Indemnización por daños ocasionados por un corte de luz que afectó electrodomésticos, con la consecuente pérdida de mercadería y alimentos

electricidadPartes: Pesci Sandra Elizabeth c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101305-AR | MJJ101305 | MJJ101305

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Sumario:

1.-Corresponde desestimar la indemnización por daño punitivo solicitada por un consumidor contra una empresa de energía eléctrica por la interrupción en varias ocasiones del servicio, toda vez que no cualquier incumplimiento de obligaciones legales o contractuales son merecedoras de dicho tipo de sanción, sino que únicamente procede ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio y, en el caso, la falta de dolo justifica el apartamiento.

2.-La indemnización fijada por daño moral a favor de un usuario al que se le interrumpió el suministro del servicio de energía eléctrica debe elevarse, ya aquella situación le generó angustia e incertidumbre y vio afectada su vida cotidiana y sus necesidades básicas al dejar de funcionar los electrodomésticos y en consecuencia perder alimentos; máxime teniendo en consideración que uno de los cortes fue en noche buena y navidad, con todo lo que ello implica.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Pesci Sandra Elizabeth c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Guillermo Alberto Antelo dijo:

I. Sandra Elizabeth Pesci demandó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Sur Sociedad Anónima (“EDESUR”) por el cobro de $38.069 con más los intereses correspondientes y las costas, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los cortes del suministro de energía eléctrica ocurridos intermitentemente durante el lapso de mayo del año 2012 y enero del 2013 (ver fs. 14/25).

Afirmó la actora que se domiciliaba en Bolivia 1469 de esta Ciudad y que EDESUR le provee energía eléctrica en ese inmueble. Precisó que los cortes ocurrieron en las siguientes fechas: durante el 2012, el 8 de mayo, del 6 al 11 de noviembre, y del 5 al 7 y del 24 al 25 de diciembre; también al año siguiente, los días 6 y 7 de enero.

Señaló que la interrupción del servicio en los períodos indicados le había causado daños en artefactos y electrodomésticos, con la consecuente pérdida de mercadería y alimentos ya elaborados.

Agregó que realizó gestiones extrajudiciales para intentar arribar a una solución, pero que la falta de respuesta y la incomparecencia de la demandada la obligó a iniciar el presente pleito (fs. 14/16, punto II.A).

Los rubros que integraron su pretensión fueron el daño emergente -$8.069- y el daño moral -$30.000-. Solicitó a su vez el pago del daño punitivo, cuyo monto dejó librado al criterio del juez (fs. 20vta./23vta., puntos IV y V).

II.La contestación de demanda de EDESUR fue extemporánea, por lo que se desglosó y se devolvió al presentante (ver fs. 54).

III. El señor juez hizo lugar parcialmente a la demanda, con costas, condenando a EDESUR al pago de $10.069, con más los intereses establecidos en el considerando 6, anteúltimo párrafo de la sentencia (fs. 148/150vta.), por los siguientes conceptos: a) daño material ($4.069); y b) daño moral ($6.000). En cambio rechazó el daño punitivo porque juzgó que la conducta de EDESUR no tenía la entidad suficiente para justificarlo (fs. 149 y vta.).

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora (fs. 152 y auto de concesión de fs. 153), quien expresó agravios a fs. 163/165, dando lugar a la réplica de fs. 167/178vta.

La accionante se agravia del rechazo del daño punitivo, y de los montos otorgados por daño moral y por la “pérdida de mercadería y los gastos extraordinarios en alimentación” -incluidos por el juez en el daño material- por considerarlos exiguos.

IV. a) Daño punitivo.

La señora Pesci al demandar, solicitó la aplicación de la multa civil en cuestión, dejando librada la cuantificación al criterio del juez (fs. 22vta., punto IV.C), quien rechazó el rubro (fs. 149vta., último párrafo), de lo que la recurrente se agravia (fs. 163, punto III.A).

Aunque es cierto que la norma que lo prevé (artículo 52 bis de la ley 24.240, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) alude únicamente a la mera inobservancia de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, hay que decir que no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción. En efecto, el instituto en cuestión procede únicamente ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio.Lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe el incumplimiento del contrato establecido entre las partes (esta Sala, causa n°1122/12 del 21/09/2015).

Comparto el criterio del juez en cuanto a que la falta de dolo justifica, en el contexto de autos, desestimar el rubro (considerando 6, cuarto párrafo, fs. 149 y vta.).

b) Daño moral.

La actora solicitó $30.000 por este rubro. El a quo le otorgó $6.000.

La desatención del usuario cuando el servicio público no es prestado en forma regular produce dos afecciones en su esfera íntima. La primera atañe a su dignidad, que la ley manda preservar (artículo 8 bis de la ley 24.240 y artículo 42 de la Constitución Nacional); la segunda varía según las circunstancias porque tiene que ver con el destino que se le da al servicio (conf. causa n°9785/08 del 5/08/2014 y sus citas).

Sobre la base de ese presupuesto, la Sala ha juzgado que, en este tipo de conflictos, el perjuicio se configura in re ipsa. La dimensión del daño moral ha ido ampliándose superando el rígido molde originalmente establecido (conf.causas n°114/01 del 3/02/2011, n°13.724/06 del 20/03/2012, n°8361/09 del 15/05/2012).

Está fuera de duda la angustia e incertidumbre que generó la situación de autos en la actora, quien vio afectada su vida cotidiana y sus necesidades básicas al dejar de funcionar los electrodomésticos y en consecuencia perder alimentos, entre otras cosas; máxime teniendo en consideración que uno de los cortes fue en noche buena y navidad, con todo lo que ello implica.

En virtud de lo expuesto, considero pertinente elevar la suma establecida para enjugar el daño moral fijándola en $20.000.

c) Daño emergente.

En su escrito inicial, la apelante estimó esta partida en $8.069 discriminando $5.000 por la pérdida de mercadería, $1.000 por alimentos y $2.069 por la reparación de los artefactos eléctricos dañados.

Como dije, el juez admitió el total de $4.069 por el “daño material”, categoría esta que, aunque difiere conceptualmente del daño emergente, lo comprende.

De los $4.069, $2.069 están destinados al rubro electrodomésticos, suma esta que coincide con la que reclamó la recurrente. La diferencia de $4.000 en menos se da con respecto a la pérdida de mercadería y gastos extraordinarios. Sobre el particular, no hay elementos objetivos que autoricen a modificar este aspecto del fallo. Así, por ejemplo, no se sabe si la señora Pesci vive sola o, por el contrario, integra un grupo familiar, ni se tiene idea de los gastos que en tal contingencia tuvo que afrontar. Tampoco hay prueba del nivel de consumos promedio que registra.

La reiteración de argumentos centrados en la duración de los cortes no alcanza, por sí sola, para hacer lugar al agravio si no se la vincula con el menoscabo patrimonial concretamente demostrado (artículos 267 y 268 del Código Procesal, DJA).

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser modificada en los términos ya señalados y confirmada en lo restante.Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida (artículo 70, primer párrafo del Código Procesal, DJA), y las de Alzada se distribuyen en un 65% a la actora y en un 35% a la demandada en virtud de la forma en que prosperaron los agravios (artículo 73 del Código Procesal, DJA).

Así voto.

La Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de agosto de 2016.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo en los términos ya señalados y confirmarlo en lo restante. Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida (artículo 70, primer párrafo del Código Procesal, DJA), y las de Alzada se distribuyen en un 65% a la actora y en un 35% a la demandada en virtud de la forma en que prosperaron los agravios (artículo 73 del Código Procesal, DJA).

Por la manera en que se resuelve corresponde fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art. 280 del Código Procesal).

Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -$24.069, con más los intereses, calculados prudencialmente a los fines regulatorios-, la naturaleza del proceso (fs. 26), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas, se establecen los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Ricardo Clemente Beati -patrocinante tres etapas-, Nora Carolina Satragui -audiencia de fs. 125- y Ingrid Berinstein -audiencias de fs. 127, 128 y 129-, en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente (arts.6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio de la experta designada en autos, a la calidad y extensión de su dictamen, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se fijan los honorarios de la perito informática Beatriz Aída L’Angiocola en la suma de ($.).

Asimismo, se determinan los honorarios de la mediadora Claudia Akman en la suma de ($.) (artículo 28 del anexo I y artículo 2, inciso D del anexo III del decreto 1467/2011, modificado por decreto 2536/15).

Segunda instancia: atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Ricardo Clemente Beati la suma de ($.) (arts. 6, 7 y 14 de la Ley de Arancel).

El Dr. Ricardo Gustavo Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Graciela Medina

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la indemnización por daño punitivo solicitada por un consumidor contra una empresa de energía eléctrica por la interrupción en varias ocasiones del servicio, toda vez que no cualquier incumplimiento de obligaciones legales o contractuales son merecedoras de dicho tipo de sanción, sino que únicamente procede ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio y, en el caso, la falta de dolo justifica el apartamiento.

2.-La indemnización fijada por daño moral a favor de un usuario al que se le interrumpió el suministro del servicio de energía eléctrica debe elevarse, ya aquella situación le generó angustia e incertidumbre y vio afectada su vida cotidiana y sus necesidades básicas al dejar de funcionar los electrodomésticos y en consecuencia perder alimentos; máxime teniendo en consideración que uno de los cortes fue en noche buena y navidad, con todo lo que ello implica.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Pesci Sandra Elizabeth c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Guillermo Alberto Antelo dijo:

I. Sandra Elizabeth Pesci demandó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Sur Sociedad Anónima (“EDESUR”) por el cobro de $38.069 con más los intereses correspondientes y las costas, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los cortes del suministro de energía eléctrica ocurridos intermitentemente durante el lapso de mayo del año 2012 y enero del 2013 (ver fs. 14/25).

Afirmó la actora que se domiciliaba en Bolivia 1469 de esta Ciudad y que EDESUR le provee energía eléctrica en ese inmueble. Precisó que los cortes ocurrieron en las siguientes fechas: durante el 2012, el 8 de mayo, del 6 al 11 de noviembre, y del 5 al 7 y del 24 al 25 de diciembre; también al año siguiente, los días 6 y 7 de enero.

Señaló que la interrupción del servicio en los períodos indicados le había causado daños en artefactos y electrodomésticos, con la consecuente pérdida de mercadería y alimentos ya elaborados.

Agregó que realizó gestiones extrajudiciales para intentar arribar a una solución, pero que la falta de respuesta y la incomparecencia de la demandada la obligó a iniciar el presente pleito (fs. 14/16, punto II.A).

Los rubros que integraron su pretensión fueron el daño emergente -$8.069- y el daño moral -$30.000-. Solicitó a su vez el pago del daño punitivo, cuyo monto dejó librado al criterio del juez (fs. 20vta./23vta., puntos IV y V).

II.La contestación de demanda de EDESUR fue extemporánea, por lo que se desglosó y se devolvió al presentante (ver fs. 54).

III. El señor juez hizo lugar parcialmente a la demanda, con costas, condenando a EDESUR al pago de $10.069, con más los intereses establecidos en el considerando 6, anteúltimo párrafo de la sentencia (fs. 148/150vta.), por los siguientes conceptos: a) daño material ($4.069); y b) daño moral ($6.000). En cambio rechazó el daño punitivo porque juzgó que la conducta de EDESUR no tenía la entidad suficiente para justificarlo (fs. 149 y vta.).

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora (fs. 152 y auto de concesión de fs. 153), quien expresó agravios a fs. 163/165, dando lugar a la réplica de fs. 167/178vta.

La accionante se agravia del rechazo del daño punitivo, y de los montos otorgados por daño moral y por la “pérdida de mercadería y los gastos extraordinarios en alimentación” -incluidos por el juez en el daño material- por considerarlos exiguos.

IV. a) Daño punitivo.

La señora Pesci al demandar, solicitó la aplicación de la multa civil en cuestión, dejando librada la cuantificación al criterio del juez (fs. 22vta., punto IV.C), quien rechazó el rubro (fs. 149vta., último párrafo), de lo que la recurrente se agravia (fs. 163, punto III.A).

Aunque es cierto que la norma que lo prevé (artículo 52 bis de la ley 24.240, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) alude únicamente a la mera inobservancia de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, hay que decir que no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción. En efecto, el instituto en cuestión procede únicamente ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio.Lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe el incumplimiento del contrato establecido entre las partes (esta Sala, causa n°1122/12 del 21/09/2015).

Comparto el criterio del juez en cuanto a que la falta de dolo justifica, en el contexto de autos, desestimar el rubro (considerando 6, cuarto párrafo, fs. 149 y vta.).

b) Daño moral.

La actora solicitó $30.000 por este rubro. El a quo le otorgó $6.000.

La desatención del usuario cuando el servicio público no es prestado en forma regular produce dos afecciones en su esfera íntima. La primera atañe a su dignidad, que la ley manda preservar (artículo 8 bis de la ley 24.240 y artículo 42 de la Constitución Nacional); la segunda varía según las circunstancias porque tiene que ver con el destino que se le da al servicio (conf. causa n°9785/08 del 5/08/2014 y sus citas).

Sobre la base de ese presupuesto, la Sala ha juzgado que, en este tipo de conflictos, el perjuicio se configura in re ipsa. La dimensión del daño moral ha ido ampliándose superando el rígido molde originalmente establecido (conf.causas n°114/01 del 3/02/2011, n°13.724/06 del 20/03/2012, n°8361/09 del 15/05/2012).

Está fuera de duda la angustia e incertidumbre que generó la situación de autos en la actora, quien vio afectada su vida cotidiana y sus necesidades básicas al dejar de funcionar los electrodomésticos y en consecuencia perder alimentos, entre otras cosas; máxime teniendo en consideración que uno de los cortes fue en noche buena y navidad, con todo lo que ello implica.

En virtud de lo expuesto, considero pertinente elevar la suma establecida para enjugar el daño moral fijándola en $20.000.

c) Daño emergente.

En su escrito inicial, la apelante estimó esta partida en $8.069 discriminando $5.000 por la pérdida de mercadería, $1.000 por alimentos y $2.069 por la reparación de los artefactos eléctricos dañados.

Como dije, el juez admitió el total de $4.069 por el “daño material”, categoría esta que, aunque difiere conceptualmente del daño emergente, lo comprende.

De los $4.069, $2.069 están destinados al rubro electrodomésticos, suma esta que coincide con la que reclamó la recurrente. La diferencia de $4.000 en menos se da con respecto a la pérdida de mercadería y gastos extraordinarios. Sobre el particular, no hay elementos objetivos que autoricen a modificar este aspecto del fallo. Así, por ejemplo, no se sabe si la señora Pesci vive sola o, por el contrario, integra un grupo familiar, ni se tiene idea de los gastos que en tal contingencia tuvo que afrontar. Tampoco hay prueba del nivel de consumos promedio que registra.

La reiteración de argumentos centrados en la duración de los cortes no alcanza, por sí sola, para hacer lugar al agravio si no se la vincula con el menoscabo patrimonial concretamente demostrado (artículos 267 y 268 del Código Procesal, DJA).

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser modificada en los términos ya señalados y confirmada en lo restante.Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida (artículo 70, primer párrafo del Código Procesal, DJA), y las de Alzada se distribuyen en un 65% a la actora y en un 35% a la demandada en virtud de la forma en que prosperaron los agravios (artículo 73 del Código Procesal, DJA).

Así voto.

La Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de agosto de 2016.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo en los términos ya señalados y confirmarlo en lo restante. Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida (artículo 70, primer párrafo del Código Procesal, DJA), y las de Alzada se distribuyen en un 65% a la actora y en un 35% a la demandada en virtud de la forma en que prosperaron los agravios (artículo 73 del Código Procesal, DJA).

Por la manera en que se resuelve corresponde fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art. 280 del Código Procesal).

Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -$24.069, con más los intereses, calculados prudencialmente a los fines regulatorios-, la naturaleza del proceso (fs. 26), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas, se establecen los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Ricardo Clemente Beati -patrocinante tres etapas-, Nora Carolina Satragui -audiencia de fs. 125- y Ingrid Berinstein -audiencias de fs. 127, 128 y 129-, en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente (arts.6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio de la experta designada en autos, a la calidad y extensión de su dictamen, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se fijan los honorarios de la perito informática Beatriz Aída L’Angiocola en la suma de ($.).

Asimismo, se determinan los honorarios de la mediadora Claudia Akman en la suma de ($.) (artículo 28 del anexo I y artículo 2, inciso D del anexo III del decreto 1467/2011, modificado por decreto 2536/15).

Segunda instancia: atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Ricardo Clemente Beati la suma de ($.) (arts. 6, 7 y 14 de la Ley de Arancel).

El Dr. Ricardo Gustavo Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Graciela Medina