el grado de delicadeza y precisión con que se deben valorar las pruebas y circunstancias del caso para determinar la mala praxis, bajo esta perspectiva, a efectos de evaluar la situación de cada una de las responsabilidades, debe colocarse el juez en la situación de las partes en el momento en que los hechos ocurrían, pues la mirada retrospectiva de todo lo que pudo haberse hecho no ayuda a resolver la temática.- Deben colocarse el abogado y el juez en el lugar y tiempo en que el médico actuó y preguntarse si éste lo hizo por uno de los caminos posibles, si fue aceptable la conducta médica en el marco de las circunstancias que rodeaban al caso en esa oportunidad concreta.- No debe olvidarse que el análisis de las conductas, diagnósticos y eventuales tratamientos o intervenciones no pueden sino efectuarse de manera retrospectiva, es decir, valorando las conductas de conformidad a las circunstancias de tiempo y lugar (conf.: art. 512,C. N. Civ., Sala F, 14/06/2000, “R.G., M.E. y otro c. M.C.B.A. y otro”, L. L.2001-C, 432, con nota de Roberto Angel Meneghini – DJ 2001-2, 409).- La culpa profesional no se evalúa por el resultado insatisfactorio sino por la inadecuación de los medios empleados o la técnica aplicada, esta imprecisión en la determinación de la adecuación causal entre el obrar médico y el estado actual del actor impide establecer la responsabilidad en los términos que se planteara la presente acción de daños.- El médico será responsable con base en factor subjetivo de atribución, en caso de que cometa un error objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase. Pero si el equívoco es de apreciación subjetiva por el carácter discutible u opinable del tema o materia, el juez no tendrá en principio, elementos suficientes para inferir la culpa de que informa el art.512 del Código Civil (Bueres, 1a edición, pág. 237; 3a edición renovada, Hammurabi, 2006, pág. 569; Prevot, Juan Manuel: “Responsabilidad civil de los médicos”, pág.263, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008).- Sentado ello y del análisis de las referidas pericias médicas resulta dudoso, tener por establecida la necesaria relación de causalidad exigida por la normativa legal, no surge de ellas ningún elemento de prueba contundente, que permita establecer que la causa probable el daño padecido por la actora se deba a negligencias, impericias, error de diagnóstico o no haber cumplido con un procedimiento ( en el caso en el acto quirúrgico) que debía ser el indicado al caso, como para imputar responsabilidad a los aquí accionados.- En el caso no ha quedado acreditado sin sombra de dudas que efectivamente haya mediado negligencia, impericia en la atención brindada a la accionante ni que la conducta del profesional conforme las constancias de la historia clínica y pericias efectuadas, fueran contrarias a las reglas del arte de curar.- Sobre la base de la valoración conjunta de los elementos de convicción existentes en autos, he de concluir que no se ha logrado demostrar la mala práctica médica alegada en la demanda ni la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil, en síntesis, no ha quedado acreditada en autos que el obrar del profesional haya vulnerado la lex artis, como para imputar responsabilidad a las accionadas en los términos que ha sido iniciada la presente acción de daños, aún atendiendo a las indiscutibles y dolorosas secuelas padecidas por la accionante.- Por ello las faltas que imputa, con las secuelas que hoy día presenta, aún dentro de una razonable aplicación de la carga del onus probandi, no permite, a mi juicio, sostener una condena, que siempre debe estar asentada en una razonable certeza de responsabilidad, pues la mera hipótesis, y como lo hemos sostenido reiteradamente, en este terreno, no es suficiente para dar por cumplida la prueba de la relación de causalidad (Conf CNCiv esta sala 31/5/2012 Expten N° 89.973/2007 “Lamas Dora c/ O.S.C.O.M.M y otro s/ daños y perjuicios responsabilidad Prof.Médicos y Auxiliares Idem id, 13/6/2014 Expte N° 14.4517/1999 “Torres Carolina Mabel y otro c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”.- El sentenciante de grado ha brindado cabal y concreta razón de su juicio conclusivo, sin que existan en la causa, elementos fácticos ni razones científicas que brinden una conclusión diferente ni superadora.- De tal modo, que al aceptar el dictamen, el juez no hizo sino valorarlo conforme a las reglas de la sana crítica (art 386 del CPCC) y según las pautas establecidas (art 477 del CPCC).- Los razonamientos del fallo se adecuan a las conclusiones de los peritajes médicos que le sirvieron de base y las restantes particularidades que se señalan en el escrito de agravios, no son suficientes por sí, como para desvirtuar el decisorio impugnado, el apelante no sale de lo opinable, permaneciendo dentro de lo subjetivo, no logrando conmover ni la experticia ni la sentencia que en ella se basa, ni dando razones de peso que desvirtúen las conclusiones a las que se arribara.- En virtud de las consideraciones vertidas a lo largo del presente voto propongo al acuerdo desestimar los agravios planteados, confirmando lo resuelto en la instancia de grado.-

VI.-Costas Respecto de su imposición, el Código Procesal ha adoptado en su art.68, el principio objetivo de la derrota, que no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que simplemente tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos que su conducta lo obligó a realizar.- El principio objetivo del vencimiento que sirve de fundamento a la imposición de las costas no supone necesariamente la derrota del discurso del vencido por el del vencedor, sino que opera también cuando la pretensión del primero (en el caso trasuntada en la gestión recursiva incoada) es inadmitida por deficiencias propias; tal circunstancia acarrea para el oponente el dispendio derivado de la imperatividad de concurrir a defenderse, independientemente de que los argumentos fundantes de la defensa sean o no tenidos en cuenta para repeler la pretensión, por cuanto tan vencido es quien resulta superado por las razones de la contraria como quien fracasa por “mérito” propio.- Al decir de Chiovenda, la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (conf. Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, pág. 280 y ss.).- En materia de costas, sabido es que como regla ellas deben ser impuestas al vencido (cfr. el primer párrafo del art. 68 del Código Procesal; Colombo, “Código Procesal Civil y Comercial.”, Abeledo-Perrot, t. I, pág. 385; Alsina, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil.”, Ediar, 1961, t. IV, pág. 535, núm. 7.a; Palacio, Lino. E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, t.

III, pág. 366, núm. 312).- El principio objetivo de la derrota (art.68 del Código Procesal), no implica una penalidad para el litigante vencido, sino que simplemente tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos que su conducta la obligó a realizar.- La preservación de la integridad del resarcimiento o, en términos generales, del derecho reconocido en la sentencia, justifica que sea el vencido quien cargue con las costas derivadas del litigio, pues, de lo contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado.- En virtud de las consideraciones expuestas y a la luz de las circunstancias objetivas de la causa propongo al acuerdo confirmar lo resuelto en la instancia de grado.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que: a) Se confirme el fallo apelado en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravio, con costas de Alzada a la accionante vencida (Art 68 del CPCC).- Tal es mi voto Las Dras. Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Bue nos Aires, diciembre 13 de 2016.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente trasncripto el Tribunal RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravio, con costas de Alzada a la accionante vencida (Art 68 del CPCC).-

Para conocer los honorarios que fueran regulados a fs. 849 y que fueran apelados a fs. 852, fs. 854, fs.858, fs.860, fs.864, fs.866, fs.868 y fs.870 respectivamente.- Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión en la sentencia de primera instancia, se deben aplicar las reglas que corresponden al rechazo de la demanda o al desistimiento de la acción, en virtud de ello y en atención a la naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9,10, 19,10, 37, 38 y conc.de la ley 21.839, y su modificatoria 24432 asimismo y merituando los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales intervinientes en el proceso (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361) así como la incidencia que han tenido en el resultado del pleito por considerarlos ajustados a derecho se confirman los honorarios regulados a los profesionales y peritos intervinientes en la instancia de grado.- En atención al monto del proceso resultado obtenido complejidad y labor profesional respecto de la tarea desarrollado en la Alzada de conformidad con lo dispuesto en el art 14 de la ley de aranceles profesionales, según texto ley 24432 se regulan los honorarios del Dr. P E U en la suma de pesos treinta y tres mil ($33.000) los de la Dra. I G C en la suma de pesos diecisiete mil quinientos ($17.500) y los del Dr. L A P R en la suma de pesos once mil quinientos ($11.500).- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

-Fdo Marta del Rosario Mattera-Beatriz A Veron-Zulema Wilde.-