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Ley de accidentes de trabajo: el Gobierno pisa el acelerador y comienza la defensa de su proyecto en el Congreso

accidente-trabajoEl ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concurrirá este martes al Senado para exponer sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la legislación de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de disminuir la litigiosidad.

En principio, el encuentro estaba pactado para el pasado jueves, pero el funcionario adujo “problemas de salud”. Junto con el titular de la cartera laboral se presentarán el vicejefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, y el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón.

El miércoles, en tanto, asistirán a la reunión de la comisión de Trabajo y Previsión, representantes de la CGT y otros invitados para exponer sobre el tema.

El proyecto, que comenzó a analizarse a principios de año y sufrió casi un centenar de modificaciones, fue acordado por una parte del sector sindical, cámaras empresarias y el propio Gobierno.

El eje central de la propuesta incorpora la obligatoriedad del paso del trabajador por las comisiones médicas jurisdiccionales para que determinen los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales y que tenga carácter de “cosa juzgada”.

Algo similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo.

El Congreso no terminará su tarea el 30 de noviembre ya que la idea del Gobierno es extender las sesiones para que sea sancionado este año o al menos tenga media sanción, a más tardar el 14 de diciembre.

Sin embargo, podría sufrir cambios para que el proyecto no quede en el camino y sufra la menor cantidad de modificaciones posible durante el debate.

Es que como está redactado el proyecto, el peronismo, en cualquiera de sus vertientes (Frente para la Victoria, Frente Renovador o Bloque Justicialista) rechazaría el proyecto a pesar de que cuenta con el aval de un sector de la CGT.

No será la primera vez que eso suceda durante un debate que impacta en el sector laboral.

En septiembre, el ministro Triaca se topó con el firme rechazo de los diputados de extracción gremial y la izquierda al proyecto para fomentar el «primer empleo» de jóvenes, ya que consideraban que los beneficios prometidos por el Gobierno afectaban derechos laborales.

¿Cuál es el apuro por sancionar la ley? En concreto, se argumenta la sustentabilidad del sistema. Varias empresas del sector asegurador le indicaron a iProfesional que para que la nueva norma sea viable es indispensable que se obligue al trabajador accidentado a que pase por la comisión médica (porque es la única posibilidad que tienen los médicos de evaluar la dolencia). “Nadie prohíbe el acceso a la justicia, pero que pase a la parte administrativa así no se judicializa todo”, sostienen.

Es que argumentan que, en los últimos tres meses, si se compara ese período con el año pasado, el incremento es superior al 35% en los tribunales de la Capital Federal. La CGT quiere que ese aumento de dinero de las prestaciones y se disminuyan plazos para que el dependiente obtenga un resarcimiento más rápido.

En diversas oportunidades, Triaca negó que el proyecto perjudique a los trabajadores y remarcó que “justamente es al revés”.

En este sentido, puntualizó que “en los últimos 20 años, desde la puesta en funcionamiento del sistema de cobertura por riesgos de trabajo, ha bajado muchísimo la cantidad de accidentes, pero han subido enormemente la cantidad de litigios”.

El funcionario indicó que “cuando un trabajador tiene que estar tres o cuatro años litigando para recibir ese beneficio, definitivamente no es un servicio como el que tiene que tener”.

La propuesta contaría con el apoyo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por el lado de los empresarios, y con gremios como el del Calzado y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), entre otros.

Alta litigiosidad

El titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo también alertó sobre la alta «litigiosidad» laboral y advirtió que «si sigue así» el sistema de riesgos del trabajo no dura más de dos años porque ello lo llevará al «colapso».

Morón comentó que actualmente las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) tienen 300.000 juicios por casi u$s5.000 millones y dijo que la ley es para «paliar este problema» y hacer que ante un accidente laboral intervenga una comisión médica y su decisión sea cosa juzgada y no sea elevada a juicio.

Y se quejó que en la Argentina «el 70% de los trámites se judicializan y terminan en juzgados laborales, sin pasar por comisión médica».

Hace unos días, detalló a los sindicalistas el rol preponderante que ocuparán las comisiones médicas dentro del sistema, pensadas como la instancia previa, obligatoria y excluyente por donde pasará el reclamo del trabajador que sufra un accidente o enfermedad laboral.

Hay varios gobernadores que apoyan la propuesta, lo que facilitaría el trámite en el Senado. En Diputados, el oficialismo estaría en una situación más difícil para alcanzar el número necesario para aprobar la norma.

Entre los mandatarios provinciales que apoyan la nueva propuesta se encuentra el cordobés Juan Schiaretti, quien señaló que «lo único que se ha logrado con la actual ley, es incentivar la industria del juicio y que los abogados laboralistas sean los únicos beneficiarios».

“Así como está, la ley perjudica a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas”, concluyó.

Pero no solo los abogados laboralistas se mostraron contra la propuesta legislativa. El Colegio de Abogados de la Capital Federal también cuestionó el proyecto oficial al sostener que “la imposición a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de la LRT u homologar acuerdos” con las aseguradoras “desconoce cuatro fallos relevantes de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad de este procedimiento dirigido por médicos”.

Por otro lado, la entidad dirigida por Jorge Rizzo sostuvo que el proyecto realiza una “discriminación manifiesta” contra el trabajador al obligarlo a apelar lo resuelto por las comisiones médicas apelando ante la justicia del lugar donde aquellas intervinieren, lo que altera el procedimiento laboral vigente que habilita al trabajador a demandar en la jurisdicción del lugar del accidente, el de la prestación de servicios o el del domicilio legal del demandado (ART o empleador).

“Esta modificación está dirigida a evitar que se presenten demandas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se domicilian la mayoría de las aseguradoras, porque se quiere apartar a la Justicia Nacional del Trabajo -integrada por 80 Juzgados y 10 Salas de Cámara de Apelaciones-, que resguarda los créditos laborales frente a la inflación y es refractaria a las presiones de los obligados del sistema”, remarcó el CPACF.

Fuente: Infobae.

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