Imponen astreintes a una prepaga por no cubrir la rehabilitación de quien padece cuadriparesia

prepagaPartes: P. M. A. G. c/ Bristol Medicine (Quorum Medicina Familiar) y otros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 27-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101328-AR | MJJ101328 | MJJ101328
Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta reconociendo el derecho del actor a obtener de las co-demandadas -empresa de medicina prepaga y obra social- en forma solidaria, la cobertura del cien por ciento (100 %) de las prestaciones solicitadas para el amparista que padece de cuadriparesia por fractura-luxación de segmentos en C5-C6, de conformidad con la reglamentación vigente en la materia, extendiéndose la condena al Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

2.-Debe confirmarse la aplicación de astreintes desde que el juzgador tiene facultades discrecionales en lo que se refiere a su graduación y que ello se relaciona no con la medida del daño sino con la fortuna o capacidad económica del deudor, teniendo especialmente en consideración las prestaciones que deben brindarse al actor dirigidas a preservar su salud y rehabilitación y que apuntan a constreñir el cumplimiento que se le exige bajo amenaza de colocarlo, en la medida que la demora persista en el tiempo, en una situación patrimonial cada vez más comprometida para doblegar la porfía del obligado.

Fallo:

En la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de esta Sala Tercera de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, toman en consideración el expediente FLP 75001673/2010/CA1, Sala III, “P., M. A. G. c/Bristol Medicine (Quorum Medicina Familiar) y otros s/Amparo Ley 16.986”, procedente del Juzgado Federal de primera instancia de Quilmes, Secretaría N° 5. Practicado el pertinente sorteo el orden de votación resultó el siguiente: Carlos Alberto Nogueira, Carlos Alberto Vallefín y Antonio Pacilio.

El juez Nogueira dijo:

Y CONSIDERANDO QUE:

I. La sentencia apelada.

El señor juez de primera instancia dictó sentencia por la que resolvió: 1°) desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada Ministerio de Salud de la Nación; 2°) hacer lugar a la acción de amparo interpuesta reconociendo el derecho del actor M. A. G. P., DNI 24.333.758 a obtener de las co-demandadas Bristol Medicine SRL (ex Quórum Medicina Familiar) y PAMI (INSSJyP), en forma solidaria, la cobertura del cien por ciento (100 %) de las prestaciones que detalla, de conformidad con la reglamentación vigente en la materia, debiendo adoptar las medidas conducentes en el término perentorio de diez (10) días; 3°) hacer extensiva la condena al Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, a fin que, dentro del marco de sus funciones, arbitren las medidas tendientes al cabal cumplimiento de las prestaciones ordenadas, en la forma y el plazo dispuestos; 4°) aprobar en cuanto hubiere lugar por derecho a la liquidación practicada por la parte actora en concepto de astreintes, la que asciende a la suma de pesos noventa y nueve mil ($ 99.000), al día 14 de agosto de 2015, condenando a Bristol Medicine SRL y a PAMI a abonar dicha suma; 5°) imponer las costas a las demandadas vencidas (art. 14 ley 16.986 y art. 68 del CPCC).

II.Los agravios.

1. La sentencia fue apelada por la representante de la Superintendencia de Servicios de Salud (fs. 554/559) y por el representante del PAMI (fs. 560/565).

1.1. La primera, se agravió porque – según argumentó-, como organismo de control, no puede intervenir directa ni subsidiariamente dentro de la órbita de su competencia, si el incumplimiento no es denunciado por el beneficiario ante dicho ente, lo que no se observa en estos autos, ya que no se ha denunciado ningún incumplimiento.

Señaló, además, que la extensión de responsabilidad que le hace el fallo recurrido es desacertada, pues se estarían excediendo las facultades que le otorgan las leyes 23.660, 23.661 y 26.682 y que carecía del poder de policía sobre los agentes del seguro de salud, citando criterios jurisprudenciales en apoyo de su postura.

Asimismo, destacó que la Superintendencia de Servicios de Salud no tiene entre sus funciones brindar prestaciones de salud ni entregar medicamentos a los beneficiarios de las distintas obras sociales que integran el sistema.

Finalmente, sostuvo que la sentencia vulneraría el principio de legalidad (art. 19 de la C.N.); las garantías de igualdad ante la ley y la defensa en juicio (arts. 16 y 18 de la C.N.) y el principio de congruencia.

1.2. Por su parte, el PAMI se agravió de que el a quo lo haya condenado en forma solidaria con la empresa de medicina prepaga Bristol Medicine S.R.L., por entender que ésta es la obligada principal, recayendo sobre el PAMI una obligación subsidiaria y que habría cumplido en tiempo y forma con la medida cautelar dispuesta y sus sucesivas ampliaciones.

También se agravió de que el juez haya aprobado la liquidación de las astreintes practicada por el actor, reiterando que nunca fue renuente a cumplir la medida cautelar ordenada y sus ampliaciones y detalló las presentaciones que hizo para justificarlo.Por ello, solicitó que se deje sin efecto la aplicación de astreintes a su respecto.

Además, cuestionó la suma diaria fijada en tal concepto por el a quo por considerarla exorbitante y desproporcionada, generándose un enriquecimiento indebido a la parte actora.

Subsidiariamente, criticó la liquidación practicada por la actora en cuanto al inicio del cómputo, que no debió ser el 06/05/2015 sino a partir del 01/08/15, por las razones que explica.

III. Consideración de los recursos.

1. Conceptos preliminares. El derecho a la salud.

1.1. Este Tribunal en numerosos precedentes ha destacado el marco constitucional del derecho a la salud según la jurisprudencia de la Corte Suprema y el derecho internacional de los derechos humanos.

Las pautas allí sentadas, presentadas sintéticamente, son: a) el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal; b) los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional reafirman el derecho a la preservación de la salud y tornan operativa la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las obras sociales o las empresas de medicina prepaga; c) en la actividad de estas últimas ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios (véase, por muchos, exptes.

N° 17.059 “Carro, Etelvina c/PAMI Delegación La Plata s/ Amparo Ley 16.986”, del 27/10/10, y N° 17.228 “Gutiérrez, Daniel c/Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Bristol Park S.A. s/amparo ley 16.986”, sentencia del 27/09/10, con sus numerosas remisiones normativas y jurisprudenciales).

2.La aplicación de las pautas precedentes al caso de autos.

Sentadas las pautas que anteceden, examinaré de manera conjunta los recursos deducidos por las partes.

2.1. El recurso de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

2.1.1. El señor M. A. G. P. es afiliado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -PAMI- y de Bristol Medicine S.R.L. (ex Quórum Medicina Familiar S.A.). Padece de cuadriparesia por fractura-luxación de segmentos en C5-C6, como consecuencia de un accidente de tránsito, que, además, le ha provocado: debilidad muscular generalizada, escaras, sobrepeso, osteoporosis, diabetes y cuadros depresivos (ver fs. 7, 9, 41/45, 75, 130/133, 195/203, 206/213 y fs. 280/296).

En la sentencia apelada, se le ha reconocido el derecho a las siguientes prestaciones: a) una silla de ruedas Quickie P222, con bipedestación u otro modelo de similar calidad con funciones que permitan recostarla, levantar la espalda y reclinar las piernas por sus propios medios, de medidas adecuadas a su peso y talla; b) un colchón de neoprene; c) un arnés mecánico con dispositivo UPS; d) un arnés portátil; e) un juego de coderas siliconadas; f) un equipo de electroanalgesia; g) un equipo de electro estimulador; h) cantidad necesaria de salvacamas y pañales con doble protección; i) la contratación de un acompañante terapéutico; j) asistencia terapéutica mediante terapista ocupacional y psicólogo; k) asistencia odontológica domiciliaria o en establecimientos autorizados con la carga de soportar los gastos de traslado en ambulancia y/o reintegros; l) medicamentos que prescriban los médicos tratantes conforme a sus necesidades; m) programas para PC, micrófono inalámbrico; n) hidromasaje de hidrorehabilitación.

Algunas de estas prestaciones -que fueron ordenadas a través de una medida cautelar y sus ampliaciones (v. fs.332/334; 365 y 423/vta.)- vienen siendo otorgadas -aunque de manera incompleta o tardíapor el PAMI y por la empresa Bristol Medicine S.R.L, razón por la cual nada le ha sido requerido a la apelante Superintendencia de Servicios de Salud.

2.1.2. En este marco, de todos modos no corresponde desobligar al Estado Nacional en el caso, en razón de la responsabilidad subsidiaria que le cabe.

Como se ha dicho en numerosos precedentes de esta Sala, la preservación de la salud -dentro del derecho a la vida- conlleva, según lo ha sostenido el Alto Tribunal, “la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga” (ver “Fallos”: 323: 3229, in re “Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud”).

Una solución contraria, como pretende el apelante, en el sentido de desobligar al ente estatal, estaría en pugna con las normas vigentes y con la obligación impostergable del Estado Nacional en la preservación y cuidado de la salud de los habitantes del país, cuando el obligado directo -por distintas razones ajenas al necesitado- no le preste en forma inmediata la asistencia de que se trate. En tal sentido se ha señalado que el Estado Nacional no puede desentenderse de su obligación de preservar el derecho a la salud, so pretexto de la inactividad de otras entidades -públicas o privadas- pues es el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud y de asegurar la continuidad de los tratamientos que se necesiten, habida cuenta de la función rectora que le atribuye la legislación nacional y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y los diferentes organismos que conforman el sistema sanitario en el país (conf.doctrina sentada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, en autos “Goitía” de fecha 30/09/03).

2.1.3. De tal manera, la obra social (PAMI) y la empresa de medicina prepaga (Bristol Medicine SRL) resultan las obligadas principales de las prestaciones de que se trata, lo que no obsta a que el Estado -en el caso, la Superintendencia de Servici os de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación- mantenga una responsabilidad subsidiaria, para el caso de incumplimiento de las primeras.

Cabe también precisar que el PAMI es un organismo autárquico, que reviste el carácter de obra social conforme al art. 1° de la ley 23.660, por lo que se encuentra sujeto al control y fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, “que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en especial, el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (conf. arts. 1°, inc. a, 3°, 15, 27 y 28, ley 23.660; 2°, 9°, 15, 19, 21, 28 y 40, in fine, ley 23.661; decretos 492/95 -arts. 1°, 2° y 4°- y 1615/96 -arts. 1°, 2° y 5°-; resolución 247/96 MS y AS).” (conf. precedente “Campodónico de Beviacqua” antes citado, Considerando 25).

La obra social demandada en el caso se encuentra inserta en el Sistema Nacional de Obras Sociales, y por tanto, está abarcada por la auditoría y supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. En este esquema, éstos pueden revestir la condición de sujeto pasivo para discutir sobre el objeto del pleito e intervenir en el cumplimiento de la manda judicial, si bien a título subsidiario, tal como lo resolvió el juez a quo en la sentencia apelada (ver Considerando V, último párrafo, fs.551 vta.), dejando a salvo sus atribuciones para encauzar la entrega de las prestaciones requeridas con la urgencia y oportunidad exigida, sin liberar a la obra social y a la empresa de medicina prepaga de sus obligaciones legales.

2.1.4. Consecuentemente, “es inconcebible que puedan invocarse perjuicios derivados de las gestiones encomendadas en la sentencia, cuando es el Estado Nacional el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud” de sus ciudadanos (conf. precedente “Campodónico de Beviacqua” antes citado, Considerando 34).

Por tanto, corresponde desestimar el recurso de la Superintendencia de Servicios de Salud de fs. 554/559.

2.2. El recurso del PAMI.

2.2.1. El INSSJyP se agravió de que el juez lo haya condenado en forma solidaria junto con la empresa de medicina prepaga Bristol Medicine SRL, por considerar que la obligación principal recae sobre ésta y que ha cumplido con la medida cautelar y sus ampliatorias a lo largo del proceso.

El agravio no puede prosperar. Ello es así toda vez que el actor resulta ser afiliado de PAMI y que, tal como lo manifestara éste, ha venido dando cumplimiento -aunque parcial- a las prestaciones requeridas, por lo que no puede quedar desobligado por el hecho de que el señor P. también se encuentre afiliado a una empresa de medicina prepaga.

2.2.2. En este sentido, se advierte que el PAMI no ha dado cumplimiento total a la medida cautelar y sus ampliaciones, como invoca.

Nótese que en la medida cautelar parcial dispuesta por el juez a quo dispuso que las demandadas proveyeran en el término de cinco días: a) una silla de ruedas con bipedestación y TIL con función que permita recostar la espalda y reclinar las piernas; b) un arnés mecánico con dispositivo UPS; c) un acompañante terapéutico (fs. 334). Luego, a fs.365 se amplió dicha medida, para que se le provea al actor, también en el término de cinco días, la medicación e insumos indicados en los certificados médicos que acompañó a fs. 359/363. Finalmente, a raíz de las sucesivas denuncias de incumplimiento por parte del actor, el juez de grado brindó nuevos plazos a las demandadas para cumplir con las prestaciones oportunamente dispuestas a fs. 334, a la que agregó la provisión de un colchón de neoprene marca Roho (ver fs. 423/vta.).

Las presentaciones a las que hace mención el recurrente de fs. 375/376, 431/433, 464/467, en las que pretende justificar el cumplimiento total de la medida cautelar y sus ampliaciones, no pueden tener carácter eximente de su responsabilidad.

2.2.2.1. En efecto, en la presentación de fs. 375/376 la UGL XXVII de Quilmes, de PAMI, informó que las recetas médicas fueron prescriptas por otra obra social y que debería presentarse en la Agencia Pami correspondiente, con las recetas emitidas por su médico de cabecera para autorizarle los remedios prescriptos y las sondas nelaton. Consecuentemente, dicha presentación no resulta demostrativa del cumplimiento de la resolución de fs. 365.

2.2.2.2. En el escrito de fs. 433, si bien se detalló el cumplimiento de la entrega de la medicación requerida, respecto de la provisión de la silla de ruedas, el PAMI solicitó una prórroga del plazo de 7 días dispuesto en la resolución reiteratoria de la medida inicial de fs. 423/vta., en virtud de que el trámite debía pasar por diversas instancias para su adquisición; prórroga que fue denegada por el a quo a fs. 444.

2.2.2.3. Finalmente, en cuanto a la presentación de fs. 466/467, si bien el PAMI invoca el cumplimiento total a lo ordenado por el juez, se evidencia de su lectura que la silla de ruedas aún no le había sido proporcionada al actor, invocándose que se encontraba gestionada su compra.A mayor abundamiento, de las presentaciones glosadas a fs. 569/571 y 574/581 surge que aún no se entregó al señor P. la silla de ruedas con las características prescriptas.

A lo expuesto cabe agregar que no consta en ninguna de las presentaciones arriba detalladas el cumplimiento de la entrega del arnés mecánico con dispositivo UPS ni del colchón de neoprene así como tampoco de la contratación del acompañante terapéutico.

2.2.3. En mérito a todo lo expuesto en los párrafos precedentes, estimo que corresponde confirmar la condena dispuesta por el juez de grado.

Ello, sin perjuicio de que, eventualmente, el INSSJyP ejercite con posterioridad sus derechos contra quien resulte la obligada principal de las prestaciones de que se trate.

2.2.4. Por las mismas razones, tampoco corresponde dejar sin efecto la aplicación de las astreintes respecto del PAMI.

Este tribunal tiene dicho que “(.)En su concepción clásica, las astreintes son arbitrarias, conminatorias y provisorias (véase Capitant, Henri, Les grands arrets de la jurisprudence civile, 10 edición, Paris, Dalloz, 1994, p. 660 y siguientes; Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino.

Obligaciones en General, 6ta edición, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1952, volumen I, p. 262 y siguientes). Lo primero porque “es precisamente la exageración, lo que puede determinar a un deudor contumaz a resignarse a cumplir con la sentencia dictada en su contra” (Salvat, Raymundo M., op. cit. loc. cit.) y lo último “porque no se imponen sino a título de amenaza” (Salvat, Raymundo M., op. cit. loc. cit.).

(Conf. n ° 16.236/2009: “JUAREZ, Esteban R.y otro c/INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALTA y otro s/ Amparo”).

En ese sentido ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “uno de los caracteres esenciales de las astreintes consiste en su provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de la resolución que las impuso” (Fallos 331:933); y que “Las astreintes -atento su carácter provisional- no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada y mucho menos por el de la preclusión procesal y pueden ser objeto de revisión, respecto de su reajuste o cese por el ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al obligado” (Fallos 326:3081).

2.2.4.1. Bajo tales criterios y conforme lo actuado en el expediente, considero que corresponde confirmar la aplicación de astreintes fijada en primera instancia.

Por lo demás, el agravio relacionado al monto de la astreintes no puede prosperar. Es sabido que el juzgador tiene facultades discrecionales en lo que se refiere a su graduación y que ello se relaciona no con la medida del daño sino con la fortuna o capacidad económica del deudor, teniendo especialmente en consideración las prestaciones que deben brindarse al actor dirigidas a preservar su salud y rehabilitación.

Apuntan a constreñir el cumplimiento que se le exige bajo amenaza de colocarlo, en la medida que la demora persista en el tiempo, en una situación patrimonial cada vez más comprometida para doblegar la porfía del obligado. Al respecto, se tiene en consideración que a la fecha ha transcurrido un lapso más que razonable para que las demandadas cumplan con la totalidad de las prestaciones dispuestas. Nótese que la primer medida cautelar fue dictada el 4 de julio de 2014, no existiendo constancia de que haya sido cumplida en su totalidad.

2.2.4.2.Tampoco tendrá acogida el agravio dirigido a cuestionar el cómputo del plazo desde el cual se hicieron efectivas las astreintes, esto es, desde el 06/05/2015, fecha en que las demandadas fueron notificadas de la resolución de fs. 384, que las fijó.

El argumento del PAMI de que debieron computarse a partir del 01/08/2015, fecha en la cual se notificaron de la resolución de fecha 23/07/2015 en la que el juez les otorga un nuevo plazo de 7 días para cumplir, carece de asidero.

En efecto, en dicha resolución el juez deja expresamente aclarado que las mandas judiciales se encuentran firmes y que en virtud de su incumplimiento se han fijado sanciones conminatorias, pese a lo cual vuelve a otorgar un plazo acotado a las demandadas para que definitivamente cumplan con lo ordenado (ver fs.

423/vta.). Ello no puede implicar -como lo sostiene el recurrente- que es a partir del vencimiento de ese nuevo plazo que deben computarse las astreintes.

A lo expuesto cabe agregar que fue el mismo magistrado -en su resolución de fs. 444- que dispuso que el actor practicara liquidación -en virtud del retardo en el cumplimiento de la manda judicial- de las sanciones conminatorias fijadas a fs. 384, notificadas a fs. 394/395 con fecha 06/05/2015.

Consecuentemente, estimo que debe confirmarse la sentencia apelada, en cuanto aprobó la liquidación efectuada por el actor a fs. 448.

IV. E n mérito a lo expuesto en los párrafos precedentes, propongo al Acuerdo: Confirmar la sentencia apelada, en todo cuanto fuere materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado atento la ausencia de réplica de la contraria.

Así lo voto.

El juez Vallefín dijo:

1. Me adhiero al voto del señor juez Nogueira excepto en cuanto confirma la aplicación de astreintes fijada en primera instancia.

2. Por cierto, comparto los principios generales que enuncia sobre la materia que, por lo demás, forman parte de numerosos precedentes de esta Sala que he suscripto.Pero el punto aquí radica en que la suma fijada alcanza al mes de agosto de 2015 el valor de 99.000 pesos.

3. A mi juicio, deben estimarse, parcialmente, los agravios. En efecto el artículo 804 del Código Civil y Comercial -que sustancialmente reproduce el antiguo art. 666 bis del Código Civil- y el art. 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación facultan a los jueces a dejar sin efecto la imposición de astreintes. La de autos constituye una de aquellas situaciones en que el ejercicio de estas facultades se justifica. Es que, sin perder de vista las funciones compulsivas de aquéllas, debe evitarse que estas lleguen a constituirse en una fuente de enriquecimiento para la contraparte. La Corte Suprema tiene resuelto que las astreintes no pasan en autoridad de cosa juzgada ni se ven afectadas por el principio de preclusión procesal y quien se hace acreedor de ellas no posee un derecho definitivamente incorporado a su patrimonio, ya que goza de la inestabilidad que le otorgan los arts. 666 del Código Civil -hoy art. 804 como se dijo- y 37 de la legislación procesal citada CPCCN” (“Fallos” 330:4216, 332:846, 335:246, consid. 7º, entre otros).

En consideración a las circunstancias comprobadas de la causa -esto es, la extensa tramitación, derivada de la declaración de incompetencia y de la existencia de múltiples demandados; los incumplimientos tardíos o parciales de las órdenes judiciales y el sentido estimatorio de la sentencia que aquí se confirma- juzgo que confirmar la liquidación en materia de astreintes constituye el enriquecimiento indebido del que habla la Corte y, consecuentemente, habrán de reducirse y fijarse en la suma de treinta mil pesos ($ 30.000).

Así lo voto.

El juez Pacilio dijo:

Que adhiero al voto del juez Nogueira.

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces intervinientes y el Secretario autorizante.

La Plata, 27 de septiembre 2016.

Y VISTOS:

POR TANTO, en mérito a lo que resulta del Acuerdo cuya fotocopia autenticada antecede, POR MAYORÍA, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada, en todo cuanto fuere materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado atento la ausencia de réplica de la contraria.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS ALBERTO VALLEFIN

Juez de Cámara

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA

Juez de Cámara

ANTONIO PACILIO

Juez de Cámara

M. SANCHEZ LEUZZI

SECRETARIO