Multa a empresa de telefonía celular por las conductas desplegadas por la empresa de cobranzas

telefonoPartes: AMX Argentina S.A. y otro c/ Dirección Nacional de Comercio Interior y otro s/ defensa del consumidor – Ley 24.240 art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 25-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101860-AR | MJJ101860Sumario:

1.-Corresponde aplicar una multa a una empresa de telefonía celular, toda vez que esta realizó una cesión de las deudas de los consumidores sin informárselos y las conductas desplegadas por la empresa de cobranzas a dicho fin resultaron vergonzantes, vejatorias e intimidatorias.

Fallo:

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016.- MSU

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que mediante la disposición 215/14, el Director Nacional de Comercio Interior impuso sendas multas de: a) pesos cien mil ($100.000) a BOSTON COLLECTIONS SA -en adelante “BOSTON”-; y b) pesos cien mil ($ 100.000) a AMX ARGENTINA SA -en adelante “AMX”-, por considerar que volvieron las previsiones de los artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240 (fs. 71/88).

Para resolver como lo hizo, en lo que aquí interesa, recordó que las actuaciones tenían origen en la denuncia efectuada por Marcelo Antonio Lorenzo con motivo de los reclamos realizados por Boston en nombre de AMX, para el cobro de una deuda contraída con esta última, mediante métodos intimidantes.

Entendió que de las actuaciones se desprendía que las sumariadas violentaron las citadas previsiones legales por no informar al usuario que el cobro de la supuesta deuda por falta de pago del servicio de telefonía móvil, prestado por AMX -en la actualidad Claro-, lo efectuaría Boston en virtud de un contrato de fideicomiso y, asimismo, porque la conducta desplegada colocó al consumidor en una situación vergonzante.

Puntualmente, tuvo por acreditado que: a) BOSTON, continuando el contrato que AMX tenía con sus clientes, intimó al consumidor al pago de presuntas deudas, operando del siguiente modo: 1.- Con envío de notas y mails, sin estipular montos, determinación, ni origen de la deuda; consignando sólo nombre y apellido del presunto deudor, DNI y un teléfono de la empresa al cual contactarse; 2.- Con notas dirigidas al domicilio laboral del consumidor, en las que se informaba la existencia de una presunta deuda, con la sola indicación del nombre y apellido del destinatario, DNI, lugar y teléfono de contacto de la empresa, sin otro detalle de referencia.b) AMX, en su carácter de fiduciante, cedió acreencias a fin de que se gestione la cobranza de presuntas deudas contraídas por los consumidores, sin informarlo al cliente afectado por la cesión; extremo que determinó que aquel desconociera quién, cómo y por qué le reclamaba una supuesta deuda. Además, permitió el ejercicio de reclamos vejatorios, formulados en su nombre.

Tales prácticas -a juicio de la DNCI- resultaron humillantes, y omitieron suministrar al consumidor una información adecuada, eficaz y suficiente en relación con el reclamo, violentando las previsiones de los artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240.

Con respecto a las defensas de BOSTON, ratificó que se trataba de un proveedor en los términos de la ley 24.240, porque la relación de consumo ya existía entre la ex Claro y el usuario, y era claro que aquélla se entrometió en virtud del contrato de fideicomiso pues, de lo contrario, no estaría reclamando deuda alguna. Sostuvo que se trataba de un hecho originado en una relación de consumo anterior, y consideró reprochable que no se hubiera informado al consumidor la cesión de la deuda; información que reputó exigible en los términos del artículo 4º de la ley.

Por otra parte, entendió que se había configurado la infracción al artículo 8º bis, fundamentalmente, por la utilización del domicilio postal del lugar de trabajo del usuario, y porque la norma establece que las sanciones de la ley son extensibles a quien actuare en nombre del proveedor.

En cuanto a AMX, basó el reproche en la falta de comunicación de la cesión de deudas. Añadió que la empresa sumariada no había presentado descargo alguno, estando debidamente notificada. Consideró inoponible el contrato al consumidor y estimó que, frente aquel, seguía siendo responsable y no podía desentenderse del modo en que se comunicaron detalles tales como quién percibiría la deuda.Reiteró que, si bien Boston había enviado las notas, AMX era responsable porque aquélla actuó en su nombre.

Para graduar las sanciones, tuvo en cuenta la gravedad de la conducta, el grado de intencionalidad, el perjuicio cierto y potencial a los consumidores, la negligencia de cada una, las formas de su participación, su posición en el mercado, y el informe de antecedentes.

Por último, tuvo por configurado el daño directo al denunciante, en los términos del artículo 40 bis de la ley, y fijó la indemnización a cargo de cada empresa en el equivalente a 1 canasta básica total para el hogar 3.

2º) Que, contra aquel acto, a fs. 91/101 AMX interpone recurso de apelación en los términos previstos por el artículo 45 de la ley 24.240.

En lo que aquí interesa, la sancionada se agravia de: a.- La improcedencia de la sanción por el supuesto incumplimiento del art. 4º de la ley 24.240, argumentando que brindó al reclamante toda la información solicitada respecto a la deuda, y que, por otro lado, hay límites del deber de información. Sostiene que el 2/10/09 comunicó al cliente la transferencia de la deuda de $ 112,65 al Fideicomiso Financiero Privado CM1. Desconoce el vínculo contractual entre Boston y Fideicomiso CM1, de lo que desprende que AMX en ninguna oportunidad efectuó intimaciones al cliente. Añade que el 17/06/11 efectuó la recompra de la deuda al Fideicomiso dejando al Sr. Lorenzo una constancia de libre deuda. b.- La inexistencia de Infracción al art. 8º de la mencionada ley, por que considera irrazonable e ilegítimo imputarle maltrato al cliente cuando ninguna constancia de ello surge en el expediente, ya que el cobro fue reclamado únicamente por Boston, que no tiene vínculo alguno con AMX. c.- La inaplicabilidad del art. 40, de la misma ley, por no haberse demostrado la existencia de un daño ni por parte de la Administración, ni por el reclamante.d.- La multa aplicada resulta de manifiesta arbitrariedad y existe desproporción entre la conducta desplegada y la sanción. e.- Solicita la aplicación del principio de insignificancia, por considerar que se trata de un ataque tolerable al bien jurídico protegido y, como tal, excluido de punción.

3º) Que, a fs. 133, se concedió la apelación y, a fs. 172/192, el Estado Nacional contestó el traslado de los agravios.

A fs. 194 dictaminó el señor Fiscal General y aconsejó admitir formalmente el recurso.

4º) Que, ello aclarado, cabe analizar si la apelación planteada ante esta Cámara logra desvirtuar los fundamentos en que la autoridad administrativa fundó su decisión.

La sanción se impuso a la recurrente en los términos de los artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240, el primero de los cuales establece:

“El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.

Por su parte, el artículo 8º bis dispone: “Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialicen.Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.” Cabe recordar que tales disposiciones se enmarcan dentro de un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación a través del cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (confr. Sala II, causa “Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.I. – Disp. 285/12”, sent. del 10/10/13).

En ese contexto, corresponde adelantar que las defensas esgrimidas no logran desvirtuar el incumplimiento atribuido en el acto administrativo apelado en la medida en que -en la especie- se trata de infracciones formales donde la constatación de los hechos hace nacer por sí y como principio la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que como principio basta por sí misma para tener por verificada la violación de las respectivas normas (en igual sentido, confr. Sala III, causa “Supermercados Norte c/ DNCI-Disp 364/04”, sent. del 9/10/06; Sala V, causas “José Saponara y Hnos. c/ Sec de Comercio”, sent.del 25/06/97, y “Banco del Buen Ayre SA-RDI c/ DNCI s/Disp. 618/05”, sent. del 6/02/07).

Como se dijo, con respecto a la aquí actora, el primer incumplimiento se fundó en que la cesión de deudas de consumidores no fue debidamente informada ni notificada al cliente afectado; mientras que el segundo se basó en que las conductas desplegadas por el encargado de la gestión de cobranzas resultaron vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, en punto a lo cual, resultó determinante que Boston se hubiera dirigido al domicilio laboral del supuesto deudor, y que el artículo en cuestión hacía expresamente responsables, tanto al proveedor del bien en cuyo nombre se actuare o invocare, como al ejecutor p ropiamente dicho.

Ahora bien, en lo que hace a la imputación por el artículo 4º de la ley 24.240, no cabe sino interpretar que la notificación al deudor cedido forma parte de la información que debía proporcionarse al consumidor, pues las consecuencias de la falta de pago y el régimen de cobranzas claramente hacen a las condiciones de comercialización del servicio que el usuario contrató en forma directa con la recurrente.

Cabe añadir que el contrato de fideicomiso y la cesión misma resulta inoponible al consumidor-deudor cedido en tanto no haya sido debidamente notificada. Y, si bien a este respecto AMX alega que remitió una al Sr.Lorenzo el 02/10/09, no acompaña constancia alguna en sustento de sus dichos, mi recepción o anoticiamiento del cliente, debiéndose concluir, de un modo acorde con la autoridad de aplicación, que no cumplió con la máxima de proporcionarle información completa, adecuada y veraz.

Es decir que, de las constancias de la causa no se desprende el cabal cumplimiento del deber de información que la ley 24.240 le impone como proveedora del servicio de telefonía móvil, y la actora tampoco aporta nuevos elementos de juicio para desvirtuar la imputación.

Por otra parte, en cuanto a la imputación por el artículo 8º bis, AMX nada alega con respecto al principal fundamento de la imputación, que reside en que parte de las intimaciones se dirigieron al domicilio laboral del supuesto deudor, y que dicha circunstancia fue expresamente admitida por la empresa encargada de la gestión de cobranzas. Al ser ello así, y en la medida en que la constancia documental de fs. 7 da cuenta que el agente de cobro aclaró estar obrando en nombre de un tercero AMX no puede desentenderse de las gestiones del fiduciario, pues se da el supuesto expresamente previsto en la norma.

En este sentido, cabe hacer notar que el artículo 8º bis no ofrece lugar a dudas en cuanto a que el proveedor cuyo nombre se invoca es responsable respecto de ambos tipo de sanciones (la civil y la infraccional) -lo que descarta cualquier posible afectación al principio de legalidad-, como así también, en cuanto a que dicha responsabilidad se hace extensiva al ejecutor.Todo ello permite inferir que el obrar negligente previsto por el legislador se encuentra acreditado con respecto a AMX.

5°) Que, en razón de todo lo expuesto, se concluye en que se encuentra verificada la conducta tipificada en los artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240 y, en consecuencia, reunidos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la recurrente, como lo hizo la disposición apelada.

6°) Que, con respecto a la sanción aplicada, su determinación y graduación es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (confr. Sala V, causa “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sent. del 27/05/97). En esa inteligencia, contemplando los parámetros de valoración a que hace referencia el acto cuestionado; y ponderando que la recurrente tenía numerosos antecedentes firmes al momento de imponerse la multa (v. fs. 66/68); que hay cierta progresividad en las sanciones; y que, en los términos previstos por el legislador, AMX es la proveedora del servicio en cuyo nombre actuó la gestora de cobranzas y la principal responsable, no se advierte que la sanción impuesta resulte arbitraria o desproporcionada, por lo que corresponde confirmarla.

7º) Que, por idénticas razones, ponderando las situaciones vergonzantes y las molestias ocasionadas por faltar al deber de informar quién efectuaría el cobro con respecto al servicio contratado, tampoco se advierte arbitrariedad en la estimación del daño directo ocasionado.

8º) Que las costas se imponen a la recurrente, al no advertirse motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68, CPCCN).

9º) Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 9º, 19 -por analogía, lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida, su monto y la entidad de la labor desarrollada ante esta instancia originaria por el Estado Nacional (confr. contestación de traslado de fs. 172/92), REGULANSE en la suma de ($.) los honorarios del doctor Nicolás Olivari; importe que se encuentra íntegramente a cargo de la parte actora.

Por último, se aclara que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Fiscal General, SE RESUELVE:

1) Confirmar la disposición 215/14, en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, CPCCN).

2) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada del modo en que surge del considerando 9º de la presente.

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General en su público despacho- y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

Ante mi