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Los perjuicios derivados de la caída de un árbol deben ser reparados por el gobierno local en su carácter de dueño de la cosa inerte

gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-airesPartes: AGP SE c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 29-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-100140-AR | MJJ100140

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la condena al Gobierno de la Ciudad al pago de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la caída del árbol sobre el predio de la actora pues la acera y el arbolado público constituyen bienes públicos municipales y la propiedad de un bien genera la responsabilidad civil prevista en el art. 1113 del CCiv. aplicable al Estado, sea éste Nacional, provincial o municipal.

2.-Se debe confirmar la responsabilidad de la demandada por los daños ocasionados en el predio de la actora como consecuencia de la caída del árbol, toda vez que se verifican los presupuestos de responsabilidad civil, en tanto se demandó en virtud de un accidente que fue provocado por la intervención de cosas inertes y los daños causados deben ser entendidos como ocasionados por su riesgo o vicio.

3.-Toda vez que las cosas inertes, -en el caso, un árbol-, en el sentido que quiso dar el legislador del art. 1113 del CCiv., son susceptibles de causar daños cuando se encuentran en estado anormal, situación o ubicación circunstancial que genere la posibilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa, si se acredita la configuración del riesgo o vicio, el dueño o guardián resulta responsable.

4.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la demandada puesto que el art. 1113 del CCiv. en su párr. 2do., parte 2, consagra una presunción de responsabilidad del propietario o guardián de la cosa por la sola creación del riesgo, y para su exclusión, es necesario probar que la conducta de la víctima o de un tercero, ha constituido la causa del daño, ya que lo que interesa, es la idoneidad de la actuación de la víctima o de un tercero para producir el evento dañoso, y la accionada no produjo ni una sola prueba tendiente a demostrar la causal exculpatoria invocada al contestar la demanda.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «AGP SE c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. Mediante la sentencia glosada a fs. 321/325 la Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda instaurada, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a la Administración General de Puertos S.E. la suma de $28.168,80, con más los intereses que indicó en el considerando séptimo y las costas.

Para así resolver, destacó en primer término que estaba acreditado en autos que el día 12/03/12 se produjo una tormenta, que provocó la caída de un plátano en el predio de la actora, ocasionando la rotura de un cerco perimetral y de las estructuras correspondientes a seis cocheras de la playa de estacionamiento de su sede central. Luego de establecer ello y de efectuar un pormenorizado análisis jurídico y fáctico del caso, sostuvo que le competía al GCABA tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por caída de los árboles que pertenecen o son accesorios del dominio público y destacó que es la omisión de ese deber la que genera su responsabilidad por cuanto pueden generar perjuicios que son típicos de la peligrosidad propia de ellos cuando son adversas las condiciones atmosféricas, cuyo cuidado y conservación, al estar ubicadas en plazas, aceras o paseos, se halla a su cargo, debiendo proceder al oportuno corte o extracción cuando puedan ofrecer algún peligro.En tal sentido, señaló que GCABA no cumplió con la carga de probar que se había tratado de un caso fortuito o de fuerza mayor, es decir un hecho extraordinario e imprevisible, pues se lo tuvo por desistido de la prueba informativa que ofreció a los fines de que el Servicio Meteorológico Nacional informara sobre la intensidad de los vientos y las lluvias ocurridas el día del hecho. En tales condiciones, concluyó que, como guardián jurídico, el GCABA debe responder por el daño ocasionado, descartando la procedencia de la causal exculpatoria invocada.

Dicho decisorio fue apelado por la demandada a fs. 328 (ver auto de concesión de fs. 329), quien a fs. 345/350 expresó agravios, cuyo traslado contestó la contraria mediante presentación de fs. 352/354.

II. Se agravia la apelante porque -según su criterio- la magistrada de primera instancia no tuvo en cuenta que la propia actora sostuvo en su escrito inicial, que la caída del árbol denunciada obedeció a características climáticas extraordinarias y que dicho reconocimiento permite inferir que el suceso de autos obedeció a un acontecimiento imprevisto e inevitable que configura a todas luces un caso fortuito que la exime de toda responsabilidad.

III. Con carácter previo a la consideración de los agravios reseñados, me permito recordar que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio.

IV. Dicho esto, estimo que el análisis del memorial de agravios resumido en el considerando II, lleva a concluir que su argumentación resulta insuficiente en los términos del art.267 del Código Procesal (texto según ley 26.939, DJA del Código Procesal) para revocar la decisión en el sentido en que lo requiere la apelante.

En efecto y tal como se ha dicho: «la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una mera discrepancia que manifieste el recurrente con el criterio sustentado por el juez de la causa. Por el contrario, y así lo ha interpretado uniformemente la jurisprudencia reflejándose en la norma aquí comentada, la fundamentación de la apelación debe contener un crítica concreta de cada uno de los puntos en donde el juez habría errado en su análisis, sea por una interpretación equivocada de los hechos de la causa, o bien por una aplicación errónea del derecho, para señalar a continuación el modo en que debió resolverse la cuestión, de modo tal que quede demostrado a través de un razonamiento claro, el fundamento de la impugnación que se sustenta, pues ello constituirá lo que se ha denominado la personalidad de la apelación, a través de la cual se delimitará el conocimiento de la alzada. La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria. La prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Carta Magna (CSJN, 13-10-94, E. D.162-193)., la importancia de la expresión de agravios radica en su contenido, habiéndose decidido en este sentido que «en virtud de lo establecido por el artículo 265 del Código Procesal, pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión.» (Roland Arazi-Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado con los Códigos Provinciales, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni).

Conviene recordar que la magistrada de primera instancia construyó su decisorio sobre la base de argumentos jurídicos y considerando la actividad probatoria desplegada en autos. Entre otras cosas, señaló que la acera y el arbolado público constituyen bienes públicos municipales y si bien la propiedad de un bien genera la responsabilidad civil prevista en el art. 1113 del Código Civil, aplicable al Estado, sea éste Nacional, provincial o municipal, lo que no implica la responsabilidad automática de éstos, ella se verifica. Seguidamente, efectuó un análisis respecto de si se configuraban o no, en el caso, los presupuestos de la responsabilidad civil y destacó que cuando -como en el sub lite-, se demanda en virtud de un accidente que habría sido provocado por la intervención de cosas inertes como lo es el árbol que causó el siniestro, los daños causados deben ser entendidos como ocasionados por su riesgo o vicio, en los términos del art. 1113 del Código Civil, razón por la cual la víctima tiene que probar la configuración del riesgo o vicio de la cosa, ya que ésta deviene activa y operante del daño en razón del vicio que representa.

Así, señaló que tales cosas inertes, en el sentido que quiso dar el legislador del art.1113 del Código Civil, son susceptibles de causar daños cuando se encuentran en estado anormal, situación o ubicación circunstancial creando la posibilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa.

A su vez, destacó que el artículo 1113 del Código Civil, en su párrafo 2do., parte 2, consagra una presunción de responsabilidad del propietario o guardián de la cosa por la sola creación del riesgo, por lo que para su exclusión, es necesario probar que la conducta (comportamiento o accionar) de la víctima o de un tercero, constituye la causa del daño, ya que lo que interesa, es la idoneidad de la actuación de la víctima o de un tercero para producir el evento dañoso y como factor interruptivo total o parcialmente de la relación causal, lo que no sucedió ya que la accionada no produjo ni una sola prueba tendiente a demostrar la causal exculpatoria por ella invocada al contestar la demanda.

Así las cosas, de la lectura de la expresión de agravios surge con palmaria claridad que la recurrente se limita a expresar una mera disconformidad con la interpretación judicial, sin fundamentar la oposición y sin dar basamento jurídico a un punto de vista contrario al sostenido por el juzgador. En efecto, no se hace cargo de los argumentos por él expuestos, ni intenta demostrar -siquiera mínimamente- su error o falacia, evitando rebatir de una manera concreta y razonada los argumentos que justificaron la decisión que apela. Adviértase que en su memorial, señala que el fundamento utilizado por el a quo no es «del todo cierto» y se limita a afirmar que la actora habría reconocido en su escrito inicial que la tormenta que generó el hecho dañoso de autos fue de grandes dimensiones.

Ello determina que deba declararse desierto el recurso interpuesto (art. 267 del Código Procesal).

V. Voto pues por declarar desierto el recurso de la parte demandada, con costas (arts. 70, primera parte, 267 y 268 del Código Procesal, DJA).

Los Dres. Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de abril de 2016.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: declarar desierto el recurso de la demandada, con costas (arts. 70, primera parte, 267 y 268 del Código Procesal, DJA).

Una vez que sea determinado con carácter firme el monto del juicio, se procederá a regular los honorarios correspondientes.

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

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