Rechazo de demanda por mala praxis contra un médico que colocó un DIU provocando asi un aborto espontaneo

medico-guantesPartes: A. I. M. y otro c/Obra Social de Choferes de Camiones y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 15-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101931-AR | MJJ101931 | MJJ101931

Sumario:1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de la mala praxis médica que habría ocasionado un aborto espontáneo en virtud de la colocación por parte del demandado de un dispositivo intrauterino (DIU), en tanto de la prueba pericial surge que no había contraindicaciones para su colocación por no existir embarazo según estudio ecográfico y por ello no se advierte que el obrar del demandado haya sido culposo o negligente, ni que haya mediado falta de deber de cuidado o diligencia en la atención de la paciente.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del

mes de septiembre de 2016, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala “C” de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “A., I. M. Y OTRO C/ OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 572/583 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia

apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá y Díaz Solimine.

Se deja constancia que la Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de 2016 conforme decreto PEN N° 600/2016.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:

I. – I. M. Almirón y Néstor Enrique Pineda, por medio de letrada apoderada, entablaron la presente demanda contra Fernando Martin, “IARAI S.Ay Obra

Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), en razón de los daños y perjuicios que dicen haber sufrido debido a la mala praxis médica que habría ocasionado un aborto espontáneo el día 10 de noviembre de 2010, en virtud de la colocación por parte del Dr. Martin, de un dispositivo intrauterino (DIU), con fecha 20 de septiembre de 2010.

Se citó en garantía a “Caminos Protegidos Compañía de Seguros S.A.”, “Seguros Médicos

S.A.” y “Noble S. A. Aseguradora de Responsabilidad Profesional” -hoy “Noble Compañía de Seguros S.A.” (v. fs. 618)-.

La Magistrada de grado rechazó la acción, con costas.

Contra dicho pronunciamiento se alzan los coactores, quienes se quejan a través del escrito de fs. 620/623 por el rechazo de la demanda. La réplica de “Noble Cía. de Seguros S.A.” y del codemandado Martin y su

aseguradora “Seguros Médicos SA” lucen a fs.

632/636 y 637/641, respectivamente.

II. – No resulta controvertido que la Sra. I. M.Almirón, afiliada a la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), ingresó el día 10 de noviembre de 2010 al “Sanatorio 15 de Diciembre”, gerenciado por

la coaccionada “IARAI SA”, donde fue internada con diagnóstico presuntivo de

aborto incompleto, que luego fue corroborado.

Tampoco se encuentra discutido en autos que el día 20 de septiembre del mismo año el codemandado Martin, médico tocoginecológico de la obra social accionada, colocó a la demandante un dispositivo intrauterino (DIU), previo estudio ecográfico, realizado por la actora el día 18 del mismo mes.

La anterior sentenciante determinó que no resultó acreditada la culpa del profesional interviniente. Concluyó que el daño sufrido provino de un caso fortuito en sentido amplio -causa ajena- no mediando un nexo causal con los daños reclamados por los actores, no existiendo deber reparador por parte de los accionados. Ergo, rechazó la demanda.

Se quejan los actores, quienes insisten en la mala praxis del profesional coaccionado, quien habría procedido a la colocación del DIU, encontrándose la Sra. Almirón embarazada. Consideran que la “a-quo” no ha realizado una interpretación adecuada y pormenorizada de las pruebas producidas en autos. Cuestionan específicamente la valoración efectuada con respecto a la prueba pericial médica y documental (historia clínica) agregada en autos.

III. – Nuevamente hago míos los términos señalados por el Dr. José Luis Galmarini, en su voto, en la sentencia dictada con fecha 30 de octubre de 2002 en los autos “C., R. c/ D. P., E. M. s/separación personal”, cuando señalaba que “. Atento a que la obligación de los magistrados de decidir las cuestiones conducentes para el fallo, se circunscribe a las que estimen necesarias para la sentencia que deben dictar (Santiago C. Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, T. I, p.278), y a que no se encuentran ceñidos a seguir el enfoque jurídico esgrimido por las partes, ni tampoco rebatir todos y cada uno de los fundamentos por ellas invocados (CNCiv., Sala C, 15/10/2002, in re “Emprovial S.A. c/ G.B. y Cia. S.A. s/cobro de sumas de dinero”, L.336.672) me limitaré a considerar los agravios sobre aquellas cuestiones centrales que sean útiles para la decisión (CNCiv., Sala C, 07/03/2000, in re “Solari, Azucena Mabel y otro c/ Iriarte, Adriana Noemí y otro s/daños y perjuicios”, L. 275.710; id., Sala C, 07/12/2000, in re “Peralta, Ricardo c/ Errecarte, Oscar Ariel y otro s/ daños y perjuicios”, L.294.315).”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido en este sentido que “.Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones ni, imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su juicio no sean

decisivos.” (Fallos:333, 526; 300:83, 535; 302:676, 916, 1073; 303:235, 1030; 307:1121).

No haré mayores consideraciones en torno al encuadre jurídico en tanto el mismo fue debidamente determinado en la anterior instancia y no es motivo de agravios.

Sólo deseo agregar que desde antaño, y desde que Demogue realizara la célebre distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, la situación motivo de autos, debe ser encuadrada dentro del ámbito de las obligaciones de medios.

Las mismas se refieren a la aplicación de las normas, reglas y conductas a seguir, de acuerdo al arte y ciencia de la medicina. Las conductas expectables por parte de los galenos no han de ser examinadas ni con laxitud ni con la severidad que prácticamente pondría en peligro el propio avance de la ciencia médica, y ello conllevaría a un fin no querido y dañino para el propio ser humano.

IV.- Se agravian los actores porque no se ha valorado la actitud negligente del galeno codemandado de proceder a la colocación de un DIU, sin haber realizado los análisis de laboratorio debidos, a fin de constatar que la accionante efectivamente no se encontraba embarazada. También cuestionan la valoración de la pericia médica.

La perito médica desinsaculada en autos, en el dictamen que luce a fs. 434/439 determinó que: 1.- Surge de fs. 241 -Historia Clínica de internación en el Sanatorio 15 de Diciembre- que en fecha 10 de noviembre de 2010 ingresó la actora con diagnóstico presuntivo de aborto incompleto. Motivo de consulta: Paciente que consulta por guardia por presentar genitorragia (hemorragia genital) más dolor abdominal de seis horas de evolución. Paciente sin retorno menstrual. Refiere colocación de dispositivo intrauterino el 20 de septiembre. Refiere expulsión de feto en su domicilio, que no trae a la consulta. Examen ginecológico: cuello posterior formado, permeable en todo su trayecto. Se tacta material compatible con restos ovulares. Cuerpo uterino aumentado como gestación de dos meses. Diagnóstico presuntivo: aborto incompleto. 2.- Del informe histopatológico obrante a fs. 252 surge como diagnóstico: restos deciduocoriales involutivos con hemorragias e inflamación aguda. Indica la perito que esto prueba la existencia de un embarazo, pero al no haberse realizado el estudio anatomopatológico del material que refiere haber expulsado la actora, no es posible establecer el tiempo de gestación ni las dimensiones del feto. 3.- Que el embarazo implica una marcada movilización hormonal que se expresa en signos y cambios corporales a medida que avanza el mismo, pero que pueden no ser perceptibles en los primeros meses. 4.- Si el informe ecográfico no evidencia existencia de embarazo, los signos y cambios corporales no son atribuibles a una gestación avanzada que los provoque. Al comienzo de un embarazo es posible que el mismo no sea evidenciable en un estudio ecográfico. En ese caso, de existir un atraso menstrual u otros signos de probable embarazo si es prudente medir los niveles hormonales mediante laboratorio.5.- La colocación de un DIU, estando una mujer embarazada, puede ser causal de pérdida de un embarazo. 6.- El DIU no es 100% efectivo como método anticonceptivo, y es posible que un embarazo se produzca estando colocado el mismo. 7.- En la actora no se aprecian contraindicaciones para la colocación del DIU, de acuerdo a los criterios de la OMS. De la ecografía practicada el 18 de septiembre de 2010 no surge que la paciente presentara imagen de saco gestacional ni de embrión en la cavidad uterina. 8.- Que el embarazo es una posible complicación durante el primer año de uso de un dispositivo intrauterino.

Luego a fs. 461/2, en la ampliación de pericia y contestación a las impugnaciones que le fueran efectuadas agregó que: a.- No es

posible que haya expulsado un feto de diez a doce centímetros (quince a diecisiete semanas aproximadamente) y que en la ecografía de 53 días antes no se vieran imágenes de saco gestacional ni embrión; b.- Que no había contraindicaciones para la colocación del DIU. Ello, por no existir embarazo según estudio ecográfico de fs. 32; c.- De la historia

clínica de los consultorios externos (fs. 81) en la consulta del 20 de septiembre de 2010 surge el resultado de la ecografía solicitada, se aclara también que la fecha de la última menstruación fue el 10 de septiembre de 2010 y que la paciente refirió en esa oportunidad un test de embarazo negativo; d.- No surge de la historia clínica de consultorios externos que la actora volviera a tomar contacto en el Dr.

Martin, por la sintomatología o para mostrar el estudio solicitado por el profesional.

Insisten los apelantes ahora en los agravios, remitiendo a los dichos de su impugnación pericial, y persisten en que las copias acompañadas a estos autos de la historia clínica de la actora no resultan aptas para ser consideradas como prueba fehaciente.

Observo al respecto que en la apertura a prueba de autos -v. fs.328/329- la magistrada entonces interviniente no dispuso la producción de la prueba informativa ofrecida por las partes, sino que remitió a las copias de historias clínicas ya glosadas a fs. 52/91 y fs. 216/265 del expediente, hoy fs. 126/149 y fs. 275/32 4 respectivamente, luego de la corrección de foliatura, y sobre ello no fue formulada objeción alguna.

Adviértase que las mismas se encuentran rubricadas por los Directores Médicos de “Conducir Salud IARAI SA” y “Sanatorio 15 de Diciembre”.

Consecuentemente, nada impide, valorar las probanzas obrantes en la misma, en la medida de su pertinencia, por haber quedado incorporadas al expediente, en virtud del principio procesal de adquisición o comunidad de la prueba, que prescribe que “el resultado de la probanza pertenece al proceso, al poder jurisdiccional, con independencia de cual de las partes se vea beneficiada por ella” (conf. Díaz Solimine, O.L. “La prueba en el proceso civil” La Ley, 1a Edic., 2013, T.1, pág.51).

Por todo ello, al igual que la magistrada de grado, admito su validez y en consecuencia, las conclusiones periciales médicas antes referidas (art. 477 del CPCC).

Arribado a este punto, diré que no hallo elementos de convicción que conlleven una solución distinta a la adoptada por la anterior sentenciante.

Habré de agregar, siguiendo los dichos de mi distinguido colega de Sala, Dr. Díaz Solimine, que la infalibilidad no es de la esencia de las distintas teorías que tienen vigencia en el campo del saber de la medicina; por eso es que debe reconocerse a la actuación profesional en el arte de curar un amplio margen de acción y la libertad necesaria para decidir de acuerdo con su ciencia y conciencia. Sólo se les debe exigir el grado de capacidad y diligencia que es usual en los miembros de la misma profesión y no el más alto grado de atención, habilidad y sapiencia accesibles o conocidas (Conf. esta Sala, “Burgos, América c/Wajszilber, Marcelo y otro s/Daños y Perjuicios”, R.468.424 del 17/5/2007).

Desde esta perspectiva, es que no juzgo que el obrar del galeno accionado haya sido culposo o negligente, ni que haya mediado falta de deber de cuidado o diligencia en la atención de la paciente (conf. arts. 512, 902 y concordantes del Código Civil), lo que sella la suerte del intento recursivo de los actores.

V. – Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fuera motivo de agravios; y 2) Imponer las costas de Alzada a la parte actora, por resultar vencida. (Artículo 68 del Código Procesal).

Por razones análogas, el Dr. Díaz Solimine adhirió al voto que antecede.

La Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de 2016 conforme decreto PEN N° 600/2016.

Con lo que terminó el acto.-

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

LUIS ALVAREZ JULIA

Buenos Aires, de Septiembre de 2016.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se dispone: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fuera motivo de agravios; y 2) Imponer las costas de Alzada a la parte actora, por resultar vencida. (Artículo 68 del Código Procesal).

Regulados que sean los honorarios por la actuación en primera instancia, se fijarán los de la Alzada.

La Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de 2016 conforme decreto PEN N ° 600/2016.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- LUIS ALVAREZ JULIA.-