Extradición a Estados Unidos del imputado por asociación ilícita vinculada al narcotráfico

narcotraficoPartes: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ exhorto

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 13-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-100944-AR | MJJ100944 | MJJ100944
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que declaró procedente el pedido de extradición formulado por los Estados Unidos del requerido, para ser sometido a un proceso por el delito de asociación ilícita para distribuir una sustancia controlada, a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a ese país.

2.-Cabe rechazar por inadmisible el ofrecimiento de prueba formulado por la defensa del requerido como así también la alegación de hechos nuevos en esta instancia -art. 280, último párr. del CPCCN.-, razón por la cual tampoco tiene ha lugar a la petición de suspender el dictado de la sentencia.

3.-Corresponde rechazar la alegada lesión a la garantía de juez natural, pues al existir un antecedente como el que surge de las constancias de la causa, la asignación del expediente a otro tribunal del mismo fuero, que entendía en una investigación preliminar iniciada con anterioridad, determinada por una regla de conexidad resulta ajena al principio del juez natural, dado que los jueces que comparten competencia material y territorial, poseen la misma jurisdicción, es decir que integran el mismo órgano jurisdiccional y, en consecuencia, la unificación para conocer en todas las causas conexas sólo altera las reglas de turno y reparto de trabajo, pero no afecta propiamente las normas de carácter legal referidas a la competencia del órgano. (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

4.-Debe rechazarse los argumentos en orden a la supuesta invalidez de la detención de la persona reclamada, pues según afirma la defensa, la orden de captura no cumplió con los recaudos exigidos por el art. 46 de la Ley 24.767; ya que la norma aplicable a la detención provisional no es ésa sino la del art. 11 del tratado- Ley 25.126 – y, como fue señalado en el fallo apelado, la solicitud satisfacía sus condiciones(del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

5.-Son insuficientes los argumentos tendientes a objetar la diligencia en razón de la intervención de personal de la Secretaría de Inteligencia, ya que ello fue dispuesto por el juez, conforme al art. 40, inc. 10 de la Ley 25.520, que establece que los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas de investigación criminal, salvo requerimiento específico de autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción. (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

6.-Corresponde rechazar los argumentos que equiparan los procedimiento dirigidos a dar con el paradero del requerido a un acto de espionaje extranjero, contrario a la soberanía nacional, puesto que si bien las constancias de la causa dan cuenta de que el juez autorizó el uso de un aparato que la policía colombiana había puesto a disposición de sus colegas argentinos, dotado de una tecnología capaz de determinar la localización geográfica de teléfonos celulares, el uso de ese aparato no tuvo conexión con la detención, ya que fue utilizado brevemente y no suministró dato útil alguno para ubicar a la persona reclamada. Aún así, no surge de lo narrado afectación a la soberanía nacional, toda vez que los procedimientos fueron dirigidos en su totalidad por autoridades nacionales y con la debida intervención del tribunal competente, por lo que no hubo ninguna acción extraterritorial realizada por agentes foráneos en contravención al derecho internacional (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

7.-Corresponde rechazar la nulidad de la captura fundada en la omisión de notificarle al detenido el derecho de solicitar que se informe a la oficina consular de su país de su detención-artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares- que fue suplida por una información de oficio al consulado, pues resulta incompatible la expresa falta de interés del titular de la garantía en recibir asistencia consular con el presupuesto material que condiciona la declaración de una nulidad procesal de orden general, esto es; que exista un perjuicio real y concreto derivado de la inobservancia de una disposición relativa a la intervención, asistencia y representación del imputado en el proceso (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

8.-Corresponde confirmar la resolución apelada en tanto el tratado bilateral contempla el rechazo de la extradición cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o absuelta en el estado requerido por el delito por el cual se solicita su extradición, por lo tanto, la sentencia absolutoria dictada por un tercer país, en una causa seguida contra el requerido, no es motivo para no conceder la extradición, sobre todo cuando aquella no tiene como objeto los mismos hechos por los que la ayuda es requerida (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

9.-El agravio relativo a la ausencia del requisito de doble incriminación no rebate los argumentos ofrecidos al respecto en la sentencia, pues como allí se dijo, la solicitud de ayuda encuadra en el inc. 2, b) del art. 2° del tratado, en cuanto dispone que una conspiración tal como la define la legislación de los Estados Unidos de América, o una asociación ilícita según la definición de la ley Argentina son también extraditables si son para cometer un delito que da lugar a la extradición. Así mismo, existe un refuerzo normativo en el art. 6.2 de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, suscripta por ambos Estados, donde esta previsto que la asociación y la confabulación para cometer tráfico de estupefacientes sean consideradas entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado vigente entre partes. (del dictamen del señor Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)

Fallo:

Procuración General de la Nación

I

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nO 2 declaró procedente la extradición de Henry de Jesús L. L. , requerida por el Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos de América, por un cargo de conspiración para distribuir una sustancia controlada (cinco kilos o más de cocaína), a sabiendas de que se importaría ilegalmente a ese país.

Contra sea decisión, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 1667/1702), concedido por el a qua a fojas 1703, y expresó sus agravios en el memorial que obra a fojas 1710/1884.

Ir La parte recurrente planteó su rechazo a la extradición por considerar que el pedido está motivado en razones políticas disimuladas bajo la apanenCla de un proceso por conspiración para traficar estupefacientes. El reclamo incluye una crítica a la respuesta que obtuvo en la instancia anterior y describe las pruebas que el a qua de manera arbitraria habría dejado de valorar.

En opinión de la defensa, una consideración correcta de todas ellas demostraría que la acusación presentada ante el tribunal estadounidense se basa en informes falsos suministrados por la Drug Enforcement Administration (DEA) en combinación con autoridades del gobierno de Colombia, y en el marco de una persecución motivada por la actividad política de L L durante el proceso de desmovilización del grupo A U de Colombia, en el que cumplía misiones políticas encargadas por sus altos mandos.

La sentencia es además impugnada por su rechazo al planteo de juzgamiento anterior por los mismos hechos. El argumento se funda en la existencia de la causa n° 59.397 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en la que L L fue absuelto de un cargo basado en los mismos hechos por los cuales es requerido en este trámite.La defensa considera que este supuesto de un procedimiento anterior en un tercer país no está contemplado · específicamente en el tratado, ante lo cual se rige por el artículo 11, inciso b), de la ley 24.767, de aplicación complementaria, que establece que la extradición no será concedida cuando la persona reclamada ya hubiese sido juzgada por los mismos hechos en Argentina o cualquier otro país. Para el caso de que ese argumento no fuere admitido, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5.1 del tratado con los Estados Unidos -que contempla. como obstáculo a la extradición únicamente el supuesto de juzgamiento anterior en el estado requerido- por ser contrario a los convenios internacionales sobre derechos humanos de rango constitucional que consagran la regla non bis in idem.

El siguiente agravio se refiere a la ausencia del · requisito de doble incriminación y aduce que el artículo 29 bis de la ley 23737, que es la figura en la cual el a quo estimó que encontraba encuadramiento en el derecho nacional el comportamiento por el cual LLera requerido, exige para que la confabulación sea · punible que alguno de los participantes realice actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que se habían concertado, y tales circunstancias reveladoras no surgen de la acusación del Gran Jurado que sustenta el pedido de extradición.

Subsidiariamente, la defensa plantea la inconstitucionalidad del artículo 2. 2 b) del tratado aplicable, en cuanto establece que un delito será también extraditable si se trata de “una conspiración tal como la define la legislación de los Estados Unidos”, pues esa norma entraría en conflicto con el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Tampoco sería procedente la extradición, según expresa el reclamante, debido a la falta de jurisdicción del estado requirente.Con respecto a esta cuestión, en primer lugar afirma que la sentencia es nula por no haber admitido el planteo como excepción previa, ya que ésa es la forma como debe ser tratada según la ley y, además, porque al no tramitar la excepción, la defensa no pudo presentar la prueba en que sustentó la falta de jurisdicción de los Estados Unidos, con menoscabo del debido proceso. El fondo del planteo señala que L L es requerido por una conspiración que no tuvo lugar en territorio estadounidense y que ese delito no genera otro resultado que la consolidación de un pacto de voluntades, sin que ello pueda ser considerado como producción de efectos en el estado requirente, razón por la cual el delito no sería extraditable en los términos del artículo 2.4 del tratado.

Otro punto dedicado al incumplimiento de requisitos de ese instrumento de cooperación, afirma que no fueron observados los artículos 8.3 y 11.1, relativos a la detención de la persona reclamada, en tanto imponen al estado requirente el deber de explicar las razones de la urgencia de la solicitud y acompañar la información que justificaría la medída si el delito se hubiera cometido en el estado requerido.

La apelación continúa con la indicación d.e una serie actos del proceso que serían pasibles de la sanción de nulidad por lesionar garantías o incumplir formalidades en desmedro del derecho de defensa del requerido.

En primer lugar, se refiere a la providencia simple por la cual el titular del Juzgado Federal na 5, designado por sorteo para tramitar la extradición, remitió la causa al Juzgado Federal na 2 en virtud de la existencia de actuaciones materialmente vinculadas que se habrían iniciado con anterioridad ante el último tribunal.En opinión de la defensa, tales fundamentos no son consistentes con las constancias de la causa -indicadas en el escrito- y fueron un pretexto para alterar el sistema de asignación de expedientes con el fin sustraer al justiciable del “juez natural” del proceso.

En segundo término, la defensa considera que la detención de L. L. fue inválida, por haber sido ejecutada por personal de la Secretaría de Inteligencia sin facultades legales para realizar tareas de investigación criminal. Además, señala que la orden de captura emitida a fojas 14 no cumple las condiciones estipuladas por la ley 24.767 y que la convalidación de la privación de la libertad por parte del a quo se basa en argumentos que implícitamente reconocen la regla male captus bene detentus, repudiada por el derecho interno y el derecho internacional moderno.

En el punto sucesivo la apelante manifiesta que el a quo ocultó prueba útil para fundar sus pretensiones y denegó la producción de otras capaces de revelar la persecución política sufrida por L. L. En particular, el memorial menciona, con las correspondientes explicaciones, una serie de fojas desglosadas del expediente que fueron agregadas a aquella causa previa que justificó el pase de la extradición al Juzgado Federal nº 2 -hoy identificada con el nº 11.708. También incluye la prueba de testigos oportunamente ofrecida que sería idónea para demostrar cómo la policía colombiana realizó en territorio argentino tareas de investigación en violación de la soberanía nácional y otras constancias documentales útiles, según se explica, para probar la motivación política del presente pedido de extradición.

A las razones alegadas como causa de nulidad del juicio, la parte recurrente añade la incompetencia del tribunal, fundada en el indebido envío de la causa al Juzgado Federal nO 2 más arriba señalado.La celebración del juicio no debió tener lugar, según su criterio, porque la cuestión de competencia que oportunamente se trabó por este motivo no· tenía resolución definitiva al momento de la apertura del debate. El juicio debió suspenderse también por encontrarse pendiente de resolución una acción de amparo interpuesta con el obj eto de que se revoque la decisión administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de dar curso judicial al pedido de extradición. La recurrente alega que ese acto administrativo es nulo por haberse dictado sin la previa aplicación del decreto 251/90, referido a la situación de los refugiados.

Es igualmente objeto de protesta la decisión del a quo de diferir el tratamiento de las excepciones de falta de acción, doble juzgamiento y falta de jurisdicción del estado requirente para el momento de dictar sentencia de fondo, en lugar de tramitarlas con carácter prevIO conforme lo prevé el código de procedimientos, por impedir con ese proceder el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

La apelación considera contraria al debido proceso la negativa de admitir como prueba a la causa n° 12.430/14, en la que es investigada la presunta falsedad ideológica del informe de fojas 16, en cuanto consigna erróneamente que existía una circular roja de Interpol relativa a L. L. , debido a que ese documento fue tenido en cuanta por el tribunal para convalidar la detención de la persona reclamada.

La misma consideración le merece a la recurrente las siguientes decisiones del tribunal apelado: falta de admisión de constancias tendientes a acreditar que el expediente de la Co.Na.Re. n° 539.238/2008 (relativo a la solicitud de refugio de L. L.) habria sido adulterado para perjudicar la prueba de la persecución politica en su contra; la oposición a considerar la evidencia digitalizada en un DVD que forma parte del acervo probatorio de la causa nO 59.124 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 12, iniciada por el reclamado con el objeto de revertir la decisión del Ministro del Interior que confirmó la exclusión de la condición de refugiado; la incorporación de testimonios de una acción judicial impetrada por el requerido en Colombia sin incluir la documentación adjunta a ese expediente que la defensa consideraba de suma importancia para acreditar su condición de perseguido político; y la valoración constancias de la causa nº 686/13 del Juzgado Federal nº 11 que no formaban parte del conjunto de elementos admitidos para el juicio.

El recurso toca en lo sucesivo la cuestión de la validez constitucional del procedimiento de extradición y afirma que la reserva de la etapa administrativa, esto es, la falta de participación del requerido y su defensa en el trámite llevado, adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es contraria a las garantías judiciales mínimas que contempla el artículo 8 de la Convención Americaná sobre Derechos Humanos. La crítica también involucra al derecho a la doble instancia que, según la apelante, no está garantizado para todos los’llamados “autos procesales importantes”, entre los que cita la decisión sobre la competencia del juzgadD, que por razones formaJes ningún tribunal superior admitió revisar.

Otro motivo que invoca la recurrente como determinante para anular este proceso es la violación a la soberanía nacional que se habría consumado con la entrada al país de agentes policiales colombianos durante el mes de abril de 2012 Y la importación de un aparato electrónico con capacidad técnica para localizar teléfonos celulares.En su opinión, la detención de L L fue resultado de esas operaciones de espionaje ilegal’, en la medida en que no fueron precedidas por los trámites formales a través de los cuales se activa la cooperación internacional.

En cuanto a la privación de la libertad de la persona reclamada propiamente dicha, se agravia la defensa porque no le informaron el derecho a solicitar asistencia consular del país de su nacionalidad, SIllO que se dio aviso de oficio al consulado de Colombia, sin antes averiguar que el deseo de L. L. era que las autoridades colombianas -a quienes considera autores de su persecución política- no intervinieran en el asunto.

Bajo el título “violación al derecho de defensa y al debido proceso relativos a la etapa administrativa”, la apelante postula que la acción no fue legalmente instada, ya que e! Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó la etapa judicial sin cumplir con el decreto 251190, reglamentario del principio de no devolución de los refugiados. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad del decreto 251/90 para el caso de que se entienda que esa norma limita la aplicación del principio de no devolución a las personas a quienes se reconozca formalmente la condición de refugiado, toda vez que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Convención contra la Tortura amplían el ámbito de la no devolución atodas las personas con temor fundado de persecución política, situación que fue reconocida por la Co.Na.Re.

Por otra parte, la defensa aduce que el delito por el que se requiere al imputado se encuentra prescripto, si se toma como punto de partida de!cómputo del plazo la fecha en que según la acusación comenzó el delito (octubre de 2006) y que el artículo del tratado que establece que la prescripción se rige por la ley del estado requirente no debe aplicarse por ser contrario a la Constitución Nacional.

Para finalizar, solicita que, en caso de autorizarse la extradición, ésta sea diferida hasta que exista un pronunciamiento definitivo en la causa nº 11.708/2012 seguida en e! pais contra L L Y que sean otorgadas suficientes garantías de que el estado requirente tendrá en cuenta el tiempo de detención, no juzgará al extraditado por hechos diferentes, no será en ningún caso re extraditado a un tercer país y, en su caso, recibirá una pena adecuada a los parámetros del derecho internacional.

III

Más allá del orden en que los motivos de impugnación fueron expuestos en el memorial, considero conveniente tratar en primer lugar los que se relacionan con el quebrantamiento de formas esenciales del proceso, en cuanto ello pudiere ocasionar la invalidez de los actos cumplidos.

A. El presente procedimiento de extradición reconoce como origen la nota diplomática n° 395, cursada al Ministerio de Relaciones Exteriores por la Embajada de los Estados Unidos de América a fin de solicitar, en nombre de su gobierno acreditante, la detención preventiva de Henry de Jesús L. L. en los términos del artículo 11 del Tratado de Extradición vigente, en virtud de que el Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito Sur de Florida ordenó al acusado comparecer para responder por un cargo de asociación ilícita (conspiracy) para distribuir una sustancia controlada (cocaína), a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos de América. Según el documento acusatorio del 10 de febrero de 2012, L. dirigía una organización dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y otros destinos, y al lavado del dinero producido por ese delito.El marco temporal de la imputación es entre octubre de 2006 y febrero de 2012. En especial, desde abril de 2009 la organización habría traficado grandes cantidades de droga desde Colombia hacia América Central, México y los Estados Unidos de América. En ese período se habría registrado que miembros de la organización mantuvieron reUl1lones con transportistas para convenIr la tarifa y cantidad de cocaína a transportar. Entre marzo de 2010 Y julio de 2011 L L Y otros integrantes de la organización se habrían reunido en repetidas oportunidades con transportistas para discutir posibles rutas y acordar otros envíos. En virtud de ese documento acusatorio, el tribunal antes mencionado emitió una orden de arresto contra el acusado el 10 de febrero de 2012 (conf. fs. /10).

La solicitud de arresto fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Juzgado Federal n° 5, que se encontraba en turno (fs. 12), y el 27 de abril de 2012 ordenó la captura con fines de extradición de la persona reclamada (fs. 14). El 31 de mayo siguiente, el juez ordenó que la causa pase a tramitar ante el Juzgado Federal n° 2, por intervenir ese tribunal en una investigación preliminar conexa que se inició con anterioridad (fs. 24).

Conforme surge de la presentación del fiscal de foj as 277, el 5 de junio de 2012 el trámite de extradición fue acumulado a mencionada investigación, iniciada el 12 de abril anterior y llevada adelante por la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación en los términos de la ley 25.520, para averiguar la posible comisión de delitos en el territorio nacional por parte de la persona reclamada.La causa originada en ese sumario quedó luego registrada bajo el número 11.708/12.

La apelante afirma que la regla de conexión fue aplicada de manera indebida, pues al momento en que se dispuso el pase al juzgado nO 2, la investigación practicada por la Secretaría de Inteligencia padecía de irregularidades, aún no había sido formalmente registrada y, por consiguiente, tampoco la acción había sido instada por el fiscal. Por ese motivo, considera que esa remisión lesionó la garantía del juez natural.

Píenso que este argumento falla desde su base al exigir requisitos que las normas de conexidad no contemplan, por ejemplo, que se hayan cumplido determinados trámites en las actuaciones que producen la atraccíón. También cuestiona la apelante que ese efecto se haya atribuido a la causa precedente, con fundamento en la concurrencia hipotética de vicios procedimentales que distan de ser, evidentes y cuya verificación requeriría debate y deliberación sobre aspectos manifiestamente extraños a este proceso.

Así pues, al existir un antecedente como el que surge de las constancias de la causa, la asignación del expediente a otro tribunal del mismo fuero determinada por una regla de conexidad resulta ajena al principío del juez natural. En efecto, tal como lo sostuvo la cámara de apelaciones en la oportunidad de considerar el recurso interpuesto contra el rechazo de la inhibitoria que la defensa planteó por este mismo motivo, los jueces que comparten competencia material y territorial, poseen la misma jurisdicción (en palabras del tribunal, integran el mismo órgano jurisdiccional) y, en consecuencia, la unificación para conocer en todas las causas conexas sólo altera las reglas de turno y reparto de trabajo, pero no afecta propiamente las normas de carácter legal referidas a la competencia del órgano; por lo tanto, dichas reglas no pertenecen al ámbito de la garantía del juez natural (conf. sentencia del 6 de abril de 2016 Y sus citas, fs. 1413/14). Estas razones determinan, a ml modo de ver, la improcedencia de la protesta.

B.En segundo lugar, consideraré el planteo referido o a la validez de la detención de la persona reclamada. Como consta más arriba, el 27 de abril de 2012 el juez recibió la nota diplomática nº 395 de la Embajada de los Estados Unidos de América por la que se solicitaba el arresto preventivo de Henry de Jesús L. L. en los términos del artículo 11 del tratado de extradición y, en consecuenCia, ordenó la captura del sujeto reclamado (fs. 3/14). La detención se produjo el 30 de octubre de 2012 a las 19.30 horas en la localidad de Pilar, en el marco de un procedimiento llevado a cabo por personal de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, por disposición del juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 2, en esta causa n° 4093/2012 (fs. 178/180).

La defensa afirma que la orden de captura de fojas 14 no cumplió con los recaudos exigidos por el artículo 46 de la ley 24.767; no obstante, la crítica debe ser rechazada de plano porque la norma aplicable a la detención provisional no es ésa sino la del artículo 11 del tratado y, como fue señalado en el fallo, la solicitud satisfacía sus condiciones (fs.1636/vta.).

Si la detención respondió a una orden válida, entonces es necesario concluir que la discusión que pretende entablar la recurrente sobre cuál era el color de la notificación que Interpol reportaba en ese momento respecto de L L no tiene relación directa con la legalidad de la medida.

La recurrente objetó que en la diligencia haya intervenido personal de la Secretaría de Inteligencia debido a que no estarían investidos de facultades para ello; sin embargo los aparentes Ministerio Público Procuración General de la Nación Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto CFP 4093/2012/CSl fundamentos de esa queja se desvanecen apenas se lee en el acta c orrespondiente que la diligencia fue dispuesta por el juez y en virtud de lo ordenado en esta causa, conforme al artículo 40, inciso 10 de la ley 25.520, que establece que los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas de investigación criminal, salvo requerimiento específico de autoi-idad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción.

Las constancias de fojas 18/19, 30/33, 38/40 dan cuenta de que a los fines de dar con el paradero de L. L , el juez autorizó el uso de un aparato que la policía colombiana había puesto a disposición de sus colegas argentinos, dotado de una tecnología capaz de determinar la localización geográfica de teléfonos celulares. Tal proceder motivó que la defensa solicitara la nulidad de la detención, por equipararlo a un acto de espionaje extranjero contrario a la soberanía nacional. Para el tribunal, sin embargo, el uso de ese aparato no tiene conexión con la detención, ya que fue utilizado brevemente y no suministró dato útil alguno para ubicar a la persona reclamada. En mi opinión, esa respuesta cuenta con el aval de las constancias del expediente:el 23 de mayo de 2012 el juez comunicó por oficio a la policía federal la autorización para utilizar el dispositivo, supeditada a que “el procedimiento (fuera) corroborado por personal técnico de dicha fuerza” (fs. 20); el 30 de mayo el juez revocó la autorización (fs. 22); el 29 de mayo funcionarios de la División Operaciones Técnicas Judiciales de la Policía Federal Argentina operaron por única vez el aparato en la zona de Nordelta, sin resultados (fs. 33); por fin, el 31 de mayo se notificó a los oficiales colombianos Diego Rosero Giraldo y Gonzalo Triana Amaya que debían retirar el equipo de la República Argentina (fs. 38).

Aunque la falta de relación causal entre el uso del mencionado equipo y la detención es suficiente argumento para rechazar la nulidad que, de otro modo, sería declarada en el mero interés de la ley, estimo que no surge de lo narrado afectación a la soberanía nacional. En efecto, toda vez que los procedimientos fueron dirigidos en su totalidad por autoridades nacionales y con la debida intervención del tribunal competente, no hubo ninguna acción extraterritorial realizada por agentes foráneos en contravención al derecho internacional.

En síntesis, la privación de la libertad de Henry de Jesús L L se basó en una solicitud de detención preventiva transmitida por vía diplomática y ajustada a las formas y los requisitos previstos en el tratado de extradición, fue ordenada por el órgano judicial nacional asignado para tramitarla y ej ecutada de conformidad por personal habilitado para hacerlo. En tales condiciones, es infundada la protesta de la defensa en el sentido de que la entrega del reclamado constituye una adhesión a la doctrina de dudosa compatibilidad con nuestra Ley Fundamental del male captus bene detentus (conf. Fallos.316:567). Es que ese criterio ha servido históricamente para liberar a los jueces del deber de investigar el modo en que los acusados son llevados ante sus estrados, con el objeto de cohonestar la acción extraterritorial de agentes públicos que aprehenden en el extranjero a personas sin observarlas costumbres y los principios del derecho internacional, para llevarlas al pais donde el tribunal ej erce jurisdicción; mientras que la· situación presente es exactamente la contraria, como lo demuestra la misma circunstancia de estar considerando este planteo dentro de un proceso formal de cooperación internacional.

Existe una última razón por la que la apelante pide la nulidad de la captura del extraditurus: la omisión de notificarle el derecho de solicitar que se informe la detención a la oficina consular de su país, conforme al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que fue suplida por una información de oficio al consulado. Considero que corresponde el rechazo liminar de este punto, porque sus propios términos revelan la falta de perjuicio efectivo en derecho de defensa de la persona reclamada.

En tal sentido, me permito señalar que el memorial parte de la afirmación no controvertida acerca del derecho del extranjero a solicitar asistencia consular y considera que es grave la omisión de informar a L L al respecto (fs. 1859 vta.); sin embargo, algunos párrafos después afirma: “si el detenido hubiera sido notificado de forma fehaciente del derecho contenido en el arto 36 de la Convención de Viena, jamás hubiera dado el consentimiento para aquella notificación Ca la oficina consular colombiana), ya que (.) se trataba de las autoridades de uno de los países de los que Argentina lo estaba protegiendo. (ver fs. 1860/vta.).

Por lo tanto, estimo que la expresa falta de interés del titular de la garantía en recibir asistencia consular es incompatible con el. presupuesto material que condiciona la declaración de una nulidad procesal de orden general:que exista un perjuicio real y concreto derivado de la inobservancia de una disposición relativa a la intervención, asistencia y representación del imputado en el proceso (conf. artículo 167 del Código Procesal Penal y Fallos: 327:2315 ; 330:4549 ).

Por otra parte, SI ese interés hubiese existido, el agravio sería igualmente abstracto, porque con la comunicación de oficio al consulado, aunque no sea la exacta previsión de la norma, se hubiera cumplido de todos modos la finalidad del acto procesal defectuoso.

Considero importante. realizar una última consideración con respecto al efecto de potenciales vicios relativos a la forma, contenido o duración de las medidas de aseguramiento dictadas contra la persona reclamada con fines de extradición, A mi entender, la constatación de tales irregularidades podría dar lugar al cese de las medidas de aseguramiento, pero en modo alguno constituiría una especie de excepción no prevista en el tratado para denegar la entrega (conf. Fallos: 59:53; 114:294).

C. El siguiente reclamo basado en la garantía del debido proceso versa sobre la negativa del tribunal a admitir determinadas medidas probatorias ofrecidas. El planteo obliga a recordar que V.E. siempre reconoció, con fundamento en los textos legales, la facultad de los jueces para evaluar la pertinencia de las pruebas, de la que no se deriva una lesión a la defensa en juicio cuando su ejercicio es razonable (Fallos: 240:381; 250:418). Tal es el caso si se deniega una prueba sobreabundante (artículo 356 del Código Procesal) o que versa sobre un hecho reconocido o carente de sígnificación para el resultado del pleito. Estimo, en este sentido, que los elementos que la defensa presentó como conducentes para probar los motivos políticos a los que obedecería el pedido de extradición son sobreabundantes, ya que informan sobre las mismas circunstancias que surgen de los expedientes y anexos de la Co.Na.Re.y del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº 12; de la documentación enviada por las autoridades colombianas relacionadas con la causa seguida en el país de la persona reclamada y las acciones de tutela deducidas por él; y de las constancias que integran el punto 11.2, 1) Y 3) del ofrecimiento de prueba de la defensa (fs. 568 y siguientes).

Por otra parte, ninguna de las pruebas que no fueron admitidas es significativa con vista al objeto del proceso, por las razones expuestas en el siguiente punto de este dictamen. Del mismo modo, por lo argumentado con respecto a la detención de L L más arriba, resulta impertinente la prueba acerca de la veracidad de un informe sobre la existencia de una notificación roja de 1nterpol.

Otra de las impugnaciones se dirige contra la decisión del juez de diferir para el momento de dictar la sentencia el tratamiento de las excepciones de falta de acción -por falta de promoción legal y bis in idem- e incompetencia del estado requirente.

En rigor, el doble juzgamiento y falta de jurisdicción del estado requirente remiten a la comprobación de condiciones previstas en el tratado y, por ello, su análisis fue diferido bajo el criterio, en mi opinión razonable, de que. tales planteos remitian a las cuestiones llamadas de fondo, que por su índole correspondía debatir en la audiencia (fs. 554 y 1574 y Fallos: 329:2523 ; 327:1572 ; 331:608 ). De hecho, durante el juicio las representantes legales de la persona reclamada alegaron libremente sobre esos y los demás temas que consideraron útiles para justificar su pretensión (fs. 1588 vta.l1596) y dado que en la apelación no explicaron cuáles son las pruebas y las defensas de las que habrían sido privadas en ese mom.ento, pero hubieran podido hacer valer si e! planteo hubiera tramitado bajo la forma de una excepción previa, no se advierte cuál ha sido el perjuicio concreto en términos de efectiva defensa en juicio.

D.En el recurso se denunció que la etapa administrativa a cargo de la rama ejecutiva del gobierno incumplió las formas destinadas a garantizar la protección de las personas con estatus de refugiado, por lo que no debió habilitarse el trámite judicial subsiguiente. En particular, la falla radicaría en la omisión de remitir a la Comisión Nacional para los Refugiados copia de! pedido de extradición, según lo establece el articulo 4° del decreto 25l!90.

Esta norma dispone, en su articulo 10 , que antes de dar curso judicial a’ un pedido de extradición de un extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores comprobará si la persona requerida posee la condición de refugiado. Con ese propósito, el artículo 2° prevé que la Dirección Nacional de Migraciones informe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de las decisiones del Comité de Elegibilidad para Refugiados que reconocen esa condición a los . peticionarios. Y, por su parte, el artículo 4° establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remitirá al Comité de Elegibilidad para Refugiados copia de los pedidos de extradición en los que estuviere involucrado un refugiado. Esas previsiones aseguran el conocimiento de! hecho del que depende la aplicación del articulo 20 de la ley 24.767, que ordena al devolver la requisitoria Slll más trámite si la persona requerida poseyera condición de refugiado y el pedido de extradición proviniere del pais que motivó el refugio.

El presente caso es ajeno al supuesto contemplado en la última norma porque el temor de persecución que invocó L L al solicitar refugio motivó su huida de Colombia, país de ongen y residencia habitual de la persona reclamada, mientras que la requisitoria de extradición proviene de los Estados Unidos de América.Este elemental aspecto demuestra que las cuestiones plante-adas en torno al principio de no devolución reconocido por el derecho internacional y la legislación interna no son pertinentes para la decisión de la causa.

No obstante lo expuesto, cabe señalar que en el decurso del proceso ha quedado acreditado que por decisión del 17 de noviembre de 2008, el Comité de Elegibilidad para Refugiados excluyó a L. L. de esa condición y tal decisión fue confirmada por el señor Ministro del Interior el 9 de noviembre de 2012 por el rechazo del recurso jerárquico interpuesto, con lo que se trata de un pronunciamiento firme en la órbita administrativa. Por consiguiente, la presentación por vía diplomática de la solicitud de extradición del 26 de diciembre de 2012 fue posterior a la decisión que confirmó la exclusión de la condición de refugiado de la persona reclamada.

Pese a la determinación de la demostrar lo opuesto, es manifiesto que el caso reclamada se encuentra fuera del alcance de la refoulement y sus normas reglamentarias. defensa para de la persona prohibición de La demanda judicial que, como último recurso, se interpuso para revertir lo decidido por la administración no podría dar lugar a la aplicación de ese principio, pues si esa solución fue excluida para el caso de la interposición de una solicitud de refugio -según el artículo 14 de la ley 26.165 daría lugar solamente a la suspensión de la ejecución del pronunciamiento que autorizó la entrega- no sería consistente admitirla para el caso de una acción judicial contra la denegación firme de la solicitud por parte del poder .ej ecutivo. En especial, teniendo en cuenta la prolongada duración de este proceso, considero que no. existe óbice para que el Tribunal prosiga con la resolución del caso, sin mengua de las facultades que . puede ejercer el Poder Ejecutivo Nacional en la etapa de decisión final (conf. Fallos:333:1735 y “Tansy, Patrick s/extradición”, del 14 de febrero de 2012).

E. Dentro de las cuestiones formales planteadas en la apelación, queda por considerar la inconstitucionalidad de la ley 24.767, por otorgar a la etapa administrativa carácter reservado (artículo 24) y por no garantizar la doble instancia respecto de todos “los autos procesales importantes”.

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la . cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto (Fallos: 324:3345 ; 327:831 ; 333:447 ).

Ninguna de esas exigencias fue cumplida eri la apelación, fundada en conceptos genéricos incapaces de mostrar la existencia de un perjuicio concreto y sin la mínima argumentación que explique porqué afectaría el derecho de defensa el carácter reservado del trámite administrativo previsto por el artículo 24 de la ley 24.767, cuando lo resuelto durante esa etapa -sin considerar las cuestiones políticas de los artículo 3° y 10 que decide de manera exclusiva la rama ejecutiva como encargada de las relaciones internacionales puede ser asimismo objeto de una discusión sm limitaciones en la etapa judicial.

En cuanto a la garantía de la doble instancia, el planteo es insustancial en virtud de que la Corte ha decidido en forma reiterada que al mediar recurso· ordinario de apelación, el tribunal tiene respecto de las pretensiones y oposiciones oportunamente interpuestas la misma competencia que el juez de primera instancia (Fallos: 315:865; 318:2133 ; 2228).

IV

Atento las conclusiones alcanzadas en el apartado anterior, corresponde entonces considerar las cuestiones de fondo presentadas por la parte recurrente en el memorial de fojas 1710/1884.

A.El punto 3° del artículo 4° del Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de América establece que la extradición no será concedida si la autoridad competente del Estado Requerido determina que la solicitud, aun estando referida a un delito extraditable, hubiera sido motivada por razones políticas. En esta cláusula, y otras de contenido normativo similar -en especial, la del artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos- se apoya uno de los principales argumentos para oponerse a la extradición de Henry de Jesús L L La defensa adujo que desde el mismo comienzo de este proceso el imputado había denunciado que el pedido de extradición obedecía a motivos discriminatorios. En efecto, afirmó , que a partir del año 2005 había comenzado a sufrir en su país de origen el “montaje” de causas judiciales falsas por parte del gobierno colombiano, y que al haber fracasado en ese intento ante la justicia de su país, las autoridades buscaron involucrarlo en un delito que diera lugar a la jurisdicción de los Estados Unidos de América. El memorial dedica a esta hipótesis extensas consideraciones y cita documentación que apoyaría la idea de que altos mandos de la policía colombiana actuaron como impulsores, al menos en la faz operativa, de esta trama, y especialmente se acentúa el rol desempeñado por la Unidad de Investigaciones Sensible (SIU por sus siglas en inglés), que es un programa desarrollado por la Administración para el Control de ,Drogas de los Estados Unidos (DEA) para realizar investigaciones en el extranjero en colaboración con las fuerzas de seguridad locales (conf. fs. 1734).

El instrumento de la alegada persecución política, como se dijo, habría sido la causa nO 59.397 del Juzgado Penal de Bogotá, conocida en Colombia como “Operación Jaguar”. En la resolución del 17 de noviembre de 200’8 emitida por la Co.Na.Re.figura una detallada exposición de L L dirigida a explicar que la “Operación Jaguar” no era una investigación criminal “verdadera”. El relato se inscribe en el capítulo más amplio de la , desmovilización del grupo ilegal A U de Colombia acordada con el gobierno y narra los enfrentamientos a muerte que ese proceso desató entre las diversas facciones de la organización, la forma en que las bandas de narcotraficantes ocuparon el territorio y cómo el rol que él mismo desempeñó en dicho proceso político lo convirtió en blanco de la enemistad de ex camaradas, narcotraficantes, policías corruptos, en definitiva, enemigos poderosos que usaron sus ingentes medios económicos para que las autoridades, de por sí permeables a esas influencias, amañaran una causa en su contra. Más tarde, L L explicó que la absolución que dictó la justicia colombiana en su favor no hizo más que recrudecer la persecución y la policía nacional se dedicó, ya sin ningún soporte legal aparente, a presentarlo en sociedad, mediante acciones publicadas en los medios masivos, como el jefe de un cartel de narcotráfico.

Uno de las principales argumentos defensivos se basa en la idea de que el a quo debió reconocer la persecución política denunciada, porque la Co.Na.Re., como única autoridad del Estado competente en la materia, dio crédito a esa versión. En realidad, la Comisión Nacional de Refugiados citó un informe elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el año 2005, titulado “Consideraciones sobre la Protección Internacional de los Solicitantes de Asilo y los Refugiados Colombianos”, cuyo párrafo 99 dice: “desertores de la guerrilla y de los grupos paramilitares, así como sus familiares, corren el riesgo de sufrir persecución.Muchos de esos desertores participan en el Programa de Reinserción del gobierno (.) Los movimientos guerrilleros consideran la deserción como una traición y la castigan con la muerte” y a continuación, “un desertor detenido -o ubicado en una zona de reclusión como era el caso del peticionante- es blanco de ambos grupos: los desertores paramilitares son blanco de los guerrilleros por su pasado paramilitar y son blanco de sus antiguos camaradas por traidores “. Luego evocó el párrafo 56 del “Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado” del ACNUR que establece que “la persecución debe distinguirse del castigo por un delito del derecho común. Las personas que huyen del enjuiciamiento o castigo por un delito de esta índole no suelen ser refugiados. Conviene tener presente que un refugiado es una víctima, o una posible víctima, de la injusticia y no un prófugo de la justicia”; sin embargo, el párrafo nO 70 del informe sobre los refugiados colombianos reconocía que en ese caso especial “hay señales de que . la capacidad del Estado para ofrecer protección a todos los ciudadanos está obstaculizada por la corrupción en algunas de sus instituciones (omissis). La organización Transparencia por Colombia, la oficina colombiana de Transparencia Internacional, reporta en su “índice de integridad” que 143 de 146 entidades del Estado encuestadas se encuentran en “riesgo medio o alto” de corrupción, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en “riesgo medio” y la oficina del Procurador General en “riesgo alto “. Este riesgo se ilustró con una serie de casos en 2003 y 2004 ( .). Con base en el citado informe y la documentación aportada por el peticionante, la Co.Na.Re. concluyó en que la hipótesis de esta r siendo perseguido a través de un enjuiciamiento por el delito de narcotráfico en base al accionar corrupto de las fuerzas policiales sobornadas por el narcotráfico no sería inconsistente con la situación existente en su país (conf. resolución de la Co.Na.Re.del 17 de noviembre de 2008, dictada en el expte. nº 599.238/2008, agregado).

En mi opinión, no se trata en absoluto de menospreciar esas afirmaciones,” sino de valorar en qué medida son decisivas para resolver la presente solicitud de extradición. A tal fin, corresponde señalar en primer lugar que esos párrafos no formaron parte de los fundamentos de la parte resolutiva de la decisión de la Co.Na.Re., que finalmente excluyó al solicitante de la condición de refugiado por su posible responsabilidad en graves violaciones al derecho internacional humanitario, atento el rol que ocupó en el grupo paramilitar A U de Colombia y lo dispuesto por los artículos 10, inciso F, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y 9° de la ley 26.165. En s”egundo lugar, se advierte con claridad que tanto en el párrafo citado arriba como en el resto de la resolución, las consideraciones realizadas a propósito de la persecución denunciada por L L están referidas a la coyuntura político institucional colombiana, altamente degradada por décadas de conflicto armado, lo mismo que el informe. del ACNUR citado, que no pretende sino ofrecer directrices generales actualizadas para di¡r una respuesta al creciente número de colombianos que buscan protección de. las consecuencias lacerantes de tantos años de violencia organizada (conf.”Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos”, ACNUR, Ginebra, 2005). Es esa finalidad la que, por otra parte, podría explicar la estructura del proceso de refugio y el criterio probatorio distinto, menos exigente, conforme surge del artículo 46 de la ley 26.165, que el que normalmente impera en el proceso judicial, como lo ilustra el hecho de que para tener en cuenta la hipótesis de “temor fundado” bastó que ella no fuera .inconsistente con la situación existente en su país.

Sin embargo, el punto que la defensa debía probar en este expediente es el que constituye la premisa del articulo 4.3 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, es decir, si la solicitud emitida por el Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito Sur de Florida, basada en la imputación del Gran Jurado contra Henry de Jesús L. L. por el delito de asociación ilícita para distribuir una sustancia controlada, a sabiendas de que se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, fue motivada por razones políticas.

En este sentido, considero acertado el punto de partida de la respuesta del a quo, que señala que los estados contratantes depositan su confianza en sus respectivos sistemas de gobierno y, particularmente, en que los tribunales del pais requirente aplicaron y han de aplicar con justicia la ley de la tierra (Fallos: 329:1245 ). En consecuencia, para desvirtuar esa presunción son necesarias pruebas que la contradigan en forma fehaciente.

No existen en este caso evidencias de ese nivel.

Como fue esbozado antes, las que apuntan a la falta de integridad de los investigadores en relación con la causa judicial llamada “operación jaguar” podrian, eventualmente, tener mayor peso en un pedido de extradición proveniente de Colombia, pero no establecen una conexión suficiente con la existencia presunta de una desviación de poder de las autoridades judiciales estadounidenses (conf. fs.165/vta.).

Por otra parte, la circunstancia de que en esa causa la Fiscalía Nacional de Colombia optara por reducir los cargos contra L L , Y que los jueces de las dos instancias declararan su absolución constituye un indicio ambivalente con respecto a una motivación política, pues la defensa vio allí la confirmación de que se trataba de una persecución; pero al mismo tiempo, dentro de esa misma teoría, significa que las autoridades judiciales colombianas gozaron de una independencia que a priori no hay razónpara negarle a las norteamericanas (conf. resolución de la Fiscalía Nacional-Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, del 25 de agosto de 2008 y sentencias del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, del 3 de marzo de 2010, Y del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, del 7 de diciembre de 2010).

Incluso encuentro pertinente destacar que en el memorial se deploró que el a qua hubiera “minimizado” las graves irregularidades del proceso conocido como “operación jaguar” como si se trataran de meros “cuestionamientos al desarrollo del proceso” seguido en Colombia (ver fs.1717/1718); sin embargo, la sentencia de absolución que la defensa ponderó -y que esta Procuración General ha tenido la posibilidad de confrontar- dejó constancia de haber sido tramitado el proceso de conformidad con los principios y las reglas fundamentales del debido proceso, tanto en lo relativo a la legalidad de la prueba como al ejercicio del derecho de defensa.

Con el fin de relacionar a los Estados Unidos de América con la conjura, la recurrente hizo hincapié en que una unidad especializada de la DEA para investigaciones extranjeras asistió a la policía judicial colombiana en la “operación jaguar” y en que los cargos en que se basa el pedido de extradición se sustentan en informes de esa agencia norteamericana; sin embargo, entiendo que para que eso fuera así debería probarse no sólo la desviación de poder por parte de la DEA, sino además graves condiciones de fragilidad institucional del sistema judicial del estado requirente de las que no se presentaron pruebas. En su alegato, la fiscalía hizo notar oportunamente que, por el contrario, cuando la solicitud de extradición todavía no existía, L L expresó su confianza en la justicia norteamericana, porque declaró ante la Co.Na.Re. que si ese pedido tuviere lugar, se entregaría y buscaría la oportunidad de aclarar su situación (conf. fs. 1648/vta.).

En cuanto a los elementos en que se fundamenta la acusación, es sabido que la validez o la aptitud de las pruebas constituye una cuestión de fondo ajena al proceso de extradición y debe ventilarse ante los tribunales del pais requirente (Fallos: 314:1132; 318:373, entre otros).

Por razones de índole similar, tampoco advierto que una prueba fehaciente de la motivación política de la extradición se infiera de la colaboración ofrecida por la policía nacional de Colombia a las autoridades argentinas para localizar al sujeto requerido, contra quien ya pesaba la correspondiente orden de captura con fines de extradición emitida por el Juzgado Federal na 5.

B.Los representantes del extraditurus se opusieron a la entrega con fundamento en la aplicación complementaria del artículo 11, inciso b), de la ley 24.767, en tanto establece que la extradición no será concedida cuando la persona reclamada ya hubiese sido juzgada, en la Argentina o en cualquier otro país, por el hecho que motiva el pedido. La norma sería aplicable en razón de la sentencia absolutoria dictada por un tribunal colombiano en la causa antes mencionada, seguida contra L L por el mismo hecho, calificado bajo la figura de concierto para delinquir.

La pretensión fue rechazada por su defectuosa fundamentación legal, pues con arreglo al principio general, el trámite de la ayuda está regido por el tratado existente, que contempla el supuesto de los procesos anteriores en los términos siguientes: La extradición no será concedida cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o absuelta en el Estado Requerido por el delito por el cual se ha solicitado la extradición (artículo 5°, inciso 1°). Por lo tanto, el juzgamiento en un tercer país, de acuerdo con el texto del tratado, no es motivo para no conceder la extradición (conf. fs. 1638vta./1639).

Esta discusión demuestra que la garantía ne bis in idem en el· marco de la extradición ha sído reconocida con alcances diversos en los tratados en los que nuestro país es partey en la ley de cooperación internacional n° 24.767. En efecto, el tratado con los Estados Unidos, igual que los celebrados con Bélgica, Países Bajos y Suiza, Gran Bretaña, Brasil, España, Italia, Paraguay y Uruguay, limitan la improcedencia de la extradición al caso de juzgamiento anterior en el estado requerido; pero también hay otros que amplían el alcance de la garantía a las sentencias pronunciadas por un tercer estado, como los tratados con Australia y Corea. Esta es, por supuesto, la solución que consagra la ley 24.767.Por su parte, el Tratado de Montevideo de 1889 presenta como particularidad una cláusula que exceptúa de la obligación de entregar en caso de que el sujeto reclamado hubiese sido penado por el mismo hecho, sm más aclaraciones.

En consecuencia, es posible reconocer la existencia de una práctica internacional en el sentido de admitir diferentes arreglos en lo que respecta al doble juzgamiento y la extradición, y por ser asi, carece de razonabilidad la interpretación pretendida por la apelante que conduce en la práctica a una única formulación para todos los casos, coincidente con la de la ley 24.767. Esa lectura supone, como observó con acierto el a qua, incluir en el tratado una excepción no prevista por las partes contratantes, alterando de forma unilateral un acto emanado del acuerdo de dos naciones (Fallos: 322:1558 ; 324:3713, entre otros).

Un motivo tan determinante como el anterior, a los fines de justificar el rechazo de este agravio, es que el procedimiento previo, tramitado en Colombia, no tiene como objeto los mismos hechos por los que la ayuda es requerida. Esta circunstancia ya fue destacada en el fallo apelado y surge con claridad de la sentencia absolutoria extranjera, en la que consta que el origen de aquella causa fue el secuestro de un cargamento de cocaína en la ciudad de Quito a fines de 2002 y las diligencias procesales fundamentales, tales como allanamientos, incautaciones de dinero, detenciones e intervenciones _telefónicas destinadas a acreditar el cuerpo del delito tuvieron lugar -entre esa fecha y fines del año 2005. Entonces no es posible advertir cómo los hechos ventilados en esa oportunidad podrían ser los mismos que motivan un requerimiento que los ubica temporalmente en un período continuo entre octubre de 2006 y febrero de 2012 (ver fs. 402/410).

El agravio relativo a la ausencia del requisito de doble incriminación no rebate los argumentos ofrecidos al respecto en la sentencia.En lo pertinente, explican de manera correcta que la presente solicitud de ayuda encuadra en el inciso 2, b) del articulo 2° del tratado, en cuanto dispone que una conspiración tal como la define la legislación de los Estados Unidos de América. o una asociación ilícita según la definición de la ley Argentina son también extraditables si son para cometer un delito que da lugar a la extradición. Por otra parte, existe un refuerzo normativo para esa disposición que se encuentra en el artículo 6.2 de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, suscripta por ambos Estados, pues allí está previsto que la asociación y la confabulación para cometer tráfico de estupefacientes sean consideradas entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado vigente entre las partes.

Por último, pero no menos importante, la adecuación hipotética de los hechos calificados en el estado requirente como conspiración a la figura del artículo del artículo 29 bis de la ley 23.737 ha sido el criterio sostenido por V.E. en el precedente publicado en Fallos: 335:1616 y la defensa no brindó motivos que justifiquen apartarse de una interpretación que, en tales condiciones, el juzgador tiene el deber moral de acatar (Fallos: 327:3087 ; 329:2614 ; 332:616 ).

D.Es manifiestamente inadmisible la objeción a la jurisdicción del Estado Requirente, ya que el tratado establece que la extradición por delitos cometidos fuera de él será procedente si las acciones que los constituyen producen efecto en su territorio (artículo 2°, inciso 4° a). Esa cláusula debe ser leída a la luz del texto del artículo 4.l.b.iii) de la Convención contra el Tráfico ilegal de Estupefacientes de 1988· que autoriza a las partes a adoptar las medidas necesarias para declararse competente cuando el delito sea una asociación o confabulación y -tal como ocurre en el sub lite- se cometa fuera de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados en la convención.

En consecuencia, ante el texto claro de la norma aplicable los argumentos de la recurrente quedan desprovistos de fundamento legal.

E. La queja acerca de la ausencia de documentación relativa a la detención de la persona reclamada que el tratado exige acompañar a la solicitud de extradición tuvo una respuesta satisfactoria en la sentencia. En efecto, por tratarse de la extradición de una persona que es reclamada para ser imputada, rige el artículo 8°, inciso 3°, cuyo apartado “c” estipula que debe adjuntarse “información que justificaría la detención de la persona reclamada si el delito se hubiera cometido en el Estado Requerido”. La sentencia . señala correctamente que en reiterados precedentes la Corte interpretó que esa cláusula “debe ser entendida en el sentido de que esa información amerite la iniciación de un proceso contra la persona requerida” (Fallos: 331:2728), y la documentación acompañada a fs. 414/19,422/28,430/32,434,436/440 cumple con esa propiedad (conf. fs. 1644/1645). e Ministerio Público Procuración Generalde la Nación Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto CFP 4093/2012/CSl F. Por último, estimo corresponde desestimar el planteo de prescripción e inconstitucionalidad del artículo r, por carecer en forma manifiesta de fundamentos.v En virtud de las consideraciones expuestas, opino que V.E. debe rechazar el recurso ordinario interpuesto y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de apelación.

Buenos Aires,15, de agosto de 2016.

Es copia

E. E. Casal

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016

Vistos los autos: “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ exhorto” Considerando:

1º) Que el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, luego de no hacer lugar a una serie de planteos deducidos por la defensa de Henry de Jesús López Londoño, declaró procedente el pedido de extradición formulado a su respecto por el Tribunal Federal de Primera Instan.cia para el Distrito Sur de Florida de los Estados. Unidos de América para ser sometido a proceso en orden al CARGO I por el deli to de asociación ilícita o concierto para delinquir para distribuir una sustancia controlada (cinco kilos o más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a ese país 1610/1655) (fs. 1597/1598 y fundamentos obrantes a fs. 1610/1655.

2º) Que, contra esa resolución, interpuso recurso de apelación ordinario la defensa del requerido (fs. 166//1702) que fue concedido a fs. 1703 y fundado en esta instancia (fs. 1710/1884). A su turno, el señor Procurador Fiscal solicitó la confirmación de la sentencia apelada (fs. 1888/1904).

3°) Que, con carácter previo, cabe señalar que no corresponde hacer lugar a lo peticionado en el punto 11 del petitorio de fs. 1883 vta.por ser sobreabundante.

4º) Que es inadmisible el “ofrecimiento de prueba” formulado en el punto 111 del mismo petitorio como así también la alegación de hechos nuevos en esta instancia (artículo 280, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), razón por la cual tampoco ha lugar a la petición de sus pender el dictado de la sentencia.

5°) Que, sentado ello, esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones desarrollados en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos se remite, en lo pertinente, en razón de brevedad para confirmar la resolución apelada.

6°) Que a ello cabe agregar que no corresponde examinar el agravio fundado en el artículo 13, inciso 2° del tratado bilateral por no configurarse el presupuesto allí regulado.

7°) Que, por lo demás, en atención a los términos del punto disposi tiva XI de la resolución apelada y del tratado aplicable, cabe desestimar lo solicitado en el punto “a” del capítulo VI del memorial.

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) No ha lugar a las peticiones formuladas por la defensa técnica de Henry de Jesús López Londoño en esta instancia y 11) Confirmar la resolución de fs. 1597/1598, cuyos fundamentos obran a fs. 1610/1655, en todo cuanto fue materia de apelación. Hágase saber y devuélvase efectos.

JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – HORACIO ROSATTI