Rechazo del incidente de revisión ante la falta de prueba del mutuo que funda el pedido de verificación

quiebraPartes: Latella Ricardo s/ quiebra – incidente de revisión de crédito por Hidalgo Ana y otro

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 11-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101036-AR | MJJ101036 | MJJ101036
Sumario:

1.-El incidente de revisión normado por la LCQ. 37 tiene el carácter de un juicio de conocimiento, cuya fundamentación debe tener en consideración las motivaciones expresadas en la resolución cuya revisión se requiere.

2.-Los esfuerzos probatorios de quienes se insinúan en el marco de un proceso concursal, deben ir dirigidos a que el Juez llegue a la verdad jurídica objetiva, esto es, determinar quién es el acreedor y quién no lo es, tarea cuyo éxito dependerá del equilibrado análisis que impida tanto la licuación de los pasivos como la protección malentendida de un deudor, liberándolo de obligaciones legítimamente contraídas.

3.-No procede el incidente de revisión cuando no se encuentra clarificado el ingreso de los fondos a la sociedad fallida, lo que sella la suerte adversa de la reclamación, al no haber quedado acabadamente probada la entrega del dinero al deudor. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016.

Vistos:

1. Apeló la incidentista contra la decisión de fs. 86/88 en cuanto el magistrado rechazó el presente incidente de revisión mediante el cual pretendía se declare verificado un crédito en su favor por la suma de U$S 22.500 con carácter quirografario; con sustento en dos pagarés, explicando que uno de ellos fue entregado como consecuencia de un contrato de mutuo de reconocimiento de deuda.

Los fundamentos obrantes en fs. 97/98 fueron respondidos por la sindicatura en fs. 101/102.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara, consideró que se ventilaban en el caso cuestiones ajenas al interés general cuyo resguardo competía al Ministerio Público, por lo que no emitió dictamen alguno (v. fs. 120).

2. Una detenida lectura de la expresión de agravios en estudio permite sostener que resulta cuanto menos dudoso que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que se consideran equivocadas.

Así es dable considerarlo, toda vez que la apelante se limita a manifestar su disconformidad con la decisión en crisis, sin esgrimir argumentos que permitan vislumbrar el error o desacierto en los fundamentos o conclusiones allí expresadas.

Sin perjuicio de ello, y a fin de evitar una rigidez hermenéutica que pueda comprometer en algún punto el derecho de defensa en juicio de raíz constitucional, esta Sala procederá a su tratamiento.

3. En los términos en los que ha quedado ceñida la cuestión litigiosa, cobra preponderante relevancia la previsión del art. 377 del Código Procesal -por reenvío del art.278 LCQ- que impone a cada parte, el deber de acreditar el presupuesto de hecho de la norma que se invocare como fundamento de la pretensión, defensa o excepción.

La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a tal postulado ritual debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (Sala A, 6.10.89, “Filán SAIC c/Musante Esteban”; Sala B, 16.9.92, “Larocca Salvador c/Pesquera Salvador s/sum”; Sala C, 12.6.06, “Guillermo V. Cassano SA s/conc. prev. s/inc. de revisión por Millenium SA”; Sala D, 2.5.07, “Markic, Alfredo c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ord.”; Sala E, 12.11.08, “Martinez, Gustavo c/Rubio, Enrique s/sumario”, entre otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito (E. Couture, “Fundamentos del derecho procesal civil”, pág. 242, Bs.As. Edit. R. Depalma, 1958). Dicho en otros términos, cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte esgrime en su favor, debe dictarse sentencia en contra de esa parte (cfr. De Santo, Víctor, “La prueba judicial teoría y práctica”, Ed. Universidad, 1994, p. 27).

Por otro lado, como es sabido el incidente de revisión normado por la LCQ 37 tiene el carácter de un juicio de conocimiento (José A. Di Tullio, Teoría y práctica de la verificación de créditos, Buenos Aires, 2006, pág. 74; Francisco Junyent Bas-Carlos A. Molina Sandoval, Ley de concursos y quiebras comentada, Buenos Aires, 2005, T. I, págs. 224/225, apartado II; Pablo D. Heredia, Tratado exegético de derecho concursal, Buenos Aires, 2000, t. 1, pág. 765 y doctrina cit.en nota 32), cuya fundamentación debe tener en consideración las motivaciones expresadas en la resolución cuya revisión se requiere (Francisco Quintana Ferreyra, Concursos, Buenos Aires, 1985, t. 1, pág. 434 y doctrina cit. en nota 11; en igual sentido, Sala D, 19.6.08 “Nuestra Huella S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por A.F.I.P.”).

4. Bajo tal concepción interpretativa, los esfuerzos probatorios de quienes se insinúan en el marco de un proceso concursal, deben ir dirigidos a que el Juez llegue a la verdad jurídica objetiva, esto es, determinar quién es el acreedor y quién no lo es, tarea cuyo éxito dependerá del equilibrado análisis que impida tanto la licuación de los pasivos como la protección malentendida de un deudor, liberándolo de obligaciones legítimamente contraídas (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala 1, 14.4.02, “Encoment S.A. en J: Banco Central de la República Argentina en J: Encoment S.A. s/incidente de verificación tardía-casación”).

En el caso particular, debe repararse que a criterio de esta Sala no ha quedado demostrado el efectivo ingreso por parte de la incidentista de los fondos en las arcas del fallido.

Así, no clarificado el ingreso de los fondos, se encuentra sellada la suerte adversa de la reclamación, desde que no ha quedado acabadamente probada la entrega del dinero al deudor (en este sentido, esta Sala, 23.11.10 “Cooperativa Buenos Ayres de Vivienda Credito y Consumo Ltda s/concurso preventivo s/incidente de revision por Vronkistinos Maria Eulalia”).

Obsérvese, asimismo, que más allá de las manifestaciones vertidas en fs.98 último párrafo, tampoco se ha probado en modo alguno la existencia de una solvencia patrimonial suficiente para efectuar préstamos de la entidad económica cuya revisión se impetra.

En síntesis, juzga esta Sala que la recurrente no ha explicado de manera convincente las circunstancias concernientes a la existencia de su crédito.

Así, aparece ajustada a derecho la imposición de las costas a la incidentista, en tanto frente a una contienda que implicó bilateralidad y controversia, cupo imponerlas a la vencida, como decidió el magistrado de grado. Es que no se aprecia en el caso circunstancia alguna que justifique un apartamiento del criterio objetivo de la derrota, en virtud del cual procede que la recurrente soporte las costas (arg., CPr. 68/9).

En virtud de lo expuesto, no ha de prosperar el cuestionamiento

formulado.

5. En cuanto a los recursos interpuestos contra los estipendios de la perito contadora que efectuara la pericia en autos, cabe referir que la mecánica aplicación de las alícuotas arancelarias previstas por el Dec. Ley 16.638/57 daría lugar a la determinación de una remuneración para el experto materialmente excesiva y concretamente desproporcionada con los mínimos y máximos que prevé la Ley n° 21.839.

Tal proceder debe ser descartado, para establecer una retribución acorde a la extensión de las labores profesionales desarrolladas efectivamente en la causa (art. 271 LCQ). Por ello, se confirman en cinco mil Poder Judicial de la Nación Cámara Nocional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

quinientos pesos ($ 5.500) los honorarios regulados a favor de la contadora Verónica Paula Álvarez (art. 13 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

6. Por ello, se resuelve: confirmar íntegramente la decisión apelada. Con costas de ambas instancias a la apelante vencida (CPr. 68/9).

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara