De nuevo sobre las copias digitales

digitalAutor: Quadri, Gabriel H. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 14-dic-2016

Cita: MJ-DOC-10580-AR | MJD10580
Sumario:

I. La sentencia y sus antecedentes. II. La génesis de muchos problemas (al menos desde nuestro punto de vista). III. Dispersión y caos normativo. IV. La difícil convivencia de los soportes papel y digital. V. Las llamadas «copias de traslado». VI. Las copias «digitales». VII. De nuevo sobre el fallo. VIII. El fallo, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema en «Bravo Ruiz Pablo c/ Martocq, Sebastián Marcelo y otros s/ daños y perjuicios» (o de cómo seguir complicando las cosas). IX. Por tercera vez sobre el fallo en glosa (a modo de conclusión).

Doctrina:

Por Gabriel H. Quadri (*)

I. LA SENTENCIA Y SUS ANTECEDENTES

La Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, en el fallo que intentaremos analizar -«Luna Ramón Rafael c/ Allianz Argentina» -, confirma la providencia de la instancia previa, en la cual se había dispuesto el desglose de la contestación de demanda, ante el incumplimiento de aportar copia digital.

El Tribunal de Alzada considera acertado ese temperamento y agrega -además- que no solo faltaba la copia digital, sino también la copia en soporte papel.

En los párrafos que siguen, intentaremos hacer algunas consideraciones respecto de la cuestión decidida. Para poner las cosas en contexto, mencionaremos la tramitación previa al decisorio en análisis (1). Se trataba de un juicio sumarísimo.

Frente a la contestación de demanda, el juzgado provee:

«1. Por presentado, por parte y por constituido el domicilio electrónico y procesal indicado. Por cumplido con el bono de ley 23.187:51:d . 2. Intímase al peticionante a fin de que dentro de los dos días de notificado ingrese al Sistema de Gestión LEX100 copia digital para traslado de la presentación en despacho, bajo apercibimiento de proceder a su desglose y devolución al interesado. Notifíquese por ministerio legis de acuerdo a lo previsto por el cpr.:120 ap. 2.º ».

Ante el incumplimiento, la contraparte solicita se haga efectivo el apercibimiento y el juzgado accede, proveyendo lo siguiente: «Habiéndose cumplimentado el plazo dispuesto en el proveído de fs. 203 punto 2, hágase efectivo el apercibimiento allí dispuesto y procédase al desglose del escrito».

Frente a ello, es que la demandada plantea una revocatoria con apelación en subsidio. En esencia, su fundamento es que fue notificado «ministerio legis», tilda de excesivo el temperamento, denuncia exceso ritual y resalta que la intimación no fue notificada por cédula. Como se lee en el fallo comentado, tales planteamientos no prosperan.Así esquematizado el tema, creemos que el decisorio en cuestión es un buen punto de partida para seguir discurriendo sobre ciertas cuestiones vinculadas con la implementación de las nuevas tecnologías en materia procesal, que aún no terminan de clarificarse (2).

II. LA GÉNESIS DE MUCHOS PROBLEMAS (AL MENOS DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA)

Ya en otros trabajos referentes al tema (3), nuestra principal crítica versó sobre la forma de implementación del uso de las nuevas tecnologías en materia procesal. Decíamos entonces que allí por el año 2011, el Congreso Nacional sancionaba la Ley 26.685 , que contiene solo dos artículos. En el primero, se autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; en el segundo, se dispone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación.

Vamos a detenernos aquí para recordar algunos conceptos elementales de derecho procesal.

Nos enseñaba Bidart Campos que, siendo el derecho a la jurisdicción correlativo de la obligación que tiene el Estado de prestar su función de administrar justicia, para que aquel derecho y esta función se satisfagan, el Estado debe -entre otras cosas- dictar las normas de procedimiento (4).

Anotaba Podetti, al respecto, que el «principio de formalismo» tiene raíz constitucional, pues tiende a garantizar la defensa en juicio de las personas y de los derechos.

Apuntaba también que, en un régimen de legalidad como el nuestro, la función jurisdiccional del Estado y el ejercicio de las facultades que integran la acción, requieren un molde preestablecido, que se ajuste a la garantía constitucional, molde que constituye un «prius» de aquellas actividades en sentido concreto y específico;y este molde está dado por las leyes procesales que estatuyen determinadas formas, que no pueden ser omitidas en cuanto resguardan la garantía de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y que pueden ser consideradas como el antemural de la arbitrariedad del individuo o del Estado y como un elemento básico de la libertad civil, procurando la seguridad jurídica (5).

Según Couture, el régimen del proceso solo puede ser instruido por la ley, la que concederá o negará poderes y facultades dentro de las bases establecidas en la Constitución, trasladándose el espíritu de esta a aquella, que debe inspirarse en las valoraciones establecidas por el constituyente (6).

Mediante la estructuración legal del proceso, el justiciable obtiene certeza respecto de las normas que regirán el debate. El proceso se torna, así, previsible para las partes.

En palabras de Carnelutti: «La ventaja de la regulación formal de los actos consiste en hacer saber por anticipado a los ciudadanos lo que tienen o lo que no tienen que hacer» (7).

Es decir que el justiciable que ocurre por ante el órgano judicial en defensa de su derecho sabe de antemano cuáles serán las reglas de juego a las que deberá adecuar su accionar en el decurso del procedimiento para la defensa de su derecho.

Se disminuye así, en grado sumo, las posibilidades de que el justiciable quede sometido a la arbitrariedad del órgano jurisdiccional en la conducción del proceso: la ley establece expresamente las reglas del debate y de ellas no puede -en principio- apartarse el órgano judicial (8).

De tal modo, el legislador infraconstitucional reglamenta el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la CN, estableciendo con precisión la forma de ejercerlo.Y es claro que mal podrá hablarse de inviolabilidad de la defensa en juicio si el justiciable no tiene certeza -previsibilidad- del modo en que deberá ejercer tal derecho.

Bien explicó Calamandrei que no existirá certeza sino cuando sea cierto que, en caso de inobservancia del derecho, será puesta en práctica la garantía jurisdiccional para hacerlo observar, y que -a su vez- esta certeza no existirá si el individuo que pide justicia no supiera exactamente cuáles son los actos que debe realizar para obtenerla, cuáles son las vías que debe recorrer para llegar al juez, para hacerse escuchar por él y para obtener en concreto aquella garantía jurisdiccional que la norma en abstracto promete.

De ello deduce el autor que las reglas del procedimiento son una especie de metodología fijada por la ley para servir de guía a quien quiera pedir justicia, el manual del litigante que le enseña cómo se debe comportar con el juez para ser escuchado por este, concluyendo entonces que las formas procesales aseguran el respeto al contradictorio y la igualdad de las partes, siendo una preciosa garantía de los derechos y las libertades individuales (9).

Hay más: no solo hace al resguardo de la defensa en juicio que el justiciable tenga certeza de qué reglas regirán su accionar en el proceso, sino que también debe tener conocimiento de qué normas regirán el accionar de su eventual contendiente. Solo así podrá el justiciable comprobar si el órgano jurisdiccional se conduce en forma «imparcial e impartial».

En sentido conexo, afirma la doctrina que la presencia de formas en el proceso es garantía de justicia y de igualdad en la defensa (10). Así, se habla en el ámbito del proceso civil, del principio de «legalidad de las formas».

Ahora bien, volviendo al tema puntual objeto de este comentario, ocurre que la recepción de las nuevas tecnologías en el ámbito del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se ha dado de un modo harto singular.Es que, en lugar de modificarse el Código Procesal -como se lo ha hecho en varias provincias (11)-, el legislador ha acordado una ambigua «autorización». Con esto, queremos significar que, si era intención del legislador nacional que se implementaran determinados avances en materia procedimental, debió haber modificado los Códigos respectivos, sentando -aunque más no fuera- las bases al respecto y dejando, si se quería, los aspectos menores y operativos supeditados a la (más maleable) reglamentación que al efecto se estableciera. O, como mucho, modificar el Código y dejar establecido en su mismo cuerpo, aunque fuera brevemente, la posibilidad de implementar las nuevas tecnologías (12).

Pero no.

El Código Procesal fue dejado tal cual estaba y se otorgó esta «autorización» disponiendo, seguidamente, que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura debían implementar estos nuevos mecanismos.

Reseñemos algunas opiniones que sobre el tema se han vertido.

Cierta doctrina ha señalado que el régimen se instala sin afectación de la normativa procesal vigente (13).

Bender, mientras tanto, ha señalado que la reglamentación del Sistema de Gestión Judicial implica en los hechos una modificación del Código Procesal (14), con lo cual coincidimos.

Otros autores han advertido la ausencia de reforma por parte de la Ley 26.685 al Código Procesal, pero indicando que con la ley -aun cuando no se hubieran introducido modificaciones al Código- se cubre cualquier planteo en orden al principio de legalidad de las formas (15).

Incluso la jurisprudencia ha rechazado planteos de inconstitucionalidad entablados respecto del sistema, señalando que la Ac.38/13 fue dictada de conformidad con las facultades otorgadas al Máximo Tribunal por la Constitución Nacional, memorando también el facultamiento de la Ley 26.685 (16). Comentando la acordada, la doctrina concluyó que tanto la Constitución Nacional como la Ley 26.685 en cuestión legitimaron la actuación de la Corte Suprema en la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónico, por ajustarse a facultades reglamentarias propias de su más estricta competencia; agregando que, más allá de la forma escogida para hacerlo, criterios consecuencialistas obligan a aceptarla sin remigios, por responder a fines francamente valiosos, acompasados a los nuevos tiempos (17).

Por nuestra parte, creemos que, desde el ángulo de la legalidad de las formas, en principio, no parece que puedan formularse grandes objeciones, desde que ha sido el mismo legislador quien ha retrocedido, dando paso a la intervención de otros órganos estatales en el abordaje del tema.

Pero, al menos a nuestro juicio, ello no quiere decir que el proceder legislativo haya sido dogmáticamente correcto, trasladando su rol prístino a otros poderes constituidos, aun cuando la derivación se haya hecho bajo el título de «reglamentación».

Mas aún cuando, para llevar a cabo esta «reglamentación», quizás sea necesario retocar, modificar o suprimir, determinados aspectos del Código Procesal y quien reciba la delegación no se encuentre en condiciones de hacerlo (pues en principio o, al menos, clásicamente, el modo de modificar una ley es por conducto de otra ley).

Así entonces, veremos -por ejemplo- que el Código Procesal aparece reglamentando detenidamente las diversas formas de notificación (arts. 133 y ss. del CPCCN), pero esta regulación fue objeto de una sustancial mutación operada por vía reglamentaria; por cierto, en los «Considerandos» de la Ac. 31/11 la Corte Suprema pone de resalto la existencia de esta autorización, y procede en consecuencia.

Problema similar, y conexo, veremos que se dará con las copias de traslado (art.120 del CPCCN).

En este contexto, creemos necesario resaltar que -para nosotros- un Código es, o debería ser, un sistema, donde todos sus elementos aparecen armónicamente interrelacionados, previendo y haciéndose cargo de las diversas variantes y situaciones que pueden presentarse a lo largo de la vida de un proceso. Por ello, cualquier incorporación -para asegurar su correcta operatividad- debería efectuarse siempre con una visión global. O, dicho de otro modo, sopesar cómo opera el cambio parcial dentro de todo el sistema; analizar, ponderar, corregir, retocar e incluso eliminar cuanto resulte menester.

Se trata, en definitiva, de la regulación de procedimientos estatales, aspecto en el cual debería exigirse la mayor claridad y prolijidad, evitándose paralelamente la improvisación y el apresuramiento. E, incluso, con claridad, permitiéndole al operador jurídico, y también al ciudadano (consumidor del servicio de justicia), conocer cuál es la ley que rige determinada cuestión (ver, en tal sentido, la iniciativa del Digesto Jurídico).

En suma, tenemos un Código Procesal que regula (como debe ser) la cuestión de las notificaciones procesales e, independientemente, una ley que otorga a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura la «autorización» para poner en funcionamiento un sistema de notificaciones por medios electrónicos que, a no dudarlo, trastocará la regulación que en tal sentido contiene la ley; lo mismo sucede con las copias de traslado, objeto de este análisis.

Muy bien lo ha resaltado Leguisamón cuando afirma que una cosa es reglamentar el «domicilio electrónico constituido» y las «notificaciones electrónicas», y otra distinta es modificar el Código Procesal; y la Ley 26.685 confirió una autorización para utilizar determinado tipo de medios informáticos, pero tampoco modificó el Código (18).

Algo similar cuestionó hace un tiempo la doctrina al analizar el sistema mendocino, interrogándose si las normas legislativas que imponen la notificación electrónica, habrán dado una remisión en blanco al Poder Judicial para que disponga sobre los temas más variados (plazos, formas, responsabilidades, etc.)e, incluso, preguntándose por dónde pasa, aquí, el límite entre lo legislativo y lo reglamentario (19).

Coincidimos en que modernizar el procedimiento era imprescindible.

Empero con lo que no estamos de acuerdo es con la forma en que se lo hizo.

Pedimos nuestras disculpas a quien pueda no compartir esto, pero nosotros creemos que ha sido un proceder bastante poco prolijo. Básicamente, el Congreso se quitó de encima el problema y lo delegó a otros órganos (Corte Suprema y Consejo de la Magistratura), y en consecuencia, dejó el Código Procesal tal cual estaba.

Podemos traer a colación, en el punto, el ejemplo de la casación bonaerense, donde ha acontecido justamente lo contrario de lo que sucede a nivel nacional.

Allí, la Suprema Corte de Justicia fue avanzando, paulatinamente, en la realización de pruebas piloto vinculadas con la notificación por medios electrónicos pero, paralelamente, envió a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal (Ac. 3399, del 5/11/2008); y, al cabo de un tiempo, el Código Procesal provincial terminó reformándose en diversos aspectos (Ley 14.142 ).

Siempre podrán ser necesarios retoques, o ajustes menores, pero lo mínimo que puede esperarse es que la reglamentación se asiente en la ley positiva vigente.

A nivel provincial, mientras tanto, el Código Procesal no fue modificado en lo referente a las presentaciones por vía electrónica, lo que se implementó vía reglamentación de la Suprema Corte y ello viene trayendo más de un inconveniente en la práctica. Pero no es este el objeto de análisis aquí, por lo que regresamos al ámbito nacional.

Tal como lo hemos dicho ya, y como consecuencia de lo establecido por la Ley 26.685, la Corte Suprema se ha ocupado de la reglamentación mediante diversas Acordadas (en realidad no le quedaba otra opción, ante el mandato del legislador en el art.2 de dicha ley). Un sector de la doctrina se ha ocupado de destacar, acertadamente, la falta de intervención formal del Consejo de la Magistratura (20), observación que compartimos.

Así detalladas nuestras primeras -y viscerales- objeciones, vinculadas con la forma en que las nuevas tecnologías han desembarcado en el proceso civil nacional. Podemos seguir analizando el tema y veremos cómo, en definitiva, todo lo que hemos dicho aquí incidirá en la cuestión analizada en el fallo en glosa.

III. DISPERSIÓN Y CAOS NORMATIVO

En el trabajo que ya venimos citando, y bajo el elocuente subtítulo «Caos normativo», dice Bender que la reglamentación del Sistema de Gestión Judicial que implica en los hechos una modificación del Código Procesal, en el marco del camino al expediente digital, está dispersa en acordadas y resoluciones, con diferentes y poco claros plazos de implementación, sin existir un texto ordenado que resuma los cambios realizados al sistema procesal ni tampoco un cronograma de vigencia, señalando asimismo que la dispersión normativa agudiza la resistencia y la confusión de los usuarios del sistema, sugiriendo asimismo su unificación bajo un mismo cuerpo (21).

Para nosotros, es totalmente cierto lo expuesto por el lúcido autor, a lo que agregamos que muchos de los aspectos reglamentados en las aludidas acordadas van siendo complementarios de las anteriores, lo que denota la insuficiencia de las primeras.

Como lo veremos más adelante, justamente este es el problema que se dio con las copias digitales.

IV. LA DIFÍCIL CONVIVENCIA DE LOS SOPORTES PAPEL Y DIGITAL

Opinar desde afuera siempre es más sencillo que intentar hacer. Aunque, en definitiva, no somos quienes escribimos los encargados -por el Estado- para delinear, diseñar y poner en funcionamiento los sistemas (considerados en sentido amplio, no solo en su faceta informática) que se aplican e implementan a la gestión del proceso judicial. Solo damos un parecer, y tratamos de hacerlo constructivamente.

¿A qué viene esta introducción? Pues a ir explicitando una segunda crítica, visceral también.Sabemos que, al menos en nuestro medio, el concepto de «proceso judicial» debe identificarse con una realidad tangible: «el expediente». Nuestras leyes judiciales, al menos hasta el momento, en el ámbito nacional y en materia civil y comercial, han adoptado un procedimiento esencialmente escriturario.

En tal contexto, y como todos lo sabemos, los expedientes judiciales se componen de un conjunto de fojas, o folios, compaginados, ordenados y encuadernados.

Según la doctrina, se llama «expediente» al conjunto de carpetas o legajos en las cuales se compila, compagina y organiza sucesiva y cronológicamente la totalidad de las piezas escritas o gráficas en las cuales los actos procesales son reflejados, conjuntamente con los documentos y demás instrumentos vinculados a la causa (22).

¿Cuál ha sido la «materia prima» de fabricación de los expedientes judiciales? Pues el papel. Con el advenimiento de la informática, y su importación a la oficina judicial, surge en los últimos años la idea de expediente digital.

Y, como nos advierte Granero con proverbial claridad, la primera característica del proceso electrónico es la propia desmaterialización del expediente, eliminándose de este modo la «materialización» de los actos realizados. Desmaterializar significa sencillamente el pasaje del mundo de los átomos, de la materia, para el mundo de los «bits», es decir, para el mundo lógico o formal, para el mundo del lenguaje-lenguaje de las máquinas (23).

Ahora bien, bajando de este plano genérico al más tangible y específico, vemos otra cosa: durante el desembarco de la informática al proceso judicial se ha optado «no por un salto abrupto y absoluto, sino por una implementación gradual, parcial y relativa».

Veremos que, entonces, comienzan a convivir, en un proceso híbrido, ambos soportes: el papel y el digital.

Nos atrevemos a criticar esta opción: o nos decidimos de una vez por todas en pasar de un formato al otro o difícilmente pueda funcionar razonablemente el sistema.

Vamos a poner un ejemplo, cotidiano, para el cual nos trasladamos a la realidad bonaerense.Allí también vienen tratando de implementarse, con muchos esfuerzos, nuevas tecnologías a la gestión judicial.

Del complejo y entramado sistema que se ha propuesto, donde de manera muy poco clara se han superpuesto los subsistemas presentaciones y notificaciones electrónicas, vamos a tomar un pequeño ejemplo: el de las presentaciones electrónicas (Res. 1827/12 y Res. 3415/12 SCBA).

Y dentro de este ejemplo, tomaremos al «escrito judicial» (pues en la reglamentación se entremezclan escritos, cédulas, oficios, mandamientos, y varios etcéteras).

¿Cómo funcionaba clásicamente la presentación de escritos?

Pues el presentante concurría a la Mesa de Entradas del órgano jurisdiccional (dejemos a un lado, para simplificar, la Mesa Receptora de Escritos), saludaba al empleado, entregaba el escrito a quien lo recibía, que le imponía un cargo (a veces, si lo pedía, le era devuelta una copia al profesional como constancia) y de allí se lo destinaba al expediente respectivo («lo ponía a despacho»); luego, los expedientes a despachar se repartían entre los diversos oficiales, al escrito se lo cosía (art. 24 Ac. 2514/92 de la SCBA), foliaba y finalmente despachaba, volviendo luego el expediente a la letra.

¿Cuál el nuevo diseño de las presentaciones electrónicas?O, mejor, ¿cómo funciona en la práctica?

Pues bien, los empleados del tribunal deben constatar, en varias ocasiones a lo largo del día, si ha llegado una presentación electrónica; de ser así, la han de confrontar y aceptar.

¿Qué se hace luego?

Increíblemente, ¡se la debe imprimir!

Además, generar un trámite de «Augusta» (sistema de gestión provincial), llamado «cargo electrónico», que se debe firmar (y no digitalmente).

¿Y qué se hace con la presentación electrónica?

Pues se la cose al expediente y luego se la despacha.

Lo que genera, ante la necesidad de imprimir el «cargo electrónico» incluso el uso de mayor cantidad de papel (pues, antes, si el escrito lo permitía, el cargo se insertaba en su parte final) ¡papel que, sorprendentemente, debe costear el Estado provincial!

Alguien podría sugerir que sería innecesaria la impresión y que bastaría con la existencia de la presentación en el sistema, para despacharlo luego dentro del mismo.

Por cierto que estaríamos de acuerdo y aprobaríamos esta práctica.

Pero el sistema de expedientes en soporte papel aún no ha sido modificado en la normativa provincial, amén de existir una imposibilidad más grave: «… no se ha previsto aún en las Acordadas de la Suprema Corte la posibilidad de emitir despachos o resoluciones firmadas digitalmente por el juez» (24) y, fundamentalmente, «la materialidad del expediente judicial sigue siendo la regla» (cfr. arts. 9 y ss. de la Ac. 2514/92 de la SCBA).

O sea que lo único que evita el sistema de presentaciones electrónicas es la venida del letrado a la Mesa de Entradas, trasladando -paralelamente- las labores de impresión al personal de los Juzgados o Cámaras.

Tampoco el Sistema de Notificaciones electrónicas ha prescindido totalmente del soporte papel: el último párrafo del art. 4 del «Reglamento para notificaciones electrónicas» (Ac.3540/11) sigue imponiendo la necesidad de imprimir «en papel» una constancia y de glosarla (coserla, sin eufemismos) al expediente.

Con el agravante de que el sistema impone la impresión de una constancia por cada notificación, con lo cual -por ejemplo- la emisión de cinco cédulas (que antes se imponía en un sencillo sello que se completaba a mano) ¡ahora requiere la utilización -y costura- de cinco hojas!

Entiéndasenos bien, con esto no queremos restar mérito de quienes vienen trabajando incansablemente para la implementación de las nuevas tecnologías en el proceso. Siempre hemos considerado que ello era imprescindible (25) y más en los tiempos que corren. El problema no es el qué, sino el cómo y el cuándo. Si la implementación va a ser total y global, o solo parcial.

Si va a ser pensada, meditada y analizada detenidamente, con intervención multidisciplinaria (profesionales de informática codo a codo con profesionales del derecho) y oyendo a los diversos sectores involucrados (magistrados, funcionarios y empleados judiciales; auxiliares de la justicia; letrados -de estudios grandes y pequeños- de todos los fueros; personal técnico en informática a cargo de la implementación) «antes de diseñar y pretender poner en funcionamiento las herramientas respectivas», o si va a ser improvisada y unilateral, viendo -sobre la marcha- los problemas que se presenten, que tratan de solucionarse emparchando lo ya existente o directamente prorrogando la entrada en funcionamiento de los sistemas.

Como nos dice Granero, refiriéndose a la iniciativa costarricense, el «Tribunal Cero Papel» es posible; advirtiendo que implementar un expediente digital no consiste meramente en digitalizar expedientes, sino que el desafío es cambiar la mentalidad, comprendiendo la importancia del «ser digital, pensar en digital y las cosas que ello facilita», no pensar en «modo analógico» que es volcar a binario lo que hoy está en papel; aunque reconociendo que existirán casos en los que el expediente no podrá ser completamente digital, cuando existan documentos, pruebas o acciones que se encuentran en medios físicos y que por su naturaleza no es posiblerealizar su digitalización (26).

En verdad parece casi increíble que, en los tiempos que corren, las nuevas tecnologías -vistas en su desempeño de fuera del proceso- no dejen nunca de sorprendernos por su versatilidad y eficacia para dar solución a problemas cotidianos, mientras que -en su desempeño forense- generen semejante cantidad de complicaciones.

Como lo ha expuesto Leguisamón; si un avance tecnológico permite la deseable celeridad y economía procesal, bienvenido sea, pero todo depende, en primer lugar, de la seguridad que brinden tales adelantos, luego de las disponibilidades técnicas, no solo del Poder Judicial (incluidas las cuestiones presupuestarias para contar con un sistema óptimo de última generación), sino de los demás operadores jurídicos (concretamente los abogados), y, finalmente, de cómo se regule su implementación (27).

En todo este contexto, hay algo de lo que estamos seguros: será extremadamente compleja, por no decir imposible, la convivencia de los sistemas de gestión en soporte papel y electrónicos.

¿Alguien pensó, por ejemplo, el tiempo que puede insumirse si el personal judicial es quien debe ponerse a «escanear» el formato papel para adjuntarlo a una cédula electrónica? ¿O el tiempo que insumirá, también al personal judicial, tener que confrontar que una copia digital coincida con el escrito en papel?¿O lo que implica imprimir, y glosar al expediente, los escritos presentados en forma digital?

Y no es precisamente que en nuestra organización judicial sobren recursos humanos, sino más bien lo contrario.

Visto desde el otro ángulo, nos ha hecho notar Leguisamón el considerable insumo de tiempo para el profesional que implica la incorporación vía internet en la página web del Poder Judicial de las copias digitales si es importante la cantidad de escritos (28). Ni que hablar de las eventuales fallas, sobrecargas o colapsos en el sistema.

Por nuestra parte, arriesgamos a esbozar la idea de que quizás los esfuerzos debían haberse enfocado a la implementación global y completa del expediente digital, obviamente con algunos actos en soporte papel (¿demanda y contestación, con la documental específica?), disponiendo -paralelamente- la continuidad de tramitación de los expedientes -iniciados con anterioridad a determinada fecha- en soporte papel, y hasta su finalización.

V. LAS LLAMADAS «COPIAS DE TRASLADO»

Volvamos, ahora, al Código Procesal y vayamos al art. 120 del CPCCN.

Allí se establece lo siguiente: «De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación».

»Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los DOS (2) días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión».

»Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio.Deberán glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Solo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervengan en el juicio, con nota de recibo».

»Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia».

»La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la secretaría».

En alguna ocasión anterior, hemos señalado que el fundamento, en principio, de esta exigencia es que cada litigante cuente con todos los elementos necesarios para el mejor ejercicio de su derecho sin necesidad, en algunos casos (v. gr., traslado de demanda u otros que deban notificarse por cédula o personalmente), de apersonarse a la sede del órgano jurisdiccional y, en otros (traslados notificables «ministerio legis»), que no les sea necesario estar reseñando al momento de la compulsa del expediente toda la presentación, sino que puedan limitarse a retirar la copia que para ellos ha sido dejada, permitiéndole al profesional trabajar sobre el tema con mayor comodidad y practicidad.

Decíamos allí también que la consecuencia que la ley impone es la de tener por no presentado el escrito o el documento, según el caso (es decir que si faltare la copia de los documentos, solo estos deberían tenerse por no presentados), y su devolución al presenta nte; que ello es atribución de los prosecretarios administrativos o jefes de despacho o quien desempeñe cargo equivalente (art. 38 bis, inc. 2 , del CPCCN).

Que presentado el escrito carente de las copias necesarias, debe dictarse una providencia que exija el cumplimiento del requisito del art. 120, párr. 1.°, por alguno de los funcionarios ya indicados y que esta providencia se notifica «ministerio legis».

El presentante tiene dos días para suplir la omisión.Si no lo hace, sin más trámite, se dispone el desglose del escrito o documentos (29).

Hasta aquí estamos hablando de las copias «físicas» de escritos «físicos». El problema es que ahora han entrado en juego exigencias vinculadas con las copias «digitales» de escritos «físicos» y no justamente, tal lo dicho en el punto anterior, por conducto de una disposición legal, sino por vía de las acordadas de la Corte Suprema.

VI. LAS COPIAS «DIGITALES»

En trabajos anteriores, también nos hemos referido a la cuestión (30).

Pusimos de resalto allí la ausencia de previsiones en las primigenias acordadas acerca de qué hacer cuando la notificación electrónica debiera llevar adjuntas copias, hasta el dictado de la Ac. 11/14 , donde se dispuso que tanto las partes como los auxiliares de la justicia deberán adjuntar copias digitales de sus presentaciones en el marco de los procesos judiciales (art. 3); en sus considerandos se decía lo siguiente: «… que de las presentaciones que se realicen en el marco de los procesos judiciales deberán adjuntarse copias en formato digital. Ello sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos procesales pertinentes».

Paralelamente, y tal lo dicho, se diseñó un módulo para que el usuario registrado ingrese copia de documentos, las que quedan a disposición del tribunal como copias para agregar; una vez despachado el expediente y agregadas las copias, se las puede utilizar para su consulta o para adjuntarlas a las notificaciones por medios electrónicos.

Estimamos que, en este caso, el tribunal debería corroborar la exactitud de las copias antes de ingresarlas definitivamente al sistema (¡un trabajo más para el despachante!); por cierto, no con un solo archivo digitalizado será suficiente, aunque exista multiplicidad de partes.

Decíamos también en aquel trabajo que al margen de ello, la cuestión daba lugar a algunas incertidumbres, que vuelven a explicitar lo imperiosa que resultaba una modificación legislativa global. Es que, a la luz de lo expuesto hasta aquí, las copias de traslado exigidas por el art.120 del CPCCN, en las notificaciones que iban a cursarse por vía electrónica, no parecían servir ya para nada.

Opinábamos también que como el hecho de implementar la notificación por medios electrónicos no autorizaba al tribunal a modificar el Código vigente, es que la reglamentación exige las copias en formato digital «sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos procesales pertinentes».

O sea, según esta acordada, las exigencias del art. 120 del CPCCN siguieron vigentes, pero sin ninguna finalidad práctica; además, con su concreto -y grave- apercibimiento (por lo que, seguramente, nadie quisiera correr el riesgo de desatenderlas).

Pero, decíamos en aquel trabajo que no era este el único problema destacando que antes las copias de traslado estaban más bien de paso, se las aportaba para luego -al conferir la vista o traslado- darles su destino. Al par que -en el contexto de la nueva acordada- se las aportaría sin utilizárselas; con lo cual quedarían estorbando por allí, hasta que se cumpliera el término de conservación del que nos habla la parte final del art. 120.

Según lo decíamos allí la otra cuestión que se presentaba, y ya nos acercamos al tema hoy en análisis, era determinar qué ocurriría si el aporte de copias que exige la reglamentación no se cumplimentaba.

Resaltamos -en aquel momento- que «la norma no contenía consecuencia de ningún tipo», y sosteníamos que -según nuestro modo de ver- la reglamentación no podía habilitar a la Corte, por ejemplo, a disponer que se tuviera por no presentado un escrito; y tampoco considerábamos que si faltaban las copias digitales pudiera aplicarse, analógicamente, la regla del art.120 del CPCCN, porque la sanción está legalmente contemplada solo para el caso en que falten las (ya inútiles) copias en soporte papel.

Pues bien, esta opinión databa de fines del año 2014.

Sobre el tema, y en trabajos más recientes, Bender se ocupó de destacar que la obligatoriedad de acompañar copias digitales de los escritos, a secas y sin prácticamente ninguna reglamentación de cómo hacerlo empieza con la Ac. 11/14; señalando que pocos tribunales se tomaron en serio su obligatoriedad, probablemente debido a la falta de sanciones expresas y escueta reglamentación al par que algunos tribunales la comenzaron a aplicar, estableciendo como sanción para su incumplimiento las consecuencias del art. 120 del CPCCN (31).

Pues bien: ocurre que el 19 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Ac. 3/2015 . A las copias de traslado se refieren sus considerandos 6 y 7; en ellos se dice lo siguiente:

«6. Que el ingreso de copias digitales -Acordada 11/2014-, se aplicará a todos los expedientes en trámite, así como también a todo expediente cuyo trámite se reabra o inicie y respecto de todos los actos procesales, e importará una declaración jurada en cuanto a su autenticidad en relación a los letrados que las presenten; sin perjuicio de la exención del art. 121 del CPCCN».

»7. Que con la obligatoriedad de acompañar copias digitales fidedignas de los escritos y documentos en soporte papel, los letrados quedarán exentos de la obligación de acompañar copias en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber. Y, para el caso en que la parte solicite notificarse personalmente, las copias respectivas estarán disponibles en la Consulta Web de Causas del Poder Judicial de la Nación; cuyo acceso respecto de cada expediente es responsabilidad de los letrados intervinientes».

Y, consecuentemente, se estableció lo siguiente:

»4.El ingreso de copias digitales que se encuentra vigente conforme lo dispuesto por Acordada 11/2014 se aplicará a todos los actos procesales de los expedientes en trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en cuanto a su autenticidad».

»5. A partir del 1.er día hábil del mes de mayo de 2015 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24 horas de la presentación del escrito en soporte papel. El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece. Para el caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles en la consulta web de causas y en el sistema de notificación electrónica».

Así, y como bien lo resalta Bender, esta norma implica reglamentar y modificar el art. 120 del CPCCN estableciendo que el ingreso de la copia digital sustituirá el deber de acompañar las copias en papel y que, en caso de incumplimiento, regirá lo dispuesto por dicho artículo (32).

Refiriéndose al tema, Tanco habla de la acordada y de las disposiciones referenciadas, destacando la variedad de interpretaciones que cada magistrado podrá hacer acerca de cuál es la forma en que los apercibimientos referidos se aplican: sin intimación previa, con intimación previa -notificada por ministerio de ley o por cédula-; vacilaciones que -según la autora- buscan el justo equilibro de esta formalidad con el ejercicio efectivo de los derechos (33).

Sirkin resaltó la ausencia de sanción en la Ac. 11/14 para el caso de que no se cumpliera lo allí dispuesto en cuanto a la adjunción de las copias digitales, situación que -según indica el autor- se considerará superada a partir de la vigencia de la Acordada 3/2015, que -según sostiene- implicó una modificación al art.120 del CPCCN (34).

Por cierto, y esto es relevante para nuestro análisis, la vigencia de dicha acordada se fue suspendiendo a lo largo del tiempo (Ac. 12 , Ac. 24 y Ac. 35/2015 ) hasta que, frente a un nuevo pedido de prórroga en cuanto a su vigencia, la Corte decidió desestimarlo (Res. 1190/16). Es decir que, al momento de suscitarse las cuestiones en análisis, el sistema de la acordada en cuestión estaba en plena vigencia.

VII. DE NUEVO SOBRE EL FALLO

En definitiva, la acordada imponía la anexión de copias digitales, y estas no se habían aportado por la demandada; el art. 120 imponía la necesidad de adjuntar copia de la contestación de demanda, con lo cual -en puridad- no parecería haber mayores dudas: en la dogmática del Código, y de la Ac. 3/15, efectivamente correspondía el desglose del escrito.

Este comentario, por cierto, podría terminar aquí; pero consideramos necesario contextualizar lo resuelto por la Sala con un reciente precedente de la Corte Suprema, que el propio fallo en glosa menciona.

Y así seguimos.

VIII. EL FALLO, A LA LUZ DE LO RESUELTO POR LA CORTE SUPREMA EN «BRAVO, RUIZ PABLO C/ MARTOCQ, SEBASTIÁN MARCELO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» (O DE CÓMO SEGUIR COMPLICANDO LAS COSAS)

Tal lo dicho, creemos que, aunque existen algunas diferencias, el supuesto ahora en análisis debería contrastarse con lo resuelto por la Corte Suprema en el citado fallo «Bravo Ruiz» , del 10/5/2016 (35).

En aquel caso (donde se había tenido por no presentada una expresión de agravios por faltar las copias digitales), la Corte considera arbitrarias las decisiones de la Cámara, las revocó, dejó sin efecto la decisión apelada y reenvió los autos a fin de que se procediera a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.Quisiéramos reeditar aquí las razones que motivaron tal decisión.

La descalificación por arbitraria obedeció a que «el a qu o, previo a una simple notificación por nota de la necesidad de presentar copias electrónicas, tuvo por no presentada la expresión de agravios y ordenó su desglose para luego declarar desierto el recurso de apelación (fs. 405/408-410). Dicha sanción resulta desproporcionadamente gravosa y pone en evidencia que la Cámara incurrió en un exceso de rigor formal que afectó, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional».

El fallo mereció laudatorios comentarios de Arazi y Camps.

Según Arazi, la Cámara debía haber intimado a acompañar la copia electrónica y notificar la intimación en el domicilio electrónico constituido por el actor, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito (doc. art. 135, inc. 6 , del CPCCN). Argumentando que en mérito a la gravedad de la sanción era necesario extremar los recaudos e interpretar las normas de manera favorable al peticionario a fin de garantizar su derecho de defensa y el debido proceso. Y señalando que el fallo de la Corte Suprema corrigió el error en que incurrió el Tribunal «a quo» (36).

Camps, mientras tanto, argumentó desde otro ángulo.Dijo que, a pesar de que la Cámara actuó adecuadamente, las normas aplicables (incluso dando lugar a actuaciones procesales que no encuentran adecuado justificativo en la norma pero que buscaban evitar que el actor cayera en indefensión) la Corte Suprema entendió presente el vicio de arbitrariedad por una hipótesis a la que el autor denomina «exceso de rito en un especial contexto».

Indicando que se trataría de algo así como de un «exceso ritual manifiesto temporal o contextual»: dado que el sistema procesal electrónico en el fuero federal se encuentra en sus inicios y para que no queden situaciones gravemente sancionadas en el marco de la normativa que todavía no resulta suficientemente conocida o, lo que es igual, normas aún poco aplicadas y respecto de las cuales tampoco existe una asentada doctrina que permite pisar con firmeza en el terreno del proceso digital, es que cuando se constata una consecuencia grave y disvaliosa como la allí acontecida, proceda a dejar sin efecto las actuaciones previas para dar plena vigencia al derecho de defensa en el marco de una litis judicial.

Y señalando que, en su parecer, ello será diferente una vez que haya transcurrido un tiempo prudencial en el que la praxis tribunalicia se encuentre debidamente aceitada, y cuando las nuevas formas de actuación ante los estrados se encuentren generalizadas e internalizadas.

Aseverando que se trata de una cuestión cuya ponderación quedará en manos -como ocurrió en ese caso- del mismo órgano que emite las normas de actuación novedosas y que se encuentra -de este modo- encargado del monitoreo de las consecuencias del funcionamiento del nuevo paradigma procedimental.

Y considerando adecuado el criterio de la Corte Suprema. Más aún en la actual coyuntura, donde se encuentra en pleno cambio el antiguo paradigma del proceso en papel y se transita hacia el proceso electrónico.Muchas son las inquietudes e incertezas que aún existen en el ámbito del ejercicio de la abogacía frente a este desafío, propuesto en la justicia federal a partir de acordadas dictadas por el Máximo Tribunal, pero manteniéndose aún sin cambios el Código Procesal Civil y Comercial. La compatibilización de ambos planos de regulación normativa del proceso puede dar lugar -cierto es- a confusiones o conductas ambiguas. En tal transición, sostiene Camps, la aplicación severa de las sanciones previstas -como es, nada menos que la deserción de un recurso de apelación contra la sentencia desfavorable- resulta contraria, es cierto, al derecho de defensa. Y ello fue advertido, con sensibilidad ponderable, por la Corte Suprema (37).

Por nuestra parte, al anotar -en su momento- el fallo (38), creímos importante determinar los alcances de lo decidido por la Corte Suprema ante los eventuales efectos expansivos de su doctrina.

Señalamos que la Ac. 11/14 antes aludida no contempló sanción alguna para el caso de que no se aportaran las «copias digitales», pero que al dictar la Ac. 3/15, la Corte adoptó una postura sobre el particular: «disponer que ante la falta de aporte de las copias digitales, correspondía aplicar el apercibimiento del art. 120 del CPCCN».

El temperamento que, en aquel caso, había adoptado la Cámara (y descalificado la Corte) se compadecía -en definitiva- con las previsiones contempladas por la propia Corte para el caso de incumplimiento del aporte de las copias digitales en la Ac. 3/15 (y en el mismo sentido se expide Camps, en el trabajo ya reseñado).

En suma:por entonces, la Corte descalificó los fallos de la Cámara por arbitrarios, pero estos fallos no siguieron más que el sendero que la Corte, poco después, trazaría expresamente.

Cuando el dictamen de la Procuración -en el que se apoya la Corte- habla de la sanción «desproporcionadamente gravosa», claramente se está refiriendo al desglose y a la declaración de deserción.

Empero, podemos considerar -sin mayor forzamiento hermenéutico- que si para ese caso la Procuración consideró «desproporcionadamente gravosa» la sanción e hizo referencia a una «simple notificación por nota», lo mismo podría predicarse de la solución contemplada en la Ac. 3/15.

Parecería coincidir con la opinión de Arazi, en cuanto a la necesidad de notificar la intimación por cédula.

En lo que a nosotros respecta, nos preguntábamos -en aquel momento, al anotar el fallo «Bravo Ruiz»- qué quedaría para los órganos jurisdiccionales de las instancias inferiores cuando se encontraran con el no aporte de las copias digitales y si deberían acatar la acordada o estarse a la doctrina del fallo en comentario, que consideró «desproporcionadamente gravosa» la sanción de desglose por faltar las copias digitales.

Expusimos que esta sentencia podía generar, al menos, fundadas dudas acerca de cómo proceder y que lo que podría implicar alguna diferencia sería la existencia, o no, de copias físicas, pero la Ac.3/15 no se ocupa de resolver la cuestión acerca de qué hacer si vienen las copias físicas y faltan las digitales.

Volvamos, ahora, al caso en análisis para explicitar algunas coincidencias, y discordancias, respecto del fallado por la Corte Suprema.

A saber:

– Allí se trataba del desglose de la expresión de agravios, aquí del escrito de contestación de demanda (dos actuaciones trascedentes).

– En ambos casos, la providencia que advertía el faltante había sido notificada «ministerio legis».

– En aquel caso, sí existían copias físicas, lo que no sucede en el que estamos comentando.

Ahora, para situar las cosas en contexto, la Corte Suprema -en su fallo- pone énfasis en el segundo de los aspectos citados (notificación «ministerio legis») y «no en el tercero»; incluso -como lo resaltamos en aquel fallo- la Corte, al decidir como lo hizo, disculpó, en cierto modo, la propia desatención del otrora quejoso.

Parecería, entonces, que los fundamentos que portaba la revocatoria con apelación en subsidio -articulada por el recurrente en el fallo glosado- encontraban adecuado anclaje en la doctrina del aludido fallo de la Corte Suprema.

La Cámara, en el fallo anotado (especialmente en el punto 3), parecería contrariar la doctrina de «Bravo Ruiz» al considerar correctamente notificado «ministerio legis» el auto que mandaba a adjuntar las copias digitales, cuando en el precedente aludido la Corte Suprema descalificó tal proceder.

Pero todavía hay un aspecto más que se debe tener en cuenta: la Cámara pone de manifiesto la ausencia de copia «física», pero «tal cuestión no había sido la que motivó el desglose», que se había dispuesto «solo en base al faltante de la copia digital».

Por lo demás, en el proveído inmediatamente posterior a la presentación, el juzgado de primera instancia había intimado «solamente» a adjuntar las copias digitales y no las físicas, en los términos del art. 120 del CPCCN.

Nos detenemos aquí con una pequeña digresión para pensar en esta intimación:¿fue correcta, o debían haberse advertido los dos faltantes?

Parecería que, en los términos de la Ac. 3/15, si las copias digitales suplen a las físicas, la advertencia de que faltan las copias debería referirse solo a las primeras.

Esto abre un problema más, pues el único faltante resaltado fue el de las copias digitales, no el de las físicas.

Volvamos a la sentencia.

La Cámara procura establecer el distingo entre el caso que tenía para fallar y el que se presentaba en «Bravo Ruiz» señalando que «la aquí apelante ni siquiera acompañó una copia física de la presentación cuyo desglose fuera ordenado. Así, se observa que los presupuestos de hecho que motivaron la decisión de nuestro Máximo Tribunal no se hallan presentes en el «sub examine»».

Pero ocurre que, como lo venimos diciendo, el fundamento de la Corte en «Bravo Ruiz» para descalificar por arbitrarios los decisorios que entonces llegaban recurridos, «nunca pasó por el hecho de existir copias físicas, cuestión que no fue siquiera mencionada por el Alto Tribunal al decidir».

Aunque, valga decirlo también, al comentar el fallo «Bravo Ruiz» coincidimos con su solución en cuanto a que había existido exceso ritual, justamente por el hecho de que -en aquel supuesto- existían copias físicas y la ausencia de copias digitales no causaba ningún perjuicio a la contraparte.

Mientras tanto, en el caso ahora analizado esas copias no existían.

Igualmente, y valga esta digresión, se trataba de la contestación de demanda, de la que no ha de conferirse traslado; con lo cual, los eventuales perjuicios para la contraparte (actora) parecerían ser de menor trascendencia, comparados con lo que implica dejar al accionado sin réplica.

IX. POR TERCERA VEZ SOBRE EL FALLO EN GLOSA (A MODO DE CONCLUSIÓN)

Depende de cómo se lo mire, el fallo comentado podría contrariar -o no- la doctrina sentada en el fallo de la Corte en «Bravo Ruiz».

En efecto:si nos estamos a los fundament os del fallo de la Corte, el que ahora analizamos de la Cámara Nacional Comercial aparecería contradecirlo, desde que convalida el desglose de la contestación de demanda, luego de una intimación notificada «ministerio legis».

Ahora, si comprobamos ambos casos globalmente, quizás la contradicción no sea tal, pues en «Bravo Ruiz» existían copias en soporte papel, lo que no sucedía en el caso que comentamos. Empero, no es en esto en lo que la Corte Suprema se apoya para descalificar por arbitrarios los fallos dictados por la Cámara.

En consecuencia, reafirmamos lo dicho en trabajos anteriores: la doctrina de este fallo de la Corte Suprema dista de ser clara y, lejos de cerrar las discusiones, abre lugar a otras nuevas e, incluso, posibilita las resoluciones contradictorias.

Dejando ello atrás, y volviendo sobre la situación analizada -aquí- por la Cámara Nacional Comercial, hay algo evidente:la contestación de demanda no llevaba ni copias físicas ni tampoco copias digitales.

Parecería, entonces, que estamos más ante un problema de desatención del letrado que ante una cuestión vinculada con la implementación de las nuevas tecnologías.

Arriesgando alguna explicación, creemos que en realidad lo que sucedió es que no se aportaron originariamente las copias físicas en la intención de aportar, luego, las digitales; lo que nunca sucedió.

Pero, en definitiva, «faltaban todas las copias (las digitales y las físicas)»; con lo cual, y en este aspecto, el caso efectivamente difería del sentenciado por la Corte Suprema en «Bravo Ruiz»; aunque, insistimos, se le asimilaba en cuanto a la notificación «ministerio legis» de la providencia que advertía el faltante.

Muchas dudas, entonces, nos despierta la cuestión; más dudas que certezas.

Nos atrevemos a decir que la implementación de las nuevas tecnologías a nivel nacional ha sido un proceso emprendido con algunas imprecisiones; y los fallos que subsiguieron -de la Corte Suprema- tampoco contribuyeron demasiado a establecer directrices uniformes y claras.

Creemos, entonces, que frente a este contexto, al operador jurídico no le quedan más opciones que aguardar a que las cosas se vayan asentando y ver, así, cuál es la orientación que termina prevaleciendo en el foro.

————-

(1) Nos valemos, para ello, de lo que surge del propio fallo y del Sistema de Consultas Web del Poder Judicial de la Nación (http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam)

(2) Como ya intentamos hacerlo en el siguiente texto.QUADRI, Gabriel H.: «Cavilaciones acerca de la notificación por medios electrónicos», JA 2014-IV, 1372; «El Sistema de Notificaciones Electrónicas en funcionamiento (y comenzando a crujir)», Doctrina Microjuris Argentina, MJD7421 , comentando la sentencia dictada por la Corte Suprema en autos «Duarte, María Laura c/ Greco, Rodolfo Aurelio y otros» , referente a la falta de constitución de domicilio electrónico; y «De copias digitales y excesos rituales (a propósito de un fallo de la Corte Suprema»), en elDial.com, DC218A, comentando la sentencia dictada por la Corte Suprema en autos «Bravo Ruiz Pablo c/ Martocq, Sebastián Marcelo y otros s/ daños y perjuicios».

(3) QUADRI, Gabriel H.: Cavilaciones, op. cit.

(4) BIDART CAMPOS, Germán J.: Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, t. 2, p. 291.

(5) PODETTI, Ramiro J.: Tratado de la Competencia, 2.ª ed. actualizada. Buenos Aires, Ediar, 1973, p. 28 y ss. y p. 85 y ss.

(6) COUTURE, Eduardo J.: Estudios de derecho procesal civil, 2.ª ed. Buenos Aires, Depalma, 1978, t. 1, p. 21.

(7) CARNELUTTI, Francesco: Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Uteha, 1944, t. 3, Actos del proceso, p. 193.

(8) DÍAZ, Clemente A.: Instituciones de Derecho Procesal. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1972, t. 1, p. 224.

(9) CALAMANDREI, Piero: Instituciones de derecho procesal civil, trad. de la 2.ª ed. italiana por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Ejea, 1973, vol. 1, p. 323.

(10) ALSINA, Hugo: Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 2.ª ed. Buenos Aires, Ediar, t. 1, p. 617; MAURINO, Alberto L.: Nulidades Procesales, 2.ª ed. Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 4.

(11) Cada una con sus particularidades, podemos citar: Buenos Aires, art. 143 bis y cctes. del CPCC; Chubut, arts. 139 y cctes. del CPCC, modificados por Ley XIII-14; Mendoza, art. 70 bis del CPCC; San Juan, art. 132 del CPCC.

(12) Como, por ejemplo, surge de la lectura del antes citado art.132 del ritual sanjuanino.

(13) GUELFI, Pablo R., y CAUSSE, Federico Javier: La notificación electrónica, en LL 2014-B-659.

(14) BENDER, Agustín: El nuevo Código de Procedimiento Electrónico. Problemas de constitucionalidad, transparencia y dispersión normativa en la transición al expediente digital, en ElDial DC208F.

(15) LIMA, Susana: «Notificaciones en el domicilio electrónico», en LL 2013-F, p. 829.

(16) C. Nac. Crim. y Corr., Sala V, 13/4/2015, «T. H. M. s/ lesiones».

(17) WULLICH, Delfina M., y FERRO, Alejandro H.: «Notificaciones electrónicas: objeción constitucional versus utilidad y eficacia del procedimiento», en diario La Ley, del 16/9/2015, p. 6.

(18) LEGUISAMÓN, Héctor E.: «Notas sobre el domicilio y la notificación electrónicos en el ámbito nacional», en elDial del 25/8/2014, DC1D51.

(19) VÁZQUEZ, Oscar Eduardo: «La notificación por vía electrónica en Mendoza. Certezas y dudas», en LL, Gran Cuyo 2011 (junio), p. 433.

(20) BENDER, Agustín: El nuevo Código, op. cit.; LEGUISAMÓN, Héctor E., Notas, op. cit.; SOSA, Toribio E.: La notificación electrónica en todo el Poder Judicial de la Nación (Acordada 38/2013 de la Corte Suprema de la Nación), DJ del 9/4/2014, p. 1.

(21) BENDER, Agustín: El nuevo Código, op. cit.

(22) MARINO, Tomás: Comentario al art. 127 del CPCCBA en AA. VV., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, LÓPEZ MESA, Marcelo (dir.), y ROSALES CUELLO, Ramiro (coord.): Buenos Aires, La Ley, 2014, t. 2, p. 150.

(23) GRANERO, Horacio R.: en AA. VV. y CAMPS, Carlos E. (dir.): Tratado de derecho procesal electrónico. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, t. 2, versión «e-book» disponible en Thomson Reuters Proview Capítulo IX, IV. 1.

(24) Aunque el sistema, quizás, permita hacerlo.

(25) QUADRI, Gabriel H.: Cavilaciones, op. cit.

(26) GRANERO, Horacio R.: en AA. VV. y CAMPS, Carlos E. (dir.), Tratado de derecho procesal electrónico. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, t.2, versión «e-book» disponible en Thomson Reuters Proview Capítulo IX, VI. Al respecto, nos ha llegado la noticia de que algún tribunal marplatense (concretamente, el contencioso administrativo N.° 1) ha avanzado bastante en la implementación de un expediente totalmente desmaterializado.

(27) LEGUISAMÓN, Héctor E.: Notas, op. cit.

(28) LEGUISAMÓN, Héctor E.: Notas, op. cit.

(29) QUADRI, Gabriel H.: Comentario al art. 120 del CPCCN en LÓPEZ MESA, Marcelo (dir.), y ROSALES CUELLO, Ramiro (coord.): Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y concordado. Buenos Aires, La Ley, 2012, t. 1, p. 934.

(30) QUADRI, Gabriel H.: Cavilaciones, op. cit.

(31) BENDER, Agustín: El nuevo Código de Procedimiento Electrónico. Problemas de constitucionalidad, transparencia y dispersión normativa en la transición al expediente digital, ElDial DC208F.

(32) BENDER, Agustín: El nuevo Código, op. cit.

(33) TANCO, María C.: en AA. VV. y CAMPS, Carlos E. (dir.): Tratado de derecho procesal electrónico. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, t. 2, versión «e-book» disponible en Thomson Reuters Proview, Cap. XII, V, 1.

(34) SIRKIN, Eduardo: en AA. VV. y CAMPS, Carlos E. (dir.). Tratado de derecho procesal electrónico. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, t. 2, versión «e-book» disponible en Thomson Reuters Proview, Cap. X.

(35) Corte Sup., MJJ98383.

(36) ARAZI, Roland: Nuevamente la Corte Suprema impide el exceso ritual manifiesto, en LL, 2016, D, 572.

(37) CAMPS, Carlos E.: Copias digitalizadas para traslado y exceso ritual», en LL, 2016, D, 513.

(38) QUADRI, Gabriel H.: De copias digitales, op. cit.

(*) Abogado, Universidad de Morón. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, UMSA. Secretario de la Sala II de la Excelentísima Cámara de Apelación Civil y Comercial de Morón. Autor de varios libros y de múltiples artículos publicados en revistas especializadas. Director adjunto del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Morón.

A %d blogueros les gusta esto: