Aseguradora debe abonar en dólares la renta vitalicia previsional contratada en esa moneda

dolares-3Partes: Cerón Patricia Yolanda c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 7-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100652-AR | MJJ100652 | MJJ100652
Sumario:

1.-La renta vitalicia previsional es una modalidad de jubilación o retiro definitivo que contrata un afiliado con una compañía de seguros de retiro (ley 24241: 101 ), por lo que, en la solución de sus conflictos, no puede prescindirse del carácter de las prestaciones debidas.

2.-Todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad en ella implícita, lo cual exige que los razonamientos lógicos cedan ante la necesidad de no desnaturalizar esos fines, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección integral de la familia.

3.-Se ha destacado que el carácter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el principio de favorabilidad y a rechazar toda fundamentación restrictiva.

4.-Una cosa es el derecho al cobro de los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones -entre los que queda englobada la Ley 24241, que contempla entre sus variantes a la renta vitalicia previsional-, y otra es el derecho al reclamo que nace a favor del beneficiario a raíz del pago indebido de su haber previsional.

5.-El derecho al cobro de los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones es imprescriptible, puesto que, después de haberse cumplido las condiciones fijadas legal o contractualmente -tales como la del cumplimiento de la edad jubilatoria mínima y la del desembolso de aportes durante los años de actividad exigidos-, ese derecho se convierte en un derecho adquirido que no podría ser desconocido en el futuro sin vulnerar el derecho de propiedad de que se trata, lo cual ha llevado a la Excma. Corte Nacional a sostener que los beneficios previsionales no se dañan por el transcurso del tiempo ni se extinguen por prescripción (Fallos: 269: 174; 282:425).

6.-El derecho a reclamar por el correcto pago de un haber mensual, debe entenderse alcanzado por el plazo de prescripción de dos (2) años previsto en el artículo 82 de la Ley 18.037, que, por ser un plazo específico, desplaza a todos los contemplados en las normas que regulan la prescripción de supuestos que guardan con el que me ocupa alguna similitud.

7.-Debe distinguirse entre derecho adquirido y derecho ejercido , al tratarse -ambas- de nociones que trasuntan distintas gradaciones del derecho de propiedad: mientras el primero traduce una situación estática, que se configura una vez cumplidos los recaudos establecidos legalmente para acceder al beneficio previsional; el segundo expresa el dinamismo propio del cobro por el beneficiario, mes a mes, de la suma previsionalmente acordada y el consiguiente control que le cabe a este último respecto de la regularidad de tales desembolsos.

8.-El principio de imprescriptibilidad del artículo 14 de Ley 24.241 rige para el derecho adquirido , lo cual conduce a rechazar la defensa de prescripción opuesta por la demandada en tanto enderezada a resistir el derecho de la actora a cobrar las rentas futuras en la moneda pactada. En cambio, para los derechos ejercidos , esto es, los vinculados con el irregular cumplimiento de los pagos efectuados, debe aplicarse -como se dijo- la regulación del artículo 82 de la Ley 18.037, quedando expedita la acción respectiva a favor de la actora a partir de cada uno de los pagos concretados por su contraria.

9.-La pretensión de la demandada de pagar en pesos un riesgo que asumió en dólares invocando al efecto que la solvencia del fondo de primas sí se vio afectada por la devaluación, importa tanto como pretender sacar provecho del deficiente cumplimiento por su parte de las obligaciones que sobre ella pesaban de administrar en forma eficiente el referido fondo.

10.-Las normas superintendenciales que sujetan la actuación de la demandada y que le impiden decidir libremente el modo de invertir sus activos no pueden ser opuestas al asegurado como excusa para incumplir lo prometido.

11.-La aseguradora no estaba obligada a otorgar seguros en dólares, de modo que, si igualmente los otorgó, no puede ahora invocar -para eludir las consecuencias de tal obrar- que su parte no se hallaba en condiciones de arbitrar los medios para que sus inversiones quedaran al margen del riesgo que le impidiera cumplir en esos términos.

12.-No existe ninguna norma del derecho de los seguros oponible a la parte actora que permita ligar la suerte de las sumas aportadas por ésta a la suerte de los activos en los que dichas sumas fueron invertidas.

13.-Al no haber sido pactado, ni existir disposición legal específica que disponga lo contrario, forzoso es concluir que rige aquí el principio según el cual la suerte de los derechos que integran un patrimonio es independiente de las obligaciones que pesan sobre su titular y tal principio es aplicable desde que el asegurado no mantiene la propiedad de los fondos que aporta a su aseguradora, sino que éstos pasan a integrar el patrimonio de ésta última, que los invierte asumiendo los riesgos inherentes, con la consecuencia de que sus resultados no pueden ser por ella invocados para excusar su deber de cumplir frente a aquél.

14.-Firme como habrá de quedar el derecho de la actora a cobrar las diferencias reclamadas, forzoso es reconocerle también el derecho a cobrar los intereses respectivos, desde que esos accesorios deberían ser abonados por la demandada incluso en el caso de que se compartiera su dudosa tesis según la cual ella no se halló en mora, toda vez que, en cualquier caso, debería tenerse por comprobado que su parte se mantuvo en el uso de un capital ajeno, fuente suficiente de la obligación de pagar el interés compensatorio que corresponde. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 7 días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer en los autos “CERON PATRICIA YOLANDA C/ ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A. S/ ORDINARIO” (Expediente N° 26014/11/CA1; Juzgado N° 14, Secretaría N° 27) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo R. Machin (7) y Juan Roberto Garibotto (8).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 154/60?

La señora juez Julia Villanueva dice:

La sentencia apelada.

La sentencia dictada a fs. 154/60 hizo lugar a la demanda promovida por la señora Patricia Yolanda Ceron contra Orígenes Seguros de Retiro S.A. a efectos de obtener que la demandada fuera condenada a pagarle en dólares estadounidenses la renta vitalicia previsional prevista en la póliza n° 603549-3 y a abonarle las diferencias que existían entre las sumas liquidadas por tal concepto en moneda de curso legal y las que la aseguradora hubiera debido pagarle en la aludida moneda extranjera por el período correspondiente a los dos años previos a la interposición de la demanda.

En lo vinculado al fondo de la cuestión, el señor magistrado de primera instancia hizo lugar a la pretensión por considerar inconstitucional el artículo 8 del Decreto 214/02, decisión a la que arribó por remisión a la doctrina de la Excma.CSJN recaída en el caso, “Benedetti”.

Reconoció a la actora, por ende, el derecho a percibir la renta vitalicia de marras en la misma moneda -dólares estadounidenses- en la que había sido pactada.

En cuanto a las diferencias más arriba referidas, admitió su procedencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 de la ley 24.241 y 82 de la ley 18.037.

El recurso.

En lo que aquí interesa, la sentencia fue apelada por la demandada a fs. 162, quien expresó agravios a fs. 172/83, los que fueron contestados a fs.

185/86.

La apelante se queja de que el sentenciante haya rechazado la excepción de prescripción anual opuesta por su parte con sustento en lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 17.418.

Sostiene que la pesificación de las rentas debidas a la actora se produjo durante los meses de enero y febrero del año 2002, por lo que, siendo que la demanda fue promovida en agosto de 2011 -casi 10 años después de la ocurrencia de los hechos que le dieron lugar- la acción debe considerarse prescripta.

Manifiesta, asimismo, que el magistrado de grado omitió tratar las excepciones de prescripción bienal, quinquenal y decenal que también habían sido planteadas por su parte en los términos que reitera.

De otro lado, se agravia de que el a quo haya declarado la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia aplicada por su parte a los efectos de “pesificar” las aludidas rentas.

Cita numerosos precedentes de la Excma.CSJN en los que se admitió la validez de las aludidas normas y, si bien reconoce que en el caso “Benedetti” ese Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de dicha pesificación en lo vinculado a la renta vitalicia previsional, entiende que esa doctrina podría variar en caso de que se modificara la composición de esa Corte, a lo que se agrega que, según su opinión, no se trataron allí diversas cuestiones esenciales que sí aparecen esgrimidas en el presente caso.

Sin perjuicio de ello, esgrime que el saldo de la cuenta de capitalización del causante fue formado como consecuencia de aportes previsionales realizados en pesos y así fueron transferidos a su parte, lo cual demuestra que la denominación en dólares efectuada en el contrato sólo sirvió como cláusula de ajuste.

Deriva de ello que la pesificación de las rentas debe entenderse razonable en razón de que no se generó daño alguno a la beneficiaria en tanto el importe que se le devuelve tiene el mismo o mayor poder adquisitivo que el que tenía el depósito originario.

Reitera que la constitución de la renta vitalicia no se produjo mediante el aporte de dólares sino de pesos a una paridad artificial, como así también que no existió ninguna cobertura de la devaluación como riesgo propio del seguro de renta vitalicia, de lo que infiere que ese riesgo no debe ser asumido por la aseguradora.

Hace hincapié en los perjuicios que el temperamento aplicado genera a su parte destacando la inequidad que implica obligar a la aseguradora a cumplir en la moneda de origen cuando no se ha aplicado el mismo principio respecto de las acreencias de las que ella era titular.

Explica que las aseguradoras no gozan de libertad para determinar dónde invertir, sino que deben hacerlo en activos locales en virtud de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por lo que ninguna otra cosa hubiera podido exigírsele a efectos de prevenirse de la llamada pesificación.

Invoca la doctrina de los actos propios, sosteniendo que laactora percibió su renta pesificada durante casi diez años sin formular ningún cuestionamiento, por lo que concluye que le resulta aplicable la conocida doctrina según la cual el sometimiento voluntario a un régimen jurídico obsta a su ulterior impugnación con base constitucional.

Subsidiariamente, requiere que se aplique la doctrina del “esfuerzo compartido” y se agravia también de que el a quo haya condenado a su parte a pagar intereses a la tasa del 4% mensual sobre las diferencias reclamadas.

Funda este último agravio en el hecho de que, según su ver, la actora no tiene derecho a esos intereses debido a que recibió el capital correspondiente sin realizar reserva alguna.

También en forma subsidiaria, afirma que, en todo caso, los intereses que eventualmente podrían reconocerse a la actora deberían limitarse a las diferencias correspondientes a las rentas que se devengaron a partir de la notificación de la demanda -por no haber sido su parte intimada con anterioridad-, y deberían computarse a la tasa pasiva, a efectos de respetar el principio de congruencia.

La solución.

Como surge de la reseña que antecede las partes están contestes en cuanto a la configuración de varios de los aspectos que integran la presente litis.

En tal sentido, es del caso destacar que el contrato de renta vitalicia invocado en la demanda ha sido reconocido por la aseguradora, como también lo ha sido que esa renta fue pactada en dólares y que la actora reviste el carácter de beneficiaria.

Igualmente admitido se halla el hecho de que, con sustento en las normas de emergencia que pesificaron las deudas en el marco de la crisis sufrida en nuestro país durante los años 2001/2, la demandada comenzó a pagar dicha renta en moneda de curso legal, siendo los fondos respectivos percibidos sin reservas por la actora hasta la promoción del presente juicio.

La controversia transita, en cambio, por otros carriles.

Por un lado, las partes debaten acerca de si la acción deducida en autos se encuentra o no prescripta; y, por el otro,disienten en lo vinculado a la misma existencia de los derechos que la actora ha invocado, disenso que, en lo sustancial, exige dilucidar si la normativa de emergencia aplicada por la demandada al “pesificar” la renta de marras es o no constitucional.

Un orden de precedencia lógico exige que, antes de ingresar en la cuestión de fondo, me ocupe de tratar lo vinculado a la aludida prescripción de la acción opuesta por la apelante.

A mi juicio, no asiste razón a la quejosa.

Cabe, en tal sentido, comenzar por recordar que la renta vitalicia previsional es una modalidad de jubilación o retiro definitivo que contrata un afiliado con una compañía de seguros de retiro (ley 24241: 101), por lo que, en la solución de sus conflictos, no puede prescindirse del carácter de las prestaciones debidas (conf. CSJN, 16.09.2008, in re “Benedetti, Estela Sara c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos: 331:2006).

Desde tal perspectiva, ha sido dicho que todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad en ella implícita, lo cual exige que los razonamientos lógicos cedan ante la necesidad de no desnaturalizar esos fines, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección integral de la familia (cfr. CSJN, in re “Benedetti.”, cit.).

También se ha destacado que el carácter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el “principio de favorabilidad” y a rechazar toda fundamentación restrictiva (cfr.CSJN, in re “Benedetti.”, cit.).

Desde tal perspectiva, forzoso es concluir que no asiste razón al quejoso en su pretensión de que la acción entablada se encuentre prescripta, pues, más allá de que las previsiones de los códigos de fondo que cita y de la ley de seguros, en tanto normas generales, deben ceder en presencia de la Ley 24241 -por tratarse del régimen especial que rige la relación jurídica que da base al presente reclamo (CNCom, Sala A, “Pellizza, Adriana Delia y otro c/ Consolidar Compañía de Seguros de Retiro SA s/ ordinario”, del 16/03/10)-, lo cierto es que la expresión de agravios prescinde por completo de la necesidad de hacerse cargo de ese dirimente aspecto, cual es la naturaleza de los derechos esgrimidos.

La cuestión ha sido correctamente tratada por la Sala A de esta Cámara Comercial al pronunciarse, entre otros, en los autos “Nastasi, Adriana María c/ Orígenes Seguro de Retiro SA s/ ordinario”, del 18/10/13, según doctrina recientemente compartida por esta Sala en autos “Malek Sandra Luisa c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A.s/ ordinario” del 17/5/16.

Se realizó allí una distinción de la que se deriva la solución que, según mi ver, corresponde adoptar para esta causa.

Una cosa es el derecho al cobro de los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones -entre los que qu eda englobada la Ley 24241, que contempla entre sus variantes a la renta vitalicia previsional-, y otra es el derecho al reclamo que nace a favor del beneficiario a raíz del pago indebido de su haber previsional.

El primero de esos derechos es imprescriptible, puesto que, después de haberse cumplido las condiciones fijadas legal o contractualmente -tales como la del cumplimiento de la edad jubilatoria mínima y la del desembolso de aportes durante los años de actividad exigidos-, ese derecho se convierte en un derecho adquirido que no podría ser desconocido en el futuro sin vulnerar el derecho de propiedad de que se trata, lo cual ha llevado a la Excma. Corte Nacional a sostener que los beneficios previsionales no se dañan por el transcurso del tiempo ni se extinguen por prescripción (Fallos: 269: 174; 282:425).

El segundo, en cambio, esto es, el derecho a reclamar por el correcto pago de un haber mensual, debe entenderse alcanzado por el plazo de prescripción de dos (2) años previsto en el artículo 82 de la Ley 18.037, que, por ser un plazo específico, desplaza a todos los contemplados en las normas que regulan la prescripción de supuestos que guardan con el que me ocupa alguna similitud.

Sobre la base de las premisas hasta aquí expuestas, se ha distinguido entre “derecho adquirido” y “derecho ejercido”, al tratarse -ambas- de nociones que trasuntan distintas gradaciones del derecho de propiedad:mientras el primero traduce una situación estática, que se configura una vez cumplidos los recaudos establecidos legalmente para acceder al beneficio previsional; el segundo expresa el dinamismo propio del cobro por el beneficiario, mes a mes, de la suma previsionalmente acordada y el consiguiente control que le cabe a este último respecto de la regularidad de tales desembolsos (véase en tal sentido Marienhoff, Miguel S., “Derecho adquirido y derecho ejercido: pretendidas diferencias en cuanto a su protección jurídica”, LL, 1989-B, 776, derecho Constitucional, doctrinas esenciales, tomo III, 489; citado por la Sala A en el precedente “Nastasi” más arriba referido).

Así, el principio de imprescriptibilidad del artículo 14 de Ley 24.241 rige para el “derecho adquirido”, lo cual conduce a rechazar la defensa de prescripción opuesta por la demandada en tanto enderezada a resistir el derecho de la actora a cobrar las rentas futuras en la moneda pactada.

En cambio, para los “derechos ejercidos”, esto es, los vinculados con el irregular cumplimiento de los pagos efectuados, debe aplicarse -como se dijo- la regulación del artículo 82 de la Ley 18.037, quedando expedita la acción respectiva a favor de la actora a partir de cada uno de los pagos concretados por su contraria.

Así cabe concluir si se atiende a que cada uno de esos desembolsos se erigió en título idóneo para reclamar la observancia de los términos previstos originariamente en el contrato de renta vitalicia previsional. (CNCom., esta Sala A, 30/06/2009, in re:”Bentancor, Hugo Alberto y otro c/ Caja de Seguro de Vida SA” ), por lo que el plazo bianual de prescripción allí previsto también comenzó a partir de cada una de esas fechas.

En tales condiciones, y desde que no se aprecia controvertido por la apelante ese carácter independiente que a tales pagos otorgó el juez -lo cual lo llevó a computar el dies a quo de la prescripción también en forma autónoma (CNCom, Sala F, “Cerredo, Mónica Beatriz c/ Orígenes Seguro de Retiro s/ ordinario” , del 8/07/10)-, forzoso es concluir que la suerte de la defensa fue correctamente decidida por el sentenciante.

Por tales razones, he de proponer al Acuerdo confirmar la sentencia en este aspecto.

Paso, en consecuencia, a tratar el fondo de la cuestión.

A mi juicio, los fundamentos expuestos en el pronunciamiento a fin de rechazar la procedencia de la “pesificación” pretendida por la apelante no han sido conducentemente cuestionados por la nombrada.

Así lo juzgo debido a que, para así decidir, el magistrado se remitió a lo decidido por la Excma.Corte Suprema de la Nación en el citado caso “Benedetti”, conclusión que ha pretendido ser contradicha por la recurrente sobre la base de argumentos inconsistentes, como el vinculado a que esa doctrina podría variar si se modifica la composición de esa Corte, o el concerniente a que en ese precedente no se trataron cuestiones esenciales que fueron esgrimidas en el presente caso (ver la causa “Malek” más arriba citada).

Digo que son inconsistentes pues me parece claro que el hecho – siempre posible- de que las doctrinas que sienta ese alto Tribunal puedan sufrir modificaciones en el futuro no obsta a su vigencia actual, por lo que, si la aseguradora pretendía revertir la decisión apelada, lo menos que debió haber hecho fue una crítica razonada del precedente cuya aplicación le agravia, lo que no ha hecho.

En tal contexto, y siendo que tampoco ha indicado cuáles serían las cuestiones esenciales que diferenciarían a este caso del que generó el precedente citado, forzoso es concluir en la orfandad argumentativa que he señalado, que ha tenido la virtualidad de dejar firme lo que fuera sentenciado.

Sin perjuicio de ello, y a mero título de mayor abundamiento, es del caso señalar que los restantes argumentos vertidos por la quejosa tampoco resultan, según mi ver, conducentes a los efectos pretendidos.

Ellos prescinden, nuevamente, de la naturaleza del contrato invocado, del que resalto su objeto, en tanto destinado a cubrir -aunque no sólo- las necesidades que el beneficiario ha de experimentar en la etapa más desvalida de su vida.

Este dato lleva en sí una nota distintiva, que alerta acerca de la imposibilidad del someter estos casos a las mismas reglas que se aplican al resto de los contratos.

Fue en ese contexto que el convenio se celebró en la aludida moneda extranjera, con la que, como es inocultable al sentido común, se procuró lograr que la renta quedara alejada de los vaivenes de nuestra moneda.

Ello aventa el riesgo de que la aludida solución pueda distorsionar las reglas a que debe entenderse sometido el contratode seguro, habida cuenta que, debidamente individualizado el riesgo, las probabilidades del siniestro y sus consecuencias no pudieron ser evaluadas por la demandada sino atendiendo a que el cumplimiento de su obligación habría de exigirle un desembolso en dicha moneda.

Dado el arquetípico carácter profesional de la nombrada, doy por cierto que ella hizo las previsiones consecuentes, asegurándose así que la ley de los grandes números pudiera actuar con efectos compensadores.

Pero, si así no hubiera sucedido, tengo por cierto que la aseguradora no podría -como pretende- alegar lo contrario con vistas a reducir la prestación a su cargo.

Es decir: la pretensión de la demandada de pagar en pesos un riesgo que asumió en dólares invocando al efecto que la solvencia del fondo de primas sí se vio afectada por la devaluación, importa tanto como pretender sacar provecho del deficiente cumplimiento por su parte de las obligaciones que sobre ella pesaban de administrar en forma eficiente el referido fondo.

Las normas superintendenciales que sujetan la actuación de la demandada y que le impiden decidir libremente el modo de invertir sus activos no pueden ser opuestas al asegurado como excusa para incumplir lo prometido.

La aseguradora no estaba obligada a otorgar seguros en dólares, de modo que, si igualmente los otorgó, no puede ahora invocar -para eludir las consecuencias de tal obrar- que su parte no se hallaba en condiciones de arbitrar los medios para que sus inversiones quedaran al margen del riesgo que le impidiera cumplir en esos términos.

Es decir: si existían normas que la obligaban a adoptar temperamentos que conducían -o podían conducir- a ese resultado, no debió aquélla celebrar tales contratos.

Dos son las relaciones que la cuestión genera:por un lado, la que vincula a la aseguradora con los órganos del Estado que la controlan, que se rige por las aludidas normas administrativas; y, por el otro, la relación que liga a aquélla con cada uno de los terceros con quienes contrata, relación – ésta última- que escapa a dicha superintendencia y se rige sólo por el derecho común, sin sufrir ninguna consecuencia ni restricción a causa de la primera.

No existe ninguna norma del derecho de los seguros oponible a la parte actora que permita ligar la suerte de las sumas aportadas por ésta a la suerte de los activos en los que dichas sumas fueron invertidas.

De tal modo, al no haber sido pactado, ni existir disposición legal específica que disponga lo contrario, forzoso es concluir que rige aquí el principio según el cual la suerte de los derechos que integran un patrimonio es independiente de las obligaciones que pesan sobre su titular.

Que tal principio es aplicable aquí parece claro, desde que el asegurado no mantiene la propiedad de los fondos que aporta a su aseguradora, sino que éstos pasan a integrar el patrimonio de ésta última, que los invierte asumiendo los riesgos inherentes, con la consecuencia de que sus resultados no pueden ser por ella invocados para excusar su deber de cumplir frente a aquél.

Finalmente, me permito agregar que, más allá de que la inconstitucionalidad de las normas declarada por el juez de grado debe considerarse firme por no haber sido objeto de adecuada impugnación, lo cierto es que esas normas eran dudosamente aplicables al caso.

Tal inaplicabilidad parece surgir de lo dispuesto expresamente en el texto del art. 11 de la ley 25.561; norma que, al señalar cuál es el método que corresponde adoptar para resolver los conflictos que se generaran por la salida de la convertibilidad, manda atenerse a la doctrina del art.1.198 del Código Civil entonces vigente.

Y, si bien la llamada teoría de la imprevisión allí prevista se extiende a los supuestos de contratos aleatorios, ello es así en la medida en que la excesiva onerosidad que afecte a la prestación de una de las partes sea consecuencia de causas extra ñas al riesgo propio del contrato.

Naturalmente, no puede considerarse que el cambio en el valor del dólar sea hecho imprevisible para quienes, precisamente, contrataron en tal moneda en previsión -valga la redundancia- de tal cambio.

En tal marco, forzoso es concluir que en seguros como el que me ocupa, la mayor onerosidad a cargo de la aseguradora integra el alea propia del contrato, lo cual, a mi juicio, quita entidad al agravio de la apelante vinculado con que ella no debía hacerse cargo de otorgar ningún seguro de cambio.

No obsta a lo expuesto que la actora haya cobrado en pesos parte de las rentas.

Ello, pues la pretensión de que ese proceder revela un voluntario acatamiento de las disposiciones cuestionadas no resiste el análisis.

Tengo la convicción -que fundo en el sentido común, en la sana crítica judicial y en las reglas de la experiencia-, que el proceder de quien hallándose privado en forma arbitraria de lo que le corresponde, acepta recibir “algo” de ese total, no adopta una decisión voluntaria. Esto, por una sencilla razón:carece de libertad.

Falta, por ende, un recaudo de indispensable concurrencia para poder calificar jurídicamente al acto como voluntario, por lo que no es apto para generar obligación alguna.

En la especie, no es necesario abundar en consideraciones tendientes a explicar que la actora no actuó en forma libre cuando se avino a soportar la mengua en sus haberes, sino que utilizó, en cambio, la única vía que dejó a su alcance la demandada.

Las normas jurídicas no pueden presumirse concebidas para reglar conductas heroicas, sino pensadas para regir las conductas de la gente común.

Pensar, en consecuencia, que era exigible a la actora que, a fin de mantener sus principios, se expusiera a no recibir al menos algo de aquello a lo que tenía derecho, importaría una exigencia que, por lo dicho, no cabe suponer contenida en la ley.

Descarto, por ende, la posibilidad de resolver la cuestión a la luz de lo dispuesto en el entonces vigente art.624 del Código Civil, y descarto también la posibilidad de sostener que, al obrar del modo en que lo hace, la demandante esté violando sus propios actos.

Lo expuesto bastaría para rechazar los agravios levantados en contra del reconocimiento de los intereses que se efectuó en la sentencia.

Destaco, no obstante, que, firme como habrá de quedar el derecho de la actora a cobrar las diferencias reclamadas, forzoso es reconocerle también el derecho a cobrar los intereses respectivos, desde que esos accesorios deberían ser abonados por la demandada incluso en el caso de que se compartiera su dudosa tesis según la cual ella no se halló en mora, toda vez que, en cualquier caso, debería tenerse por comprobado que su parte se mantuvo en el uso de un capital ajeno, fuente suficiente de la obligación de pagar el interés compensatorio que corresponde.

En cuanto a la tasa, y siendo que no asiste razón a la apelante en su afirmación acerca de que la demandante limitó el reclamo de sus intereses a una pasiva, el agravio debe ser rechazado.

Así cabe concluir si se atiende a que, se comparta o no el criterio del magistrado de primera instancia en este punto, lo cierto es que ese criterio, en sí mismo, no ha sido cuestionado por la apelante, lo cual inhibe la posibilidad de la Sala de ingresar oficiosamente en la cuestión.

No obstante, he advertido en lo referido a la tasa de interés un error material que sí debe ser subsanado de oficio a efectos de evitar el reconocimiento de un interés que, tal como fue dispuesto, resultaría usurario.

Me refiero al hecho de que en el pronunciamiento apelado se aludió a una tasa del 4% “mensual”, lo cual, como es claro a la luz de la serie de fallos allí citados, fue equivocado, pues lo que se quiso decir fue que ese interés habría de ser calculado por períodos anuales, no mensuales, por lo que este aspecto del decisorio deberá ser modificado.

Finalmente, adelanto que he de proponer que se mantenga lodecidido en materia de costas, toda vez que, según mi ver, vigente la doctrina del fallo “Benedetti” de la C.S.J.N., no hay razón para suponer que la aseguradora se haya considerado con derecho a proceder del modo en que lo hizo, ni, menos aún, que corresponda relevarla de los gastos causídicos que se generaron a raíz de esa actuación.

La conclusión.

Por lo expuesto propongo al Acuerdo confirmar en un todo la sentencia apelada, salvo en lo que se refiere a la tasa de interés, que deberá ser reconocida por períodos anuales y no mensuales. Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Eduardo R. Machin y Juan R. Garibotto, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 7 de julio de 2016.

VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve confirmar en un todo la sentencia apelada, salvo en lo que se refiere a la tasa de interés, que deberá ser reconocida por períodos anuales y no mensuales. Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal). Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno – Secretario