Nulidad de la donación que dejó al causante en una situación que hacía imposible subvenir a sus necesidades

donacion-de-bienesPartes: Vallejos Margarita Rosa c/ Verkuyl Martín Conrado y otros s/ nulidad de donación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100378-AR | MJJ100378 | MJJ100378Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido y, en consecuencia, declarar la nulidad de la última donación efectuada por el causante, ya que éste había donado a los demandados buena parte de sus bienes reserva de su usufructo, luego renunció a tal usufructo y, por último, donó el último bien que le quedaba sin reserva alguna; así, concurren los requisitos objetivos previstos por el art. 1800 de la ley vigente en el momento de ocurrencia de estos actos, esto es, el donante quedó en una situación que hacía imposible subvenir a sus necesidades.

2.-La nulidad se reduce a la última donación llevado a cabo por el causante, ya que fue la que lo colocó en la situación prevista en el art. 1800 CCiv, no ocurriendo lo mismo con las demás liberalidades y aún con la renuncia a las reservas de usufructo -todas ellas anteriores-, porque cuando éstas fueron hechas la referida fracción de terreno aún se hallaba incluida en su patrimonio y, con sus frutos, el donante podía subvenir a sus necesidades.

3.-Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda de nulidad por considerar que la renuncia a la reserva del derecho de usufructo que efectuara el donante, llevada a cabo cuando ya había donado todos sus demás bienes, no podía ser tenida por válida por tratarse en un acto jurídico simulado; ello, pues no resulta posible aplicar el vicio de simulación a un acto unilateral, tal como lo es el relativo a la renuncia a la reserva del derecho de usufructo.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 10 de agosto de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 119.525, “Vallejos, Margarita Rosa contra Verkuyl, Martín Conrado y otros. Nulidad de donación”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la demanda de nulidad de donación y restitución de frutos, rechazándola en su totalidad con costas en ambas instancias (fs. 2041/2070 vta. y 2134/2143 vta.). Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 2153/2169). Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia (fs. 2186), sobrevino la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994, texto según ley 27.077), por lo que se corrió traslado a las partes (fs. 2207), el que fue contestado por la parte actora (fs. 2211/2213). En atención a ello, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El señor Jacobo Verkuyl promovió demanda por nulidad de donación, cobro de frutos y daños y perjuicios, la que fue continuada -tras su fallecimientopor su cónyuge y heredera universal, la señora Margarita Rosa Vallejos, contra los señores Martín Conrado Verkuyl, Herminia Elena Ouwerkerk de Verkuyl, Alejandro David Verkuyl y Marcelo Allan Verkuyl.Para una mejor comprensión del caso y de la solución propuesta a la cuestión planteada, pasaré a realizar una síntesis de los escritos postulatorios del proceso: a) La demanda: En el escrito de inicio de las presentes actuaciones, el actor expuso que siempre fue productor agropecuario, habiendo logrado obtener un importante patrimonio, acrecentado por la donación que le efectuaran sus padres; que habiendo alcanzado prácticamente los sesenta años era dueño de 405 hectáreas de campo y ahorros por la suma de U$S 164.000; que entre los años 1996/2001 se desprendió de la totalidad de sus bienes, habiéndolos donado a los demandados; que en noviembre de 2001 renunció a las reservas de usufructo que había constituido a su favor, donando el último bien inmueble en forma lisa y llana. Sostiene que en razón de ello se ha configurado la situación de despojo prevista en el art. 1800 del anterior Código Civil, al haberse quedado en la “total mendicidad, sin patrimonio alguno, o, cuanto menos, en una situación de virtual indigencia mensurado a la luz del patrimonio que enajenó gratuitamente”, por cuanto que sólo “vive” de la jubilación de $ 800 mensuales y de honorarios que cobra por asesoramiento agropecuario de ($.) aproximadamente, también mensuales. Considera que las donaciones sin reservas de usufructo son nulas aun cuando se pruebe que el donatario pasaba al donante una mensualidad o anualidad por sus gastos, ya que tal entrega era un acto voluntario y no una exigencia del donante. Alega, por otra parte, que el presupuesto de la acción entablada no requiere de vicio de voluntad alguno, configurándose tan sólo con la situación objetiva que prevé dicha norma. Como accesorios de la nulidad pretende que se le reconozcan los frutos dejados de percibir hasta el momento de la efectiva devolución de la posesión de los bienes. En cuanto a las sumas de dinero solicita que se devuelva la renta (intereses) por el mismo período.En forma eventual, para el caso de que no sea posible la devolución de dichos frutos, pide que se los sustituya en daños y perjuicios.

b) La contestación de demanda: Los demandados reconocen las donaciones y las renuncias de usufructo, pero solicitan el rechazo de las nulidades planteadas, como así también el reclamo de daños y perjuicios. Niegan que los únicos ingresos del actor sean los que denuncia en su acción y que se encuentre en estado de indigencia a partir del mes de noviembre de 2001. Refieren que a partir del año 1980 el actor y el demandado Martín Conrado (su hermano) conformaron una sociedad de hecho, en partes iguales, para continuar con la explotación agropecuaria que habían comenzado sus progenitores y que en función de tal actividad adquirieron inmuebles rurales. Manifiestan que el accionante, de estado civil soltero, siempre convivió con su hermano y cuñada, habiendo decidido donar sus bienes a sus sobrinos Alejandro y Marcelo, con quienes había compartido la actividad rural, siendo su intención retirarse de la misma. Denuncian que a pesar de la renuncia al usufructo en noviembre de 2001, Jacobo Verkuyl continuó recibiendo los frutos de los arrendamientos del campo hasta el año 2005 y que, con posteridad, en vez de cereal, se le depositaba sumas de dinero en cuentas que poseía a su nombre, todo hasta la fecha de la contestación de la demanda, por lo que siempre mantuvo importantes ingresos, contando con un automotor y una casa en Tres Arroyos. Hacen mención de que el actor dejó de vivir en el campo unos días antes de la notificación de la demanda y que en seguida tomaron conocimiento de que en el año 2006 había contraído matrimonio con la señora Margarita Rosa Vallejos, que en esa época contaba con 31 años, siendo ahora su heredera y continuadora de la presente acción.Agregan además que han tomando conocimiento de que vendió su casa para adquirir otra y donarla a su cónyuge en el año 1997 junto con un automotor del mismo año. Asimismo, refieren que Jacobo debió desconocer un reconocimiento de hijo que había realizado con engaños, ya que en realidad solo había pretendido ser su tutor. Con estos antecedentes entienden que la acción fue iniciada a instancia de su cónyuge, alegándose una supuesta falta de reserva de usufructo o de bienes suficientes para su manutención.

Destacan que la pretensión iniciada -la nulidad de todas las donaciones- resulta abusiva y antifuncional, preguntándose por qué el actor no intentó retractarse de la renuncia al usufructo de las 187 hectáreas, que había efectuado mediante la escritura 369, cuando todavía no había mediado aceptación por parte de los donatarios. Consideran, además, que no se tipifica el supuesto del art. 1800 del Código Civil (ley 340), dado que posee un vehículo del año 2004; que ha tenido ingresos suficientes en virtud de la suscripción de un contrato de arrendamiento rural con vigencia hasta el año 2005 y por la permanente entrega de elevadas sumas de dinero por los donatarios. Más adelante formulan un allanamiento parcial a la acción instaurada, en lo que atañe a la nulidad de la renuncia del usufructo mencionado (escritura 369), obligándose a constituir uno nuevo sobre las 187 hectáreas donadas, respecto de las cuales lo ha gozado en la realidad -sin que se encuentre constituido derecho real alguno- a través del pago de un arrendamiento anual. En subsidio, entienden que de considerarse procedente la acción entablada, sólo correspondería la anulabilidad de la última donación y no de la totalidad de las mismas. Asimismo, plantean la improcedencia de la pretensión de frutos y daños y perjuicios y, también subsidiariamente, oponen la compensación por los gastos realizados y las sumas entregadas.

II.El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 de Tres Arroyos, en lo que interesa destacar, hizo lugar parcialmente a la demanda de nulidad, dejando sin efecto la donación instrumentada en la escritura 370, por la cual el señor Jacobo Verkuyl había transmitido a los demandados una fracción de campo de 218 hectáreas, condenando a los mismos a que procedieran a restituirla y reintegrar los frutos percibidos. Desestimó, por otro lado, la repetición de las liberalidades efectuadas por los condenados y la compensación por pagos y mejoras realizadas (fs. 2041/2070 vta.).

III. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de la instancia de origen, rechazando íntegramente la demanda entablada; con costas (fs. 2134/2143 vta.). Para así resolver, el a quo comenzó interpretando el reclamo del accionante y la defensa intentada por los demandados. Así, expuso que: “Frente al planteo del actor de que tras las donaciones efectuadas con anterioridad, la renuncia al usufructo que se había reservado sobre esas 187 Has ya transmitidas, y la donación en plena propiedad de las 218 Has que había recibido por igual título de sus padres -negocios instrumentados mediante las escrituras públicas 369 y 370 del 9 de noviembre de 2001-, quedó en situación de indigencia e imposibilitado de atender a sus necesidades, los demandados plantearon que aquella abdicación fue meramente nominal, y que en realidad, Jacobo Verkuyl siguió gozando sin solución de continuidad del usufructo formalmente renunciado. Alegaron, en tal sentido, que durante todos esos años posteriores a la renuncia siguieron abonando al actor el equivalente de los correspondientes arriendos -primero en granos y después en dinero en efectivo-, resultando de todo ello que pudo subvenir a sus necesidades con los bienes que en realidad se reservara” (fs.2137 vta.). Sobre tal plataforma, el sentenciante infirió -seguidamente- que los accionados opusieron como defensa de fondo, aunque de manera “inorgánica”, la simulación de la renuncia al usufructo considerando que no existe obstáculo para que fuera planteada por vía de excepción, ya que los mismos cuentan con legitimación, al no estarse en presencia de una simulación ilícita (fs. 2138). Con posterioridad, a través de las pruebas producidas en la causa, tuvo por demostrado que el actor percibió ingresos más que suficientes durante el perí odo comprendido entre el año 2001 y 2008 gracias a los aportes efectuados por los demandados, los que descartan -a su modo de entender- la situación de indigencia alegada en la demanda (fs. 2138/2141 vta.). En este sentido indicó que: “. aún después de renunciar formalmente al usufructo y donar en plena propiedad las 218 Has que había recibido de sus padres, estuvo muy lejos de quedar en situación de indigencia, ya que dispuso en todos esos años ulteriores, de ingresos por demás suficientes para subvenir a sus necesidades (art. 1800 CCiv). Si así no hubiera sido, y fuera exacto lo afirmado por el actor de que apenas sobrevivía con unos 2.800 $ mensuales -la jubilación y sólo unos 2.000 $ mensuales entregados por los demandados-, no alcanza a explicarse cómo es que después de quedar, supuestamente, en situación tan comprometida, se tomó nada menos que seis años y medio para reclamar a los demandados, y mucho menos se explica cómo hizo durante todos esos años para mantenerse él, aparentemente también su compañera y después esposa, la hija de ésta a quien abonó, incluso una escuela privada, y cómo hizo, asimismo, para cambiar su vieja camioneta Mitsubischi por una Ford Eco Sport nueva o seminueva, y para comprar un Volkswagen Gol usado a su esposa (v. declaración de Banegas a fs. 727/728; de Iturburu a fs. 738 vta.; boleto de compraventa copiado a fs.1180). La respuesta está a la vista con la documentación y peritación contable practicada sobre la misma a fs. 1294/1300, y con la corroborante declaración testimonial del por entonces asesor contable de ambas partes, contador Cotabarren, a fs. 1029/1031, de donde resulta que, de hecho, el actor se reservó y gozó del usufructo sobre las 187 Has al que formalmente renunciara en noviembre de 2001 (arts. 384, 456 y 474 CPC)” (fs. 2141).

A ello añadió que “. es que de hecho, y en la realidad de las cosas, el actor continuó reservándose el usufructo sobre las 187 Has primeramente donadas y no sobre las 405 que componían su patrimonio total. Por ese motivo se allanaron a constituir nuevamente el usufructo, de manera formal, sobre esa fracción de campo, porque manifestaron que eso era lo que materialmente venía ocurriendo sin solución de continuidad desde la renuncia otorgada en noviembre de 2001” (fs. 2141 vta.). En consecuencia, el tribunal de grado concluyó en que las nulidades planteadas y parcialmente acogidas en primera instancia no debían prosperar en absoluto, porque los demandados habían demostrado que la renuncia al usufructo sobre las 187 hectáreas instrumentada mediante la escritura pública 369 del 9 de noviembre de 2001 fue en rigor simulada y que, en la realidad de los hechos, el actor lo retuvo y siguió gozándolo sin solución de continuidad, permitiéndole los ingresos obtenidos subvenir sin inconvenientes a sus necesidades (fs. 2142 vta.). IV. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora -la señora Vallejos- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la infracción de los arts. 17 de la Constitución de la Nación y 31 de su par local y 868, 875, 955, 956, 960, 996, 1037, 1046, 1048 y 1800 del Código Civil (fs. 2156/vta.). También alega la figura del absurdo (fs. 2162) y la violación del principio de congruencia, con invocación de la doctrina legal elaborada por esta Corte en relación a los arts. 163 inc.6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 2166/2168). Finalmente, hace reserva de caso federal (fs. 2153/2169). Los agravios se sintetizan en los siguientes puntos: a) La equivocada comprensión de la renuncia de los derechos. A diferencia del a quo, entiende que la renuncia es un acto unilateral y que en el supuesto bajo análisis no hay lugar a dudas de que el donante renunció por acto público al usufructo de los bienes inmuebles donados, revistiendo el mismo (el usufructo) el carácter de un verdadero derecho real con todos los efectos que ello importa (fs. 2156 vta./2159). b) La errónea interpretación de la renuncia del usufructo como acto simulado. Sostiene que la simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo. En el caso, dice la actora, no es posible considerar que la renuncia fue un acto simulado porque: i) se trató de un acto unilateral; ii) no fue planteada ni demostrada la causa simulandi; iii) no aparece divergencia entre lo manifestado y lo querido. Es más, afirma que no hay prueba alguna de la simulación (fs. 2159/2160).

c) El absurdo incurrido en la apreciación de los hechos. Alega que el razonamiento seguido por el a quo se basa en considerar que luego de la renuncia del usufructo los donatarios entregaban al actor originario sumas de dinero o cantidades de cereal, las que igualaban el derecho a los frutos que tiene el usufructuario. Es decir, que si bien el usufructo se había extinguido, lo cierto es que el donante seguía recibiendo dinero más o menos periódicamente, por lo que entendió que ese derecho real se mantuvo vigente en virtud de la similitud de lo ocurrido (fs.2161/vta.). Sin embargo, alega la recurrente, ello constituye un juicio apodíctico porque media una incorrección en el análisis del presupuesto fácticonormativo que contempla la ley, dado que no es posible asimilar un derecho real de la jerarquía del usufructo, con todas las consecuencias que arrastra e implica, con la entrega graciable de liberalidades arbitrarias. El usufructo es un derecho real que permite el pleno uso de la cosa y la obtención de los frutos, en tanto que las sumas entregadas como liberalidades -sin obligación alguna- por los sobrinos y hermano del donante constituyen o bien una simple liberalidad, o una donación, o una obligación natural o el convencimiento de cumplir con un deber alimentario en consonancia con lo dispuesto por el art. 1862 del Código Civil (fs. 2161 vta./2162). d) La errónea aplicación del art. 1800 del Código Civil. Aduce que el presupuesto fáctico de la norma no ingresa en connotaciones personales, sino que toma en consideración dos elementos: i) la donación de todos los bienes presente y ii) la ausencia o falta de reserva del usufructo sobre dichos bienes a favor del donante (fs. 2164 vta.). A partir de ello, arguye que los requisitos -para que se produzcan los efectos invalidantes que contempla la disposición legal mencionada- se cumplen en el caso de forma concreta y precisa, sobre todo porque se trata de un régimen esencialmente de objetivación de elementos fácticos que, producidos, arrastran la anulabilidad del acto (fs. 2166). e) La violación del principio de congruencia consagrado en los arts. 163 inc. 6° y 272 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 2167). Explica que de las constancias de la causa surge que fue demandada la nulidad de los actos jurídicos y en la contestación los demandados alegaron que no había razones económicas ni situación fáctica o de hecho para la procedencia de la aplicación del art. 1800 del Código Civil, reconociendo expresamente la validez del acto de renuncia al derecho real de usufructo (fs.2167 vta.). De esta manera, entiende que es evidente la discordancia e incongruencia entre la cosa pedida y la defensa que surgen de la demanda y su contestación, puesto que la simulación no fue planteada por los accionados (fs. 2168).

V. El recurso prospera de forma parcial.

V.1. En relación a la normativa aplicable al tiempo en que se desarrollaron los hechos desencadenantes del juicio y en que se dictaron las sentencias de primera y segunda instancia, y aun cuando fuera interpuesto el recurso extraordinario, no cabe duda que todo ello debe ser regulado por el art. 1800 del viejo Código Civil. Allí se disponía -en lo que ahora nos interesa- que: “Las donaciones de todos los bienes presentes subsistirán si los donantes se reservaren el usufructo, o una porción conveniente para subvenir a sus necesidades.”. Tal redacción no parece haber variado sustancialmente en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En el art. 1551 de la nueva ley de fondo se regula el mismo supuesto disponiendo: “La donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de este, sólo es válida si el donante se reserva su usufructo, o si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia”. De un elemental y rápido análisis comparativo de ambos preceptos surge que las similitudes entre sus redacciones son tantas y tan trascendentes que se dificulta hallar óbices sustanciales que impidan concluir que la regla sustantiva que rige este tipo de situación sigue siendo la misma, antes o después de la promulgación y entrada en vigencia del nuevo código, haciendo que la discusión en tomo al sentido e interpretaciones posibles del art. 7 (que contiene las pautas de aplicación del derecho transitorio) pierda, para este caso, buena parte de su significado.Ello no implica aceptar que también su interpretación deba ser igual o sumamente similar. El nuevo Código nos indica, en su art. 2, cómo se ha de interpretar la ley (y las normas, en sentido amplio): teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, y que se ha de hacerlo de un modo coherente con la totalidad del ordenamiento. Ese mandato, más allá de otras posibilidades -eventuales y atendibles, aunque excepcionales-, tiene como directos y naturales destinatarios a los jueces; a los jueces concretos y actuales, y no al juez/entelequia; a los jueces reales a los que compete resolver bajo el nuevo código y que tienen la misión de definir la ruta que ha sido señalada (pero no definiti vamente trazada) por el legislador. En otras palabras: a los jueces, especiales receptores del Capítulo 1 del Título preliminar del nuevo Código, no solo nos toca reconocer ciertas fuentes jurígenas, por el art. 1, o cumplir inexcusablemente ciertos deberes, conforme el art. 3, sino que también tenemos el deber de interpretar el derecho y las leyes – cualesquiera sean: las que se consagran ahora o las del venerable legado de Vélez- a la luz de las pautas actuales: criterios gramaticales, teleológicos, analógicos, integrativos y sistemáticos han de convivir y enlazarse dialécticamente con el reconocimiento de los valores jurídicos y de los principios que (sin perjuicio de su alto grado de abstracción) los actualizan y concretan. Por decirlo con otras palabras: las palabras de la ley nueva podrán ser exactamente las mismas que las de la ley derogada, pero ello no quiere decir que las pautas con las que tales textos han de ser interpretados sean las mismas ni que el significado de esos enunciados resulte, a la postre, siempre idéntico. Aún así, en este caso particular y ante estas específicas normas, la doctrina y los precedentes habidos con anterioridad nos son de suma utilidad.Por ejemplo, hay un consenso cierto en que ambos preceptos (el actual y el derogado) tienen un clara finalidad tuitiva o protectoria, ya que en ambos casos se ha tendido a evitar el desamparo en que caería el donante, provocado por su prodigalidad o su irreflexión. Por eso, tanto el art. 1800 de Vélez como el actual art. 1551 imponen la declaración de nulidad de estos actos de disposición si en razón de ellos el donante queda sin bienes suficientes para subvenir a sus necesidades. No afecta a tal consecuencia que la donación haya sido hecha a favor de uno o más individuos, o que fueran varias, llevadas a cabo a un mismo tiempo, aunque, si han sido sucesivas, la nulidad solo caerá sobre el último de esos donativos (Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Contratos”, 6° ed., Perrot, Buenos Aires, 1990, t. 11, pp. 411/412, nº 1532/1533; Lorenzetti, Ricardo L., “Tratado de los Contratos”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, t. 111. pp. 602/603). Aclarados estos extremos, vayamos al recurso propiamente dicho y a la sentencia contra la cual se dirige. V.2. Para rechazar la demanda de nulidad la Cámara consideró que la renuncia a la reserva del derecho de usufructo que efectuara Jacobo Verkuyl (escritura 369, de fecha 9 de noviembre de 2001), llevada a cabo cuando ya había donado todos sus demás bienes (en el período comprendido entre los años 1997-2001), no podía ser tenida por válida por tratarse -a su entender- en un acto jurídico simulado. Como corroboración de ello señaló que el donante, el ahora fallecido Verkuyl, continuó recibiendo de parte de los donatarios los frutos (primero en especie, luego en sumas de dinero) producidos por uno de los bienes que les había transmitido (justamente, los provenientes de la fracción de campo de 187 hectáreas), lo que le significaba ingresos que -junto a otros- le permitían subvenir sin inconvenientes a sus necesidades.Ante ello -y siempre a criterio del a quo- no quedaba configurada la causal que autoriza la nulidad que fuera articulada. De los agravios que contra tal pronunciamiento esgrime la recurrente, he de dedicarme especialmente, por un lado, al referido a la naturaleza tanto de la renuncia del usufructo como de la simulación y, por otra parte, a aquel donde se denuncia la violación del principio de congruencia. Entiendo que ocuparme de ellos es suficiente para estimar el recurso interpuesto, al menos parcialmente. V.2.a) Empiezo por sostener que, a mi juicio, la impugnante ha demostrado la violación de las normas legales denunciadas, en la medida en que no resulta posible aplicar el vicio de simulación a un acto unilateral tal como lo es el relativo a la renuncia a la reserva del derecho de usufructo (arts. 868, 875, 955, 1800 y concs., Cód. Civil y 289, C.P.C.C.). Veamos. a.1) La renuncia constituye un acto jurídico unilateral por el que se abdica o abandona un derecho. La aceptación de la renuncia por parte del destinatario no hace a la existencia de la misma sino a su irrevocabilidad (conf. arts. 868, 875 y 944, Cód. Civil). Más aún, la circunstancia de que resulte necesaria una retractación para que la renuncia deje de producir sus consecuencias propias evidencia que ella existe plenamente sin requerir la adhesión voluntaria del deudor beneficiado (art. 875, cit.; conf. Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas Félix A., “Derecho de las obligaciones”, tomo III, 4ª ed., LL, 2010; Buenos Aires, pp. 439/440, nº 1744).

a.2) La simulación, por su parte, implica un acto jurídico que se constituye con el fin inmediato de establecer relaciones jurídicas de pura apariencia o de una apariencia que encubre determinada realidad.Se lo define como el negocio jurídico que, por acuerdo de partes, se celebra exteriorizando una declaración recepticia no verdadera, destinado para engañar a terceros, sea que carezca de todo contenido, o bien que esconda uno real diferente al declarado (Cifuentes, Santos, “Negocio jurídico”, 2° ed., Astrea, Buenos Aires. 2004. p. 629, nº 306). La simulación, por su misma naturaleza, presupone pues un acuerdo de partes por medio del cual se conviene en conferirle significación real al acto simulado (el llamado acuerdo simulatorio). En razón de ello se encuentran excluidos -no podría ser de otra manera-, los actos unilaterales desde que en ellos está ausente toda convención. En efecto, cuando la simulación es unilateral -de una sola de las partes-, o cuando el que disimula actúa unilateralmente -id est, sin convenir con nadie la formación declarativa de la apariencia-, el vicio es el dolo, y tiene otros efectos jurídicos. Lo propio ocurre en el caso de la “reserva mental”, que es exclusiva del declarante, sin que medie consentimiento del destinatario de la declaración, aunque después la discrepancia con aquél entre lo que quería y declaraba la haga saber a los demás, incluyendo hasta la otra parte (Cifuentes, Santos; Negocio jurídico, 2° ed., Astrea; Buenos Aires. 2004, pp. 620/621, nº 302). a.3) La naturaleza y las características de las instituciones recién analizadas (aunque lo hayan sido superficialmente) muestran con claridad el desacierto del a quo al pretender que hubo una simulación en la renuncia al derecho real de usufructo formulado por el señor Jacobo Verkuyl, en virtud del carácter unilateral que tal abdicación de derechos tiene (arts. 868, 875 y 955, Cód. Civil).

V.2.b) Me ocupo del otro argumento que juzgo con fuerza suficiente para decidir este recurso: también ha quedado demostrada la violación del principio de congruencia. La justificación de esta conclusión que anticipo requiere una elaboración un poco más detenida.b.1) Empiezo por recordar que el principio de congruencia refiere a la correspondencia entre la pretensión jurídica planteada (integrada por el contenido de la disputa, y la identidad de personas, objeto y causa) y lo resuelto, y que su sentido es que el pleito sea conducido en términos de razonable equilibrio -dentro de la bilateralidad del contradictorio- de manera que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no ocurra un quebrantamiento de la misma. En otras palabras: no han de existir omisiones en la consideración de la temática planteada, como tampoco una demasía decisoria que signifique una excedencia de juzgamiento por ocuparse el juez de cuestiones no planteadas. La doctrina de esta Suprema Corte lo ha expresado así en buen número de precedentes (conf. causas C. 116.630, sent. del 8-IV-2015; C. 114.081, sent. del 11-III-2015; L. 117.223, sent. del 19-II-2015; L. 102.237, sent. del 5-IV-2013, por citar algunos de los más recientes) al igual que lo ha hecho la Corte federal (C.S.J.N., causa C-10-XXV, sent. del 13-X- 1994; entre otras). b.2) Otro aspecto debe ser analizado. Es también doctrina de este Tribunal que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración del absurdo que afecta la tarea del juzgador (ver causas L. 117.987, sent. del 2-IX- 2015; L. 117.226, sent. del 25-II-2015; L. 110.774, sent. del 15-X-2014; C. 104.758, sent. del 7-VIII-2013; algunas de ellas como mi voto) y, desde luego, también con la de infracción de las normas que receptan aquel principio (causas L. 118.109, sent. del 3-VI-2015; L. 109.758, sent. del 12-XII-2012, etc.). Como antes ha quedado asentado, la infracción de esas normas ha sido reprochada (fs.2167). Sin embargo, no hay denuncia expresa de que en la sentencia se haya incurrido en absurdo, lo que -a la luz de lo anterior- impediría ingresar en el análisis de tal infracción. He de recordar, empero, que aun cuando no exista esta denuncia expresa, la revisión o evaluación queda habilitada pues los escritos se interpretan por su contenido y no por la presencia o ausencia de fórmulas sacramentales, siendo el contexto lo que determina el sentido y alcance de lo pretendido (causa C. 98.596, sent. del 8-VII-2009, a la que presté mi adhesión y cuya doctrina repetí en mi voto en la causa L. 94.532, sent. del 29-11- 2012). Ambos precedentes reeditan lo que fuera dicho por este Tribunal (por supuesto, con otra composición) en Ac. 27.890 (sent. del 19-VIII-1980), pronunciamiento comentado laudatoriamente por Morello (ED, 91-829, “Admisión del absurdo sin alegación formal”) quien anunciaba que de esa manera se iniciaba una tendencia que, apartándose de los rigores formales, interpretaba mejor el esquema casatorio y su rendimiento en concreto. En el caso, la actora recurrente asevera que se ha incurrido en absurdo al asimilar el usufructo con las liberalidades que los demandados tuvieron para con el fallecido Verkuyl (ver fs. 2162), pero no exterioriza la misma acusación al ocuparse de la viol ación del principio de congruencia. A pesar de ello, exigir que aparezca el vocablo “absurdo” en esa parte del discurso (omitiendo considerar a este último como una integridad), así como ignorar que claramente se ha revelado la discordancia e incongruencia entre lo que se ha demandado y lo que se ha contestado a tal demanda, nos coloca peligrosamente cerca de rigorismo formal, de la concepción mágica del lenguaje y de la denegación de justicia.Las razones que la recurrente esgrime tanto en este capítulo como a todo lo ancho de su pieza recursiva, pueden ser traducidas, sin riesgo de traición a su espíritu o de ingreso en áreas vedadas al pronunciamiento por no haber sido materia de discusión, como la requerida denuncia de absurdo que debe acompañar a los argumentos por la violación del principio de congruencia. b.3) Superadas estas posibles objeciones y remitida nuestra atención a los escritos constitutivos de la litis, emerge diáfanamente que la cuestión de la simulación en ningún caso fue propuesta ni al presentarse la demanda ni al darse la respuesta a la misma, ni hay tampoco alusión alguna a tal institución ni nada puede inferirse a su respecto a partir de las posturas asumidas por las partes. Ello alcanza para señalar que, también desde este ángulo, el recurso extraordinario traído debe ser favorablemente receptado. Quedan así, a mi entender, demostradas las infracciones de las que se queja la actora y que afectan la estructura esencial sobre la cual el juzgador a quo hubo de construir la sentencia atacada (fs. 2137 vta./2138 y 2142 vta./2143). V.3. Corresponde ahora examinar -en ejercicio de la competencia positiva (art. 289, C.P.C.C.)- la procedencia de la acción instaurada en los términos planteados (art. 1800, Cód. Civil). V.3.a) En tal sentido, cuadra considerar que ha quedado largamente acreditado que, luego de hacer varias donaciones a favor de los accionados, reservándose en cada caso el usufructo vitalicio de los bienes donados, Jacobo Verkuyl llevó a cabo dos actos diferentes (aunque en un mismo día, fueron sucesivos, y siempre ante el mismo escribano): por el primero, renunció a todos los usufructos vitalicios que tenía y le correspondían por anteriores donaciones (escritura 369, cuya copia obra a fs. 15/18). Por el segundo, también les dio en donación a sus parientes actualmente demandados el último bien del cual era titular:una parcela de 218 has., todo ello según escritura 370, que en copia obra a fs. 19/22. (Es curioso que, a pesar de que se declarara que la dación lo era sin cargo ni condiciones, los donatarios se comprometieran a hacerse cargo de una importante hipoteca que garantizaba una deuda en moneda extranjera y que pesaba sobre el bien, circunstancia que fue expresamente asentada en mismo instrumento). Tenemos entonces que quien fuera titular de varios (e importantes) bienes, donó buena parte de ellos a los demandados haciendo reserva de su usufructo; que luego renunció a tal usufructo y que, por fin, donó el último bien que le quedaba sin reserva alguna. De esta manera (y puesto que no hay convincentes pruebas en otro sentido), puede admitirse que concurren los requisitos objetivos previstos por el art. 1800 de la ley vigente en el momento de ocurrencia de estos actos: el donante quedó en una situación que hacía imposible subvenir a sus necesidades (la sentencia de Primera Instancia abunda en detalles que avalan tal conclusión y a ellos me remito). Todo esto autoriza a declarar la nulidad del acto de disposición efectuado (instrumentado en la escritura 370, pasada ante el escribano Andrés Martínez, de Tres Arroyos), referido a la fracción de 218 has. de campo. La nulidad que propugno se reduce a ese único acto porque fue el último (al menos así surge de la correlación de las escrituras respectivas) llevado a cabo por Jacobo Verkuyl y, por postrero, fue el que lo colocó en la situación prevista en las citadas normas. No ocurre lo mismo con las demás liberalidades y aún con la renuncia a las reservas de usufructo -todas ellas anteriores-, porque cuando éstas fueron hechas la referida fracción de terreno aún se hallaba incluida en su patrimonio y, con sus frutos, el donante podía subvenir a sus necesidades. Me refuerza en tal conclusión la consideración de que a no otra solución se arribaría con la aplicación de la actual normativa.V.3.b) Lo anticipado implica que corresponde desestimar las otras pretensiones consignadas a fs. 28 vta. (escrito de demanda), según las cuales se peticionó la condena de los demandados para que restituyan al actor, en plena propiedad y dominio, la totalidad de los bienes donados. Sin embargo, y como también fue reclamado el pago de los frutos devengados por los bienes involucrados desde el momento de la renuncia de la reserva de usufructo, este tópico debe ser objeto de particularizado análisis. Evidentemente, y desde que propongo solo la nulidad de la última escritura, el reclamo sobre frutos generados por los otros bienes, a cuyo usufructo se ha renunciado por un acto que conserva su validez, debe desestimarse, y solo deberá atenderse a los producidos por el bien que ha de volver al patrimonio del donante (o, ahora, al de sus herederos). En tal sentido, ya que la nulidad retrotrae las cosas al estado en que se encontraban al producirse el acto inválido, los demandados deberán restituir los frutos (o su equivalente en dinero) producidos por la fracción de terreno identificada como circunscripción XVIII, parcela 1797, partida 31.037, de Tres Arroyos, de 218 hectáreas de superficie, desde el día 9 de noviembre de 2001 y hasta la fecha de la entrega de dicho bien (arts. 1050 y 1052, Cód. Civ. 390, Cód. Civil y Comercial). La liquidación de los mismos se hará por parte del juzgado de origen, en los términos del art. 514 de la ley ritual, debiendo tenerse especialmente en cuenta la deuda hipotecaria que debieron afrontar los donatarios; las tasas, impuestos y contribuciones que gravan la propiedad que deben restituir y las mejoras denunciadas que sean debidamente acreditadas mediante prueba instrumental (v. fs. 501 vta. y 502; 592 vta. y 593 vta.). Respecto de la defensa de prescripción, no habiéndose articulado debidamente en las contestaciones de demanda (fs. 501 vta. in fine y 593) pues la misma carece de una mínima argumentación, se la desestima (doct. arts. 344, C.P.C.C.; 3962, 3964 y concs., Cód.Civil).

V.3.c) En consecuencia, si mi propuesta resulta compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y declarar la nulidad de la escritura pública 370, pasada por ante el escribano Andrés Martínez, de Tres Arroyos, referida al predio antes referenciado. Los demandados deberán restituir el bien y abonar a los herederos del actor los frutos de esa propiedad percibidos desde el 9 de noviembre de 2001 y hasta la entrega efectiva, según liquidación cuya tramitación se encomienda al juzgado de primera instancia interviniente. Propongo que las costas de todas las instancias se impongan por su orden, en atención a las particularidades de la causa y la forma en que se decide (arts. 68, segundo párrafo y 289, C.P.C.C.). Voto por la afirmativa. A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo: Adhiero a lo propiciado por el colega que abre el acuerdo a excepción del punto V.1. por considerar que el resto de los fundamentos por él expresados resultan suficientes para dar respuesta y solución al recurso bajo estudio. Voto por la afirmativa. El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa. A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del doctor de Lázzari, excepción hecha de lo expuesto en el punto V.1. Ello pues, dado que en el presente caso se ha pretendido la nulidad de varios actos jurídicos otorgados durante la vigencia de la normativa anterior, la regla de derecho transitorio aplicable establece que la presencia o ausencia de dicho vicio congénito a la constitución del acto debe ser juzgada, según la ley vigente al momento de su realización o celebración, esto es el derogado Código Civil (conf. art. 7°, Cód. Civ. y Com.; conf. Roubier, Paul, “Le droit transitorie [conflicts des lois dans le temps]”, 2° edic., Dalloz-Sirey, París, 1960, pág.191; Moisset de Espanes, Luis, “La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil”, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, pág. 61; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 90). Voto también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara la nulidad de la escritura pública 370, pasada por ante el escribano Andrés Martínez, de Tres Arroyos, correspondiente a la fracción de terreno identificada como circunscripción XVIII, parcela 1797, partida 31.037, de 218 hectáreas. Los demandados deberán restituir ese bien y abonar a los herederos del actor los frutos de esa propiedad percibidos desde el 9 de noviembre de 2001 y hasta la entrega efectiva, según liquidación cuya tramitación se encomienda al juzgado de primera instancia interviniente, conforme a las pautas dadas en este pronunciamiento. Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, en atención a las particularidades de la causa y la forma en que se decide (arts. 68, segundo párrafo y 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado (fs. 2173), deberá restituirse al interesado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

CARLOS E. CAMPS

Secretario