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Debe rechazarse la demanda por mala práxis en tanto no se logre probar que existieron prácticas apartadas del lex artis en el diagnóstico, control y tratamiento

medico-guantesPartes: P. D. C. c/ G. G. M. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100681-AR | MJJ100681 | MJJ100681

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda de mala praxis intentada por los padres de quien presenta parálisis cerebral debido a que alegaron, existió mala praxis médica al provocarse un parto repentino, -sin los cuidados necesarios-, la rotura uterina y la hipoxia fetal, desde que de la prueba surge que es posible que una rotura uterina sea causante de una bradicardia sostenida, y que el aborto que había tenido la actora con anterioridad provocado o sí se efectuó un raspado evacuador para extraer los restos del producto de la concepción, donde se hubiera lesionado el miobetrio, pudo ser un factor predisponente de la misma.

2.-Evidenciados por el paciente ciertos datos empíricos, el juez ha de deducir la prueba galénica no probada de forma directa: el magistrado tendrá por probada la culpa, cuando el daño, en su ocurrencia, y según la experiencia común no pudiera explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de una culpa; a menos que el demandado aporte prueba eficaz para liberarse en sentido amplio de responsabilidad.

3.-Debe rechazarse la demanda de mala praxis dado que la presentación cefálica se encontraba en el segundo plano de Hodge y que el cuello uterino presentaba dilatación completa, lo indicado era proceder a la reanimación fetal intrauterina, no se encuentran elementos y/o constancias médicas que permitan afirmar la existencia de prácticas médicas que se aparten de las reglas de lex artis, tanto en los aspectos de diagnóstico, controles y/o terapéuticos efectuados a la actora por parte de los médicos demandados.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados «P. D. C. c/ G., G. M. s/ daños y perjuicios», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez, Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, dijo:

I – Por sentencia obrante a fs. 674/687 se rechazó la demanda interpuesta por D. C. P. y Nancy Elizabeth Ostoich de P., por sí y en representación de su hijo menor de edad, Lucas Nahuel P. Ostoich, contra G. M. G., Silvana del Valle Díaz y Swiss Medical S.A., con costas (art. 68 del Código Procesal) y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.

Apeló la actora fundando sus censuras a fojas 736/754 y cuestiona el rechazo de demanda resuelto por la juzgadora.

La Defensora de Menores de Cámara presentó su dictamen a fojas 767/770, y también se queja que no fuera admitida la demanda.

Sostiene al respecto – entre otras consideraciones- que pese a los pocos medios arrimados a la causa, existen indicios claros, en punto a que medió mala praxis médica, provocando un parto repentino, -sin los cuidados necesarios-, la rotura uterina y la hipoxia fetal, que derivó finalmente en la parálisis cerebral de su representado.

Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis.(C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).- Asimismo, es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.- II- 1) Responsabilidad En atención a los agravios de la actora y en virtud de la decisión arribada en la instancia de grado cabe -en primer lugar- hacer algunas precisiones acerca de los hechos origen de la litis y, en su caso, del nexo de causalidad con los daños denunciados imputados a la conducta de las demandadas.

En materia de atribución de responsabilidad -partiendo de los presupuestos que, en general, se mencionan para que se configure este deber de resarcir- el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese demérito- cuya reparación se pretende- se encuentra en relación causal adecuada con el hecho de la persona a la cual se atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a una persona el daño causado por otro.

En este sentido se ha sostenido que «la noción de daño resarcible se vincula con un hecho lesivo que sea su causa adecuada e imputable a otra persona (.) Ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (.) Así pues el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en el juicio de daños» (Zavala de González, Matilde «Resarcimiento de daños», Ed. Hammurabi, Tomo 3, pág.155).

Es decir, que ante la negativa general y expresa del demandado, recae sobre la parte actora la carga de probar la existencia del hecho dañoso y su relación causal, prueba que resulta esencial para la procedencia de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios.

Ello, sin perjuicio de lo que infra expondré, en cuanto al particular caso que hoy decidimos.

Antes de resolver si el daño se debió a la acción culpable de una persona hay que establecer que fue realmente su acción la que lo produjo (Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1967, pag. 36). Sin autoría o coautoría no es procedente entrar a indagar sobre la culpa. Es condición previa a toda investigación sobre responsabilidad, establecer la vinculación del autor con el acto que produjo el daño.

En efecto a través de la determinación de la relación causal se puede ante todo conocer si tal o cual resultado dañoso puede -objetivamente- ser atribuido a la acción u omisión física del hombre; o sea si éste puede ser tenido como autor del mismo, y establecido ello, la medida del resarcimiento que la ley le impone como deber a su cargo resultará a su vez de la propia extensión de las consecuencias dañosas derivadas de su proceder, o que puedan ser tenidas como «efectos» provocados o determinados por su conducta, la que así vendría a ser su «causa» (Trigo Represas, Félix y Compagnucci de Caso, Rubén H. en «Responsabilidad civil por accidentes de automotores», 2ª ed. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1986, pag.41).

Por otra parte, para que una persona sea condenada al pago de una indemnización por daños y perjuicios -tenga origen contractual o extracontractual- no sólo es necesario -salvo excepciones- que estén presentes los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil (daño, relación causal, antijuridicidad y factor de atribución), sino que resulta fundamental que la presencia de esos elementos se encuentre probada en la causa judicial (Vázquez Ferreyra, Roberto «Prueba del daño al interés negativo, en La prueba del Daño», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 101).

Asimismo se ha expresado que en los procesos de daños la necesidad de prueba se subordina a los requisitos de la responsabilidad resarcitoria, cuyo eje está constituido por la producción de un daño injusto, que lesiona un interés del actor y que ha sido causado adecuadamente por un hecho; el daño debe ser jurídicamente atribuible al demandado, en virtud de un motivo que torne justa su responsabilidad (Zavala de González, Matilde «La prueba en los procesos de daños y perjuicios», en Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina», Vol. II, pág. 331).

La prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al reclamante. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Brebbia, Roberto H. «Hechos y actos jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 141; Vázquez Ferreira, Roberto A.»Responsabilidad por daños -elementos» Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pas. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires, 1993, N 606 y 607, pag.269).

De consuno, sabemos que el pretensor del resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia.

Debe aquilatar la existencia del hecho por el que demanda, o de la acción antijurídica, o el incumplimiento; también el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo (Lorenzetti, Ricardo Luis «Carga de la prueba en los procesos de daños», en LL 1991-A-995, ver también Tanzi, Silvia «La prueba en el daño», en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1999, págs. 444/6/7/9).

Debemos decidir -conforme los elementos probatorios acercados y los agravios expresados- si la reclamante ha cumplido con aquella carga procesal.

En el caso los actores imputan responsabilidad a los médicos que intervinieron en el proceso del parto, cuestionando las practicas utilizadas, que comienzan con su inducción, en un embarazo de evolución normal con 39 semanas de amenorrea, sin informar previamente a la paciente las razones, beneficios, inconvenientes o riesgos de esa maniobra y consecuente final que fue la rotura de útero.

Asimismo sostiene que la clínica demandada incurrió en falta de deber de seguridad y garantía, autorizando a la partera a ingresar a la sala de partos sin la presencia del doctor G., o en su defecto sin la supervisión de otro médico, realizando un tacto que rompió la bolsa y colocándole goteo. Adelanto que la responsabilidad -subjetivadeberá ser evaluada -como infra expondré- en términos de culpa (art.

512 del Código Civil).

III – 2) La responsabilidad imputada a los demandados doctores G. y Silvana del Valle Díaz Las partes son contestes en punto a que la coactora fue monitoreada por la partera Díaz en dos oportunidades, realizándose la primera, la mañana del día 22 de septiembre de 2005, en su consultorio sito en la localidad de San Miguel, y luego más tarde en la clínica Bessone.Una vez en la Clínica Suizo Argentina se decidió realizar una cesárea, y finalmente el doctor G. procedió a reconstruir el útero de la actora que había estallado.

Esta Sala tiene decidido que en materia de responsabilidad médica, y como consecuencia que el deber jurídico central asumido por el facultativo es por lo general de actividad y en principio incumbe al paciente (damnificado) la carga de demostrar la culpa de aquél (demandado). Esta conclusión -tal como lo sostuvo el doctor Bueres en reiterados votos como integrante de este Tribunal (v.gr.:

28/02/96, in re «G., F. M .y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros»)- hoy día parece estar afianzada en el derecho vigente tras un fructífero debate doctrinal de más de tres lustros, puesto que en las aludidas obligaciones de actividad, cuya infracción genera responsabilidad subjetiva, el incumplimiento -cuando menos en el plano funcional-, se conforma con la culpa, razón por la cual la demostración de ésta entraña tanto como hacer patente aquel incumplimiento -al cual prima facie debe ir dirigida la prueba- (Jordano Fraga, Francisco, «La responsabilidad contractual», Ed. Civitas, Madrid. 1987, pág. 170 y sstes.).

No basta, pues, con revelar la mera infracción estructural -la causación el daño médico- para deducir sic et simpliciter el elemento subjetivo (culpa), aunque tal trasgresión al alterum non laedere provoque antijuridicidad, que es asunto diverso (véase la opinión del doctor Alberto J. Bueres, en «Responsabilidad contractual objetiva», JA 1989-II-964).

Este es un tema de prueba del incumplimiento funcional, el cual ante la falta de directivas en dirección diversa sigue el cauce natural por el que transita la obligación de actividad. Es que, en verdad, la distinción entre las obligaciones de medios y de resultado tiene valor sustancial, dado que sirve para individualizar el factor de atribución: en las primeras el criterio de imputación es la culpa, mientras que en las últimas la responsabilidad es objetiva.Hay, pues, un relativismo de la clasificación, bajo la óptica del derecho adjetivo (la supuesta diversidad de las categorías por razón de la prueba) pues una obligación de medios no muda su naturaleza según el actor deba dar en juicio la culpa del demandado, o bien que éste, frente a la demostración del daño, tenga que liberarse mediante la prueba de su diligencia (cfr. opinión del doctor Bueres en «Responsabilidad Civil de las Clínicas y Establecimientos Médicos», Ed. Abaco, Buenos aires, 1981, págs. 975/ 977 y en «Aspectos generales de las responsabilidades profesionales», «Revista Jurídica Delta», n 3, abril 1994, págs. 13/17).

No obstante lo expresado, las dificultades probatorias acusadas que debe sortear con frecuencia el paciente (actora) para poner a las claras la culpa del médico, recondujeron a la doctrina a conferir un elevado valor, quizá como en ninguna otra materia, a las presunciones judiciales -«praesumptio hominis»- (Bueres, Alberto J., «Responsabilidad Civil de las Clínicas y establecimientos médicos», Ed. Abaco, Buenos Aires, 1981, pags. 240 y 241, en «Responsabilidad Civil de los médicos» Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, t. I., pág.

82 y 85 y 325 a 327).

De tal suerte evidenciados por el paciente ciertos datos empíricos, el juez ha de deducir la prueba galénica no probada de forma directa: el magistrado tendrá por probada la culpa, cuando el daño, en su ocurrencia, y según la experiencia común no pudiera explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de una culpa; a menos que el demandado aporte prueba eficaz para liberarse en sentido amplio de responsabilidad.

Claro está que en el fondo -y cuando menos desde la perspectiva de autorizada doctrina-, la admisión de las presunciones hominis no importa derogar el régimen de la carga de la prueba en materia de culpa.Habrá que demostrar hechos que generen indicios para extraer de ellos la culpa de manera indirecta; cabrá entender que existe un aligeramiento de la actividad probatoria, y una concesión a los jueces de posibilidades para apreciar las circunstancias implicadas sobre la base de equidad (Frossard, Joseph «La distinción des obligations de moyens et des obligations de résultat», cit. ps. 102/103). En esta última instancia, el intérprete podrá recurrir a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que es un recurso técnico aproximado al favor probationis de la doctrina española (Cavanillas Mújica, Santiago «La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia», ed.

Aranzadi, Pamplona, 1987, págs. 65/70).

De este modo, cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, ésta debe ser en principio probada por el actor, sin perjuicio que el juez tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales, y del concepto de la carga probatoria dinámica, cuyo funcionamiento es excepcional, que hace recaer la carga de la prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situación para probar (conclusión a las que se arribó en las V Jornadas Rioplatenses de Derecho, San Isidro, Buenos Aires, 1989 y Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1989, entre otras).

III – 2 – 1) La experticia médica A fojas 358/438 obra glosado el dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense, el que nos informa -de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente- que, efectivamente el embarazo de la actora era de evolución normal, advirtiéndose por la mañana del día 22 de septiembre de 2005, mediante un monitoreo, que la paciente tenía contracciones aisladas y en términos generales bienestar fetal, no existiendo evidencia de que se requiriera adelantar el inicio espontáneo del trabajo de parto.

También se consigna lo siguiente:a) que del monitoreo embrional surge que el feto presentaba una frecuencia cardíaca de 140 a 145 latidos por minuto, ascensos con criterio de reactividad a los 3′, 8′, 9′ y 13′, que según las marcas en el registro existían movimientos fetales activos, pero no hay registro de las contracciones uterinas; b) la paciente ingresa a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina el día 22/09/05 a las 14: 54 hs, encontrándose en trabajo de parto a las 15 hs.; c) conforme surge de la historia clínica se produce una rotura artificial de membranas a las 15:30 hs, se señala la presencia de líquido amniótico claro, que permitía inferir que en alguna etapa anterior se produce la ruptura de las membranas ovulares, no resultando evidente de las mismas si se produjo en forma espontánea o si se realizó la amniorrexis por parte de los profesionales.

Manifiesta el CMF, que una vez que se presentó la bradicardia de 80 latidos por minuto, -según el partograma a las 16:35 hs- se realizaron maniobras de reanimación fetal intrauterina, resultando lo indicado dado que la presentación cefálica se encontraba en el II° plano de Hodge y que el cuello uterino presentaba dilatación completa; que a las 16:40 hs el feto presentaba una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, por tanto, la bradicardia de 80 latidos por minuto se recuperó parcialmente en un lapso menor a los 5 minutos.

Que dada la falta de un registro cardiotocográfico es imposible determinar las características de la bradicardia y por tanto discutible la conducta a seguir, de todas maneras, resaltan, que el hecho de haberse realizado maniobras de reanimación fetal intrauterinas hacen pensar en lo prolongado, sostenido y grave del proceso bradicárdico.

Aclaran los profesionales médicos que la «Encefalopatía Hipóxica» -Isquémica (EHI) en el recién nacido sigue siendo una complicación frecuenta y una de las mayores causas de morbimortalidad en este período; que no surge de la Historia Clínica que se hubiera utilizadola maniobra de Kriesteller -actualmente contraindicada- la cual consiste en colocar ambas manos en el fondo del útero, a través de la pared abdominal abarcando dicho fondo con las palmas y colocando el pulgar en la cara anterior se presiona en cada contracción en forma sostenida en sentido de la pelvis. Tampoco que se hubiera instado a la paciente a pujar en tanto que no estaba indicado el uso de fórceps, por la alta morbilidad materna y fetal que conlleva su uso.

Que es posible que una rotura uterina sea causante de una bradicardia sostenida, y que el aborto que había tenido la actora con anterioridad provocado o sí se efectuó un raspado evacuador para extraer los restos del producto de la concepción, donde se hubiera lesionado el miobetrio, pudo ser un factor predisponente de la misma.

Refiere el Cuerpo Médico Forense que no surge del control del trabajo de parto que se utilizara medicación estimulante de la contractilidad uterina durante el trabajo del mismo; que resulta del partograma que a las 16:45 hs., en quirófano, paciente refiere intenso dolor abdominal, palidez, pérdida hemática por genitales externos, latidos fetales 50 por minuto, algunos de los cuales son signos de rotura uterina durante el trabajo de parto.

Consignan que a las 16:40 hs. la paciente pasa a quirófano para cesárea; a las 16:45 hs. el anestesista informa «se decide operación cesárea», agregó por catéter epidural lidocaína 2% en forma estéril, coincidiendo estos dichos con la presentación del cuadro de extrema urgencia obstétrica, ya con la paciente en quirófano.El niño nace a las 16:50 hs., existiendo una diferencia de 5 minutos entre la decisión del obstetra y el protocolo del anestesista.

Aseveran que, a pesar de haber mejorado la frecuencia cardíaca fetal, se imponía la cesárea de urgencia, resultando el mecanismo más rápido para la extracción fetal.

El informe fue impugnado por los actores, y contestado por el CMF a fojas 503/516.

Entre otras consideraciones, refiere el citado cuerpo médico, que no se desprende de las constancias médicas que se haya intentado provocar el alumbramiento, y no se entiende la mención de la «desesperación por producir el nacimiento», el que fue a través de la realización de una operación cesárea correctamente indicada. Que tampoco surge que se la haya estimulado a la paciente para que puje, o que se hubiera aplicado la maniobra Kristeller.

A fojas 781/782 haciendo uso de las facultades conferida por el art. 36 inc.4) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, este Tribunal requirió al CMF una ampliación de su dictamen aclarando puntos especificados en la medida.

De la ampliación obrante a fojas 792/794 y la contestación al pedido de explicaciones de fojas 807/809, se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) dado que la presentación cefálica se encontraba en el segundo plano de Hodge y que el cuello uterino presentaba dilatación completa, lo indicado era proceder a la reanimación fetal intrauterina; b) no se encuentra elementos y/o constancias médicas que permitan afirmar la existencia de prácticas médicas que se aparten de las reglas de lex artis, tanto en los aspectos de diagnóstico, controles y/o terapéuticos efectuados a la actora por parte de los médicos demandados; c) en relación al trazado del monitoreo fetal efectuado el día 22/09/2005 en el consultorio del Dr.G., resulta importante aclarar que en este tipo de práctica no se realizan controles de las contraccione s de manera electrónica y de rutina, habida cuenta que en la mayoría de las oportunidades, se trata de un embarazo de bajo riesgo y la paciente no se encuentra en franco trabajo de parto ( el resaltado es de mi autoría).

III – 2 – 2) No ha existido culpa de los médicos demandados De lo hasta aquí expuesto se concluye, coincidiendo con el primer juzgador, que no han probado los actores la culpa médica imputada en las demandas, como así tampoco a Swiss Medical S.A.

El dictamen del CMF es contundente cuando afirma que no se encuentran elementos y/o constancias médicas que permitan afirmar la existencia de prácticas médicas que se aparten de las reglas de lex artis, tanto en los aspectos de diagnóstico, controles y/o terapéuticos efectuados a la actora por parte de los médicos demandados Reiteradamente la jurisprudencia ha dicho: «dado que el Cuerpo Médico Forense es un órgano imparcial auxiliar, cuyos miembros son designados de acuerdo a antecedentes y especialidad, si el peritaje efectuado por aquél es coherente, categórico y fundado en principios técnicos y no existen otras probanzas que lo desvirtúen, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones» ( conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «G», fallo del 24/04/2013, «in re» : » Ferretty, Mónica Isabel y otros c/ Organización de Servicios Directos Empresariales y otros s/ daños y perjuicios»); » En los procesos en que se dirime la responsabilidad derivada de la mala praxis médica el dictamen pericial adquiere una especial significación y frente al informe efectuado por el perito oficial debe prevalecer el llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, ya que se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección se encuentran garantizadas por normas específicas, máxime cuando no logró demostrase que sus conclusiones fueran erróneas o desacertadas» ( conf.fallo también de esta Cámara, Sala «A», del 09/12/2008, en los autos » Cocco, Osmar Angel c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales»); » Debe darse preeminencia a los dictámenes provenientes del Cuerpo Médico Forense tanto sobre la opinión de otro perito designado en el expediente como sobre el consultor técnico de parte, cuando la discrepancia entre los profesionales no es esclarecida con elementos de juicio suficientemente convincentes que autoricen a apartarse de las conclusiones de los médicos forenses, pues como cuerpo que integra el Poder Judicial están garantizadas la imparcialidad y la corrección de sus informes ( conf. Sala «F», de esta Cámara, in re «Amato, Eleonora c. G.C.J.» del 23/09/2004).

Por ello, y como ya lo adelantara, se rechazan las quejas y se confirma la sentencia de grado en todas sus partes.

II. Resumen, costas Por lo expuesto, oída la señora Defensora de Menores de Cámara, postulo rechazar las quejas y confirmar la decisión de grado en todas sus partes, con costas de ambas instancia a la actora vencida (conf. art. 68 del Código Procesal). En acuerdo trataremos las apelaciones a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

Así lo voto.

Las señoras jueces de Cámara doctoras Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT

PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n n del Libro de Acuerdos de la Sala «D», de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de agosto de 2016.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede y oída la señora Defensora de Menores de Cámara, SE RESUELVE:Rechazar las quejas y confirmar la decisión de grado en todas sus partes, con costas de ambas instancia a la actora vencida.

Conociendo los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 687 y vta., teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos, las etapas cumplidas, el monto reclamado en la demanda y lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.43, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos y consultores técnicos entre sí y con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se elevan los regulados al Dr. Santiago Raúl Landgraf, letrado apoderado de la parte actora, ($.). Se confirman, por no ser elevados, los correspondientes a la Dra. Romina Paola Farace, letrada apoderada de la codemandada Swiss Medical y de S.M.G. Cía. Argentina de Seguros; los de los Dres. Marco Aurelio Real (n), Julio Roberto Albamonte y Federico Horacio Giannini, letrados apoderados de los codemandados G. y Díaz y de la citada en garantía Seguros Médicos S.A., quienes no alegaron; los del consultor técnico Dr. José Carlos Chagalí, y los de la mediadora Dra.

Elda Cecilia Perrotta (conf. art. 1°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11).

Por su actuación ante esta alzada, se fija el estipendio del Dr.

Santiago Raúl Landgraf en pesos cincuenta mil ($ 50.000); el de la Dra. Romina Paola Farace, en pesos ochenta mil ($ 80.000), y el del Dr. Julio Roberto Albamonte, en pesos ochenta mil ($ 80.000) (art. 14, ley de arancel 21.839).

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese a las por Secretaría, a la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su despacho y devuélvase.

Osvaldo Onofre Álvarez

Ana María Brilla de Serrat

Patricia Barbieri

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