El GCBA debe otorgar un nuevo espacio de estacionamiento para el discapacitado que se vio afectado por la traza de la bicisenda en su domicilio

discapacidad2Partes: E. J. C. c/ GCBA s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101425-AR | MJJ101425 | MJJ101425Sumario:

1.-Corresponde ordenar al demandado a que conceda al actor una reserva de estacionamiento que se adecúe al bloque normativo, y que a la vez, contemple las circunstancias particulares del peticionante, concretamente su discapacidad e integridad física, pues si bien la administración relocalizó la reserva de estacionamiento que el actor ostentaba, de conformidad al régimen legal imperante, al no ajustarse a sus necesidades, constituye un acto que restringe de modo arbitrario e ilegítimo los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, la local y los tratados internacionales que rigen la materia.

2.-No corresponde conservar, respecto del actor discapacitado, la reserva de estacionamiento en la acera de su domicilio, sin perjuicio del derecho que le asiste de que se le asigne un nuevo sitio, pues el Código de Tránsito y Transporte de la CABA, en su artículo 7.1.9, veda la posibilidad de aparcamiento vehicular sobre las sendas para ciclorrodados.

3.-Toda vez que se encuentra vedado el aparcamiento de vehículos sobre las sendas para ciclorrodados, resulta lógico e incuestionable que la reserva que haya de otorgar la administración para el actor se ajuste a los lineamientos y prohibiciones generales que se instituyen al efecto, por lo que la reserva de estacionamiento que se le autorice, debe hacerse en los sitios donde esté permitido estacionar.

4.-Puesto que si el gobierno demandado autorizase la reserva de estacionamiento sobre los carriles exclusivos de la ciclovía, el actor gozaría de un privilegio no previsto en la ley, en flagrante violación al régimen legal vigente y en desmedro del interés público que observa la Ley 2586, se juzga que no corresponde conservar la reserva de estacionamiento previamente asignada.

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2016.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 98/104, la Sra. jueza de grado rechazó la acción de amparo incoada por el actor. Para así decidir, luego de efectuar una reseña de los antecedentes de la causa, del marco jurídico local e internacional aplicable en la materia y de las circunstancias del caso, concluyó en que”.no encontrando configurada una ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta por parte de la Administración, corresponderá rechazar la acción de amparo, sin que ello implique en modo alguno desconocer el derecho del actor, el que considero se encuentra garantizado por las soluciones aportadas durante el desarrollo de la causa, y teniendo en consideración que el tribunal no puede obligar al actor a aceptar solución alguna, sino evaluar si la conducta desplegada por la demandada es ajustada a derecho” (v. fs. 103 vta.).

2. Que, disconforme con lo decidido, a fs. 107/111 la parte actora interpuso recurso de apelación. En lo sustancial, el recurrente planteó que: a)la actividad desplegada por la administración resultaba arbitraria e ilegítima, en tanto no había reconocido sus derechos como discapacitado motriz; y b) los letrados de la administración no se encontraban facultados para conciliar situaciones como las que se ventilan en autos.

2.1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) contestó los argumentos de su contraria a fs. 113/118 vta., a cuyos términos cabe remitirse en honor a la brevedad.

3.Que, previo a todo, corresponde delimitar la cuestión que se debate en estos actuados.

El Sr. E. inició la presente acción de amparo contra el GCBA a fin de que se garantizaran sus derechos a la igualdad y a la dignidad humana como persona discapacitada (v. fs. 1). Sobre el punto, señaló que en año 2012 a raíz de su discapacidad física -v. certificado de discapacidad obrante a fs. 18- había solicitado una reserva de estacionamiento en la vía pública.Indicó que, ante su petición, la administración le concedió la reserva en la puerta de su domicilio, pero tiempo más tarde fue relocalizada como consecuencia de la construcción de la ciclovía. Respecto del nuevo espacio de estacionamiento concedido por el GCBA (ubicado en la acera derecha frente a su domicilio), expresó que resultaba riesgoso por cuanto debía descender de su vehículo y armar su silla de ruedas sobre la calzada, exponiendo su vida ante la gran afluencia vehicular que transitaba por la zona. En este contexto, corresponde poner de resalto algunos aspectos que no han sido objeto de controversias y, en consecuencia, resultan ajenos a nuestro análisis: a) la discapacidad motriz que padece el recurrente; b) el derecho que asiste al actora obtener una reserva de estacionamiento en la vía pública en razón de su discapacidad física y c)la concesión de una nueva reserva ubicada en la calle Doblas en correspondencia con el número 213 (v. fs. 94/96). La discusión, entonces, gira en torno a dos cuestiones: a) si corresponde mantener la reserva de estacionamiento sobre la mano izquierda de la calle Doblas (altura 241) y b) si la relocalización se adecua al bloque normativo vigente y a las necesidades físicas del recurrente.

4. Que, así planteada la cuestión, corresponde efectuar la construcción normativa que este tribunal entiende aplicable al caso de autos en relación con la regulación de los aspectos centrales que hacen a la solución del asunto.

En primer lugar resulta oportuno memorar que en el artículo 42 de la Constitución local se dispone: “[l]a Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral.Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes”. Por su parte, en lo que aquí concierne, en el Código de Tránsito y Transporte de la CABA, en su artículo 7.1.18, se establece que “[l]os vehículos identificados con el emblema internacional de la discapacidad gozan de la franquicia de libre estacionamiento, sea que fueren conducidos por personas que ostenten el correspondiente Certificado Nacional de Discapacidad otorgado de acuerdo a la Ley Nº 22.431 (B.O. Nº 24.632) o por quienes los asistan, sólo en oportunidad de trasladarlos. Esta franquicia no es de aplicación en los sitios especificados en los artículos 7.1.8 y 7.1.9, excepto el punto 7 del inciso I), y en los determinados por el artículo 7.2.2 en los horarios en que rijan las reservas, excepto el inciso c)”. Asimismo, en el capítulo 7.3 del mentado código se prevé la reserva de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad. En lo particular establece que la reserva se otorgará en el lugar más próximo al domicilio del titular, dentro de una distancia máxima de cien metros (100 m.), quedando facultada la autoridad de aplicación a fijar el lugar de manera que no se ocasionen inconvenientes a la circulación vehicular (art. 7.3.4). Por otra parte, en la norma se dispone que “[l]as reservas que se concedan de acuerdo a lo establecido en el presente capítulo no darán lugar a reclamos por derechos adquiridos cuando por razones de fuerza mayor y debidamente fundadas, se las considere caducas o se vean afectadas por ordenamientos de tránsito” (art.7.3.5). Ahora bien, respecto del Sistema de Transporte Público de Bicicleta instituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley 2586-, corresponde señalar que fue diseñado con el propósito de: a) consolidar un sistema de movilidad sustentable; b) optimizar la circulación y fluidez del tránsito; y c) desincentivar el uso del automóvil particular. Bajo esa premisa y a fin de implementar el sistema, la autoridad de aplicación determinó los carriles exclusivos para bicicletas de ciclovías. Asimismo, en aquellos casos en donde existían espacios especiales reservados los relocalizó, de acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto. Por último, cabe destacar que los carriles exclusivos para bicicletas en la zona donde vive el actor fueron establecidos mediante la Resolución 188/GCABA/SSTRANS/14, la cual-asimismo- prohibió el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las ciclovías (confr. art. 4º).

5. Que, asentado ello, cabe ingresar en el análisis de las cuestiones bajo estudio.

En primer término corresponde examinar, a la luz del bloque normativo expuesto, la viabilidad de la reserva de estacionamiento sobre la acera izquierda de la calle Doblas (altura 241). Sobre el punto, cabe señalar que el Código de Tránsito y Transporte de la CABA, en su artículo 7.1.9, veda la posibilidad de aparcamiento vehicular sobre las sendas para ciclorrodados. Desde esta perspectiva, resulta lógico e incuestionable que la reserva que haya de otorgar la administración se ajuste a los lineamientos y prohibiciones generales que se instituyen al efecto, de ahí que se la autorice en los sitios donde esté permitido estacionar. En rigor, si el GCBA autorizase la reserva sobre los carriles exclusivos de la ciclovía, el actor gozaría de un privilegio no previsto en la ley, en flagrante violación al régimen legal vigente y en desmedro del interés público que observa la Ley 2586.Sin entrar a analizar la justeza de la norma, cuya constitucionalidad no ha sido objetada por el recurrente, cabe señalar que, en este punto, la conducta desplegada por la administración no merece reproche alguno. En suma, los argumentos expuestos permiten, sin más, rechazar la pretensión del actor a que se conserve la reserva de estacionamiento en la acera de su domicilio.

5.1.No obstante lo expuesto, corresponde abordar el segundo de los planteos señalados, vinculado con la nueva reserva de estacionamiento. Sobre el particular, cabe recordar que el recurrente manifestó en reiteradas oportunidades que la solución brindada por el GCBA (estacionar sobre la acera derecha frente a su domicilio) resultaba impropia por configurar un riesgo para su seguridad física, pues debía descender de su vehículo y armar su silla de ruedas sobre la calzada, exponiendo su vida y la de quien lo asista a la gran afluencia vehicular que transitaba por la zona. En tal sentido, indicó que el estacionamiento sobre la acera derecha, en su carácter de conductor, involucraba una serie de actos adversos, como ser “. abrir la puerta hacia mi lado izquierdo que es justamente el sentido de la calle, debo tomar la silla de ruedas, colocarme en la misma, cerrar el automóvil, y subir a la vereda. ” (v. fs. 84), que no satisfacía su derecho. En este contexto, cabe adelantar que la reserva si bien se adecua al régimen legal vigente, no resulta ajustada a las necesidades particulares del actor. De los elementos probatorios arrimados a las presentes actuaciones se desprende que la ubicación del espacio concedido por la administración expone al recurrente a posibles accidentes. En efecto, su demarcación y escasa contención obliga al Sr. E. a efectuar las maniobras propias de su descenso sobre la calzada con la dificultad y el riesgo que ello conlleva. De este modo, la reserva otorgada no cumple con la finalidad para la cual fue concebida. Es decir, no neutraliza las desventajas que la discapacidad provoca en el actor.Por el contrario, genera un nuevo obstáculo que debería sortear de hacer uso de ella.

De manera que para lograr -en el caso de autos- el respeto a la igualdad, la consideración de la diferencia física del actor es ineludible. Pues, sólo así se logrará el pleno goce de sus derechos. En este sentido, nuestra Constitución no ofrece dudas cuando establece que “. [l]a Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, lim itando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad” (art. 11). Sobre el punto, debemos recordar que aun antes de la reforma constitucional y de la sanción de nuestra constitución, la Ley 22431 instituyó un sistema de protección integral de personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con sus derechos, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. En esa inteligencia, la citada norma se dirigió fundamentalmente a tratar de conceder franquicias y estímulos que en lo posible permitieran neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca (v. doctrina de Fallos: 313:579 y “Lifschitz, Graciela B. y otros c/ Estado Nacional”, del 15/06/04). Desde esta perspectiva, con los elementos aportados y teniendo en cuenta la normativa aplicable al caso, cabe señalar que si bien la administración relocalizó la reserva de estacionamiento que el actor ostentaba, de conformidad al régimen legal imperante, ella no se ajusta a las necesidades particulares del Sr. E., constituyendo sin lugar a dudas un acto que restringe de modo arbitrario e ilegítimo los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, la local y los tratados internacionales que rigen la materia. Por lo antedicho, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ordenar al GCBA a que conceda al Sr. E.una reserva de estacionamiento que se adecue no sólo al bloque normativo sino que, a su vez, contemple las circunstancias particulares del recurrente. Concretamente su discapacidad e integridad física.

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia obrante a fs. 98/104. 2) Ordenar al GCBA a que conceda al Sr. E. una reserva de estacionamiento que se adecue a sus necesidades particulares. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, conforme al modo en que se resuelve (confr. arts. 14 CCABA, 28 Ley 2145 y 62 CCAyT). El Dr. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese y notifíquese por secretaría a las partes. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez Jueza de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires