La reasunción por parte del Estado Nacional de un servicio concesionado no se encuentra alcanzada por la normativa que regula la transferencia de establecimientos

equipo-trabajoPartes: Mendieta Marcos Pablo c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otro s/ despido-laboral

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 21-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-99818-AR | MJJ99818 | MJJ99818Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la excepción de falta del legitimación pasiva deducida, pues no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 225 y concordantes de la LCT cuando el Estado Nacional decide revocar un contrato de concesión, por incumplimientos de las empresas a cargo del servicio público, y reasumir el servicio oportunamente privatizado.

2.-Si el Estado adquiere una unidad productiva (sea por expropiación, compraventa o cualquier otro título), no se verifican, en principio, la sustitución del empleador, continuidad de la relación, traspaso de deudas y responsabilidad solidaria previstas en la LCT para la transferencia de los establecimientos.

Fallo:

Rosario, 21 de junio de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” el expediente n° FRO 53000080/2006 caratulado “MENDIETA, Marcos Pablo c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otro s/ Despido- Laboral” (del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de Santa Fe), de los que resulta: Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora (fs. 257/259), contra la sentencia nº 111/2013 L.E., de fecha 30 de agosto de 2013, por la cual se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Correo Oficial de la República Argentina S.A., con costas a la actora; y se admitió parcialmente la demanda entablada condenando a Correo Argentino S.A. al pago de indemnización por despido (art. 245 LCT), indemnización por falta de preaviso (art. 232 LCT), indemnización especial establecida por el art. 16 de la ley 25.561 y la contenida en el art. 2º de la ley 25.323, así como a la entrega de la certificación de aportes y servicios, conforme las pautas señaladas en sus considerandos -de acuerdo a la liquidación que deberá practicar la actora- con más los intereses según la tasa pasiva promedio mensual, capitalizada, publicada por el BCRA a partir de la fecha del distracto -24/06/02- y hasta su efectivo pago; las costas se impusieron a la vencida (fs. 246/256). Concedido el recurso y corrido el respectivo traslado (fs. 264), fue contestado sólo por el representante de Correo Oficial de la República Argentina S.A. (fs. 265/268). Se elevaron los autos a esta Alzada (fs. 288), ingresando por sorteo informático en esta Sala “B”, donde se ordenó el pase al Acuerdo, quedando en estado de ser resueltos (fs. 289). La Dra. Vidal dijo: 1º) Expresa la actora que sus agravios se circunscriben al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Correo Oficial de la República Argentina S.A.Manifiesta que la sentencia apelada no considera acreditada la transferencia de trabajo en los términos del art. 225 de la LCT, por tratarse de la perdida de la concesión y no de un acuerdo de voluntades, y aplica lo establecido en el art. 230 del mismo cuerpo legal, concluyendo, en consecuencia que no existe continuidad jurídica, por lo que no corresponde hacer extensiva la responsabilidad a la empresa estatal, por tratarse de personas jurídicas distintas. Se agravia en cuanto la sentencia no tuvo en cuenta el elemento más importante de la realidad de los hechos, que al actor lo contrató el Estado Nacional, a través de Correos y Telégrafos, en el año 1970 y no la empresa privada Correo Argentino S.A. Alega que la circunstancia de que el concesionario haya sido privado de la concesión de los servicios postales, y no haya habido acuerdo de voluntades, es una cuestión que en nada puede menoscabar el legítimo derecho del trabajador a no quedar desamparado. Señala que resulta aplicable al caso el art. 225 de la LCT, ya que refiere a la transferencia por cualquier título lo que es igual a cualquier causa, y no es aplicable el art. 230 de dicha ley porque el Estado no asume la explotación sino que la reasume. Por último, aclara que haciéndose lugar a la demanda respecto de Correo Argentino S.A. no le resuelve el problema al trabajador, puesto que dicha sociedad anónima fue declarada en quiebra y su principal acreedor es el Estado Nacional, quien tiene preferencia en el cobro respecto del trabajador.

2º) Concretamente el agravio de la actora se circunscribe al hecho de que la sentencia recurrida haya dado acogida favorable a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Correo Oficial de la República Argentina S.A., por entender que no resulta aplicable lo establecido en el artículo 225 y cc. de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto comenzaré destacando lo expuesto por el Dr. Julio Armando Grisolia, en cuanto señala que “El art.230 LCT establece que lo dispuesto en el Título XI (relativo a la “transferencia del contrato de trabajo”) “no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado”, lo que determina que no se verifique, en tales casos, ni la transferencia de la relación, ni el traspaso de las deudas devengadas ni responsabilidad solidaria.” (autor citado, “Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Tomo II, pag. 1166, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2013). En igual sentido, el Dr. Héctor Guisado, al comentar el mencionado artículo, expresa que “.si el Estado adquiere una unidad productiva (sea por expropiación, compraventa o cualquier otro título), no se verifican, en principio, las consecuencias examinadas precedentemente (sustitución del empleador, continuidad de la relación, traspaso de deudas y responsabilidad solidaria).” (“Ley de Contrato de Trabajo”, Comentada y Concordada, Tomo III, pag. 256, Vázquez Vialard – Ojeda, Ed. Rubinzal – Culzoni, Bs. As., 2005). 3º) Del mismo modo numerosa jurisprudencia de las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo viene sosteniendo, a lo largo del tiempo, que no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 225 y cc. de la LCT ante circunstancias como las planteadas en la presente causa, en donde el Estado Nacional decidió revocar un contrato de concesión, por incumplimientos de las empresas a cargo del servicio público, y reasumir el servicio oportunamente privatizado.La Sala I de dicha Cámara resolvió, en fecha 18/11/04, dentro de los autos “Claus María c/ Organismo Nacional de Administración de Bienes y otro” que “La relación entre Empresa de Ferrocarriles Argentinos y Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (hoy ONAB) no puede ser incluida en el ámbito de transferencia de establecimiento (art 225 LCT), ya que el art 230 de la LCT establece que las normas contenidas en el título XI de esa ley no rigen cuando la cesión o transferencia se opera en favor del Estado.” Sosteniendo la misma línea jurisprudencial, la Sala III en los autos “Ibarra, Lorenzo c/ Recruiters y Trainers SRL y otros” resolvió, en fecha 10/12/2008, que “Aguas Argentinas SA no cedió ni renunció a favor de Agua y Saneamientos Argentinos SA, sino que fue privada de los derechos de explotación de un servicio de agua público que ejercía hasta ese momento, ya que el Estado le rescindió la concesión, por lo que en tales condiciones no se dan los presupuestos fácticos que habiliten la aplicación de los arts. 225 y concs., LCT”. La misma Sala expresó, al momento de dictar sentencia en los autos “Vera, Andrés c/ Correo Oficial de la República Argentina SA”, en fecha 30/04/08, que “No resulta procedente el reclamo del actor de una gratificación que se abonaba al personal comprendido en el CCT 80/93 E por parte de Correo Argentino SA y que consistía en un sueldo cada tres años trabajados, cuando el dependiente cumplía 35 años de antigüedad en la empresa. Ello así, por cuanto Correo Argentino SA no cedió ni renunció a favor de Correo Oficial de la República Argentina SA, sino que fue privada de los derechos de explotación de un servicio postal público que ejercía hasta ese momento, ya que el Estado le revocó la concesión. En tales condiciones no se dan los presupuestos fácticos que habiliten la aplicación del art.225 y concordantes de la LCT.” Asimismo, La Sala II en los autos “Castro, Julio César c/ Unidad Administrativa Única Órgano de Transición del Estado y otro”, en fecha 28/05/12, sostuvo que “En atención a que el Dto 1075/03 dispuso rescindir el contrato de concesión por culpa de Correo Argentino SA (concesionario) y que reasuma transitoriamente la operación del Servicio Oficial de Correo la Unidad Administrativa, creada en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresamente estableció en su art. 3 que la totalidad del personal pasaba a depender del Estado Nacional concedente de conformidad con el pto 26.3 del contrato de concesión, circunstancia que descarta la aplicación del art. 225 de la LCT e impone subsumir el caso en lo previsto por el art. 230 de la LCT. Por ende, la empleadora Correo Argentino SA no cedió ni renunció a favor de Correo Oficial de la República Argentina SA, sino que fue privada de los derechos de explotación de un servicio postal público que ejercía hasta ese momento, ya que el Estado le revocó la concesión, razón por cual cabe concluir, que no se dan en autos los presupuestos fácticos que habiliten la aplicación del art. 225 y cc. de la LCT.”

4º) Ahora bien, debemos tomar en consideración dos cuestiones para la solución del litigio. Por un lado, conforme el criterio adoptado tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia imperante en la materia, y que fuera mencionado en los considerandos precedentes, la reasunción por parte del Estado Nacional del servicio de correo no se encuentra alcanzada por la normativa que regula la transferencia de establecimientos (art. 225 LCT), y por ende, no se aplica el principio de responsabilidad solidaria establecido en el art. 228 de dicha ley. Por otra parte, Marcos Pablo Mendieta cesó su relación laboral con la empresa Correo Argentino S.A.en fecha 24/06/02, es decir con anterioridad al dictado del Decreto Nacional 1075/2003, de fecha 19/11/03, por el cual el Estado Nacional rescindió el contrato de concesión con la empresa ut supra mencionada. En razón de ello, el actor al no formar parte del personal de Correo Argentino S.A. al momento del dictado del decreto, no se encuentra alcanzado por lo dispuesto por el artículo 3º el cual establece que “La totalidad del personal de CORREO ARGENTINO S.A. pasará a depender del Estado concedente.”. En virtud de lo expuesto, considero que se debe rechazar el agravio vertido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida; con costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68 C.P.C.C.N.). El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente. Atento al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia nro. 111/13 L.E. (fs . 246/256), en cuanto ha sido materia de recurso.

II) Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida (art. 68 C.P.C.C.N.)

III) Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante la alzada en el 25% de lo que se les regule en la instancia anterior. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. El Dr. Bello no vota de conformidad con lo dispuesto por el Art. 125 Ley 18.345. (expte. nº FRO 53000080/2006).-

Fdo.: Elida Vidal- José G. Toledo- (Jueces de Cámara)- María Verónica Villatte- (Secretaria de Cámara).-