Ordenan resarcir a un sindicato por el cobro indebido de cargos por publicidad en guía

telefonoPartes: U.T.U.C.R.A. c/ Yell Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 31-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99790-AR | MJJ99790
Sumario:

1.-Independientemente de los efectos cancelatorio y liberatorio, el pago produce otros en las relaciones entre las partes.

2.-El pago es elemento de interpretación del acto jurídico pues siendo la conducta posterior de las partes un elemento básico para la interpretación del acto jurídico, es indudable que el pago esclarece el carácter y alcance de la obligación tanto respecto del deudor que lo hace como del acreedor que lo recibe de conformidad. Sin embargo, ello no puede aplicarse derechmente, pues al tiempo de abonar cada una de las facturas, la actora lo hizo bajo protesto.

3.-Hay pago sin causa siempre que se haga un pago en virtud de una causa que no existe, porque es aparente, porque es falsa, etc., por lo mismo que no hay obligación sin causa (art. 499 ). Para que proceda la repetición basta con demostrar la ausencia de la obligación y de acuerdo con la ley todo estribara precisamente, en determinar la causa misma cuya falta se alega, es decir, la desaparición de la causa de la obligación N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “U.T.I.C.R.A c/ Yell Argentina SA s/ ordinario”, Expediente COM 59872/2008 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Tevez y Ojea Quintana.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en este Acuerdo por encontrarse en uso de licencia compensatoria de la feria judicial en la que estuvo en funciones.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1077/1090?

El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

[a] La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina -U.T.I.C.R.A.-, por medio de apoderado, promovió demanda contra Yell Argentina SA -anteriormente denominada Telinver SA- por cobro de $ 27.792,40, con más los intereses y las costas.

Explicó que en el mes de octubre de 2007 las facturas de las cinco líneas telefónicas que funcionan en la sede sindical llegaron con cargos por publicidad en guía por cuenta y orden de Telinver SA.

Indicó que tales cargos ascendían en conjunto a la suma de $ 2.274,80.

Continuó diciendo que al desconocer el origen de la deuda se comunicó telefónicamente con Telinver SA para pedirle explicaciones y, que en respuesta, la mentada empresa le envió vía fax una solicitud del servicio suscripta por una persona que no tiene ninguna relación laboral o gremial con U.T.I.C.R.A.

Adujo que como el error nofue rectificado por Telinver SA efectuó un nuevo reclamo mediante el envío de una carta documento el 9.11.2007, más la requerida reiteró su posición en una nota de fecha 16.11.2007.

Aclaró que como en los meses siguientes las facturas contenían similares cargos, el 21.11.2007 mandó una carta documento a Telefónica de Argentina SA a fin de que le indique cuál era el procedimiento a seguir para abonar las facturas con exclusión de los rubros correspondientes a la publicidad no contratada. Afirmó que frente a la falta de respuesta, pagó todas las facturas bajo protesto el que plasmó en cartas documento.

Sostuvo que debió abonar sumas de dinero pese a no estar obligada pues no existió causa que legitimara el crédito invocado por Telinver SA.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

[b] Yell Argentina SA, por medio de apoderado, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs. 753/759.

Por imperativo procesal negó todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio y desconoció la totalidad de la documental acompañada, a excepción de las notas de su autoría de fecha 16/11/07 y 30/11/07.

Solicitó el rechazo de la pretensión resarcitoria argumentando básicamente que:

a) el reclamo es disparatado pues la actora contrató el servicio mediante la solicitud nro. 6060110, suscripta por la Sra. Lorena Oliarta quien dijo ser autorizada, b) Yell Argentina SA publicó todos los avisos en las Guías Edición 2008 y la actora pagó las cuotas correspondientes por lo que debe estarse a lo dispuesto por el cciv: 721, 1161 y 1162 y, c) la actora se benefició con la publicación de los avisos y por tanto no puede desconocer el vínculo.

Se explayó sobre las modalidades de contratación y la buena fe aclarando que, en el caso, un vendedor de Yell se hizo presente en la U.T.I.C.R.A.y ofreció el servicio para que la actora publique en la Guía del año 2008.

Sostuvo que en esa ocasión la Sra. Oliarta se presentó y manifestó contar con autorización suficiente para obligar a U.T.I.C.R.A y, por tanto, firmó el respectivo contrato. Dijo que su parte no tuvo ningún motivo para dudar de las facultades de la Sra. Oliarta porque como el ámbito de actuación de la actora comprende todo el territorio de la República Argentina, era dable suponer que no necesariamente el Secretario General es el único que puede suscribir todos y cada uno de los instrumentos contractuales necesarios para que la actora pueda desenvolver su actividad.

Ofreció prueba y, finalmente, solicitó la citación de la Sra. Lorena Oliarta en los términos del cpr: 94.

La sentencia.

En el decisorio de fs. 1077/1090 el Juez a quo admitió la demanda incoada por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (U.T.I.C.R.A.) contra Yell Argentina SA a quien condenó a pagar a la primera la suma de $ 27.792,40, con más los intereses allí establecidos y las costas del proceso.

Para resolver en el sentido apuntado el magistrado hizo mérito de los extremos siguientes:

• la contratación del servicio que Yell Argentina SA facturó a la actora -consistente en la publicación de avisos en Páginas Amarillas-, no fue acreditada en la causa. La perito contador informó -luego de examinar los libros- que: 1) no existía contrato, 2) quien se sindicó como firmante del mismo en calidad de dependiente de la actora (v.gr. Lorena Oliartia) no integra el plantel de U.T.I.C.R.A. y, 3) que de acuerdo a los estatutos del sindicato actor, la persona autorizada para firmar contratos y demás instrumentos públicos y/o privados es el Secretario General, el Sr.Agustín Amicone.

• los pagos cuya repetición se pretende aquí también pudieron ser verificados por la experta contable y además, fueron recibidos por Yell Argentina SA;

• con la información aportada por el Correo Argentino queda desvanecido el argumento esbozado por la demandada, referido a la falta de reclamos por los cargos indebidamente facturados.

Por todo ello, concluyó que la actora había logrado acreditar – de conformidad con lo establecido en el cpr: 377.- la versión expuesta en el escrito de demanda, esto es: que los cargos incluidos en las facturas que cuestionó no reconocen causa que pudiera serle endilgada.

El recurso.

La demandada apeló la sentencia en fs. 1098. Concedido libremente el recurso en el proveído de fs. 1103, el escrito de expresión de agravios fue glosado en fs. 1120/1124 y su responde en fs. 1128/1132.

Las quejas de Yell Argentina SA pueden sintetizarse del modo siguiente: 1) critica que el sentenciante concluyera que no fue probado el vínculo entre el sindicato actor y la Sra. Oliarta, firmante del contrato. Sostiene que ha sido ésta última quien oportunamente manifestó tener la autorización suficiente para obligar a UTICRA y, además, es la persona que brindó toda la información que debía contener el aviso a publicarse en la guía, 2) se queja porque en su parecer el a quo se apartó infundadamente de la normativa del Código Civil que refiere a la importancia del pago y al reconocimiento del mismo, una vez efectuado. Aduce que al haber realizado los pagos, la actora reconoció la contratación, y 3) el magistrado soslayó la doctrina de los propios actos y el hecho de que por aplicación de la misma la actora no se encontraría habilitada para solicitar el reintegro de las sumas abonadas.

La solución.

En primer término diré que resulta cuanto menos dudoso que la expresión de agravios en estudio contenga una crítica concreta y razonada de los fundamentos empleados por el “a -quo” para resolver como lo hizo, esto es:admitir la demanda incoada por U.T.I.C.R.A. De su lectura se observa que las críticas no alcanzan el estándar establecido por el cpr: 265.

Es que, no puede perderse de vista que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el Tribunal. Esta crítica debe ser concreta y razonada. Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, ya que debe tratarse de un razonamiento coherente a la sentencia que se impugna (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).

En efecto, el contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica concreta y razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 836/37, Astrea, Bs. As. 1985).

Sin perjuicio de ello y a fin de evitar una rigidez hermenéutica que pueda comprometer en algún punto el derecho de defensa en juicio, de raíz constitucional (CN:18), procederé a tratarlos (CNCom, Sala B, “Charles Mario, c/ Albergoli, Myltoni V, s/ ordinario”, del 06.07.89 esta Sala, 24.06.2010, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros SA, s/ ordinario” ).

[b] Comparto cuanto ha expresado el a quo en punto a la falta de acreditación de la relación entre quien según afirmó la demandada habría contratado sus servicios para publicar avisos en una guía y, el sindicato actor.

Advierto que la quejosa ningún argumento sólido introdujo ni indicó concretamente cuál fue la prueba que el a quo omitió valorar que hubiera determinado una solución diversa de la apuntada.

Ciertamente, la perito contador tuvo a la vista “la consulta de relaciones laborales presentadas ante la AFIP” de la parte actora y explicó que “no halló dependientes con el nombre de Lorena Oliartia o Lorena Oliarta” (v. fs. 951 vta., punto 2) y también indicó que “la persona autorizada para firmar contratos y demás i nstrumentos públicos y/o privados ocupa el cargo Secretario General, el Sr. Agustín Amicone” (v. fs. 952, in capit).

En rigor, el informe contable fue glosado a la causa sin que mediara objeción alguna por parte de Yell Argentina SA y no hay razón para restarle virtualidad, desde que la experta desarrolló sus conclusiones -sin incurrir en contradicciones- conforme a los elementos de juicio presentes en la causa y en sus conocimientos técnicos, quedando satisfecha su labor como auxiliar de la justicia (CSJN, “Pose José c. Provincia de Chubut” del 1.12.92; esta Sala, 31.08.2010, “Vecor Internacional SA c/ Shell Compañía Argentina de Compañía Argentina de Petróleo SA, s/ ordinario”).

De otro lado, a diferencia de lo sostenido por la demandada, los datos contenidos en el aviso publicitario (v.gr. teléfonos y dirección, v. copia en fs.733) no guardan ninguna particularidad y pueden fácilmente obtenerse a través de cualquier buscador de internet.

Finalmente, entiendo que no es ocioso destacar que en el escrito de responde la requerida solicitó se cite -en los términos del cpr: 94.- a la Sra. Lorena Oliarta argumentado que “la controversia que origina las presentes actuaciones se funda en actos realizados por dicha persona…” (v. fs. 758 vta., punto 11). Empero, pese a que esta Sala en el decisorio de fs. 836/837 la habilitó para así proceder, en el proveído de fs. 845 el magistrado de grado hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en fs. 841 y la tuvo por desistida de la mentada citación.

En la situación descripta, fue su actitud displicente la que vino a perjudicarla desde que al incumplir con la carga que le imponía el cpr: 377, no pudo avalar su tesis defensiva.

Por todo ello, y sin que sea menester efectuar mayores consideraciones, la queja no será admitida.

[c] Los agravios vertidos por Yell Argentina SA, sintetizados en los puntos 2 y 3 relacionadas con los efectos del pago y la doctrina de los propios actos, tampoco serán acogidos.

Es cierto que ha sido juzgado que el pago vale como elemento de interpretación del contrato que liga a las partes por su sentido esclarecedor del alcance que da a la obligación el deudor y aún el acreedor que lo recibe sin protesta o salvedad (CSJN, JA 72-332, LL 20-778; íd., JA 16.- 404).

Y también lo es que en más de una oportunidad he decidido, siguiendo al maestro Llambías que, independientemente de los efectos cancelatorio y liberatorio, el pago produce otros en las relaciones entre las partes. Así explica que el pago es elemento de interpretación del acto jurídico.Es que, siendo la conducta posterior de las partes un elemento básico para la interpretación del acto jurídico, es indudable que el pago esclarece el carácter y alcance de la obligación tanto respecto del deudor que lo hace como del acreedor que lo recibe de conformidad (Jorge Joaquín Llambías, Código Civil anotado, Tomo II -A, pág. 226 y ss., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004; mi voto del 30.08.2011 en autos, “Petrobrás Energía SA, c/ Maione Juan Carlos, s/ ordinario”).

Mas, en la especie, esos conceptos no pueden aplicarse derechamente pues, como bien quedó acreditado con el informe del Correo Argentino incorporado en fs. 882, al tiempo de abonar cada una de las facturas, la actora lo hizo bajo protesto.

Además, también vino a corroborarse con dicho informe que no obstante que la U.T.I.C.R.A solicitó a Telefónica de Argentina SA -mediante carta documento, v. fs. 870- las instrucciones para abonar las facturas con exclusión de los conceptos de publicidad no contratados, jamás recibió respuesta sin dejarle la empresa de telefonía más alternativa que pagar bajo protesto so pena de verse privada del servicio.

La situación descripta, claramente -en mi parecer- no podría quedar aprehendida en la doctrina de los propios actos.

Concatenado con lo anterior, es preciso recordar que hay pago sin causa siempre que se haga un pago en virtud de una causa que no existe, porque es aparente, porque es falsa, etc., por lo mismo que no hay obligación sin causa (art. 499)”. Para que proceda la repetición basta con demostrar la ausencia de la obligación y de acuerdo con la ley “todo estribara precisamente, en determinar la causa misma cuya falta se alega”, es decir, la desaparición de la causa de la obligación (CNCom, Sala B, “Intmaco SA c/ Artos Latinoamericana Bs. As.SA “, 26.04.1985).

Pues bien, como con acierto fue juzgado en la instancia de grado, la versión sostenida por la accionante en el libelo inaugural de la instancia ha quedado ratificada por la prueba colectada en la causa. Ergo, solo cupo -y corresponde en este estadio- admitir la pretensión material incoada por la U.T.I.C.R.A.

Por todo ello, las quejas no pueden prosperar.

Conclusión.

En virtud de las consideraciones vertidas si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega propongo al Acuerdo:

a) desestimar los agravios vertidos por Yell Argentina SA en la presentación de fs. 1120/1124,

b) confirmar la sentencia de fs. 1077/1090 y, c) imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (arg. cpr: 68).

Así voto.

Por los mismos fundamentos allí expuestos, el doctor Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto que precede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara, doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve:

a) desestimar los agravios vertidos por Yell Argentina SA en la presentación de fs. 1120/1124, b) confirmar la sentencia de fs. 1077/1090 y,

c) imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (arg. cpr: 68).

Por las actuaciones desarrolladas ante esta Alzada que motivaron la sentencia que antecede, se fijan en ($.) los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, doctora María Luz Miño y en ($.) los del letrado apoderada de la parte demandada, doctor Horacio Segundo Pinto (ley 21.839, t.o. ley 24.432:6, 7, 9, 14 y 19).

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en esta resolución por encontrarse en uso de licencia compensatoria de la feria judicial en la que estuvo en funciones (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese a los domicilios electrónicos denunciados, en su caso, en los términos del artículo 133 CPCC (Ley 26.685. Acs. CSJN 31/2011 art. 1° y 3/2015) y devuélvase a la instancia de grado.

(51) Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria