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Legitimidad del Colegio de Abogados para intervenir como parte querellante en el proceso seguido por el secuestro y homicidio de un profesional y un procurador

colegio-de-escribanos-cabaPartes: Colegio de Abogados de la 2da Circ. (Rosario) s/ homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: Secretaría de DDHH

Fecha: 9-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101596-AR | MJJ101596 | MJJ101596

Sumario:
1.-Cabe admitir como parte querellante al Colegio de Abogados de la 2° Circunscripción de Rosario toda vez que el secuestro y posterior homicidio de las víctimas de profesiones abogado y procurador, estuvieron directamente vinculados con el ejercicio profesional y por ello lesiona el interés legítimo del Colegio que representan y en la causa se observan una serie de elementos probatorios que consolidan la hipótesis de que la aprehensión y posterior homicidio de ambas víctimas constituirían directa derivación del ejercicio de su profesión y, sobretodo, del tipo de cuestiones en las que intervenían.

2.-Está legitimado para ser admitido como querellante el Colegio de abogados desde que valorando conjuntamente los elementos probatorios de la cause se puede inferir que los hechos de los que fueron víctimas tanto el abogado como el Procurador se enmarcan en un período de nuestra historia en el que ocurrieron hechos calificados como delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados a persecuciones ideológicas y políticas circunstancia que demuestra a las claras el interés legítimo del Colegio de Abogados de intervenir como parte querellante en este proceso por cuanto afecta la esfera de los intereses de sus representados.

Fallo:

Rosario, 09 de setiembre de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en pleno, el expte. n° FRO 43000173/2008/2/CA1 «Legajo de Apelación COLEGIO DE ABOGADOS DE LA 2ª CIRCUNSCRIPCIÓN (ROSARIO) por Homicidio Agravado y privación Ilegal de la libertad» (originario del Juzgado Federal nº 4 de Rosario), del que resulta que:

Vienen los autos a estudio del Tribunal -en fotocopias- a fin de resolver la apelación interpuesta en subsidio del recurso de revocatoria, formulada por las Dras. Adriana Tripelli y Carmen María Maidagan, representantes procesales del Colegio de abogados de la 2da. Circunscripción de Rosario (fs.

643/646) contra la providencia de fecha 15-02-16 (v. fs. 640/641), dictada por el juez federal, Dr. Marcelo Martín Bailaque por la cual rechazó la solicitud de constitución como parte querellante formulada en estas actuaciones (fs. 637/639).

A fs. 669 se dispuso la intervención del Tribunal en pleno.

Oportunamente se designó la audiencia para informar prevista por el art. 454 del Código de rito, entregando el apelante memorial sustitutivo. Ordenado el pase al Acuerdo queda la incidencia en condiciones de ser resuelta (fs. 683 y 696).

La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

1°) Las representantes del Colegio de Abogados de la 2da.

Circunscripción (Rosario) se agravian de la respuesta jurisdiccional negativa a su pretensión sosteniendo que el Juez de grado habría realizado una interpretación restrictiva de lo normado en el art 82 bis del CPPN.

En ese sentido, alegan que de la norma aludida no se desprende que las únicas organizaciones legitimadas sean aquellas que tengan en su objeto específicamente la defensa de los derechos humanos, sino que su misión debe vincularse con el derecho que se considere lesionado.

Entienden que el Colegio posee legitimación activa para ser querellante, remitiéndose a las funciones y finalidades esenciales de su estatuto que fueron vertidas al formular la respectiva solicitud.Añaden que la jurisprudencia y la doctrina han ido modificando y ampliando el criterio de particular damnificado.

Señalan que en estas actuaciones el accionar ilegal ha vulnerado el libre ejercicio profesional afectando los derechos de todo el colectivo de letrados que el Colegio representa, concluyendo que se encuentran directamente involucrados los derechos que la institución protege estatutariamente.

Con relación al argumento expuesto en el punto 6to. del auto recurrido, consideran que carece de asidero dada la especificidad normada en el art. 82 bis del digesto ritual al regular la existencia de otras querellas, no resultando óbice para la constitución pretendida que el hijo de la víctima se encuentre constituido como querellante en esta causa.

En el memorial sustitutivo de la audiencia agregan que instructor no ha considerado las numerosas pruebas colectadas en autos que demuestran que el secuestro y posterior homicidio del abogado Felipe Manuel Rodríguez Araya, estuvieron directamente vinculados con el ejercicio profesional y por ello lesiona el interés legítimo del Colegio que representan.Formularon reservas ante el Tribunal de Casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los tribunales supranacionales.

2°) El juez despachó negativamente la solicitud considerando que entre los objetivos del pretenso querellante no surge como misión y finalidad principal la defensa de los derechos humanos; sostuvo que la colegiación no tiene en miras ese propósito, consecuentemente no encontró acreditado interés legítimo para actuar por parte de la entidad reclamante dado que la institución no es particularmente ofendida o lesionada por los delitos perpetrados durante la última dictadura sin perjuicio de que los hechos pudieran eventualmente afectar a personas vinculadas con el ejercicio de la abogacía.

Por último, entendió que de existir un interés que de modo residual pudiera invocar el pretenso querellante, estaría suficientemente representado por la fiscalía y por el hijo del occiso.

3º) Del cotejo del legajo surge que los hechos presuntamente delictivos cuya investigación se encuentra delegada en la fiscalía están constituidos por el secuestro y homicidio del abogado Felipe Manuel Rodríguez Araya (ver denuncia de fs.1/4).

Posteriormente se amplió requerimiento con respecto a hechos similares que tuvieron como víctima al procurador Luis Eduardo Lescano (ver providencia del Fiscal General de fecha 03-10-14 de fs. 189 y stes.).

Este Tribunal reconoció a partir del Acuerdo n° 82/07 de la Secretaría de Derechos Humanos -entre otros-, que la posición que identifica titularidad del bien jurídico tutelado por cada delito con facultad de querellar se ha venido morigerando en la doctrina y la jurisprudencia, al abrirse camino una posición intermedia que, en ciertos casos, ante la ausencia de afectación directa, atiende a la protección refleja o secundaria de determinados bienes jurídicos (Cf.

Raúl Washington Ábalos «Código Procesal Penal de la Nación», 2da. ed., Ediciones Jurídicas Cuyo, 1994, pág. 228).

4°) Legislativamente se ha avanzado en esa postura flexibilizadora. Así, la ley n° 26.550 publicada en el B.O. n° 31.790 de fecha 27-11- 09 ha incorporado el art.82 bis al Código Procesal de la Nación, que permite la constitución como parte querellante, a entidades como la que nos ocupa, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.

5º) Aun antes de la entrada en vigencia del precepto aludido, el Vocal de esta Cámara, Dr. Fernando Lorenzo Barbará propugnaba una postura amplia respecto de la legitimación para querellar de este tipo de organizaciones al sostener, -entre otras consideraciones-, que:». Agrego ahora que me he impuesto de un reciente precedente de la Sala II de la Cámara Nacional Criminal y Correccional (confirmar esto – Causa 26.221, 12 de marzo de 2008) conforme al cual «. para evaluar la posibilidad de participación de una organización como parte querellante es necesario examinar dos cuestiones centrales. En primer término, la organización debe tener una reconocida trayectoria en defensa de los derechos que pretende representar. En segundo lugar, el objeto procesal de la causa debe versar sobre cuestiones de interés para dicha organización».

Se trató en tal caso de la admisión como parte querellante del Partido Comunista, en la defensa de sus militantes víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura, señalando «. que la detención de víctimas en la causa se produjo como directa derivación de alguna forma de vinculación con ese partido político». (Ver Acuerdo nº 60/08 de fecha 18-6-2008 de esta CFAR).- Asimismo, cabe señalar que la Vocal Dra. Elida Vidal al analizar los alcances del art. 82 del CPPN y acordarle participación como querellantes a los hermanos de una víctima en una causa instruida por hechos violatorios a los derechos humanos, expresó que:».Esa previsión interpretada en su conjunto y en forma armónica con las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que ampara a los hermanos de las víctimas desaparecidas, que les han sido efectivamente reconocidas por nuestro máximo tribunal en la causa «Urteaga» (Fallos 321:2767) en el cometido, en ese caso particular, de conocer las circunstancias en que se habría producido la muerte de su hermano; impide en mi criterio efectuar una interpretación que asigne al 3º párrafo del artículo antes citado el carácter de excepción a la regla general, sino que, como fuera decidido en el precedente referido al inicio, que cito por compartir:».Conforme a una exégesis integral de la norma y no aislada del párrafo tercero, cabe interpretar que inicialmente – en el primer apartado- se sienta como principio general el derecho de la persona «particularmente ofendida» a querellar y luego, en el tercer párrafo, se establece una disposición particular cuando se produce la muerte de la víctima. Este último precepto hace alusión a personas que sin ser sujetos pasivos del delito, -y estando unidos a éste por una relación familiar o representativa- indudablemente resultan dañadas en forma grave por el hecho.».

«.Por el contrario, haciendo aplicación de ese principio general, la ley enumera a aquellos sujetos a quienes presume jure et de jure como damnificados directos por la muerte de la víctima, sin que en tales casos se requiera el menor análisis a los fines de que tales personas sean tenidas como querellantes.».

En el rumbo más amplio de la primigenia interpretación del derecho a querellar se enrola también la reforma al C.P.P.N, concretamente mediante la incorporación del art. 82 bis por ley 26.550.(Ver Acuerdo 022/11 de fecha 08-04-2011 de esta CFAR).

6º) Cotejada la causa se observa, una serie de elementos probatorios que consolidan la hipótesis de que la aprehensión y posterior homicidio de ambas víctimas constituirían directa derivación del ejercicio de su profesión y, sobretodo, del tipo de cuestiones en las que intervenían.

Así-en apretada síntesis-., según lo declarado testimonialmente por María Nydia Figueroa (fs. 36/37), su concubino, el Dr. Felipe Rodríguez Araya fue aprehendido en el domicilio en el que habitaban y en presencia de sus hijos menores y una sobrina, aproximadamente a la una de la madrugada del 30-09-75 por un grupo de aproximadamente diez personas que dijeron ser policías, todos armados y que ingresaron violentamente a su morada, para luego aparecer ultimado a balazos ese mismo día, junto con el cadáver del procurador Lezcano, en un descampado vecino a la autopista Brigadier López a la altura de la localidad de Ricardone.

A fs. 265/269 obra glosado parte de inteligencia nº 06/72 de fecha 23-10-72 donde se detallan el origen y actividades de la «Asociación Gremial de Abogados y del «Foro de Buenos Aires por la vigencia de los Derechos Humanos que integraba el occiso (fs. 267), Los testimonios de Victorio Dante Paulón (fs. 337), Roberto Bereciartúa (fs.341), R ogelio Bianchi (fs. 350), Eduardo José Zanella (fs. 534), y Héctor Oscar Giorgi (fs 539), ilustran sobre la actividad profesional que desplegaba Rodríguez Araya, caracterizada entre otros aspectos, por la defensa en sede penal de perseguidos por sus actividades ideológicas.

Otros declarantes dan cuenta de los impactos de bala que presentaba el cuerpo de Rodríguez Araya al ser reconocido. Así, obran exposiciones de los policías que encontraron los cuerpos de las víctimas y que narran los pormenores del estado en que estaban (ver declaraciones de Pedro Antonio Piedrabuena a fs. 365: de Atilio Matio Blefari a fs. 379. y la de Celso Calixto Centurión de fs.433).

También resultan ilustrativas las testimoniales de Roberto Edmundo Sammartino (a fs. 419) y la de Francisco José Iturraspe (a fs. 423), que enmarcan la situación política e ideológica existente a la fecha en que ocurrieron los luctuosos hechos que se investigan en esta causa.

Por ello, valorando conjuntamente los elementos probatorios aludidos es posible inferir que los hechos de los que fueron víctimas tanto el abogado Rodríguez Araya como el Procurador Luis Lescano se enmarcan en un período de nuestra historia en el que ocurrieron hechos calificados como delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados a persecuciones ideológicas y políticas.

Esta circunstancia demuestra a las claras el interés legítimo del Colegio de Abogados de intervenir como parte querellante en este proceso por cuanto afecta la esfera de los intereses de sus representados. Y entre las funciones y finalidades esenciales que le competen, se encuentra la de «Amparar los derechos e inmunidades de los abogados, velando para que estos gocen de la libertad necesaria para el ejercicio de la profesión.» (Art 2 inc. e de su Estatuto).

Como consecuencia de lo expresado precedentemente y atento lo dispuesto en el art. 82 bis del CPPN, considero que el Colegio de Abogados se encuentra legitimado para intervenir en este proceso como parte querellante. Así voto.

Los Dres. Elida Vidal, Fernando Lorenzo Barbará, Edgardo Bello y José Guillermo Toledo dijeron:

Que adhieren en lo sustancial sobre los fundamentos y conclusión arribada.

Por tanto, SE RESUELVE:

Revocar la resolución de fecha 15 de febrero de 2016 (fs. 640/64)1 y admitir como parte querellante al Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción Rosario en el marco de la presente causa. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y devuélvase al juzgado de origen.

FDO. BARBARA – BELLO – PELOZZI – TOLEDO – VIDAL

JUECES DE CÁMARA

JUAN BOTTAZZI

SECRETARIO DE CAMARA.-

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