No procede la acción resarcitoria por la difusión de una película en la cual aparece la imagen de un funcionario

televisionPartes: Cid Héctor c/ Piñeyro Enrique y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 14-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-101939-AR | MJJ101939 | MJJ101939

Sumario:1.-Corresponde rechazar la acción resarcitoria iniciada por un funcionario público en relación a las afirmaciones vertidas por el demandado en un programa de televisión sobre cuestiones vinculadas a la seguridad aeronáutica, ya que si bien se dieron noticias inexactas, quienes ejercen funciones vinculadas a la seguridad de la población están expuestos a críticas, impresiones y opiniones, aun cuando se lo haga de modo ríspido y con algunas descalificaciones, a lo cual se agrega que no se observa que el accionado hubiera actuado con notoria despreocupación acerca de la veracidad de los hechos.

2.-Quien voluntariamente concurrió a un programa de televisión no puede pretender una reparación por la utilización de su imagen en una película realizada con posterioridad, si se presenta la excepción prevista en el último párrafo del art. 31 de la Ley 11.723, al existir un interés público en los hechos vinculados con la aviación, así como el carácter de funcionario público del actor.

3.-La doctrina de la ‘actual malicia’ -aplicable a los hombres públicos o cuando están comprometidos intereses públicos- produce la inversión de la carga de la prueba, poniendo en cabeza del hombre público demandante o querellante la obligación de acreditar que el informador conocía la falsedad de la noticia o que actuó con temerario desinterés acerca de su veracidad.

4.-La inversión de la carga de la prueba que supone la aplicación de la doctrina de la actual malicia, se relaciona con la actitud del periodista o del medio de comunicación social respecto de su diligencia en orden a verificar -dentro de ciertos límites, congruentes con la naturaleza de la profesión y con la celeridad que ella impone- la verdad o la falsedad de la información.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre del 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Cid Héctor c/ Piñeyro Enrique y otros s/ Daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 1338/55), que rechazó la demanda por la cual el actor pretendía la indemnización de los daños y perjuicios que alega haber sufrido por la difusión del filme “Fuerza Aérea Sociedad Anónima”, y de parte del demandado Piñeyro en una publicación y en un programa periodístico, expresa agravios el actor a fs. 1426/53, cuyo traslado fue contestado por los demandados Piñeyro y Aquafilms SRL a fs. 1463/72. En su extenso escrito, del cual tomaré los argumentos que considero más relevantes, sostiene el apelante que:1) el fallo incurre en omisiones y es incongruente, vulnera la garantía de defensa en juicio; 2) el demandado realiza un negocio con su película, que no se puede ser catalogada como periodismo de investigación; 3) no hay un interés público que justifique las ofensas; 4) ha sido víctima de ofensas, tales como ser tratado de “corrupto”, “inmoral”, entre otras; 5) el derecho de informar tiene límites, entre ellos la dignidad y el honor de las personas; 6) el actor, si bien funcionario público, no es una persona pública ni tiene acceso a los medios periodísticos; 7) se ignoran los principios básicos del periodismo; 8) equivocada aplicación de la teoría de la real malicia y de otros precedentes de la Corte Suprema; 9) abuso de su imagen fotográfica; 10) violar la cosa juzgada administrativa ya que el actor, si bien descalificado en el informe preliminar -oportunamente impugnado-, no tuvo finalmente reproche disciplinario, como surge del expediente administrativo, ni penal; 11) es falso que haya sido pasado a retiro por motivo del film del demandado; 12) se dieron informaciones falsas con palmaria ligereza y sin rectificación; 13) se ha citado una sentencia de la que no ha sido parte; 14) el accidente ocurrido en el aeródromo El Pampero fue responsabilidad del piloto, como surge de la sentencia penal; 15) el actor tiene un destacado curriculum que demuestra su conocimiento de la actividad aeronáutica; 16) los conocidos accidentes aéreos se produjeron cuando no desempeñaba cargos en la Fuerza Aérea; 17) se lo asoció a los comandantes en jefe del último gobierno militar; 18) se omitió valorar que el demandado se paró sobre sus fotografías y las pisoteó, así como el uso de su imagen como telón de fondo y la exhibición de fajos de dinero; 19) no actuó como juez y parte, como se afirma en la película, 20) la Sala k de esta Cámara ha condenado al demandado en una demanda promovida por otra persona con motivo de la misma película; 21) el demandado fuesobreseído en el fuero penal por aplicación de la ley 26.551 que suprimió la tipicidad del delito, pero deja a salvo la reparación civil. Antes de examinar los hechos que motivan esta litis, debo adelantar que, como es sabido, los jueces no están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes, sino solo aquellas que consideren conducentes para la adecuada solución del litigio. El actor, Héctor Cid, brigadier de la Fuerza Aérea, inicia esta demanda contra Enrique Piñeyro, Marcela Rocca y Aqua Films, por sentirse ofendido y dañado con motivo de la intervención del primero de los demandados en un programa televisivo (29/5/2005), por la publicación de una solicitada en el diario Clarín (18/8/2006), y por la difusión del film “Fuerza Aérea Argentina Sociedad Anónima”, en los que se critica su actuación y se lo sindica como posible responsable del accidente aéreo ocurrido en el Aeródromo El Pampero de Santa Rosa, La Pampa, que fuera habilitado unos años antes (1993) por el actor cuando era comandante de regiones aéreas. También dijo sentirse injuriado por declaraciones de Piñeyro a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. En primer lugar, quiero dejar sentado que en mi opinión, luego de haber visto la película, considero que se trata de un hecho de interés público el informado. No puedo dudar de que el estado de los aviones, del tráfico aéreo, de los aeropuertos, radares, del control, de posibles deficiencias, etc., es un hecho de relevancia pública. Se trata de un importante medio de transporte público y cuya seguridad interesa a la población. Registra la historia algunos accidentes que han costado la vida de muchas personas, lo que pone a estas situaciones por encima de intereses privados. Las eventuales denuncias de mal funcionamiento, justas o no, son de especial interés. La seguridad de los ciudadanos es un hecho de notoria relevancia pública.El propio actor señaló que fue al programa televisivo “Pool Económico”, toda vez que consideró “de interés difundir ante la opinión pública la tarea del organismo a su cargo” (fs. 40vta). Por otro lado, también considero que, en el caso, aun cuando la película tenga un fin comercial, se vincula con la información pública y se asemeja a la actividad periodística. Está hecha como documental y no como una ficción. Se relatan hechos ocurridos, no se han imaginado personajes, ni como sucede en otra clase de películas se idearon protagonistas, historias de amor, mezclas de alegrías y tristezas, sino que se intenta mostrar la realidad. El demandado Piñeyro aparece relatando, a diferencia de otra clase de filmes. Ya hace tiempo, la Suprema Corte de Estados Unidos consideró que la expresión cinematográfica se encuentra protegida por la primera enmienda, que protege la libertad de prensa y la libertad de expresión (Suprema Corte de Estados Unidos, Joseph Burstyn, Inc. c. Wilson, Commissioner of Education of New York, 26/05/1952). El término prensa comprende todas las formas de exteriorizar y poner en conocimiento del público ideas, opiniones, consejos y hechos, ya se presenten en libros, periódicos, hojas sueltas, etc. o que se difundan a través de los medios audiovisuales por los que la tecnología divulga entre el público las más diversas informaciones (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, 1959, p. 167, citado por Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad Social de los Medios Masivos de Comunicación. La Sociedad Mediática, LA LEY 1998-B, 1272; íd. Bianchi, E. T. y Gullco, H., “El derecho a la libre expresión”, Librería editora platense, 2ª edición, p. 65; CSJN, Fallos: 282:392 considerando 3°; 2315:1946; 321:2250 y 321:2637 ). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre y la libertad de expresión es, por lo tanto, no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.” (Corte IDH, OC 5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, del 13 de noviembre de 1985, párrafo N° 70). También están en juego las libertades de pensamiento y expresión -art. 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos- (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Olmedo Bustos y otros c. Chile, 5/2/2001, LA LEY 2001-C-135). A la vez, no se puede negar el carácter de funcionario público del actor, brigadier retirado de la Fuerza Aérea, que ejerció funciones de interés público, entre otras la Presidencia de la Junta de Investigaciones de Accidentes de la Aviación Civil, Comandante de Regiones Aéreas, y como tal expuesto a la crítica, como sucede con otros gobernantes y funcionarios, e incluso con los jueces, a diario expuestos a la crítica televisiva. Es esencial a la garantía de libertad de prensa, la posibilidad de ejercer la libre crítica a los funcionarios por razón de sus actos de gobierno, pues ello hace a los fundamentos mismos del régimen republicano. La Corte Suprema, siguiendo a la de Estados Unidos, adoptó y desarrolló dos regímenes de protección claramente diferenciados contra las publicaciones ofensivas, agraviantes o lesivas de derechos de terceros: uno -más tuitivo- para los particulares; y otro -de protección más atenuada- para los “funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones públicas” (conf. Fallos:314-1517, entre otros.). Así, mientras a los ‘ciudadanos comunes’ (por así decirlo) se les aplica el régimen de responsabilidad civil común; a los segundos se les aplica la denominada “doctrina de la real malicia”. La “real malicia” está reservada para informaciones falsas -false statements of fact- sujetas a comprobaciones sobre el grado de su veracidad. La doctrina de la ‘actual malicia’ -aplicable a los hombres públicos o cuando están comprometidos intereses públicos- produce la inversión de la carga de la prueba poniendo en cabeza del hombre público demandante o querellante la obligación de acreditar que el informador conocía la falsedad de la noticia o que actuó con temerario desinterés acerca de su veracidad. Dicha inversión del deber de probar se relaciona con la actitud del periodista o del medio de comunicación social respecto de su diligencia en orden a verificar -dentro de ciertos límites, congruentes con la naturaleza de la profesión y con la celeridad que ella impone- la verdad o la falsedad de la información. Se parte del supuesto que el honor de los personajes públicos, posee inferiores niveles de protección, que el de individuos anónimos. Ello por cuanto, en virtud de la actividad profesional que desarrollan, quedan voluntariamente expuestos a la crítica por parte de terceros; además, tienen mayor acceso a los medios de comunicación, lo que les posibilita replicar las imputaciones falsas. Justamente, estos argumentos son los que justifican el criterio estricto en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad civil, en forma tal de garantizar la formación de una opinión pública vigorosa. En el caso, no se puede soslayar que el actor fue invitado a un programa de televisión en el que debatió con el demandado, y que a su juicio es la piedra angular de esta demanda. Lo cierto es que las manifestaciones fueron realizadas en una contienda de carácter público, y por lo tanto, hay que valorar en todas sus dimensiones, el decrecimiento de los niveles de protección del derecho al honor.Si bien no he sido adherente a dicha doctrina, que me genera reservas por no estar incluida en nuestra legislación, lo cierto es que se ha afianzado en numerosos casos resueltos por la Corte Suprema, entre lo que no puedo ignorar “Patitó c/ La Nación” (muchas veces citado en doctrina), en el que se revocó una sentencia de esta Sala con un voto de mi autoría.

Admitido todo lo anterior, la cuestión pasa por determinar, en mi criterio, si se han excedido los límites que sin duda existen a toda actividad informativa, pero destacando que el actor, le guste o no, goza de una protección atenuada. Uno de los motivos de esta demanda radica en que el brigadier Cid cuando era comandante de regiones aéreas en el año 1993 habilitó el Aeródromo El Pampero de Santa Rosa como aeródromo público. El demandado le imputó haberlo hecho sin un jefe de aeródromo, violando -a su entender- el art. 88 del Código Aeronáutico. Varios años después, en dicho aeródromo, se produjo un accidente en el que un avión se estrelló contra un árbol. Según los propios dichos del demandado: “al no tener jefe de aeródromo estaba muy mal mantenido y con los pastos muy altos. Esto hizo que se enredaran en las ruedas de un avión que despegaba y que penalizó la performance de ascenso, razón por la cual el avión impactó contra unos árboles cercanos muriendo todos sus ocupantes”. Después agregó en la solicitada que “Sabías que el mismísimo Brig. Cid fue designado presidente de la Junta Investigadora de Accidentes y que lo primero que hizo fue anular la resolución 14/2000 que ya cargaba (cuando no) las tintas sobre el piloto para que no se analice su responsabilidad, transformándose en juez y parte en un clarísimo conflicto de intereses”. Lo manifestó en una solicitada y también lo reitera en la película referida anteriormente. Pues bien, es exacto que aquí hubo noticias inexactas.Ese aeródromo se habilitó muchos años antes del siniestro de esa unidad y al tratarse de una pista “no controlada”, el Jefe del Área de Fiscalización tenía a su cargo las tareas y responsabilidades del Jefe de Aeródromo, cumpliéndose así con las reglamentaciones vigentes. Por otra parte, se han realizado investigaciones que ya han concluido, con fuerza de cosa juzgada, en el ámbito penal y en el administrativo, que concluyeron que el accidente se debió a un error del piloto. De todos modos, aunque así no fuera, no me parece justo que se haya sugerido la responsabilidad del actor por el acaecimiento de un accidente ocurrido muchos años después, y más aún cuando la causa fue atribuida a otros factores. Ahora bien, no toda información equivocada genera responsabilidad civil, máxime cuando se está en presencia de hechos de tanta relevancia pública. Esto es así, justamente, por lo que expliqué en la introducción a este voto. En efecto, el demandado, en ejercicio de su libertad de expresión y de opinión, tiene también derecho a criticar la actuación de los funcionarios públicos a cargo de la seguridad aeronáutica, como es el caso del demandante. Es obvio que quienes ejercen funciones vinculadas a la seguridad de la población están expuestos a este tipo de críticas, impresiones y opiniones, aun cuando se lo haga de modo ríspido y con algunas descalificaciones, como se puede observar en la película que el demandado discute con el actor sobre un problema de alarmas, y le dice que no diga “huevadas”. Por otra parte, las razones del accidente fueron establecidas tiempo después, luego de investigaciones, mientras que el demandado – vinculado a la actividad- intentó contribuir al esclarecimiento de los hechos. Esto último no puede ser penalizado, pues de ser así se terminaría con la posibilidad de que quienes pretenden denunciar irregularidades puedan hacerlo.Se suma a lo expuesto que no advierto que el demandado haya actuado al hacer sus consideraciones sobre lo ocurrido con notoria despreocupación acerca de la veracidad de los hechos. Más aún, que el aeródromo de La Pampa no tenía Jefe era un hecho cierto, al margen de la responsabilidad del actor. Además, es un hecho que la entonces Ministro de Defensa lo pasó a retiro, por haber creído verosímiles las imputaciones. Si todo generó una apariencia de realidad, aunque no lo haya sido, no puede decirse que el demandado fue temerario en sus afirmaciones. Incluso, el demandado, como ciudadano, tiene derecho no solo a criticar a los funcionarios, sino también a pedir su separación, como suele escucharse a diario en los medios de comunicación. Ahora, para que un funcionario sea apartado de sus funciones depende de los procedimientos legales previstos en el ordenamiento, no de quien formula la crítica. Tampoco puedo aceptar las quejas del actor vinculadas con la utilización de su imagen. Si bien, en principio, nadie tiene derecho a usar la imagen de otra persona sin su consentimiento, en el caso se presenta la excepción prevista en el último párrafo del art. 31 de la ley 11.723, en relación con la difusión no consentida de la imagen de una persona, que exige que se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales o con hechos o acontecimientos de interés público y que exista una directa e íntima relación entre la imagen y el acontecimiento de interés público, extremo este último que se da en autos. Estos supuestos hoy se encuentran regulados en el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ya señalé anteriormente el interés público en los hechos vinculados con la aviación, así como el carácter de funcionario público del actor, y que además este concurrió voluntariamente a un programa de televisión, cuya imagen es la utilizada en la película.En dicho programa, justamente, se refirió a las cuestiones que ahora motivan este litigio. El hecho de que otra Sala de esta Cámara haya admitido una demanda contra las mismas partes aquí demandadas y con motivo de la misma película, no es motivo suficiente para alterar la decisión que propongo. Las razones son varias, entre las cuales mencionaré: a) se trata de un actor diferente y por un motivo también diferente; b) lo allí resuelto es inoponible; c) son diferentes las circunstancias, pues en la causa “Caputo”, el demandante fue filmado sin su consentimiento y se reprodujo su imagen, mientras que en el presente el actor concurrió a un programa de televisión voluntariamente, y esa es la imagen que se difundió; d) el aquí actor es brigadier retirado y tuvo -como señalé anteriormente- un cargo jerárquico de suma relevancia, a diferencia del caso resuelto por mis colegas; e) no hay posibilidad de escándalo jurídico ya que no hay identidad de partes ni de objeto litigioso.

Finalmente, alude el actor a un episodio que le resultó ofensivo. Hay un momento de la película en que Piñeyro habla de la capacitación de los pilotos y al finalizar su argumentación coloca unos fajos de billetes sobre un televisor y dice “todos estos ahorros, ¿a dónde van a parar?, ¿se lo quedan las empresas?, ¿quién sabe?”. Ese televisor proyectaba la imagen de Cid (minuto 31). Sostuvo el a quo lo siguiente: “Este resulta un instante verdaderamente álgido y que pudo haber perturbado a Cid. Sin embargo y aunque Piñeyro sugiere una sospecha de actos de corrupción, siempre se manifiesta en términos potenciales y nunca hace mención al actor con nombre y apellido, amén de esa imagen exhibida en la televisión. Pero además, las suspicacias del demandado no parecen formuladas en relación directa con el pretensor, sino a la Fuerza Aérea como institución en general y a otros funcionarios en especial.Fíjese que cuando la película trata la cuestión de la corrupción, siempre se hace referencia a otros militares, pero nunca al actor (minuto 48). En igual modo, también se reproduce en el film un segmento del debate televisivo entre Cid y Piñeyro, donde el primero le pregunta si realizó denuncias de corrupción, a lo cual el cineasta le enumera sus denuncias, pero ninguna estaba dirigida personalmente a su interlocutor (minuto 45)”. Voy a coincidir con este criterio. Como ya adelanté, si se trata de publicaciones concernientes a la discusión sobre asuntos de interés público sobre funcionarios o figuras públicas, la víctima debe probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia, como ya se ha destacado. Es lo que la Corte juzgó en ciertos casos (ver H. de B., I. c. M. de P., S. s/ daños y perjuicios, 1/8/2013). Lo concreto es que, como se desprende de este fallo, que las dudas o sospechas que albergaba el demandado sobre el rol que les cupo a los miembros de la Fuerza Aérea en algunos trágicos acontecimientos, pueden tener asidero para excluir la atribución de responsabilidad por formular comentarios al respecto. En efecto, surge de la película que algunos comodoros y brigadieres (no el actor) fueron procesados por distintos hechos, y que el demandado no imputó al actor ser autor de un delito, sino que se limitó a señalar -en ejercicio legítimo de su libertad de expresión- las dudas o sospechas que le generaba la conducta de los miembros de la institución. Así se dijo que “No debe olvidarse que la protección atenuada respecto de quienes ostentan calidad pública asume por fundamento principal el hecho de que éstas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y -por su condición- se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir per juicio por noticias difamatorias (conf. Fallos:316:2416, voto de los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi; entre otros). Ello obliga a un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad, ya que lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva del deber de resarcir.” (CSJN, 01/08/2013, “Barrantes, Juan Martín; Malinas de Barrantes, Teresa – TEA S.R.L. c. Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.”,) Pero además la distinción tiene un fundamento que podría considerarse como propio del consecuencialismo, lo que puede ser resumido así: es mejor que en algunos casos una persona pública no vea reparado su honor, que tolere alguna falsedad o inexactitud, siempre que el asunto se relacione con cuestiones públicas, a que el público no reciba cierta información relevante para la vida republicana, porque la prensa se silencia por miedo a las consecuencias. Es decir que el perjuicio que sufren las personas públicas por la protección atenuada de su honor, se ve compensado por el mayor bienestar que trae a la comunidad la discusión abierta y desinhibida de asuntos públicos. (López Herrera, Edgardo, Derecho a expresarse sobre casos judiciales mediáticos, LA LEY 2013-E549). Es cierto que el demandado lo ha hecho con vehemencia y con hasta algún tono burlón, pero ello tampoco generaría responsabilidad. Se ha dicho que “La burla, el humor, la caricaturización de personajes, forman parte de la vida diaria, tanto el ciudadano común, cuanto el hombre público (el político, el juez, el deportista, el artista) están acostumbrados a las bromas y hasta la ridiculización de los actos y las costumbres de los personajes públicos. Por tanto si el humor trajera aparejada indemnizaciones a favor de quienes se sientan ofendidos por este tipo de sátiras, nuestros Tribunales se verían inundados de reclamos por daño moral con consecuencias imprevisibles, casi grotescas” (CNCiv, sala D, “Bussi Ricardo Argentino c. Pergolini Mario y otros s/daños y perjuicios”, Expte.N° 73.858/01, 7/3/2005). La escena de los fajos de billetes sobre el televisor importa una sátira, y resulta por completo indiferente al caso el hecho de que sea verdadero o falso; que tuviera razón en su reclamo o no. La naturaleza de la sátira nos coloca sobre otros andariveles, que no son los de los hechos verdaderos o falsos (ver Gargarella, Roberto, Sobre el fallo contra la revista “Barcelona”. Proteger la idea que no nos gusta, LA LEY 2/6/2016). En suma, por la razones expuestas, voto para que se confirme la sentencia apelada; con costas de esta instancia al apelante vencido. El Dr. Fajre y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe. FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I. Confirmar la sentencia de grado, con costas al vencido.

II. A fin de entender en los recursos contra honorarios, cabe señalar liminarmente que el Tribunal de Alzada se encuentra facultado -como Juez del recurso-, a efectuar una nueva valoración de los requisitos y del mérito del asunto en él involucrados, sin perjuicio de la realizada por la Sra. Juez “a quo”, la que no la condiciona. Por consiguiente cabe concluir que será esta Alzada quien deberá decidir acerca de la admisibilidad o no de la apertura de la vía recursiva. En el caso, las costas de las excepciones formuladas por los demandados fueron impuestas a su cargo, por lo que la parte actora, carece de legitimación para apelar “por altos” los honorarios generados por la actuación del letrado de la parte demandada, al no advertirse en la especie existencia de gravamen alguno, toda vez que no se encuentran obligados a su pago.En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 1362, debiendo circunscribirse la apelación, al monto del estipendio fijado por las actuaciones en el principal. Sentado ello, es de señalar que en los supuestos de rechazo de demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión (conf. Fallo Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre CNCiv. (en pleno) 30-09-1975 La Ley Colección Plenarios pág. 509 ). A tales efectos debe atenderse al capital reclamado en la demanda que ha sido desestimada, no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los honorarios, pues para que esto ocurra se requiere que hayan sido objeto de reconocimiento en el fallo definitivo (confrontar en este último aspecto art. 19 del Arancel y esta Sala en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11). Además, se tendrá en cuenta, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los profesionales y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432.En consecuencia, por resultar elevados, teniendo en cuenta lo previsto por el art. 10 del arancel, actuación proporcional del Dr. Eugenio Javier Miari (-no encontrándose establecidos los honorarios del Dr. Guillermo Javier Miari por su actuación en el proceso-), se reducen a la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) los honorarios regulados, por su actuación en las tres etapas del proceso. Por no resultar elevados se confirman los honorarios regulados al Dr. Juan Carlos Capurro, letrado apoderado de los demandados Piñeyro y Aquafilms S.R.L. y patrocinante de Marcela Rocca, por su actuación en las tres etapas del proceso. III.En cuanto a los honorarios del perito, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC). Por lo antes expuesto, por no resultar elevados se confirman los honorarios regulados al perito contador Gustavo Cristobal Almirón.

IV. Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia, regúlanse los honorarios del Dr. Manuel Garrido en la suma de pesos siete mil ($ 7.000). En cuanto a los honorarios del Dr. Eugenio Javier Miari, establecidos -y firmes- que se encuentres los emolumentos del Dr. Guillermo Javier Miari, se establecerán por la actuación en Cámara, (art. 14 del Arancel).Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper