En tanto el cedente no acreditó la entrega de documentación, el gerente de SRL no debe responder por la falta de inscripción de transferencia de cuotas

sociedades-comercialesPartes: De Luca Mónica Daniela c/ Berti Adriana Silvia s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 14-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100602-AR | MJJ100602 | MJJ100602Sumario:

1.-En tanto no ha sido discutido que la actora, como tercera, se hizo cargo del pasivo verificado y/o declarado admisible de la quiebra de la sociedad fallida, cuya conclusión se declaró, consiguientemente, por ese motivo, cabe concluir entonces que se trató, valga observarlo, de un modo atipico de conclusión de la falencia admitido por la doctrina del derecho comparado y que no reprueba nuestra jurisprudencia y doctrina mayoritaria.

2.-El pago a que se refiere el artículo 228 de la ley 24.522 lo puede efectuar un tercero distinto del sujeto fallido, pues resulta de aplicación el principio de derecho común según el cual los terceros gozan de la facultad de pagar la deuda ajena en ciertos casos (arts. 727 y 728 del Código Civil; art. 881 del Código Civil y Comercial de la Nación ).

3.-El tercero pagador puede ser, entre otras hipótesis posibles, un familiar del fallido, el presidente de la sociedad quebrada con fondos propios, un socio o ex socio y, en general, cualquier tercero a quien el incumplimiento del deudor pueda causar un menoscabo patrimonial.

4.-Para que sirva para concluir la quiebra, el pago realizado por el tercero, además de reunir los requisitos comunes de integridad que exigen la inclusión de los intereses en su totalidad, no debe ser hecho bajo reserva del derecho del solvens de repetir lo que pagase, por vía de subrogación, contra el sujeto quebrado, pues si tal reserva existiera la situación se mantendría inalterada, desde que el pasivo concursal no se extinguiría.

5.-Si no hay posibilidad alguna de que el tercero pagador pretenda repetir su pago contra el sujeto fallido, menos la podría haber contra un socio cuando aquél es una sociedad de responsabilidad limitada, ya que a ello se opone el régimen societario y concursal aplicable.

6.-El socio de la sociedad de responsabilidad fallida no es deudor frente a la actora de aquello que era deudora dicha sociedad (arts. 1 y 146 de la ley 19.550), sino solamente responsable con los alcances inherentes al tipo societario pertinente.

7.-En la quiebra de sociedades con socios con responsabilidad limitada, los acreedores sociales (en cuyo lugar se ubicaría la actora, como tercera, si, por hipótesis, se aceptase la subrogación derivada del pago que hizo de los créditos verificados y/o declarados admisibles) no pueden reclamar a tales socios el pago de las deudas sociales, porque no hay nexo alguno entre el patrimonio social y el patrimonio de los socios, el cual, a todo evento, no puede ser afectado más allá de lo que represente la participación accionaria o de cuota que cada uno tiene en el ente en el momento en que la quiebra se pronuncia, siendo inaplicable lo dispuesto por el art. 56 de la ley societaria.

8.-El único derecho que tienen los acreedores de una sociedad de responsabilidad limitada contra sus socios se limita al reclamo de los aportes no integrados (art. 150, primer párrafo , de la ley 19.550, y art. 150 de la ley 24.522).

9.-Partiendo de la base de que la cesión de cuotas determina una modificación del contrato social, no es dudoso que primariamente corresponde a los representantes orgánicos de la sociedad inscribir la correspondiente modificación, es decir, a la gerencia. Así lo determina, en efecto, el art. 152, tercer párrafo, de la ley societaria, en cuanto enuncia a la propia sociedad como primera legitimada para requerir la inscripción de la transmisión de las cuotas en el Registro Público.

10.-La legitimación de la sociedad (de su órgano de administración) para inscribir la cesión de las cuotas sociales efectuadas por uno de sus integrantes, no nace sino inmediatamente después de que el cedente o el adquirente hagan entrega a la gerencia de un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado, tal como resulta del primer párrafo, segunda oración, del mismo art. 152 . Y solo después de que dicha legitimación de la sociedad nace es que, anticipándose a la negativa o desinterés de la sociedad en inscribir la cesión, la ley 19.550 autoriza a que la inscripción sea solicitada directamente al Registro Público por el cedente o el cesionario, para lo cual deberá exhibirse el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia (art. 152 in fine).

11.-La legitimación que se concede al cedente y al adquirente de las cuotas sociales, como posibilidad abierta para aquellos casos de una gestión poco diligente de la gerencia de la compañía, supone una previa diligencia propia de tales sujetos en comunicar al órgano de administración la transmisión de las cuotas a fin de que proceda en consecuencia.

12.-Si no ha sido acreditado que la actora, como cedente, hubiera entregado a la gerencia el ejemplar o copia del título mencionado en el primer párrafo, segunda oración, del art. 152 de la ley 19.550, como modo de, formalmente, hacer nacer la legitimación primaria de la sociedad para proceder a la inscripción de la transmisión de las cuotas, desde tal perspectiva, no cabe pues hacer reproches a la sociedad o, si se quiere, a su órgano de administración, por no haber instado la inscripción.

13.-La inobservancia de la entrega a la gerencia del ejemplar o copia del contrato de cesión de cuotas, que ha sido calificado como una forma comercial específica y solemne o bien como una forma legal, representa una omisión propia de la actora a cuyas consecuencias debe estar pues, como lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema, no es admisible el agravio cuando la pérdida que se experimenta proviene de la discrecional conducta observada por el litigante.

14.-Si estando en juego su propio interés, la cedente no comunicó la actora su desvinculación entregando a la gerencia un ejemplar o copia del título de transferencia, mal puede dicha parte atribuir responsabilidades a terceros derivadas de lo que finalmente ocurrió al quebrar la sociedad de responsabilidad limitada (sujeción a lo dispuesto por el art. 103 de la ley 24.522 y/o inhabilitación para el ejercicio del comercio, según se dice en el memorial de agravios).

15.-El daño moral que dijo haber padecido la cedente de cuotas no inscriptas, no luce causalmente imputable a quien se desempeñara como administradora societaria en los términos de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, sino que es el resultado de la propia incuria (arg. arts. 1111 del Código Civil y 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 14 de julio de 2016, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “DE LUCA, MÓNICA DANIELA C/ BERTI, ADRIANA SILVIA S/ ORDINARIO”, registro n° 69477/2009, procedente del JUZGADO N° 17 del fuero (SECRETARIA N° 34), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Heredia, Vassallo.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1°) La presente causa fue sorteada al juez Juan José Dieuzeide para que la votara en primer lugar (art. 268 del Código Procesal).

El citado magistrado se acogió a los beneficios de la jubilación, sin haber pronunciado su voto.

En esas condiciones, habiéndose producido una situación de vacancia, el suscripto asume el dictado de la primera ponencia de conformidad con lo previsto en el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

2°) La actora, invocando su condición de cedente no inscripta de cuotas representativas del capital de Orange Training Center S.R.L. y ex socia gerente de tal sociedad, promovió la presente demanda contra esta última y contra la co-cesionaria Adriana Silvia Berti, con las siguientes pretensiones: I) para que se condene a ambos sujetos demandados al abono de $ 79.526,58 en concepto de repetición de lo que pagó a los acreedores verificados en los autos “Orange Training Center S.R.L. s/ quiebra”; II) para que igualmente se los condene al pago de $10.000 como resarcimiento del daño moral que derivó de no haberse inscripto oportunamente su desvinculación de la mencionada sociedad que resultaba de la cesión de cuotas antes referida ; y III) para que se condene a Orange Training Center S.R.L.a realizar la inscripción ante la Inspección General de Justicia de la modificación derivada de la apuntada cesión de cuotas. La demanda sostuvo, entre otros conceptos, que la responsabilidad por daños de Adriana Silvia Berti resultaba de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, en cuanto como socia gerente había omitido inscribir en el Registro Público la cesión de cuotas referida. El reclamo, en fin, incluyó la pretensión de pago de intereses y costas (fs.

9/17).

La litis no se trabó respecto de Orange Training Center S.R.L., pues la actora desistió ulteriormente de su demanda contra ella (fs. 131/132).

A su turno, el Ministerio Público de la Defensa asumió la representación de la señora Berti (fs. 89) y solicitó el rechazo de la demanda (fs. 119/120). Tal representación concluyó, más tarde, al tomar esa demandada personal intervención en autos (fs. 124).

Por último, se presentó de manera espontánea el señor Carlos Minucci, invocando su calidad de cesionario conjunto con la codemandada Berti, a fin de requerir también, como esta última, el rechazo de la demanda (fs. 136/137). Su intervención fue aceptada en los términos del art. 90 del Código Procesal (fs. 149/150), quedando así definitivamente establecida la continencia de la causa.

3°) La sentencia de primera instancia no admitió la demanda, e impuso las costas del juicio a la actora.

Contra tal decisión apeló la demandante (fs. 239), quien expresó sus agravios a fs. 264/267, resistidos en único escrito por la codemandada Berti y el señor Minucci (fs. 273/274).

Existen asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados, los que serán tratados al finalizar el acuerdo (fs. 237, 241 y 245).

4°) Los tres primeros agravios de la parte actora se refieren a la cuestión de fondo controvertida en autos. Reproducen ellos distintos argumentos que, aunque algunos luzcan pertinentes y otros no, son suficientes para abrir la jurisdicción apelada de esta Sala.Los examinaré, pues, en su conjunto, bien que sin seguir el orden expositivo elegido por la recurrente y atendiendo solamente a aquellos que considero adecuados para resolver con justicia. Como es sabido, los jueces no deben dar respuesta a todos y a cada uno de los planteos de los litigantes, sino seleccionar solamente los adecuados y pertinentes para la correcta composición del pleito (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).

5°) No es discutido que la actora, como tercera, se hizo cargo del pasivo verificado y/o declarado admisible de la quiebra de Orange Training Center S.R.L., cuya conclusión se declaró, consiguientemente, por ese motivo (causa “Orange Training Center S.R.L. s/ quiebra”, fs. 422, punto I).

Se trató, valga observarlo, de un modo atipico de conclusión de la falencia admitido por la doctrina del derecho comparado (conf. Provinciali, R., Tratatto di Diritto Fallimentare , Giuffrè Editore, Milano, 1974, t. III, p. 1761, n° 682; Bonsignori, A., Il fallimento, en la obra “Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia”, dirigido por F. Galgano, Cedam, Padova, 1986, t. IX, p. 706, texto y nota n° 36), llamado por algunos “liquidación de la deuda” (conf. Ramírez, J., La quiebra, Bosch, Barcelona, 1998, t. III, ps. 1815/1817 y 1840 y ss.), y que no reprueba nuestra jurisprudencia y doctrina mayoritaria.

En efecto, el pago a que se refiere el artículo 228 de la ley 24.522 lo puede efectuar un tercero distinto del sujeto fallido, pues resulta de aplicación el principio de derecho común según el cual los terceros gozan de la facultad de pagar la deuda ajena en ciertos casos (arts. 727 y 728 del Código Civil; art. 881 del Código Civil y Comercial de la Nación; conf. CNCom. Sala A, 10/7/2003, “Maffi, Gustavo s/ quiebra”; C.Civ. Com. San Isidro, Sala 1a, 5/9/2006, “Durand, Carlos R.”, JA 2007-I, fascículo n° 2, p. 82; Conil Paz, A., Conclusión de la quiebra, Buenos Aires, 1996, p.82; Rivera, J. Derecho Concursal, Buenos Aires, 2010, t. III, ps. 572/573, n° 14 y 15; Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio Comentado y anotado, Buenos Aires, 2007, t. IV.B, p. 589, n°8; Junyent Bas, F. y Molina Sandoval, C., Ley de Concursos y quiebras n° 24.522, comentada y actualizada, Buenos Aires, 2011, t. II, p. 522; Gebhardt, M., Ley de concursos y quiebras, Buenos Aires, 2008, t. 2, ps. 353/354, n° 1).

El tercero pagador puede ser, entre otras hipótesis posibles, un familiar del fallido (conf. CNCom. Sala A, 29/2/2008, “Sabbatiello, Gerardo s/ quiebra”), el presidente de la sociedad quebrada con fondos propios (conf. CNCom. Sala D, 7/9/1990, “Topsaca S.A. s/ quiebra”), un socio o ex socio (conf. Bonelli, G., Del fallimento – Commento al Codice di Commercio, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Milano, 1938, t. II, p. 733, n° 701) y, en general, cualquier tercero a quien el incumplimiento del deudor pueda causar un menoscabo patrimonial.

Ahora bien, para que sirva para concluir la quiebra, el pago realizado por el tercero, además de reunir los requisitos comunes de integridad que exigen la inclusión de los intereses en su totalidad (conf. Quintana Ferreyra, F. y Alberti, E., Concursos, Buenos Aires, 1990, t. III, p 898 y ss.; CNCom. Sala A, 29/2/2008, “Sabbatiello, Gerardo s/ quiebra”; CNCom. Sala A, 28/10/2010, “Vadian S.A. s/ quiebra”; CNCom. Sala B, 16/3/2001, “De Miguel, Pedro s/ quiebra”, LL 2001-D, p. 714; CNCom. Sala E, 17/11/2004, “Merino, Juan s/ quiebra”; CNCom. Sala E, 18/12/2008, “Jarak, Vidoje s/ quiebra”; Cám. 1a Civ. Com. San Isidro, Sala I, 17/7/1998, “Otero, Ernesto s/ quiebra” , ED del 13/4/1999, fallo n° 49.149), no debe ser hecho bajo reserva del derecho del solvens de repetir lo que pagase, por vía de subrogación, contra el sujeto quebrado, pues si tal reserva existiera la situación se mantendría inalterada, desde que el pasivo concursal no se extinguiría (conf. CNCom.Sala A, 10/7/2003, “Maffi, Gustavo s/ quiebra”; CNCom, Sala B, 30/12/1976, “Afincar SA”; Junyent Bas, F. y Molina Sandoval, C., ob. cit., loc. cit.; Gebhardt, M., ob. cit., loc. cit.).

Pues bien, con sustento en el régimen del pago con subrogación, la actora pretendió en autos una repetición contra Orange Training Center S.R.L. que, por las razones precedentemente indicadas, habría sido rechazada de no haber desistido de su demanda contra esa sociedad.

Es que la actora, en rigor, no tiene ningún derecho de repetición contra la citada ex quebrada, desde que ello sería contrario a una efectiva conclusión de la falencia.

si no hay posibilidad alguna de que el tercero pagador pretenda repetir su pago contra el sujeto fallido, menos la podría haber contra un socio cuando aquél es una sociedad de responsabilidad limitada, ya que a ello se opone el régimen societario y concursal aplicable.

Adviértase, al respecto, que Adriana Silvia Berti, en tanto socia de Orange Training Center S.R.L., no es deudora frente a la actora de aquello que era deudora dicha sociedad (arts. 1 y 146 de la ley 19.550), sino solamente responsable con los alcances inherentes al tipo societario pertinente. Cabe recordar, en tal sentido, que en la quiebra de sociedades con socios con responsabilidad limitada, los acreedores sociales (en cuyo lugar se ubicaría la actora si, por hipótesis, se aceptase la subrogación derivada del pago que hizo de los créditos verificados y/o declarados admisibles) no pueden reclamar a tales socios el pago de las deudas sociales, porque no hay nexo alguno entre el patrimonio social y el patrimonio de los socios, el cual, a todo evento, no puede ser afectado más allá de lo que represente la participación accionaria o de cuota que cada uno tiene en el ente en el momento en que la quiebra se pronuncia, siendo inaplicable lo dispuesto por el art. 56 de la ley societaria (conf. Roitman, H., Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada, Buenos Aires, 2006, t. I, p.806, texto y notas n° 2170 y 2171; Martorell, E., Tratado de las sociedades comerciales y l os grupos económicos, Buenos Aires, 2013, t. III, p. 484). Desde tal perspectiva, el único derecho que tienen los acreedores de una sociedad de responsabilidad limitada contra sus socios se limita al reclamo de los aportes no integrados (art. 150, primer párrafo, de la ley 19.550, y art. 150 de la ley 24.522).

Corresponde, pues, por las razones explicitadas, confirmar la improcedencia de la pretensión de cobro de los $ 79.526,58 pagados por la actora en el referido juicio de quiebra.

6°) Cuestiona la demandante, de otro lado, que el fallo recurrido hubiera entendido que lo dispuesto por el art. 152 de la ley 19.550, en cuanto legitima al cedente para peticionar la inscripción de la cesión de cuotas, obstaba a su demanda de responsabilidad contra la sociedad y/o la señora Adriana Silvia Berti en su condición de administradora societaria.

Partiendo de la base de que la cesión de cuotas determina una modificación del contrato social (conf. Halperín, I., Sociedades de responsabilidad limitada, Buenos Aires, 1974, p. 162; Polak, F., Sociedades de responsabilidad limitada, Buenos Aires, 1999, p. 156; Vitolo, D., Sociedades Comerciales – Ley 19.550 comentada, Santa Fe, 2008, t. III, p. 153), no es dudoso que primariamente corresponde a los representantes orgánicos de la sociedad inscribir la correspondiente modificación (conf. Cabanellas de las Cuevas, G., Derecho Societario – Parte General, Buenos Aires, 1996, t. 4 [Los órganos societarios], p. 286), es decir, a la gerencia (conf. Martorell, E., ob. cit., t. III, p. 420).

Así lo determina, en efecto, el citado art.152, tercer párrafo, de la ley societaria, en cuanto enuncia a la propia sociedad como primera legitimada para requerir la inscripción de la transmisión de las cuotas en el Registro Público.

Ahora bien, la legitimación de la sociedad (de su órgano de administración), no nace sino inmediatamente después de que el cedente o el adquirente hagan entrega a la gerencia de un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado, tal como resulta del primer párrafo, segunda oración, del mismo art. 152. Y solo después de que dicha legitimación de la sociedad nace es que, anticipándose a la negativa o desinterés de la sociedad en inscribir la cesión, la ley 19.550 autoriza a que la inscripción sea solicitada directamente al Registro Público por el cedente o el cesionario, para lo cual deberá exhibirse el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia (art. 152 in fine; conf. Pita, E., Cesión de Cuotas en la S.R.L. (ley 22.903), RDCO, 1987, año 20, p. 87, espec. p. 90).

Dicho con otras palabras, la legitimación que se concede al cedente y al adquirente, como posibilidad abierta para aquellos casos de una gestión poco diligente de la gerencia de la compañía (conf.

Martorell, E., ob. cit., t. III, p. 421), supone una previa diligencia propia de tales sujetos en comunicar al órgano de administración la transmisión de las cuotas a fin de que proceda en consecuencia.

En el sub lite no ha sido acreditado que la actora, como cedente, hubiera entregado a la gerencia el ejemplar o copia del título mencionado en el primer párrafo, segunda oración, del art.152 de la ley 19.550, como modo de, formalmente, hacer nacer la legitimación primaria de la sociedad para proceder a la inscripción de la transmisión de las cuotas.

Desde tal perspectiva, no cabe pues hacer reproches a la sociedad o, si se quiere, a su órgano de administración, por no haber instado la inscripción.

Es que la inobservancia de dicha entrega a la gerencia, que esta alzada ha calificado como una forma comercial específica y solemne (conf. CNCom. Sala B, 15/10/1999, “Macedonio, René c/ Gómez Luis M.”) o bien como una forma legal (conf. CNCom. Sala D, 3/10/2002, “Marinaro, Marta Susana c/ Seyma S.R.L.”, RSyC, año 2002/2003, t.

p. 140), representa una omisión propia de la actora a cuyas consecuencias debe estar pues, como lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema, no es admisible el agravio cuando la pérdida que se experimenta proviene de la discrecional conducta observada por el litigante (conf. CSJN, doctrina de Fallos 256:371; 258:126; 299: 259; 324:3699 ; 325:2546 ; 325:3043 ; 329:1180; 329:2296 ; 330:1649; etc.).

De tal suerte, si estando en juego su propio interés, no comunicó la actora su desvinculación entregando a la gerencia un ejemplar o copia del título de transferencia (sin que sirva como sucedáneo de ello el conocimiento de la cesión tenido por la codemandada Berti ya que, se insiste, se está en presencia de una forma específica, solemne y legal), mal puede dicha parte atribuir responsabilidades a terceros derivadas de lo que finalmente ocurrió al quebrar Orange Training Center S.R.L. (sujeción a lo dispuesto por el art. 103 de la ley 24.522 y/o inhabilitación para el ejercicio del comercio, según se dice en el memorial de agravios). Particularmente, el daño moral que dijo haber padecido no luce causalmente imputable a quien se desempeñara como administradora societaria en los términos de los arts.59 y 274 de la ley 19.550, sino que es el resultado de la propia incuria (arg. arts. 1111 del Código Civil y 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación).

7°) El último agravio de la actora se refiere a la imposición de las costas resuelta en la instancia anterior, para el caso que se confirme el rechazo de la demanda. Entiende haber tenido razón para litigar y que, por ello, las costas se distribuyan en el orden causado. Asimismo, cuestiona que deba cargar con las costas de la intervención voluntaria del señor Minucci (fs. 266 vta.).

Ha dicho la jurisprudencia con reiteración que la exención de costas fundada en la razón probable para litigar, debe estar avalada por elementos objetivos de apreciación, ya que quien somete una cuestión a la justicia es porque obviamente cree tener la razón de su parte, no eximiéndolo ello de pagar los gastos del contrario si el resultado del pleito le es desfavorable (conf. CNCom. Sala A, 30/6/1999, LL 2000-B, p. 409; CNCom. Sala A, 30/8/2000, LL 2000-F, p. 984). De tal suerte, la sola creencia subjetiva no es razón suficiente para eximir el pago de las costas al perdidoso (conf. CNCiv. Sala A, 9/12/1998, LL 2000-A, p. 549;

CNCiv. Sala E, 3/12/2003, DJ t. 2004, p. 576), siendo la cuestión de interpretación restrictiva (conf. CNCIv. Sala F, 22/6/1983, LL 1983-D, p.

146). Una idéntica interpretación es sostenida por la doctrina especializada (conf. Palacio, L., y Alvarado Velloso, A., Códiao Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, ps. 97/98; Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 284; Highton, E.y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales – Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 2, ps. 67/68).

En el sub examine no se aprecian reunidos los elementos objetivos necesarios para disponer por la causal invocada la exención de las costas que solicita la recurrente. Ello es así ponderando, fundamentalmente, que las cuestiones examinadas en los considerandos precedentes no impresionan como dudosas de derecho, toda vez que se asientan en conocidos y aceptados criterios legales, doctrinarios y jurisprudenciales.

Con especial relación a las costas impuestas por la intervención voluntaria del señor Carlos Minucci según lo previsto por el art. 90 del Código Procesal, corresponde observar que ella fue admitida fundamentalmente por el silencio guardado por la actora frente al traslado de fs. 140 (véase fs. 149 vta., considerando II, ap. “b”). Ese silencio impide considerar que la señora De Luca se haya visto obligada a litigar contra quien no eligió y permite sostener, de otro lado, que la admisión del señor Carlos Minucci como parte provocó el nacimiento de un sobreviniente litisconsorcio facultativo con la codemandada Berti (conf. Rivas, A., Tratado de las tercerías, Buenos Aires, 1996, t. 2, p. 134). Al ser ello así, toda vez que la suerte de los mencionados litisconsortes (ambos cesionarios de la actora, según el boleto de fs. 4/5) no fue ni acaso pudo ser distinta frente a las pretensiones de la demanda que han quedado íntegramente rechazadas, no corresponde efectuar discriminación alguna entre ellos, siendo pertinente, por el contrario, que sea la demandante la que cargue con las costas devengadas por la actuación de los litisconsortes de acuerdo al principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del Código Procesal.

8°) Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar la apelación de la actora, con costas a su cargo (art.68 del Código Procesal).

Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Vassallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

Rechazar la apelación de la actora, con costas a su cargo (art. 68 del Código Procesal).

Corresponde tratar las apelaciones de honorarios conforme fuera anticipado en el considerando 3°.

El abogado Alberto Iusim se alzó contra la regulación de honorarios efectuada en el fallo de primera instancia, expresando los fundamentos de fs. 245, los que merecieran la respuesta de la accionante de fs. 258/259.

Dichos honorarios fueron, asimismo, apelados por altos por la parte actora (fs. 241).

De su lado, los letrados Luis Matías Gómez Mateos y Manuel Eduardo Barros apelaron los emolumentos que se les fijara por bajos (fs. 237).

Corresponde establecer, respecto de Alberto Iusim, que la imposición de costas a cargo de la parte actora torna operativa la solución contenida en el art. 11 de la ley 21.839, norma cuyo propósito no es otro que establecer un margen justo a la responsabilidad del derrotado, por lo que, en tal inteligencia y a los fines distributivo s, habrá de ponderarse la importancia, extensión y complejidad de la tarea y del interés comprometido en cada caso (conf. doctrina CNCom. Sala D, 23/12/2011, “Donati Hnos. S.A. c/ Renault de Argentina S.A. (Ex Ciadea S.A.)” s/ ordinario; íd., 12/5/2016, “Calderas y Tanques la Marina S.A. s/ quiebra s/ Acción de responsabilidad por la sindicatura” ).

Por consiguiente, en atención a la naturaleza, importancia y extensión las tareas desarrolladas y a las etapas efectivamente cumplidas, elévanse los honorarios de Alberto Iusim a $ … (pesos) y a $ … (pesos), por su actuación como letrado patrocinante de la codemandada Berti y del señor Minucci, respectivamente (arts.6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839); por estar apelados sólo por bajos, confírmase en $ … (pesos) y en $ … (pesos) los emolumentos de los abogados Luis Matías Gómez Mateos y Manuel Eduardo Barros, letrados patrocinantes de la actora (arts. 6, 7, 10 19, 37 y 38 de la ley 21.839).

Por la incidencia resuelta a fs. 112/114, elévase a $ … (pesos) el honorario regulado a Luis Matías Gómez Mateos (art. 33 de la ley citada).

Por último, por el escrito de fs. 273/274 se fijan en $ … (pesos) y en $ … ( pesos) los emolumentos del abogado Alberto Iusim, por el patrocinio de la codemandada Berti y el señor Minucci, respectivamente (art. 14 de la ley 21.839).

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Julio Federico Passarón – Secretario de Cámara