Responsabilidad por los daños derivados de un incendio en una fábrica que se propagó a la casa lindante

incendio-2Partes: Aust Jorge Máximo c/ Lifratex Comercial e Industrial S.R.L. s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 15-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101283-AR | MJJ101283 | MJJ101283

cuadro

Sumario:

1.-La sociedad de responsabilidad limitada resulta responsable por los daños y perjuicios derivados de un incendio en su establecimiento fabril que se propago a la casa del actor, toda vez que dicho establecimiento carecía de los mínimos recaudos para evitar incendios y siniestros, con el agravante de que almacenaba y utilizaba material altamente inflamable.

2.-Corresponde rechazar la demanda entablada contra la administradora de la sociedad por los daños y perjuicios derivados de un incendio que se propago a la casa del actor, toda vez que la inacción achacada debía ser acreditada mediante libros, actas (de asamblea) u otro tipo de documentos que evidenciaran una omisión en el planteo y/o tratamiento pertinente de asuntos que impliquen la compra de elementos, implementación u acondicionamiento de seguridad en las instalaciones de la empresa, pues de otro modo, no se puede advertir con certeza si aconteció una conducta negligente (falta de injerencia), o una negativa por parte de los socios frente a este tipo de iniciativas.

3.-El lucro cesante se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial, esto es, sobre la base de la prueba de la actividad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento temporal para continuarla; de manera que permita concluir que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber sucedido el hecho.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 15 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Aust, Jorge Máximo c/ Lifratex Comercial e Industrial s/ Cobro de Sumas de Dinero” (Expte. nº 12881/2012)” respecto de la sentencia de fs. 714/720 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-ROBERTO PARRILLI.- MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

A la cuestión planteada, el Dr. Ramos Feijóo dijo:

I. a.- La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 714/720, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Jorge Máximo Aust y, en consecuencia, condenó a “Lifratex Comercial e Industrial S.R.L.” al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.

Asimismo, la juez a quo dispuso rechazar la demanda entablada contra Liliana Eva Reidel, con costas al vencido.

I. b.- En la demanda agregada a fs. 7/11, el pretensor expresó que el día 30 de Junio de 2010 se produjo un incendio en el establecimiento fabril de Lifratex Comercial e Industrial S.R.L., que afectó el inmueble lindero donde funciona la empresa Aust-Raholin (de su titularidad).

Detalló que el siniestro se propagó por la desidia e irresponsabilidad de la sociedad demandada y de su administradora (Liliana Eva Reidel); y que el establecimiento de mención carecía de los mínimos recaudos para evitar incendios y siniestros, con el agravante de que almacenaba y utilizaba material altamente inflamable.

Tal evento fue el que le habría ocasionado los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. a.- El accionante expresó agravios a fs. 744/751; en primer término cuestionó el rechazo de la demanda con relación a la codemandada Liliana Eva Reidel.Al respecto invocó el carácter de la referida (responsable legal y socia-gerente de la SRL demandada) y basó su impugnación en la normativa societaria (arts. 59 y 274 de la ley 19.550); adujo que ella “era la persona adecuada e idónea para adoptar las medidas necesarias y eficientes que garantizaran la seguridad del establecimiento fabril. ignoró y deliberadamente pasó por alto todas las leyes disposiciones y ordenanzas municipales que ponen a su cargo el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad” (fs. 745 vta./746). Por otro lado, objetó por insuficientes los montos otorgados por las partidas indemnizatorias de lucro cesante y daño moral.

El traslado respectivo fue contestado a f. 753/vta.

II. b.- La parte demandada, por una parte, se agravió en lo relacionado a la cuantificación de los rubros indemnizatorios de “reposición de máquinas”, “reparación del edificio”, “lucro cesante”; a su vez, arguyó la improcedencia del daño moral, toda vez que la acción fue iniciada “por cobro de sumas de dinero y no a título personal” (f. 742/vta).

Las quejas merecieron la réplica de fs. 754/755.

III.- Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

IV.- En lo tocante al rechazo de la demanda con relación a Liliana Eva Reidel, y en atención al contenido de agravios esgrimidos por el actor, es menester brevemente recordar que el régimen central de responsabilidad -en lo que al derecho societario respecta- no sólo se halla en las normas generales de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550; éstas deben ser complementadas con los arts. 72, 99, 183, 184, 195, 224, 275 a 279 de la misma ley, y -en la especie- con el ordenamiento velezano, entendiendo que la legislación sobre responsabilidad societaria no escapa a la teoría general de atribución de responsabilidad consagrado en el derecho civil.

Ahora bien, por un lado, el quejoso parece olvidar que las normas en que basa su agravio responden a la eventual viabilidad de las acciones respectivas (arts. 276 y ss. de la ley 19.550); el deber de lealtad del art. 59 precitado (y su remisión al art. 274) se dirige a los deberes exigibles por parte de la sociedad, los accionistas y los terceros (acreedores) con relación a lo actuado estrictamente en el marco empresarial (cf. Rouillon – Alonso, “Código de comercio comentado y anotado”, 2006, Buenos Aires, Ed. La Ley, T. III, p. 689 y ss.). En este sentido, se trata de una especialización del derecho común sobre la responsabilidad (cf. Goldschmidt, R., “Estudios Jurídicos Mercantiles, p. 44, Fabreton, Caracas, 1988; citado por Gagliardo Mariano, “La responsabilidad de los administradores en el derecho de sociedades”, RDCO, junio/julio 2004, p. 639).

En efecto, se introdujo la consideración a la “actuación individual”, que no altera el régimen de responsabilidad, sino que atiende a una posibilidad de distinción en la forma de asignarla cuando se dan ciertas situaciones que esta ley establece expresa y objetivamente (cf. Zunino, Osvaldo, “Régimen de las sociedades comerciales”, p. 248, Ed. Astrea, 1988).

Sentado ello, cabe recordar que el art.43 del Código de Vélez (en su última redacción) sentó el principio de la responsabilidad de las personas jurídicas por los daños causados por sus administradores y representantes; la norma señalada establece la responsabilidad de la persona jurídica por los daños que causen quienes la dirijan o administren, por lo que no debe interpretarse la misma en sentido contrario respecto a la responsabilidad personal de sus directores o administradores (CNCiv sala D, “V., E. O. c. Editorial Perfil S. A. y otros”, del 22/04/1997; publicado en LL 1998-B, p. 703, con nota de Santos Cifuentes; DJ 1998-2, 1197 – LL 1998-D, p. 40, con nota de Carlos I. Salvador de Arzuaga; Cita online: AR/JUR/527/1997).

Es así que se ha afirmado que el principio contenido en esta norma, es aplicable analógicamente a la responsabilidad del principal por el hecho ilícito del dependiente; si bien el art. 1113 del Código del Vélez no aporta elemento alguno que permita determinar el alcance de la responsabilidad del comitente, hay amplio consenso respecto a que el art.

43 es aplicable por analogía, y de tal modo puede establecerse en qué hipótesis el principal responderá por los actos del dependiente (Cf. Bueres- Highton, “Código Civil y normas complementarias”, Bs. As., 2004, Ed. Hammurabi, T. 3-A, pág. 489 y sus citas).

Todo lo hasta aquí explicitado conduce a confirmar lo decidido por la juez de grado, desestimando los agravios del actor. Es que, tal solución guarda coherencia al tener en cuenta que la responsabilidad de la persona jurídica y la consecuente obligación de responder, no obsta a su eventual ulterior acción recursoria o de repetición contra los respectivos administradores (arg. art. 1123 del mentado ordenamiento – cf. Gagliardo, M.; “Responsabilidad de los directores de Sociedades Anónimas”, Buenos Aires, 1994, Ed. Abeledo Perrot, Segunda Edición, p.686).

Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el apelante opone en esta Alzada argumentos que no hallan sustento en el material allí indicado; es que, la inacción achacada debía ser acreditada mediante libros, actas (de asamblea) u otro tipo de documentos que evidenciaran una omisión en el planteo y/o tratamiento pertinente de asuntos que impliquen la compra de elementos, implementación u acondicionamiento de seguridad en las instalaciones de la empresa. De otro modo, no se puede advertir con certeza si aconteció una conducta negligente (falta de injerencia), o una negativa por parte de los socios frente a este tipo de iniciativas.

V.- Corresponde ahora el análisis de las distintas partidas indemnizatorias motivo de agravio.

V.a.- En lo vinculado al daño emergente (reposición de máquinas, reparaciones en el edificio) diré que las quejas vertidas por la demandada en lo que al punto respecta exhiben una pobreza argumental de tal magnitud que, sin mediar vacilación, puede afirmarse que no cumplen con la exigencia prevista en el art. 265 del ritual. Claro está que ante presentaciones que -como las de autos- carecen en el sentido jurídico de un mínimo de seriedad, no cabe proponer otra decisión que no sea la deserción del recurso.

En concreto, la sentenciante ponderó -a los efectos de fijar las cuantías correspondientes- los informes obrantes a fs. 430/440 y fs. 575, el responde de f. 493, y la prueba documental obrante a f.20/36; al respecto, la quejosa se limita a una genérica y caprichosa crítica, sin oponer parámetro alguno que obligue a una revisión del criterio propiciado en la instancia de grado.

Sin perjuicio de lo anterior, y tras una concienzuda revisión de las probanzas de mención, estimo acertada la cuantía fijada por la juez a quo ($1.211.872).

Corolario ineludible de la actitud procesal reseñada en los párrafos que anteceden, que omite una crítica concreta y razonada de lo decidido, propongo al Acuerdo que se declare desierto el agravio vertido en este específico punto (cf. arts. 165, 265 y 266 del CPCCN).

V. b.- Con relación al lucro cesante, éste se traduce en la frustraci ón de un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga determinados beneficios económicos. Es, pues, la ganancia de que fue privado el damnificado (cfr. art. 1069 del Cód. Civil).

Aparece claro -entonces- que el apuntado daño se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial, esto es, sobre la base de la prueba de la actividad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento temporal para continuarla; de manera que permita concluir que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber sucedido el hecho (cf. esta Sala, “Ibarra c/ Línea 216 de Transporte Colectivo de Pasajeros s/ Ds. y ps.”, del 19/7/2006, entre otros).

Desde el referido enfoque, cabe destacar que la magistrada que me precedió tuvo presente no sólo la prueba pericial y documental adjunta, sino también las manifestaciones y reconocimientos por el actor, y la testimonial que así lo corrobora (f. 341), a fin de dilucidar las posibles ganancias dejadas de percibir por el pretensor y fijar las sumas respectivas.

Por lo demás, no obran en autos otros documentos ni constancias que puedan acreditar las ganancias dejadas de percibir por el pretensor como consecuencia de los trabajos que dejó de realizar a raíz del siniestro (v.informe pericial contable, en especial a f. 394/396).

Al respecto, es sabido que quien omite probar no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los aspectos que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una decisión desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el actor no ha dejado por completo de obtener ingresos (en razón de haber contratado servicios a terceros para seguir vendiendo sus productos), y estimando adecuada la suma fijada en el decisorio recurrido para enjugar el daño reclamado ($50.000), no cabe sino desestimar las quejas vertidas sobre el punto.

V. c.- En lo referente a las quejas vertidas por la procedencia y cuantía del daño moral ($100.000), comenzaré por ocuparme de las quejas de la parte demandada; como reseñé en el acápite II.b.- de la presente, sostuvo que la acción fue incoada por cobro de sumas de dinero y no a título personal, agregando que “las empresas como patrimonio no poseen sentimientos” (v. pto. III- de sus agravios – f. 742 vta.).

Al respecto, brevemente diré que la demanda fue iniciada por el Sr. Aust a título personal, es decir sin invocar representación legal ni de otro tipo similar (v. f. 7); asimismo, del libelo inaugural se desprende que inició la pretensión al sólo efecto de interrumpir la prescripción, haciendo expresa reserva de ampliar la demanda (f. 11, pto VI.-), fundando su derecho en los arts. 1068, 1078, 1109, 1113 y cc. del Código Civil de Vélez (f. 11 vta. pto. VII.-). De lo anterior se extrae que el objeto del proceso – que da cuenta la carátula de las presentes- obedeció a criterios administrativos, toda vez que en aquélla oportunidad, bien hubiese podido otorgársele el carácter meramente interruptivo de la prescripción (art.3986 CC).

Por lo demás, en la ampliación de demanda obrante a fs. 126/143, ratificó el reclamo indemnizatorio en estudio.

Sentado lo anterior, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

En definitiva, es todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial (Orgaz, “El daño resarcible”, Ed. Depalma, Buenos Aires 1967, pág. 184), es así que a fin de justipreciarlo se contemplan las afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos sufridos por quien los reclama. Sin lugar a dudas, las circunstancias provocadas por el evento dañoso, sus secuelas luctuosas, sorpresivas e imprevisibles lo convierten en absolutamente procedente.

Dicho esto, la partida no requiere guardar proporción con la del perjuicio material, pues responden a razones de índole diferente, de tal forma no resulta la materialización de los intereses morales gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos.

En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, considero ajustado a derecho el monto fijado en la sentencia apelada ($100.000); ello, teniendo en cuenta -además- las condiciones personales de la víctima al momento del evento. En consecuencia, propondré al Acuerdo su confirmación (art. 165 CPCCN).

VI.- A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravio (arts. 163 incs.5 y 6, 377, 386 del CPCCN, 1078, 1083 del Código Civil). Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado (art. 71 del CPCCN), atento al éxito parcial obtenido por cada uno de los litigantes.-

Los Dres. Ramos Feijóo y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

ROBERTO PARRILLI -.

MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravio. Costas de Alzada en el orden causado.-

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA