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Requisa sin orden judicial en automóvil durante un control vehicular

auto-rojoPartes: V. H. J. s/ nulidad tenencia de arma

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 6-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101361-AR | MJJ101361 | MJJ101361
Sumario:
1.-Es válida la requisa practicada sin orden judicial en el vehículo que conducía el imputado y mediante la cual se llevó a cabo el secuestro de un arma que se encontrada en el baúl, pues el proceder de la prevención se ajustó a las prescripciones del art. 230 bis in fine del CPPN. ya que, la ausencia de toda documentación personal del encartado y del rodado constituyó una circunstancia válida para presumir la posible procedencia ilícita de éste, que convalida la posterior requisa y secuestro.

2.-Toda vez que para que las fuerzas de seguridad puedan efectuar las requisas del art. 230 bis del CPPN. deben concurrir circunstancias previas o concomitantes que, razonable y objetivamente permitan justificar la medida, en tanto ello acontezca en la vía pública o lugares de acceso público, el hecho de que el imputado careciera de toda documentación del rodado que fuera requisado satisface ese requisito, por lo que la posterior inspección estuvo suficientemente fundada, máxime cuando el preventor dio aviso en forma inmediata al órgano jurisdiccional (del voto del Dr. Pociello Argerich).

3.-La requisa practicada sin orden judicial en el vehículo que conducía el imputado y a través de la cual se secuestró un arma ubicada en el baúl el imputado, resulta nula, pues si bien la interceptación del rodado se encuentra justificada con motivo del control vehicular que realizara el gendarme, la ausencia de la debida documentación habilitante constituye una infracción que podría haberse remediado a través de otras instancias habituales de todo control vehicular, y sin embargo el personal de la fuerza de seguridad obvió la posibilidad de evacuar sus dudas con los medios que tenía a su disposición y optó por solicitarla apertura del baúl sin invocar circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente justificaran la medida, y el posterior secuestro del arma no tiene entidad para sanear la indebida intromisión, por cuanto el Estado no puede valerse de aquellos elementos que fueran recabados mediante acciones contra legem (del voto en disidencia de la Dra.López González)

Fallo:

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Corresponde resolver el recurso interpuesto por la asistencia técnica de H. J. V. contra el auto de fs. 8/11 que rechazó el planteo de nulidad respecto de la requisa practicada sin orden judicial en el vehículo que conducía.

A la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación concurrió el Dr. Fernando Bazano y desarrolló los motivos de agravio. A su turno, replicó el Dr. Damián Traverso en representación del Ministerio Público Fiscal, luego de lo cual, el tribunal deliberó en los términos del artículo 455, ibídem.

Y CONSIDERANDO:

El juez Alberto Seijas dijo

Ante la carencia de la documentación personal y del rodado marca Fiat, modelo «Palio», dominio ., que conducía H. J. V., el gendarme Sergio Miguel Díaz Rojas, abocado a un control vehicular en el marco de sus funciones, se encontraba habilitado para proceder a la apertura del baúl del automóvil -lo que realizó frente a dos testigos-, lugar en el que encontró una escopeta «.», calibre . (cfr. fs. 1/2vta).

Al respecto se ha dicho que la función de las fuerzas de seguridad «no es sólo represiva sino también preventiva, lo cual hace que sus actuaciones en tal sentido no sean por sí solas, procesalmente inadmisibles, y que constituye asimismo un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares» (CFCP, Sala IV, causa N° 13.357, reg.1262, «N.», rta.: 3/8/12, entre otras).

En ese sentido, el proceder de la prevención se ajustó a las prescripciones del artículo 230 bis in fine del CPPN pues, coincidentemente con lo expresado por el a quo, la ausencia de toda documentación constituyó una circunstancia válida para presumir la posible procedencia ilícita del rodado, lo que convalida la posterior requisa y secuestro.

Por lo expuesto, considero que no existen razones que tornen viable la nulidad propiciada por la defensa y, por ello, voto por confirmar la decisión impugnada.

La jueza Mirta López González dijo:

Discrepo con el criterio de mi colega preopinante pues considero que si bien la interceptación del vehículo se encuentra justificada con motivo del control vehicular que realizara el gendarme D. R., la ausencia de la debida documentación habilitante constituye una infracción que podría haberse remediado, al menos en lo atingente a las sospechas que pudiera despertar, a través de otras instancias habituales de todo control vehicular, así como efectuar una consulta para saber si el automóvil contaba con restricciones. Por el contrario, el personal de la fuerza de seguridad obvió la posibilidad de evacuar sus dudas con los medios que tenía a su disposición y optó por solicitar la apertura del baúl sin invocar circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente justificaran la medida, tal como luce en su declaración de fs. 1/2 vta.

El posterior secuestro del arma no tiene entidad para sanear la indebida intromisión, por cuanto el Estado no puede valerse de aquellos elementos que fueran recabados mediante acciones contra legem (CCC, Sala V, causa N° 22774/14/1, «A. S.», rta.: 6/3/15).

En consecuencia, por no haberse observado los presupuestos que, en forma excepcional, autorizan a los preventores a actuar sin orden escrita del juez competente, corresponde nulificar lo actuado desde la requisa practicada en el rodado.Así lo voto.

El Juez Rodolfo Pociello Argerich dijo:

Llamado a intervenir con motivo de la discrepancia entre mis colegas en orden a la viabilidad del remedio procesal deducido por la defensa, voy a adherir a la solución propuesta por el Dr. Alberto Seijas cuyos argumentos comparto y sostuve en otros pronunciamientos (ver CCC, Sala V, causa N° 42059, «D. L. C.», rta.: 13/10/11, entre otras).

En efecto, es mi opinión que para que las fuerzas de seguridad puedan efectuar las requisas del artículo 230 bis ibídem, deben concurrir circunstancias previas o concomitantes que, razonable y objetivamente, permitan justificar la medida, en tanto ello acontezca en la vía pública o lugares de acceso público (in re Sala V causa n° 31.548, «D.», rta. 15/3/07 y n° 34740 «G.», rta. el 30/6/08). En el caso bajo análisis, el hecho de que V. careciera de toda documentación satisface ese requisito, por lo que la posterior inspección estuvo suficientemente fundada, máxime cuando el preventor dio aviso en forma inmediata al órgano jurisdiccional.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 8/11.

Notífiquese y devuélvase al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. Se deja constancia que los Dres. Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González no intervienen por hallarse en uso de licencia y que la Dra. Mirta López González fue designada en el reemplazo del primero mientras el Dr. Rodolfo Pociello Argerich lo hace en virtud de lo establecido en el artículo 36, inciso «h» del Reglamento para la Jurisdicción Criminal y Correccional de la Capital Federal.

ALBERTO SEIJAS

MIRTA LÓPEZ GONZÁLEZ

RODOLFO POCIELLO ARGERICH

(en disidencia)

Ante mi:

GISELA MORILLO GUGLIELMI

Secretaria de Cámara

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