Con apoyo opositor y de la CGT, avanza la reforma de la ley de riesgos de trabajo

leyes-2Con el respaldo de la CGT, del Bloque Justicialista y de la mayoría del Frente Renovador, el oficialismo obtuvo ayer en la Cámara de Diputados dictamen de comisión favorable al proyecto de reforma de la ley de riesgos de trabajo.

La iniciativa, aprobada en el Senado en diciembre pasado, quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara baja, en la sesión prevista para mañana. Es un texto idéntico al que sancionó por decreto Mauricio Macri, en enero, antes de dar marcha atrás y solicitar a Diputados el debate en sesiones extraordinarias.

La discusión en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto expuso la división que genera el tema en el massismo. Mientras que Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, y Alejandro Grandinetti respaldaron el dictamen de Cambiemos, Facundo Moyano cuestionó duramente la reforma y firmó el dictamen de rechazo presentado por Margarita Stolbizer, aliada electoral de Massa. Lo acompañó el camionero Jorge Taboada, del interbloque massista.

También se opusieron el Frente de Izquierda (FIT) y el Frente para la Victoria (FPV). Pero el kirchnerismo también quedó dividido, dado que el camporista Jorge Barreto presentó un dictamen propio, más duro que el del resto de la bancada.

La reforma propuesta apunta a reducir los juicios por accidentes laborales, un índice que no deja de crecer y que motivó también la última modificación de la ley, promovida por Cristina Kirchner en 2012. La sanción de una ley para prevenir los accidentes laborales quedó en cambio para los próximos meses, según el compromiso que asumió el oficialismo.

De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), la creciente litigiosidad pone en jaque el sistema. En 2016 hubo más de 120.000 juicios por accidentes laborales, pero la Justicia sólo resolvió unos 35.000 casos. Como una bola de nieve, los reclamos judiciales sin respuesta suman 340.000, lo que representa un pasivo contingente para las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) de 4500 millones de dólares.

El punto central del proyecto es la obligatoriedad de la vía administrativa como paso previo a la instancia judicial. En concreto, un trabajador que sufre un accidente laboral debe recurrir en primer lugar a la comisión médica de su jurisdicción, encargada de verificar su estado de salud y el nivel de invalidez. Hasta ahora el trabajador podía recurrir directamente a la Justicia.

“Éste es un proyecto en defensa de los trabajadores. La industria necesita competitividad para la empleabilidad”, argumentó Eduardo Amadeo (Pro), que apuntó a los “caranchos que viven de la industria del juicio” y se animó a afirmar que “si Evita viviera, votaría a favor del proyecto”. El diputado remarcó que las comisiones médicas tendrán un plazo máximo de 60 días administrativos para resolver, lo que dará certeza a los trabajadores.

Uno de los alegatos más fuertes contra el proyecto lo pronunció Stolbizer. “El único objetivo es reducir la cantidad de juicios. La litigiosidad se puede reducir por otra vía más sencilla, que es la disminución de los accidentes”, manifestó la diputada, y criticó que no se tratara de manera urgente una iniciativa para mejorar la prevención: “Con la excusa de proteger a los trabajadores se vuelve a otorgar un beneficio a los sectores más poderosos”.

Enseguida sumó sus argumentos en contra del proyecto Néstor Pitrola. El diputado del Partido Obrero señaló que, lejos de estar al borde de la quiebra, las ART declararon en 2015 ganancias por 3000 millones de pesos, y le apuntó a la cúpula de la CGT. “Me parece una vergüenza que dé su apoyo. Lo hacen por negociaciones particulares, esto no pasa por una asamblea de base”, dijo.

La expectativa estaba puesta en las intervenciones de los diputados sindicales. “Cuando hablamos de un plazo perentorio, hablamos de darles certezas a los compañeros”, dijo Daer, para defender la iniciativa. Detalló además que los integrantes de las comisiones médicas serán elegidos por concurso y que se eleva la base sobre la cual se calculan las indemnizaciones. “No es un tema ideológico, es un tema práctico”, cerró. Para Moyano, en cambio, el proyecto “es inconstitucional”, “tiende a defender los intereses empresarios” y “va en línea con la flexibilización laboral”.

Las claves del proyecto

Una vía administrativa

El proyecto apunta a reducir los juicios por accidentes laborales. Para eso será obligatorio el reclamo ante una comisión médica de jurisdicción, como paso previo al recurso judicial

Juicios desmedidos

La cantidad de juicios se disparó en los últimos años y los tribunales no llegan a dar respuesta. En 2016 hubo más de 120.000 juicios y sólo se resolvieron unos 35.000

Una ley de prevención

Un sector de la oposición reclama que se discuta una ley para prevenir los accidentes de trabajo. El Gobierno se comprometió a empezar ese debate

Fuente: La Nación.